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Luis Ratti anuncia un cambio de postura mientras la madre de Hugo Marino exige verdad y Rubio reclama liberar a los presos políticos.
Luis Ratti y María Corina Machado; presos políticos en Venezuela; desaparición de Hugo Marino; justicia y derechos humanos en Venezuela.
Nos escriben lectores con una pregunta que incomoda más que cualquier cambio de discurso político: ¿de qué sirve que algunos dirigentes se arrepientan de sus actuaciones anteriores mientras cientos de venezolanos continúan presos y familias como la de Hugo Marino siguen esperando respuestas? El reciente anuncio de Luis Ratti, quien ahora asegura que retirará su solicitud para despojar de la nacionalidad a María Corina Machado y otros opositores, despierta una profunda desconfianza. Para el lector que nos escribe, el problema no es solamente lo que Ratti dijo ayer o dice hoy, sino quiénes se benefician de estos cambios de posición y qué consecuencias reales tienen para Venezuela.
La reflexión parte de una afirmación severa: “Luis Ratti no es Luis Ratti, él no se pertenece”. Con esa expresión, el lector describe su percepción de que determinadas figuras políticas actúan siguiendo intereses ajenos, adaptando sus posiciones a las necesidades de quienes conservan el poder.
Se trata de una interpretación política, no de una relación de subordinación personal demostrada. Pero el contraste entre las actuaciones públicas de Ratti permite formular preguntas legítimas sobre la coherencia, la responsabilidad y la credibilidad de quienes modifican radicalmente sus posiciones.
De pedir la pérdida de la nacionalidad a anunciar su retirada
El 27 de octubre de 2025, Luis Ratti acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la revocatoria o suspensión de la nacionalidad venezolana de varios dirigentes opositores, periodistas y activistas.
Entre los nombres incluidos figuraban María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Antonio Ledezma y Dinorah Figuera, entre otros.
La solicitud fue documentada por El Informador, que recogió las declaraciones del dirigente cuando defendía aquella iniciativa como una acción a favor de la soberanía nacional.
Un año después, el 2 de noviembre de 2026, Ratti anunció que retiraría esa solicitud y expresó arrepentimiento por haber promovido la medida contra dirigentes opositores.
La noticia fue difundida por La Patilla. Sin embargo, el anuncio no permite afirmar que el retiro del recurso ya se haya formalizado ante el TSJ. Para comprobarlo sería necesario conocer la actuación judicial correspondiente.
La contradicción es evidente. Quien anteriormente pretendía que determinadas personas perdieran su nacionalidad ahora anuncia que desistirá de aquella iniciativa.
El lector considera que ese giro resulta demasiado conveniente para entenderlo como una simple evolución personal. Sospecha que responde a cambios dentro de las estructuras políticas que durante años respaldaron la confrontación contra la oposición.
Su sospecha merece escucharse, pero no puede convertirse automáticamente en una acusación comprobada sobre órdenes recibidas, vínculos personales o instrucciones de terceros.
La nacionalidad nunca debió convertirse en un castigo político
Más allá de las motivaciones de Ratti, existe una cuestión jurídica fundamental.
El artículo 35 de la Constitución venezolana establece que los ciudadanos venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. La revocación judicial prevista por esa disposición se refiere únicamente a los casos de nacionalidad adquirida por naturalización.
Esta garantía constitucional puede consultarse en el texto de la Constitución publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La nacionalidad no debería utilizarse como instrumento de intimidación ni como mecanismo de castigo contra ciudadanos que sostienen posiciones políticas diferentes.
Por eso, el anuncio de retirar una solicitud incompatible con esa protección constitucional puede considerarse positivo. Pero también corresponde preguntar por qué se promovió originalmente y qué efectos tuvo sobre las personas señaladas.
Rectificar puede ser importante. Explicar las razones de una actuación anterior también forma parte de la responsabilidad pública.
El 3 de enero y los cambios que todavía generan dudas
El lector identifica el 3 de enero de 2026 como el acontecimiento que modificó el escenario político venezolano. Aquel día, una operación militar estadounidense terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos.
Desde entonces, el país ha experimentado cambios en sus relaciones internacionales, negociaciones institucionales y decisiones adoptadas por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
Para el lector, algunas figuras que antes defendían posiciones radicalmente enfrentadas a Washington parecen haber adaptado su comportamiento a las nuevas circunstancias.
Su reflexión apunta especialmente a dirigentes que durante años sostuvieron discursos de confrontación con Estados Unidos y que ahora participan en mecanismos de cooperación política y económica.
Sin embargo, las razones de cada cambio de posición deben evaluarse individualmente. La existencia de negociaciones internacionales no demuestra, por sí sola, que determinados actores controlen las actuaciones personales de otros.
La pregunta ciudadana sigue siendo pertinente: ¿estamos viendo transformaciones sinceras o simplemente nuevas estrategias de supervivencia política?
Una transición democrática necesita distinguir entre rectificaciones auténticas, acuerdos necesarios y comportamientos oportunistas. Esa evaluación exige transparencia y hechos verificables.
Marco Rubio vuelve a reclamar la liberación de los presos políticos
Mientras se multiplican las discusiones sobre los cambios de discurso, una exigencia vuelve a ocupar el centro de la agenda: la libertad de quienes siguen detenidos por razones políticas.
El lunes 2 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en Washington con el nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco.
Durante el encuentro, ambos abordaron las reformas institucionales destinadas a facilitar elecciones libres, justas y creíbles, dentro del plan de transición respaldado por Estados Unidos.
Según el comunicado del Departamento de Estado, Rubio instó a continuar con la liberación de los presos políticos que todavía permanecen encarcelados.
La información fue recogida por El Diario, que documentó los principales asuntos tratados durante la reunión.
El lector considera que esa petición debería traducirse inmediatamente en decisiones concretas de las autoridades venezolanas.
No basta con hablar de reconciliación mientras existen ciudadanos que, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, continúan privados de libertad por motivos políticos.
La obligación de respetar el debido proceso y proteger los derechos fundamentales no depende de presiones internacionales. Corresponde, en primer lugar, a las instituciones venezolanas.
Más de 300 personas siguen esperando
El último balance localizado de Foro Penal, correspondiente al 26 de octubre de 2026, registraba 322 presos políticos en Venezuela.
De ellos, 182 eran civiles y 140 militares. La organización también informó que 171 permanecían detenidos sin sentencia.
Estas cifras ayudan a comprender por qué las excarcelaciones realizadas durante el año, aunque importantes para las personas beneficiadas y sus familias, todavía no representan una solución completa.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que la liberación de los detenidos debe acompañarse de la revisión de los procesos y la restitución efectiva de sus derechos.
Para el lector, mantener personas encarceladas por razones políticas mientras se desarrollan negociaciones genera la percepción de que su libertad continúa siendo utilizada como herramienta de presión.
Esa interpretación debe distinguirse de una conclusión judicial sobre cada expediente. Pero el reclamo de una revisión independiente de las detenciones resulta legítimo y urgente.
Una reconciliación verdadera necesita que la libertad deje de depender de concesiones ocasionales y se convierta nuevamente en una garantía protegida por la ley.
Hugo Marino: una madre que no ha dejado de preguntar
El mensaje adquiere una dimensión profundamente humana cuando menciona al submarinista venezolano Hugo Marino Salas.
Su madre, Beatriz Salas, continúa reclamando información sobre lo ocurrido con su hijo desde abril de 2019.
Marino, especialista en operaciones de búsqueda y rescate submarino, desapareció después de llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía procedente de Miami.
Su familia denuncia que fue detenido por funcionarios de inteligencia militar y que, desde entonces, las autoridades no han ofrecido información suficiente sobre su paradero ni su estado de salud.
El caso fue investigado periodísticamente por Efecto Cocuyo, que publicó el 10 de octubre el testimonio de Beatriz Salas.
A sus 83 años, la madre de Marino continúa esperando una respuesta que debería haber recibido hace mucho tiempo.
Su petición resume el dolor de siete años de incertidumbre: “Necesito saber qué le hicieron”.
Según el testimonio familiar, los intentos de obtener información ante instituciones del Estado no han permitido esclarecer el destino de Hugo Marino. También denuncian irregularidades relacionadas con el expediente judicial y la ausencia de respuestas oficiales.
La desaparición forzada constituye una violación especialmente grave de los derechos humanos. Su determinación jurídica exige investigar las circunstancias de la privación de libertad y el ocultamiento del paradero de la persona.
Mientras esas circunstancias no sean esclarecidas, las autoridades tienen la obligación de investigar y proporcionar información a sus familiares.
La pregunta no puede quedar enterrada entre declaraciones políticas: ¿dónde está Hugo Marino?
La transición también se mide por las respuestas a las familias
El lector relaciona la rectificación anunciada por Ratti con el reclamo de libertad realizado por Marco Rubio y con la situación de Hugo Marino.
Su reflexión establece una diferencia esencial entre los movimientos del poder y las necesidades de los ciudadanos.
Los dirigentes pueden modificar sus posiciones, negociar acuerdos y participar en nuevas alianzas. Las familias de los desaparecidos, en cambio, continúan esperando información que ninguna estrategia política debería aplazar.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe mantener abiertas estas preguntas porque la credibilidad de una transición no depende solamente de los cambios de gobierno o de las reformas anunciadas.
También depende de la capacidad de las instituciones para esclarecer violaciones de derechos humanos, liberar a quienes permanecen detenidos arbitrariamente y garantizar que nadie vuelva a desaparecer bajo custodia estatal.
El anuncio de Luis Ratti puede representar una rectificación de su actuación anterior. La petición de Marco Rubio vuelve a colocar la situación de los presos políticos en la agenda diplomática. Pero ninguna de esas circunstancias resuelve por sí sola los casos pendientes.
La reconciliación necesita decisiones, investigaciones independientes y respuestas para quienes han sufrido durante años.
Beatriz Salas no está pidiendo una negociación política ni una declaración diplomática. Está reclamando saber qué ocurrió con su hijo.
Y esa exigencia debería estar por encima de cualquier cálculo de conveniencia.
Porque una democracia no se reconstruye solamente cuando los dirigentes cambian de opinión, sino cuando las instituciones dejan de esconder la verdad y empiezan a responder ante los ciudadanos.
¿Dónde está Hugo Marino? Después de más de siete años, Venezuela sigue esperando una respuesta.
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