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miércoles, 11 de noviembre de 2026

Rodríguez niega privatización del sector eléctrico

RadioAmericaVe.com: Estas son las noticias del día de hoy miércoles 11 de noviembre 2026

 

La AN aprueba la reforma eléctrica. Jorge Rodríguez descarta privatización y anuncia tarifas indexadas, subsidios y participación privada.

Nueva ley eléctrica venezolana, tarifas eléctricas indexadas, subsidios de electricidad en Venezuela, inversión privada en el sector eléctrico.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 10 de noviembre la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que abre la generación y comercialización de electricidad a empresas privadas e introduce un nuevo esquema de tarifas indexadas y subsidios. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la normativa no representa una privatización del sector, sino una ampliación de la participación empresarial para contribuir a recuperar un sistema afectado por años de fallas y apagones.

La reforma fue sancionada después de cuatro sesiones parlamentarias y tres aplazamientos de la discusión definitiva. El instrumento contiene 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final.

Durante el debate, Rodríguez insistió en que el Estado conservará la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico, especialmente a las comunidades de menores ingresos, mientras que las compañías privadas podrán intervenir en actividades de generación, autogeneración y comercialización bajo las condiciones establecidas en la legislación.

La modificación constituye uno de los cambios más importantes del marco jurídico del sector eléctrico venezolano desde la nacionalización de buena parte de la industria en 2007.

Rodríguez descarta una privatización total del sistema eléctrico

El presidente de la Asamblea Nacional rechazó que la apertura a empresas privadas signifique entregar completamente el sistema eléctrico a operadores particulares.

"La ley no promueve, en modo alguno, la privatización del sistema eléctrico nacional, sino la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación, a la autogeneración de electricidad", afirmó durante la discusión parlamentaria.

Rodríguez explicó que las nuevas disposiciones permitirán que empresas privadas instalen plantas de generación, desarrollen proyectos de autogeneración y participen en el suministro de electricidad a grandes consumidores.

Entre los sectores mencionados figuran industrias, centros comerciales y otras actividades económicas con elevados requerimientos energéticos.

El funcionario también señaló que la participación privada podría incluir la importación de electricidad desde países vecinos, bajo las condiciones previstas en el marco regulatorio.

Según su explicación, esta apertura permitiría incorporar nuevas inversiones y capacidades de generación, mientras el Estado mantiene su obligación de atender a las poblaciones más vulnerables.

La afirmación del presidente del Parlamento refleja la posición oficial sobre el alcance de la reforma. Sin embargo, la incorporación de operadores privados supone un cambio significativo respecto al modelo de predominio estatal que ha caracterizado al sector durante casi dos décadas.

Tarifas eléctricas estarán indexadas y habrá subsidios

Uno de los anuncios más importantes de Rodríguez está relacionado con el costo del servicio eléctrico para los consumidores.

El parlamentario confirmó que las tarifas estarán indexadas al tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), referencia que actualmente corresponde al euro.

También anunció un régimen de subsidios dirigido especialmente a los ciudadanos cuyos ingresos no permitan cubrir el costo completo del suministro.

Rodríguez explicó que los sectores industriales, comerciales y otros grandes consumidores podrán pagar tarifas plenas, mientras que determinados usuarios residenciales recibirán protección mediante mecanismos de subsidio.

La nueva estructura busca establecer una diferenciación entre quienes tienen capacidad para asumir el costo total del servicio y aquellos que requieren asistencia económica.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional no precisó los montos que pagarán los usuarios, los porcentajes de subsidio ni los requisitos concretos para acceder al beneficio.

Estos aspectos deberán desarrollarse mediante el reglamento de la ley y las decisiones que adopten las autoridades reguladoras.

Por tanto, la aprobación parlamentaria todavía no permite determinar cuánto aumentará la factura de electricidad de una familia, una pequeña empresa o un establecimiento comercial.

Empresas privadas podrán obtener concesiones de hasta 25 años

La reforma establece que la generación eléctrica podrá ser ejercida por la empresa operadora estatal, empresas mixtas y compañías privadas que reciban la habilitación correspondiente.

Las concesiones podrán alcanzar un plazo máximo de 25 años, según el texto aprobado por los diputados.

El Ministerio de Energía Eléctrica tendrá competencias para otorgar autorizaciones relacionadas con proyectos de generación superiores a 50 megavatios y con determinadas instalaciones o actividades vinculadas con bienes de dominio público y redes de transmisión y distribución.

También se contempla que las empresas petroleras garanticen el suministro energético necesario para sus operaciones mediante mecanismos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros.

Una vez concluida la habilitación correspondiente, los bienes incorporados o construidos durante su vigencia deberán transferirse a Corpoelec o a la entidad que determine la normativa, bajo las condiciones legales aplicables.

Estas disposiciones buscan establecer un marco jurídico para atraer capital y desarrollar infraestructura, aunque su aplicación dependerá de los permisos, contratos y condiciones económicas que se definan.

Una nueva superintendencia supervisará el servicio eléctrico

La legislación contempla la creación de una Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, encargada de ejercer funciones de regulación, supervisión y control.

Entre sus responsabilidades estarán la vigilancia de las actividades de los operadores, el cumplimiento de las normas técnicas y la aplicación del régimen sancionatorio.

La reforma establece multas para empresas que incumplan las condiciones del servicio, apliquen tarifas no autorizadas o desobedezcan instrucciones de las autoridades competentes.

En determinados casos, las sanciones podrán alcanzar el 2 % de los ingresos brutos de las compañías correspondientes al período establecido en la ley.

También se contemplan medidas administrativas y responsabilidades penales para infracciones específicas, incluidos delitos relacionados con el hurto de energía, los daños a instalaciones y la interrupción intencional del servicio.

La efectividad de estos mecanismos dependerá de la capacidad de supervisión de la nueva institución y de la aplicación transparente de las disposiciones legales.

La crisis eléctrica sigue siendo el principal desafío

La aprobación de la reforma ocurre mientras numerosas regiones de Venezuela continúan enfrentando cortes eléctricos, fluctuaciones de voltaje y restricciones en el suministro.

Los problemas afectan las actividades comerciales, la producción industrial, los servicios sanitarios, las telecomunicaciones y las operaciones agrícolas.

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem) ha estimado que la recuperación integral del sistema podría requerir inversiones de hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante aproximadamente una década.

La estimación evidencia la magnitud de los recursos necesarios para modernizar instalaciones, recuperar capacidad de generación y mejorar las redes de transmisión y distribución.

La incorporación de capital privado podría facilitar proyectos de recuperación y nuevas inversiones, pero no garantiza por sí sola la eliminación inmediata de los apagones.

Los resultados también dependerán del mantenimiento de las instalaciones existentes, la seguridad jurídica, las condiciones de financiamiento y la capacidad de los operadores para ejecutar los proyectos previstos.

La reforma pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación

Tras su sanción en la Asamblea Nacional, el texto deberá remitirse al Ejecutivo para los procedimientos de promulgación y publicación correspondientes.

Posteriormente será necesario desarrollar las disposiciones reglamentarias que definirán aspectos esenciales de su aplicación.

Entre los asuntos pendientes figuran la estructura definitiva de las tarifas, las condiciones para otorgar subsidios, los procedimientos de habilitación de empresas privadas y el funcionamiento de la nueva superintendencia.

La reforma abre una nueva etapa para el sector eléctrico venezolano, caracterizada por una mayor participación empresarial y por la intención oficial de establecer un sistema tarifario que permita financiar su funcionamiento.

Para los ciudadanos, sin embargo, las principales preguntas continúan abiertas: cuánto costará el servicio, quiénes recibirán subsidios y cuándo comenzarán a mejorar la estabilidad y la calidad del suministro.

La respuesta dependerá de cómo se aplique la legislación y, especialmente, de que las inversiones anunciadas se traduzcan en un servicio eléctrico confiable para hogares, comercios e industrias.

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Ramón Muchacho:

Es increíble que la palabra “privatización” siga siendo anatema para algunos. ¡Como si no hubiera sido suficiente la debacle de todos estos años!

Pareciera que hubiera una resistencia a aprender. Los costosos errores que nos llevaron hasta aquí se seguirán repitiendo si no sacamos las lecciones del caso: por ejemplo, que los empresarios privados deben asumir todas las áreas posibles de la economía, incluyendo, por supuesto, la electricidad y el petróleo.


El chantaje de que los militares no ven con buenos ojos una futura presidencia de María Corina Machado ya no tiene cabida. La FANB no solo no le cumplió al país el 28 de julio de 2024, sino que además fue derrotada aplastantemente y en 48 minutos el 3 de enero.

Traidores a la soberanía popular y derrotados en la defensa del territorio, ¿quién puede reconocerles a los militares un poder de veto que nadie les ha dado?

La rehabilitación de la FANB pasa necesariamente por su sujeción sin ambages al poder civil, para que pueda ocuparse de los temas que le son propios.

De lo contrario, tampoco aquí habremos aprendido la lección.

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