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Mientras ciudadanos son detenidos decenas de veces, la cocaína sale impune. ¿Quién protege las rutas del narcotráfico en Venezuela?
Imagina esto: conduces desde San Cristóbal hacia Morrocoy. Cinco, diez, veinte alcabalas. Te revisan maletero, papeles, te interrogan. Te obligan a pagar “para los frescos”. Y aún así sigues tus trámites, con la zozobra revoloteándote en el parabrisas. Pero si un barco sale del país con media tonelada de cocaína… nadie pregunta. Nadie revisa. Nadie detiene. No es una falla: es una decisión.
La doble moral del control en Venezuela
El contraste es brutal. Para moverse dentro del territorio virtualmente se necesita pasar por un examen infinito y arbitrario. Para circular droga por mar, basta con el silencio cómplice de portuarios y autoridades. La cocaína incautada en Puerto Rico no se transportó sola. No nació de la nada. Atravesó puertos, rutas y – más inquietante aún – autoridades. O era invisible… o la invisibilizaron.
¿De quién es la responsabilidad?
No es solo cuestión de infraestructura criminal. Es un problema político. Mientras se desaparecen trabajadores portuarios, se allanan sedes de ONG, se persigue activistas y se vigilan periodistas, las rutas de los narcos permanecen intactas, protegidas con celo. Las estadísticas oficiales y la propaganda se concentran en marihuana. Pero queremos hablar de cocaína. ¿Por qué esta omisión?
Una red de complicidades invisibles
No se trata solo del Cártel de los Soles o del Tren de Aragua —aunque ambos estén documentados y actúen en múltiples frentes— sino de funcionarios civiles y militares que, con discreción, permiten el tráfico masivo. Ese mismo Estado que hostiga al ciudadano común, calla frente a la invisibilidad criminal.
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Ejemplos que no podemos ignorar
- Control social vs. permisividad ilegal: ciudadanos que apenas circulan por carreteras son detenidos múltiples veces; sin embargo, la droga abandona puertos sin revisión alguna.
- Estadísticas maquilladas: la Oficina Nacional Antidrogas reporta que la mayor parte del decomiso es marihuana, mientras informes internacionales insisten en el peso del tráfico de cocaína.
- Redes criminales encubiertas: el caso del Narcoalcaldes en Zulia muestra cómo las instituciones locales pueden estar secuestradas por redes del narcotráfico.
Destrucción de la legitimidad y erosión de la confianza ciudadana
El resultado es devastador. Más autoridad estatal significa más opresión ejemplar sobre el ciudadano común, mientras los verdaderos criminales caminan impunes. El Estado se muestra fuerte… pero solo contra el descontento. Ante el tráfico de drogas, adopta una pose de indiferencia letal.
¿Hacia dónde debemos ir?
La lucha contra el narcotráfico no avanzará mientras legitime esta separación entre “ciudadanos vigilados” y “criminales protegidos”. Debemos exigir:
- Transparencia en terminales marítimos y zonas aduaneras.
- Sanciones reales a funcionarios involucrados en narcotráfico y encubrimiento.
- Protección para quienes denuncian: portuarios, ONG, periodistas.
Una visión disruptiva para recuperar la paz
Se trata de romper esquemas. No basta mostrar incautaciones parciales de marihuana. Hay que exponer con dureza y precisión las rutas criminales de cocaína. El periodismo debe ser disruptivo, directo, polémico. No es suficiente informar: hay que provocar cambios. Eso es lo que reclaman los venezolanos que quieren transitar sin miedo, y también escapar de la estigmatización automática.
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