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"Venezuela enfrenta el desafío de refundar su contrato social. Descubre alternativas reales para un futuro democrático, inclusivo y próspero."
Domingo 10 de agosto de 2025. Venezuela no solo vive una crisis económica o política: padece un vacío de pacto. El contrato social —ese acuerdo implícito que asegura derechos, deberes y límites al poder— está roto. La ley se aplica de forma selectiva, la justicia perdió su independencia y la ciudadanía opera en modo supervivencia. Sin un nuevo marco de convivencia, seguiremos atrapados entre la simulación de cambio y la parálisis.
Este editorial propone 7 alternativas reales para refundar el contrato social venezolano, con un enfoque práctico, humano y regional (Venezuela, América Latina, España y Estados Unidos). No es una lista de deseos: es un mapa de ruta. Y parte de una premisa: si el poder no se somete a reglas, el país no tiene futuro.
“A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana.” — Víctor Escalona, El Estoico
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1) Estado de derecho verificable: justicia que funcione “a pesar” del poder
La primera piedra del nuevo pacto es una justicia independiente. No basta con promesas: hacen falta controles cruzados, jueces con carrera judicial blindada, concursos públicos y auditorías obligatorias de desempeño. La Fiscalía y la Contraloría deben publicar datos abiertos: casos abiertos, causas archivadas, tiempos procesales y sanciones efectivas. Sin sanciones reales, la corrupción se queda en narrativa.
Medidas inmediatas
- Inamovilidad por mérito para jueces y fiscales, con evaluación técnica y veeduría ciudadana.
- Transparencia procesal: expedientes digitalizados, trazabilidad pública y plazos perentorios.
- Delitos de corrupción imprescriptibles con decomiso de bienes y reparación al erario.
2) Un árbitro electoral creíble y auditable “antes, durante y después”
Las elecciones no legitiman por sí mismas; legitiman si el árbitro es confiable. El sistema debe ser auditable extremo a extremo: padrón, centros, transmisión, totalización y actas. La observación nacional e internacional debe ser robusta y sin restricciones. La regla es simple: si no se puede auditar, no es democrático.
Medidas inmediatas
- Reingeniería del organismo electoral con cuotas técnicas, no partidistas.
- Publicación en línea de actas por mesa, con verificación ciudadana y repositorio histórico.
- Observación independiente con acceso pleno y protocolos de incidencia obligatorios.
3) Descentralización con dientes: gobernar cerca de la gente
Un país tan diverso no puede gestionarse desde un centro que todo lo decide. La descentralización fiscal y competencial reduce la discrecionalidad, mejora servicios y responsabiliza a autoridades locales. Ciudades y estados con presupuestos predecibles y reglas claras rinden más y mejor.
Medidas inmediatas
- Regla de reparto fiscal estable (ley orgánica con resistencia a cambios discrecionales).
- Contralorías regionales con participación de universidades y gremios.
- Presupuestos participativos obligatorios para proyectos de impacto local.
“No hay nada más peligroso que una mentira asumida como normal.” — Víctor Escalona, El Estoico
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4) Economía para la dignidad: reglas estables, impuestos simples, competencia real
Sin crecimiento inclusivo no hay contrato social sostenible. La salida no es improvisar: es institucionalizar. Seguridad jurídica, simplificación tributaria, libre competencia y un sistema de protecciones sociales eficientes son la base para empleos de calidad y salarios reales.
Medidas inmediatas
- Reforma tributaria que amplíe la base y reduzca la carga a quien produce y emplea.
- Eliminación de barreras regulatorias y permisos arbitrios que encarecen operar.
- Política social con transferencias focalizadas y métricas de impacto publicadas trimestralmente.
5) Servicios esenciales como indicador-país: agua, luz, salud y educación
Un contrato social se mide en la casa: agua que llega, luz que no falla, transporte que funciona. Los servicios deben gestionarse con gobernanza técnica, métricas abiertas y contratos con metas de calidad. Sin eso, todo discurso se evapora.
Medidas inmediatas
- Planes plurianuales de inversión con paneles de seguimiento público.
- Modelos mixtos de operación (público/privado/comunitario) sometidos a estándares.
- Salud y educación con carrera docente/médica, evaluación periódica y remuneración competitiva.
6) La diáspora como capital cívico y productivo
La diáspora no es fuga; es activo. Integrarla al contrato social es estratégico: voto exterior operativo, bonos de inversión para repatriación de talento, ventanillas únicas consulares y programas de retorno por sectores críticos (salud, educación, infraestructura).
Medidas inmediatas
- Registro consular digital interoperable con padrón electoral externo.
- Incentivos al retorno (exenciones temporales, reconocimiento de títulos, acceso a créditos).
- Fondos de coinversión con garantías para proyectos de alto impacto local.
“Ser exiliado no es estar derrotado. Es cambiar el lugar desde donde se da la pelea.” — Víctor Escalona, El Estoico
7) Ciudadanía activa: del espectador al supervisor del poder
La pieza que falta es la más difícil: la cultura cívica. Sin ciudadanía vigilante, todo retrocede. El nuevo contrato social debe incorporar mecanismos de democracia directa (iniciativas ciudadanas, referendos vinculantes), ley de acceso a la información y presupuestos abiertos. La idea no es abrumar al ciudadano con trámites, sino facilitarle el derecho a supervisar.
Medidas inmediatas
- Portal único de transparencia con contratos, nóminas, compras y auditorías en formato abierto.
- Sistema de alertas para denunciar irregularidades con protección al denunciante.
- Educación cívica en escuelas y medios, con proyectos de aprendizaje-servicio.
Lecciones comparadas: cómo lo hicieron y qué evitar
España consolidó su transición con acuerdos amplios, profesionalización judicial y descentralización autonómica; Chile introdujo reglas de responsabilidad fiscal y políticas sociales evaluadas por resultados; Colombia avanzó en gestiones locales exitosas que transformaron ciudades. Ningún país calcó soluciones: adaptaron principios a su realidad. Venezuela debe hacer lo mismo: instituciones por diseño, no por discurso.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Refundar el contrato social exige cambiar la Constitución?
No necesariamente. Una carta magna moderna es importante, pero lo decisivo son mecanismos que se cumplan: independencia real de poderes, auditorías, sanciones efectivas y transparencia abierta. Sin eso, cualquier texto es papel mojado.
¿Cómo se financian estas reformas en un país con recursos limitados?
Con priorización y transparencia: eliminar gasto ineficiente, abrir compras públicas a competencia, atraer inversión productiva con seguridad jurídica y política social focalizada medida por resultados. Cada dólar debe tener nombre y apellido en el presupuesto.
¿Qué rol puede jugar la comunidad internacional sin vulnerar la soberanía?
Garantías y acompañamiento técnico: observación electoral robusta, cooperación judicial contra la corrupción transnacional, financiamiento de infraestructura con cláusulas anticorrupción y evaluaciones públicas. Soberanía es capacidad de decisión con reglas, no aislamiento.
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Conclusión: del diagnóstico al compromiso
Refundar el contrato social venezolano no es un lujo intelectual; es una urgencia moral y práctica. Sin justicia, árbitro electoral confiable, descentralización, economía productiva, servicios dignos, diáspora integrada y ciudadanía activa, cualquier cambio será efímero.
El desafío es grande, pero la ruta existe. Empecemos por lo que no requiere permiso: organizarnos, exigir datos, participar en los presupuestos locales, respaldar a quienes rinden cuentas y no normalizar la mentira. Ahí nace el nuevo pacto. Lo demás llega con instituciones que funcionen.
¿Y si esta vez sí es diferente? Que el escepticismo no nos robe la posibilidad. El contrato social se firma a diario con acciones pequeñas y visibles: votar y cuidar el voto, denunciar, auditar, enseñar, servir. Ese es el camino.
¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.
Fuente consultada para contexto comparado: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial (gobernanza y estado de derecho).
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Victor Julio Escalona
Editor.
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