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domingo, 22 de noviembre de 2026

La reconstrucción como campo de verdad

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

Reconstrucción y justicia en Venezuela; transparencia institucional; vigilancia ciudadana; transición democrática venezolana

La reconstrucción de Venezuela ha dejado de ser únicamente un problema de cemento, carreteras y viviendas. Se ha convertido en el examen definitivo de la verdad institucional. Cada magistrado que aspira a permanecer en el poder, cada acuerdo internacional cuyos términos no se conocen, cada dólar administrado fuera del país y cada trabajador que reclama un salario digno plantea la misma pregunta: ¿estamos construyendo una República diferente o simplemente reorganizando las estructuras del pasado? La reconstrucción es un campo de verdad porque obliga a demostrar con hechos aquello que los discursos políticos prometen con demasiada facilidad.

Una transición puede cambiar autoridades sin cambiar las prácticas. Puede inaugurar edificios mientras conserva expedientes ocultos. Puede firmar acuerdos económicos y militares mientras mantiene al ciudadano fuera de las decisiones. Puede hablar de reconciliación sin ofrecer justicia a las víctimas.

Ese es el riesgo que Venezuela debe evitar. El país no necesita una modernización de la apariencia del poder, sino una transformación verificable de su funcionamiento.

El nuevo TSJ enfrenta su primera prueba de verdad

El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia ha entrado en una fase decisiva. El Comité de Postulaciones Judiciales publicó el 20 de noviembre las candidaturas y abrió un período de impugnaciones comprendido entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026.

La lista incluye 1.066 aspirantes a magistraturas. La cifra total de postulaciones para distintos cargos judiciales es mayor, por lo que no deben confundirse ambas categorías.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos para que examinen los antecedentes de los candidatos y presenten impugnaciones sustentadas cuando consideren que alguno no reúne las condiciones constitucionales de independencia, probidad e idoneidad.

La iniciativa, expuesta en su pronunciamiento del 20 de noviembre, constituye una oportunidad concreta de participación ciudadana.

La renovación judicial no puede limitarse a contar postulantes. Debe revisar trayectorias, decisiones, responsabilidades y conflictos de interés.

Entre las personas que aparecen nuevamente en el proceso figuran integrantes del actual tribunal, como Caryslia Rodríguez y Tania D'Amelio. Sus antecedentes y actuaciones públicas merecen un escrutinio riguroso, especialmente ante los cuestionamientos formulados sobre decisiones institucionales anteriores.

Pero la crítica editorial no sustituye las pruebas ni el debido proceso. Una impugnación debe examinar hechos documentados y recibir una respuesta motivada.

La independencia judicial no se construye excluyendo personas por simple sospecha, sino aplicando criterios objetivos que nadie pueda manipular.

Las víctimas no pueden quedar fuera de la reforma

La participación de las víctimas representa un cambio profundo respecto de la tradición burocrática venezolana.

Durante demasiado tiempo, la composición de las instituciones fue tratada como un asunto reservado a partidos, autoridades y negociadores.

Pero una persona que sufrió una detención arbitraria, que denunció torturas o que espera una sentencia independiente tiene un interés legítimo en conocer quiénes administrarán la justicia.

Su testimonio no debe convertirse automáticamente en una condena contra un aspirante. Debe ser escuchado, contrastado y valorado mediante procedimientos transparentes.

La selección del nuevo TSJ necesita publicidad de expedientes, criterios de evaluación conocidos, posibilidad de objeción y decisiones fundamentadas.

Si esos mecanismos funcionan, la transición habrá dado un paso institucional importante. Si terminan siendo simples formalidades para legitimar acuerdos previos, el resultado será una renovación de nombres sin renovación de principios.

El Pentágono entra en una relación que exige transparencia

El 18 de noviembre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitó Caracas y anunció junto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un acuerdo bilateral de cooperación militar.

Según la información divulgada, el entendimiento contempla entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y cooperación frente al narcotráfico y otras amenazas compartidas.

El Gobierno venezolano afirmó que la colaboración respetará la soberanía nacional y el marco constitucional. Desde Washington se presentó como un avance de la nueva relación bilateral.

La cooperación en seguridad puede ser beneficiosa cuando posee objetivos legítimos, límites jurídicos y supervisión institucional.

Pero todavía persisten preguntas sobre el contenido completo del acuerdo, sus obligaciones, duración y mecanismos de fiscalización.

La organización Laboratorio de Paz ya ha advertido sobre esa falta de claridad.

La República necesita conocer qué compromisos asumió, quién los autorizó y qué controles existirán sobre las actividades derivadas.

La soberanía no consiste en rechazar toda cooperación extranjera. Consiste en garantizar que ninguna cooperación quede por encima de la Constitución y del control democrático.

El Esequibo demuestra el peligro de la diplomacia reservada

La controversia territorial con Guyana añadió esta semana otra señal de alerta.

El 19 de noviembre, Reuters informó que Jeremy Lewin, antiguo responsable de planificación política del Departamento de Estado estadounidense, había sostenido conversaciones preliminares sobre posibles fórmulas relacionadas con el territorio del Esequibo.

Según fuentes consultadas por la agencia, durante esos contactos se planteó la posibilidad de que Guyana considerara ceder a Venezuela el control de una parte de la región disputada.

La información no demuestra que existiera un acuerdo territorial, ni que Guyana aceptara semejante posibilidad.

Washington reafirmó posteriormente que su posición sobre la frontera entre Venezuela y Guyana no había cambiado y reiteró su respaldo al laudo arbitral de 1899, mientras continúa el proceso ante la Corte Internacional de Justicia.

La diferencia entre una conversación exploratoria, una propuesta diplomática y una decisión oficial es fundamental.

El debate territorial exige responsabilidad, respeto al derecho internacional y transparencia compatible con las necesidades legítimas de la diplomacia.

Ningún gobierno debe convertir el patrimonio territorial en moneda de cambio de una negociación política.

Los millones administrados en el exterior también requieren verdad

La reconstrucción económica posee una dimensión financiera igualmente delicada.

El informe de la cuenta de custodia venezolana administrada por el Departamento del Tesoro estadounidense registró ingresos superiores a 12.263 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026.

Según la información divulgada, aproximadamente 12.107,6 millones habían sido desembolsados y el saldo de custodia al 30 de septiembre era de unos 168,56 millones de dólares.

La firma KPMG participó como monitor y asesor técnico del mecanismo. Esa función no debe confundirse con una auditoría integral de todas las finanzas públicas venezolanas.

La publicidad del informe permite conocer parte del recorrido de los recursos. Sin embargo, el ciudadano también necesita información suficiente sobre beneficiarios, autorizaciones, resultados y controles posteriores.

Una recuperación económica no puede sostenerse sobre una contabilidad que solo comprenden quienes administran el dinero.

Los fondos públicos venezolanos deben permanecer sometidos a rendición de cuentas, independientemente de dónde se depositen.

Una deuda de más de 170.000 millones exige responsabilidad

La organización Transparencia Venezuela ha estimado la deuda pública en más de 170.000 millones de dólares y solicitado una auditoría antes de iniciar su reestructuración.

Su planteamiento, desarrollado en un informe publicado el 13 de noviembre, subraya la necesidad de identificar acreedores, verificar obligaciones y establecer mecanismos transparentes de negociación.

La reestructuración puede resultar necesaria para recuperar acceso al financiamiento internacional.

Pero tampoco debe utilizarse para legitimar automáticamente obligaciones cuyo origen, condiciones o beneficiarios no hayan sido suficientemente examinados.

La confianza de los inversionistas no puede obtenerse sacrificando el derecho de los venezolanos a conocer sus compromisos financieros.

La seguridad jurídica debe proteger tanto al acreedor legítimo como al ciudadano que terminará financiando el servicio de la deuda.

Los trabajadores ponen a prueba la verdad de la recuperación

La protesta gremial del 16 de noviembre mostró una contradicción que no puede esconderse detrás de los acuerdos internacionales.

Docentes, universitarios y trabajadores de la salud participaron en un paro nacional de doce horas para reclamar salarios dignos, aguinaldos suficientes y respeto a las convenciones colectivas.

Dirigentes de los sectores convocantes reportaron un acatamiento cercano al 80 %. Ese porcentaje corresponde a estimaciones sindicales y no debe presentarse como una medición nacional independiente.

Sin embargo, las manifestaciones y paralizaciones registradas en distintas regiones confirman la importancia del malestar laboral.

La protesta plantea una cuestión elemental: ¿qué significado tiene anunciar miles de millones de dólares en inversiones si quienes sostienen escuelas, hospitales y universidades consideran insuficientes sus salarios?

La recuperación debe traducirse en productividad, empleo formal, remuneraciones dignas y protección de los derechos laborales.

La ayuda asistencial puede aliviar una emergencia, pero no reemplaza una economía donde trabajar permita vivir con dignidad.

La reconstrucción se verifica en las comunidades

El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos del 24 de junio.

La magnitud de esas pérdidas explica por qué la recuperación necesitará años de inversión y supervisión técnica.

El último reporte de situación de la Organización Internacional para las Migraciones correspondiente a octubre documentó que continuaban los programas de alojamiento temporal, reparación de viviendas, agua, saneamiento, salud y acompañamiento de familias desplazadas.

También registró trabajos de reubicación y rehabilitación habitacional en distintas comunidades afectadas.

Esos avances merecen reconocimiento.

Pero la población tiene derecho a conocer qué falta, cuánto costará y cuándo podrá resolverse.

La reconstrucción no debe administrarse únicamente desde los ministerios. Necesita participación municipal, evaluación profesional y control ciudadano.

Cada proyecto debería permitir consultar públicamente:

  • el presupuesto aprobado y su fuente de financiamiento;
  • la empresa contratada y el responsable técnico;
  • las modificaciones de costos y plazos;
  • el avance físico y financiero comprobado;
  • las certificaciones de seguridad;
  • y los mecanismos para presentar denuncias y reclamaciones.

Una comunidad que puede verificar una obra también está reconstruyendo su capacidad de ejercer ciudadanía.

La justicia pendiente sigue siendo una herida nacional

Foro Penal registraba 319 personas clasificadas por esa organización como presos políticos al 16 de noviembre, último balance público localizado para esta edición.

El registro incluye personas condenadas y procesadas sin sentencia definitiva, cuyas situaciones requieren una revisión jurídica individual.

Las liberaciones y medidas de amnistía adoptadas durante 2026 representan avances. Pero no eliminan las denuncias sobre privaciones arbitrarias de libertad ni las obligaciones pendientes en materia de derechos humanos.

La reciente ratificación de la condena de treinta años contra el capitán Juan Carlos Caguaripano, en el caso Paramacay, volvió a colocar bajo escrutinio las garantías procesales. Sus abogados han cuestionado aspectos del procedimiento y reclamado acceso y revisión efectiva de las actuaciones judiciales.

No corresponde sustituir a un tribunal mediante una opinión editorial.

Sí corresponde exigir que toda sentencia sea accesible, motivada y susceptible de los recursos que establece el ordenamiento jurídico.

La futura composición del TSJ tendrá que demostrar que la independencia judicial es algo más que una declaración.

La libertad de quienes hayan sido detenidos arbitrariamente, la investigación de abusos y las garantías de no repetición deben constituir prioridades de una transición legítima.

La democracia debe llegar hasta la última alcabala

La institucionalidad tampoco puede limitarse a Caracas.

La reforma del Estado exige investigar las denuncias de extorsión en puestos de control, eliminar estructuras armadas que actúen fuera del marco legal y profesionalizar los cuerpos de seguridad.

La ciudadanía debe contar con mecanismos seguros para denunciar irregularidades sin exponerse a represalias.

No se trata de presumir culpables a todos los funcionarios ni de reemplazar el debido proceso por acusaciones generales.

Se trata de impedir que la autoridad pueda utilizar sus atribuciones para obtener beneficios ilegítimos.

El Estado de derecho debe existir tanto en el Tribunal Supremo como en la carretera donde un transportista se enfrenta a un punto de control.

La vigilancia civil debe sobrevivir a la transición

Washington ha planteado una hoja de ruta que contempla la renovación judicial, la posterior reorganización del Consejo Nacional Electoral y condiciones para futuros comicios presidenciales.

El horizonte de 2027 forma parte del debate político, aunque todavía no equivale a una convocatoria electoral formal con fecha definitiva.

La cooperación exterior puede facilitar acuerdos, recursos y garantías. Pero ninguna potencia extranjera puede sustituir la soberanía ciudadana venezolana.

La verdadera legitimidad debe surgir de instituciones independientes, derechos exigibles y procedimientos sometidos al control público.

El nuevo TSJ tendrá que responder ante la ley. Los contratos deberán poder examinarse. Las autoridades tendrán que justificar sus decisiones. Y las elecciones deberán celebrarse con garantías verificables de participación y transparencia.

La ciudadanía no debe limitarse a observar ese proceso desde afuera.

Debe convertirse en su principal mecanismo de vigilancia.

La verdad es el primer material de la República

Venezuela dispone de una oportunidad extraordinaria para reconstruir sus instituciones y su economía.

Pero esa oportunidad puede perderse si las prácticas que deterioraron la confianza pública sobreviven bajo nuevas autoridades y acuerdos.

La verdad institucional exige reconocer los avances sin esconder los problemas.

Exige investigar sin condenar anticipadamente.

Exige publicar cifras con metodología y fecha.

Exige distinguir la cooperación internacional de cualquier renuncia a la soberanía.

Exige proteger a las víctimas, respetar el debido proceso y someter los recursos públicos a controles permanentes.

La reconstrucción como campo de verdad significa que ningún discurso puede considerarse suficiente mientras la realidad no confirme sus promesas.

Una vivienda terminada debe ser segura.

Un salario debe permitir vivir dignamente.

Un juez debe poder decidir con independencia.

Un contrato debe poder auditarse.

Un acuerdo internacional debe respetar las instituciones.

Y un ciudadano debe poder ejercer sus derechos sin pedir permiso al poder.

La República no estará reconstruida cuando se hayan levantado sus edificios o concluido sus negociaciones.

Estará verdaderamente reconstruida cuando el Estado deje de necesitar el secreto para gobernar y el ciudadano deje de necesitar el miedo para sobrevivir.

Porque una nación puede volver a levantar sus paredes. Lo que no puede permitirse es reconstruir sobre los mismos cimientos de la impunidad.

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Victor Julio Escalona

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