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Por Matías Ricardo Escalona Cardinale | 13 de noviembre de 2026
Presos políticos en huelga en Ramo Verde y bloqueo policial a Perkins Rocha revelan las contradicciones de la transición venezolana.
- Represión política en Venezuela
- Huelga de hambre en Ramo Verde
- Bloqueo policial a Perkins Rocha
- Derechos humanos y transición venezolana
Dos imágenes estremecedoras retratan las contradicciones de la transición venezolana. En Ramo Verde, militares encarcelados por causas que sus familiares y organizaciones defensoras consideran políticas se aferran a las rejas para exigir libertad. En Caracas, funcionarios policiales bloquean el acceso a la residencia de Perkins Rocha, un abogado que permanece bajo arresto domiciliario. Son escenas distintas, pero representan un mismo problema: Venezuela puede cambiar de autoridades, recuperar relaciones diplomáticas y anunciar reformas institucionales sin haber desmontado todavía los mecanismos que permiten restringir arbitrariamente la libertad de sus ciudadanos.
Lo ocurrido durante las últimas horas merece una reflexión que vaya más allá de la indignación inmediata.
Porque mientras se habla de reconciliación, apertura y reconstrucción democrática, persisten situaciones que cuestionan la verdadera profundidad de los cambios.
Las fotografías no explican por sí solas todas las responsabilidades. Pero plantean preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder.
Una transición no puede considerarse consolidada mientras el ejercicio de los derechos dependa de decisiones policiales sin justificación pública suficiente.
Ramo Verde: la libertad reclamada desde las rejas
Este jueves 12 de noviembre, familiares de militares privados de libertad se concentraron en las inmediaciones del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda.
Desde el interior del establecimiento penitenciario, varios detenidos se acercaron a las rejas para reclamar su liberación y denunciar las condiciones de reclusión.
Las imágenes difundidas muestran pancartas reclamando libertad y a los internos comunicándose a gritos con sus familiares.
Según informó Efecto Cocuyo, 36 militares considerados presos políticos por las organizaciones que acompañan sus casos, entre ellos dos mujeres, mantenían una huelga de hambre iniciada el lunes 9 de noviembre. A la protesta se había incorporado otro efectivo detenido por delitos comunes.
Los participantes denuncian irregularidades judiciales y reclaman que sus expedientes sean examinados dentro de los procesos de liberación anunciados durante la transición.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos también ha denunciado restricciones de acceso a instalaciones sanitarias y dificultades para obtener agua potable.
Son señalamientos graves que requieren comprobación independiente y respuestas inmediatas de las autoridades penitenciarias.
La huelga de hambre no demuestra por sí misma la inocencia de cada detenido. Esa determinación corresponde a procedimientos judiciales ajustados al debido proceso.
Pero ninguna acusación penal elimina el derecho a recibir atención médica, mantener condiciones dignas de reclusión y disponer de mecanismos efectivos para revisar posibles arbitrariedades.
La dignidad humana no termina donde comienza una prisión.
Perkins Rocha: una casa convertida en frontera
La segunda imagen procede de Caracas.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron el acceso de visitantes a la residencia del abogado Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela y colaborador de María Corina Machado.
Rocha permanece bajo arresto domiciliario desde febrero de 2026, después de haber estado recluido en El Helicoide tras su detención en agosto de 2024.
El 12 de noviembre, los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías acudieron a visitarlo, pero los funcionarios policiales les impidieron ingresar.
Según documentó VPItv, las restricciones habían comenzado el día anterior.
Su esposa, María Constanza Cipriani, denunció que no existía una orden judicial que justificara la prohibición de visitas. La defensa del abogado también afirmó que el tribunal responsable del caso no había dictado una medida semejante.
La situación plantea una cuestión elemental de legalidad.
El arresto domiciliario puede imponer condiciones de circulación y vigilancia, pero las restricciones adicionales deben tener fundamento jurídico y respetar las garantías del afectado.
No basta que un funcionario anuncie una prohibición. Es necesario conocer qué autoridad la ordenó, mediante cuál disposición y bajo qué circunstancias.
Cuando una medida policial no puede explicarse mediante una decisión legal identificable, la arbitrariedad deja de ser una sospecha abstracta y se convierte en una preocupación concreta.
El canciller desmiente, pero el bloqueo permanece
El episodio adquirió una dimensión institucional adicional cuando circularon versiones según las cuales la prohibición de acceso habría sido ordenada por la Cancillería venezolana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, rechazó públicamente esa atribución.
Según informó Contrapunto, el canciller difundió una publicación calificando de falsa la versión que responsabilizaba a su despacho del impedimento impuesto a los parlamentarios europeos.
Su desmentido debe ser considerado. No existen elementos públicos suficientes para atribuir personalmente a Blanco la orden policial.
Pero negar una responsabilidad tampoco resuelve la cuestión principal.
Si la Cancillería no ordenó impedir las visitas, ¿qué institución lo hizo?
¿Existió alguna resolución judicial? ¿Quién supervisó el procedimiento? ¿Por qué se restringió el acceso de visitantes a una persona sometida a una medida domiciliaria?
La Policía Nacional Bolivariana forma parte de la estructura de seguridad del Estado, cuyo funcionamiento corresponde supervisar a las autoridades competentes.
Por eso no se puede atribuir automáticamente el operativo a una orden personal de Diosdado Cabello, aunque su posición dentro del aparato de seguridad haga legítimo exigir explicaciones sobre las actuaciones de los organismos bajo responsabilidad gubernamental.
La rendición de cuentas requiere identificar decisiones y responsables, no sustituir las pruebas por presunciones.
Dos escenarios, una misma contradicción
Ramo Verde y la residencia de Perkins Rocha exponen dos manifestaciones de un problema institucional que Venezuela arrastra desde hace años.
En el primer escenario aparecen personas encarceladas que denuncian irregularidades judiciales y reclaman una revisión efectiva de sus procesos.
En el segundo, un ciudadano sometido a arresto domiciliario denuncia restricciones adicionales cuya base legal ha sido cuestionada por su defensa.
Ambas situaciones comparten una característica preocupante: la distancia entre los derechos reconocidos formalmente y las garantías disponibles para ejercerlos.
La administración interina encabezada por Delcy Rodríguez ha presentado la actual etapa como un proceso de estabilización, reconciliación y transformación institucional.
También se han anunciado excarcelaciones y reformas destinadas a superar prácticas del pasado.
Estos avances deben ser evaluados según sus resultados. Sería incorrecto ignorarlos, pero también sería insuficiente considerarlos prueba definitiva de una transformación democrática.
La normalización política no se mide solamente por reuniones diplomáticas, acuerdos económicos o nuevos nombramientos.
Se mide también por lo que ocurre cuando un ciudadano reclama libertad, un abogado recibe visitantes o una familia exige conocer el estado de un expediente judicial.
La reconciliación necesita garantías, no solamente discursos
Desde los acontecimientos del 3 de enero, Venezuela atraviesa un proceso excepcional que ha modificado su relación con Estados Unidos y abierto negociaciones sobre el futuro institucional.
Sin embargo, la transición todavía enfrenta asuntos esenciales para recuperar la confianza pública.
Entre ellos destacan la revisión de los expedientes de presos políticos, la independencia judicial y la eliminación de prácticas administrativas que permitan restringir derechos sin controles suficientes.
Las imágenes de estos días obligan a concentrarse en cuestiones concretas:
- Revisión judicial: establecer procedimientos transparentes para examinar denuncias de detenciones arbitrarias y posibles violaciones del debido proceso.
- Condiciones penitenciarias: garantizar atención médica, agua potable, alimentación y trato digno a todas las personas privadas de libertad.
- Restricciones domiciliarias: exigir que cualquier limitación adicional de derechos responda a una decisión legal identificable y susceptible de revisión.
- Responsabilidad institucional: determinar quién ordena y supervisa los procedimientos policiales que afectan libertades fundamentales.
- Transparencia: publicar información suficiente sobre las medidas adoptadas y permitir la observación de organismos independientes.
Son exigencias compatibles con una transición ordenada y con el respeto a las instituciones.
De hecho, constituyen condiciones indispensables para que esas instituciones recuperen credibilidad.
La libertad no debería depender de una negociación
Existe un riesgo particular cuando los derechos fundamentales comienzan a tratarse exclusivamente como instrumentos de negociación política.
La liberación de una persona detenida arbitrariamente no debería interpretarse como una concesión generosa del poder.
Es una obligación derivada de las garantías constitucionales y de las normas internacionales sobre derechos humanos.
Lo mismo ocurre con el acceso a la defensa, la integridad personal y la posibilidad de recibir visitas conforme a las condiciones legalmente establecidas.
Una negociación puede facilitar acuerdos que aceleren la revisión de casos y ayuden a corregir injusticias.
Pero no puede sustituir el funcionamiento independiente de los tribunales ni convertir los derechos en recompensas sujetas a conveniencia política.
También debe evitarse una simplificación: no toda persona privada de libertad puede considerarse inocente únicamente porque su detención sea cuestionada políticamente.
Lo exigible es que cada proceso sea examinado por jueces independientes, con pruebas suficientes, defensa efectiva y respeto a la presunción de inocencia.
Ese principio debe proteger a todos, independientemente de sus preferencias políticas o de su condición civil o militar.
El verdadero rostro de una transición
La fotografía de los detenidos junto a las rejas de Ramo Verde tiene una fuerza humana difícil de ignorar.
La imagen de los funcionarios bloqueando el acceso a la vivienda de Perkins Rocha produce una inquietud diferente, pero igualmente significativa.
Una muestra el reclamo de personas que quieren recuperar su libertad. La otra plantea dudas sobre los límites del poder policial dentro de un domicilio sometido a vigilancia judicial.
Ninguna necesita exageraciones para resultar preocupante.
Y ninguna debería ser descartada como un episodio menor dentro de una transición que pretende construir nuevas reglas institucionales.
La credibilidad del proceso dependerá de su capacidad para transformar prácticas concretas, incluidas aquellas que afectan a personas sin visibilidad pública.
No basta anunciar una reforma del Tribunal Supremo de Justicia si después resulta imposible identificar la autoridad responsable de restringir una visita.
Tampoco basta hablar de reconciliación mientras personas encarceladas deben recurrir a una huelga de hambre para reclamar atención sobre sus expedientes.
Las nuevas instituciones deberán demostrar que pueden corregir arbitrariedades, investigar abusos y proteger derechos incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quienes gobiernan.
La justicia no puede convertirse en una escenografía de la transición.
El país que todavía está por reconstruir
Venezuela ha recorrido un camino extraordinariamente complejo desde enero. Existen oportunidades de recuperación económica, acercamiento internacional y reconstrucción política que merecen atención.
Pero ninguna de ellas justifica mirar hacia otro lado cuando aparecen denuncias concretas sobre restricciones de derechos.
Los acontecimientos de Ramo Verde y de la residencia de Perkins Rocha recuerdan que el cambio democrático no puede limitarse a modificar el lenguaje oficial o renovar determinados cargos.
Debe alcanzar la vida cotidiana de quienes siguen esperando justicia.
La responsabilidad corresponde a las instituciones venezolanas, con independencia del acompañamiento internacional que exista durante la transición.
Porque ningún gobierno extranjero puede reemplazar la obligación del Estado de responder por las condiciones de sus cárceles, las decisiones de sus policías y el funcionamiento de sus tribunales.
Las imágenes de estos días deberían permanecer en la memoria pública, no para alimentar nuevas confrontaciones, sino para impedir que la reconstrucción institucional olvide a quienes todavía soportan las consecuencias de prácticas que el país necesita superar.
El periodismo independiente tiene la responsabilidad de documentarlas, contrastar las denuncias y mantener abiertas las preguntas que las autoridades todavía no han respondido.
Son dos caras de la misma moneda: la libertad que se reclama desde una prisión y la libertad que se restringe detrás de la puerta de una vivienda.
Y ambas recuerdan una verdad esencial: una democracia no se consolida solamente cuando cambian sus gobernantes, sino cuando sus ciudadanos dejan de temer el ejercicio arbitrario del poder.
La tarea iniciada el 3 de enero continúa pendiente en aspectos fundamentales. Terminarla exige instituciones independientes, responsabilidades verificables y derechos que puedan ejercerse sin depender de permisos discrecionales.
El día en que un preso pueda confiar en una justicia imparcial y un ciudadano sometido a una medida judicial pueda conocer y cuestionar legalmente cualquier restricción, Venezuela habrá dado un paso verdaderamente importante.
Hasta entonces, las fotografías seguirán recordándonos cuánto falta por hacer.
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