Venezuela: entre el Pentágono y el Esequibo - Radio America VE
planeta tierra girando circulo logo radio america ve

Volumen:

100

Últimas noticias

viernes, 20 de noviembre de 2026

Venezuela: entre el Pentágono y el Esequibo

RadioAmericaVe.com  / Opinión / 

 

Por Matías Ricardo Escalona Cardinale | 20 de noviembre de 2026

El pacto militar con EE. UU. y las revelaciones sobre el Esequibo abren interrogantes sobre soberanía y transición en Venezuela.

  • Acuerdo militar entre Venezuela y Estados Unidos
  • Disputa territorial del Esequibo
  • Delcy Rodríguez y Pete Hegseth
  • Transición política y soberanía venezolana

La soberanía venezolana acaba de entrar en una de sus contradicciones más reveladoras. Mientras Delcy Rodríguez recibe en Miraflores al jefe del Pentágono para restablecer la cooperación militar con Estados Unidos, una investigación de Reuters descubre conversaciones reservadas sobre la posibilidad de modificar el control territorial del Esequibo. Dos acontecimientos diferentes, ocurridos en apenas cuarenta y ocho horas, colocan sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién está definiendo los límites de la soberanía venezolana durante esta transición, sus instituciones, sus ciudadanos o los intereses estratégicos de Washington?

Durante décadas, el chavismo convirtió la soberanía nacional en uno de los pilares de su discurso político. La presencia estadounidense era presentada como una amenaza permanente, mientras la independencia frente a Washington se utilizaba para justificar decisiones económicas, militares y diplomáticas.

Ahora, antiguos protagonistas de ese mismo sistema reciben oficialmente a las autoridades militares estadounidenses y celebran una relación de cooperación que habría resultado impensable bajo buena parte del discurso anterior.

El acercamiento no constituye necesariamente una renuncia a la soberanía. Los Estados pueden cooperar militarmente sin perder su independencia. Pero la legitimidad de esos acuerdos exige transparencia, límites institucionales y mecanismos efectivos de supervisión.

La soberanía no se pierde automáticamente cuando dos países cooperan. Se debilita cuando sus ciudadanos desconocen las condiciones bajo las cuales se compromete el futuro nacional.

El Pentágono vuelve a Miraflores

El miércoles 18 de noviembre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitó Caracas y sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

El encuentro marcó un acontecimiento extraordinario en unas relaciones bilaterales que durante años estuvieron dominadas por la confrontación política y la desconfianza militar.

Según informó Reuters, ambos gobiernos acordaron restablecer la cooperación en materia de defensa, suspendida durante el gobierno de Hugo Chávez en 2005.

El documento fue suscrito por Hegseth y el ministro venezolano de Defensa, Gustavo González López.

El Departamento de Defensa estadounidense explicó que la iniciativa contempla cooperación militar y posibles operaciones conjuntas, dentro de la estrategia de estabilización y seguridad regional promovida por Donald Trump.

Hegseth destacó los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, y presentó aquella operación como un punto de inflexión en la relación entre ambos países.

Delcy Rodríguez, por su parte, expresó su disposición a fortalecer la cooperación técnico-militar para enfrentar amenazas compartidas.

La fotografía del encuentro resume una transformación política considerable: quienes durante años denunciaron la influencia militar estadounidense participan ahora en la reconstrucción formal de esa relación.

El cambio puede responder a necesidades reales de seguridad y estabilización. Pero precisamente por su trascendencia merece un escrutinio institucional que vaya más allá del protocolo diplomático.

¿Cooperación militar o dependencia estratégica?

La cooperación entre fuerzas armadas de distintos países no es extraordinaria. Incluye habitualmente formación, intercambio de información, coordinación operativa y asistencia técnica.

Puede contribuir a combatir el crimen organizado, mejorar capacidades institucionales y responder a amenazas transnacionales.

El problema aparece cuando los términos concretos del acuerdo no son suficientemente conocidos.

Hasta ahora, la información pública permite confirmar la firma de un documento de cooperación y el propósito de profundizar las relaciones militares. No permite afirmar que Venezuela haya autorizado bases estadounidenses permanentes, cedido el mando de sus fuerzas armadas o transferido competencias constitucionales al Pentágono.

Tales afirmaciones requerirían pruebas que no han sido presentadas.

Pero tampoco debería interpretarse la ausencia de información como una razón para renunciar a las preguntas.

¿Qué operaciones conjuntas contempla el convenio? ¿Cuáles serán sus límites territoriales? ¿Qué mecanismos de autorización se aplicarán? ¿Quién supervisará su ejecución?

Y, especialmente, ¿qué instituciones venezolanas tendrán facultades para revisar los compromisos asumidos?

La estabilidad puede requerir cooperación internacional. Lo que no debería requerir es una relación militar exenta de controles democráticos.

El Esequibo aparece en el tablero

Mientras Caracas procesaba las consecuencias de la visita del Pentágono, una investigación publicada el jueves 19 de noviembre por Reuters introdujo otro elemento de enorme sensibilidad geopolítica.

Según tres personas familiarizadas con el asunto, Jeremy Lewin, antiguo responsable de planificación política del Departamento de Estado, planteó ante representantes guyaneses la posibilidad de que Guyana considerara ceder parcialmente el control del territorio del Esequibo a Venezuela.

La propuesta habría surgido durante conversaciones preliminares desarrolladas después de que Delcy Rodríguez solicitara a Donald Trump facilitar un acercamiento con Georgetown.

Reuters informó que Lewin mantuvo conversaciones con funcionarios venezolanos y guyaneses, y que el antiguo funcionario aseguró haber actuado siguiendo instrucciones de la Casa Blanca.

La revelación produjo inquietud entre autoridades de Guyana, que solicitaron aclaraciones sobre la posición estadounidense.

Washington respondió que su política respecto a la controversia fronteriza no había cambiado.

Este último elemento es fundamental: no existe evidencia pública de que Estados Unidos, Guyana y Venezuela hayan alcanzado un acuerdo para repartir, intercambiar o transferir territorio.

Lo conocido es una propuesta exploratoria atribuida a un antiguo funcionario estadounidense, no un tratado territorial aprobado.

Sin embargo, que una idea semejante haya sido discutida revela la facilidad con la que una controversia histórica puede ingresar en negociaciones estratégicas ajenas a sus procedimientos jurídicos habituales.

Un territorio no es una ficha intercambiable

La controversia del Esequibo tiene raíces históricas anteriores al chavismo y constituye uno de los asuntos más delicados de las relaciones entre Venezuela y Guyana.

Venezuela cuestiona la validez del laudo arbitral de 1899, mientras Guyana defiende la frontera establecida por aquel instrumento y ejerce actualmente la administración del territorio.

La disputa está sometida a un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, cuya competencia sobre el fondo del asunto ha sido cuestionada por Venezuela.

El Acuerdo de Ginebra de 1966 también forma parte del marco histórico y diplomático invocado para abordar la controversia.

Estas diferencias no pueden desaparecer mediante una conversación reservada entre funcionarios extranjeros.

Un eventual arreglo territorial requeriría procedimientos jurídicos, compromisos internacionales y garantías institucionales compatibles con los derechos de los Estados involucrados.

También debería considerar a las comunidades que habitan el territorio.

La complejidad de la controversia exige prudencia. Una solución sostenible no puede surgir de presiones improvisadas ni de propuestas formuladas al margen de los mecanismos jurídicos correspondientes.

La misma exigencia vale para todos los actores: Venezuela, Guyana y cualquier potencia que pretenda facilitar un acercamiento.

La integridad territorial no debería convertirse en moneda de cambio para obtener ventajas diplomáticas, petroleras o militares.

El pragmatismo de Washington y sus límites

La administración Trump ha promovido una estrategia hacia Venezuela basada en estabilización, recuperación económica y transición política.

Los acuerdos petroleros y el acercamiento militar forman parte de esa transformación.

Desde la perspectiva estadounidense, garantizar seguridad regional, contener redes criminales y estabilizar el suministro energético representa un conjunto de intereses estratégicos reconocibles.

Desde la perspectiva venezolana, la recuperación económica y la normalización de relaciones internacionales pueden ofrecer oportunidades importantes.

Pero las prioridades de ambos gobiernos no necesariamente coinciden en todos los aspectos.

La estabilidad que interesa a Washington puede alcanzarse parcialmente mediante acuerdos con las autoridades que administran actualmente el Estado venezolano.

La democratización, en cambio, requiere condiciones adicionales: instituciones independientes, garantías electorales, respeto a los derechos y mecanismos de participación ciudadana.

Una política exterior puede considerar exitoso un acuerdo militar. La sociedad venezolana puede evaluarlo de manera distinta si ese avance no se acompaña de mejoras en sus libertades.

La cuestión no consiste en rechazar toda cooperación con Estados Unidos.

Consiste en evitar que esa cooperación se convierta en sustituto de las transformaciones institucionales pendientes.

Mientras se negocia la seguridad, los trabajadores reclaman salarios

La distancia entre los acuerdos internacionales y la realidad cotidiana también quedó expuesta durante las protestas laborales de esta semana.

El lunes 16 de noviembre, trabajadores de educación, universidades y salud participaron en un paro nacional de doce horas para reclamar salarios dignos, mejores condiciones laborales y el cálculo de los aguinaldos conforme a sus exigencias contractuales.

La protesta fue documentada por ANSA.

Posteriormente, representantes sindicales anunciaron nuevas movilizaciones y una convocatoria de paro de veinticuatro horas.

Estas acciones reflejan una preocupación que no puede quedar relegada por la agenda geopolítica.

La recuperación económica solamente adquiere sentido social cuando sus beneficios comienzan a reflejarse en salarios, servicios públicos y oportunidades reales.

Un país puede firmar acuerdos de defensa y ampliar su producción petrolera mientras sus trabajadores continúan enfrentando dificultades para cubrir necesidades básicas.

Eso no invalida automáticamente los acuerdos internacionales, pero demuestra que su éxito no puede medirse exclusivamente mediante indicadores diplomáticos o comerciales.

La estabilidad también debe sentirse en los hogares.

Los presos políticos siguen formando parte de la deuda institucional

La otra dimensión pendiente de la transición es la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Según el balance de Foro Penal con corte al 9 de noviembre de 2026, en Venezuela permanecían 321 personas consideradas presos políticos por esa organización, entre civiles y militares.

El registro también señalaba numerosos casos sin sentencia definitiva.

Estas cifras deben entenderse conforme a la metodología de documentación de la organización y no sustituyen la evaluación judicial individual de cada expediente.

Sin embargo, constituyen un indicador relevante sobre la persistencia de controversias relacionadas con detenciones, garantías procesales y restricciones de libertad.

Mientras el gobierno interino profundiza sus relaciones con Washington, corresponde exigir avances verificables en esta materia.

La liberación de personas arbitrariamente detenidas, la revisión independiente de expedientes y la restitución de derechos no deberían quedar subordinadas a la velocidad de las negociaciones militares o económicas.

Una transición que aspira a consolidar el Estado de derecho necesita demostrarlo precisamente donde más difícil resulta: en la protección de quienes cuestionan al poder.

La soberanía también exige instituciones independientes

Existe una contradicción frecuente en el discurso político venezolano: invocar la soberanía nacional frente a gobiernos extranjeros mientras se debilitan los mecanismos internos que permiten a los ciudadanos controlar a sus propias autoridades.

La soberanía no se limita a la defensa de fronteras, recursos naturales o competencias militares.

También implica que las decisiones fundamentales del Estado respondan a procedimientos legítimos y puedan ser supervisadas por instituciones independientes.

En el escenario actual, esa obligación debería traducirse en exigencias concretas:

  • Transparencia militar: publicar el alcance general, los objetivos y los mecanismos de supervisión del acuerdo suscrito con Estados Unidos, respetando las reservas de seguridad legítimas.
  • Responsabilidad territorial: informar cualquier iniciativa diplomática relacionada con el Esequibo y preservar los procedimientos jurídicos aplicables.
  • Control institucional: garantizar que los compromisos internacionales sean examinados por los órganos competentes conforme al ordenamiento constitucional.
  • Garantías democráticas: avanzar hacia instituciones independientes y un calendario electoral verificable.
  • Derechos ciudadanos: atender las reclamaciones de trabajadores y revisar las denuncias sobre privaciones arbitrarias de libertad.

Estas medidas no constituyen obstáculos para la cooperación internacional.

Son condiciones para que esa cooperación resulte legítima y sostenible.

Una transición no puede confundirse con un pacto entre élites

El peligro de cualquier transición negociada consiste en que sus protagonistas terminen considerando suficientes los acuerdos alcanzados entre ellos.

Un gobierno extranjero puede expresar satisfacción por la cooperación militar. Una administración interina puede celebrar nuevos compromisos económicos. Los actores políticos pueden anunciar reformas institucionales.

Pero ninguna de esas decisiones sustituye la participación de los ciudadanos.

Sin instituciones capaces de controlar el poder y sin mecanismos democráticos para renovar a las autoridades, la provisionalidad puede prolongarse más allá de lo razonable.

La reconstrucción venezolana necesita evitar precisamente ese escenario.

Los acuerdos internacionales pueden contribuir a crear condiciones de estabilidad. Sin embargo, el propósito último de una transición democrática debe ser devolver a los ciudadanos la capacidad efectiva de decidir sobre su gobierno.

El acompañamiento exterior no puede convertirse en autorización para postergar indefinidamente esa responsabilidad.

El tablero no pertenece a quienes mueven las piezas

El encuentro entre Delcy Rodríguez y Pete Hegseth representa una transformación profunda de las relaciones militares entre Venezuela y Estados Unidos.

La investigación sobre las conversaciones relacionadas con el Esequibo introduce preguntas adicionales acerca del papel de Washington en controversias territoriales sensibles.

Ambos acontecimientos merecen atención, pero no deben confundirse con pruebas de un acuerdo secreto para intercambiar soberanía.

Lo que muestran es un escenario en el que intereses militares, diplomáticos, económicos y territoriales se entrecruzan durante una transición todavía incompleta.

Precisamente por eso resulta indispensable distinguir lo confirmado de las hipótesis y exigir explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.

Venezuela necesita cooperación internacional, inversiones y recuperación institucional. También necesita autoridades capaces de defender sus competencias sin convertir la soberanía en una consigna vacía.

La historia reciente debería haber enseñado que los discursos patrióticos no garantizan por sí mismos una administración responsable del Estado.

La independencia nacional se fortalece cuando existen instituciones que supervisan al gobierno, tribunales que aplican la ley y ciudadanos que pueden participar libremente en las decisiones políticas.

La soberanía no consiste en rechazar toda influencia extranjera. Consiste en impedir que el futuro de una nación se decida sin la participación y el control de sus propios ciudadanos.

Ese es el verdadero examen de la transición venezolana.

Ni el Pentágono ni las negociaciones sobre el Esequibo deberían hacernos olvidar que la reconstrucción de la República continúa siendo una responsabilidad de los venezolanos.

Los acuerdos pueden firmarse en Miraflores o discutirse en Washington. Pero su legitimidad deberá demostrarse ante la ciudadanía y dentro del marco institucional correspondiente.

Porque el tablero de la soberanía no pertenece a quienes negocian sus piezas. Pertenece a la nación cuyos derechos, recursos e instituciones están en juego.

Y ninguna transición será verdaderamente democrática mientras esa nación permanezca como simple espectadora.

Comparte esta columna y participa en el debate sobre la soberanía, la cooperación militar y el futuro institucional venezolano. 

¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.

El periodismo independiente permite examinar decisiones estratégicas, contrastar versiones oficiales y exigir transparencia cuando están comprometidos los intereses fundamentales de un país.

Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €

Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.

RadioAmericaVe.com / Opinión / Matías Ricardo Escalona Cardinale.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pages