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Maduro amenaza con quitar la nacionalidad a los llamados 'vendepatria'. Juristas alertan que esto podría ser un crimen de lesa humanidad.
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Caracas, 30 de octubre de 2025. — La frase “le vamos a quitar la nacionalidad a los vendepatria” pronunciada por Nicolás Maduro ha desatado una ola de preocupación dentro y fuera del país. Lo que comenzó como una amenaza retórica desde el poder se transforma hoy en un posible paso hacia una nueva fase del autoritarismo venezolano: la persecución jurídica por motivos políticos.
Juristas, defensores de derechos humanos y líderes de opinión coinciden en que esta medida, de concretarse, marcaría un precedente histórico de criminalización del disenso político, equiparable solo a los regímenes más represivos del siglo XX. En palabras del abogado constitucionalista Simón Gómez Guaimara, “esto intensifica la persecución política, que ya es un crimen de lesa humanidad, al extremo de su gravedad”.
Un paso más hacia el autoritarismo total
La solicitud formal de Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “sancionar a quienes promuevan o apoyen una invasión extranjera” y, en consecuencia, despojarlos de su nacionalidad, constituye una amenaza directa contra el principio de ciudadanía universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El mandatario no habló en abstracto. Las palabras fueron dirigidas —aunque sin nombrarlo— al opositor Leopoldo López, exiliado en España, quien en reiteradas ocasiones ha pedido a la comunidad internacional actuar con firmeza ante los abusos del régimen chavista. Maduro y Diosdado Cabello calificaron tales declaraciones como “traición a la patria”.
“Quien llame a una invasión será tratado como enemigo de la patria, con todo lo que eso significa”, sentenció Cabello desde su programa Con el mazo dando, reafirmando la línea dura del oficialismo.
El marco legal internacional: lo que Maduro ignora
Según la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (ONU, 1961), ningún Estado puede privar de su nacionalidad a un ciudadano si ello lo convierte en apátrida. Venezuela es firmante de esta convención, lo que convierte en ilegal cualquier intento del Ejecutivo de retirar la nacionalidad por motivos políticos o ideológicos.
El constitucionalista José Ignacio Hernández advierte que la medida sería “una violación directa del artículo 56 de la Constitución venezolana”, el cual establece que “nadie puede ser privado de su nacionalidad”. Además, recordó que la nacionalidad no es una concesión del Estado sino un derecho inherente al individuo.
Un eco de los regímenes totalitarios
La amenaza de quitar la nacionalidad tiene un claro eco histórico. Durante los regímenes de Hitler, Stalin o Franco, el despojo de nacionalidad fue utilizado como un arma para eliminar disidentes, borrar su identidad jurídica y justificar la represión. En Venezuela, la amenaza de repetir esa práctica preocupa a la comunidad internacional.
La organización Human Rights Watch calificó el anuncio de Maduro como “una escalada peligrosa que busca anular derechos fundamentales mediante el miedo”. En tanto, la OEA estudia incluir este nuevo episodio en el informe anual sobre violaciones de derechos humanos en la región.
Una retórica que busca enemigos
El discurso de Maduro y Cabello no solo tiene implicaciones jurídicas. Es también un movimiento político calculado para reforzar la narrativa de “nación sitiada” y mantener cohesionada a la base chavista en medio de la crisis.
El analista político Nicmer Evans considera que la estrategia apunta a crear un enemigo común que desvíe la atención del deterioro interno. “Cuando un gobierno pierde legitimidad, necesita fabricar enemigos. Despojar de nacionalidad a los críticos es la forma más extrema de declarar que el país les pertenece solo a los leales”, explicó a Vierne5.com.
La acusación de “vendepatria” se ha convertido en el sello de la propaganda oficial. Esta narrativa, basada en la deshumanización del disidente, busca asociar toda oposición al chavismo con la traición nacional. Sin embargo, la historia demuestra que los verdaderos “enemigos de la patria” suelen ser quienes destruyen sus instituciones.
El papel de la Iglesia y la sociedad civil
La polémica escaló cuando Diosdado Cabello arremetió contra el cardenal Baltazar Porras, a quien acusó de “vendepatria” por sus llamados al diálogo y la reconciliación. La Conferencia Episcopal Venezolana respondió en un comunicado: “Ningún poder político puede erigirse en juez del alma ni del patriotismo”.
El cardenal Porras, desde Mérida, señaló: “La patria no se defiende destruyendo a los hijos que piensan diferente”. Su declaración resonó en redes y congregaciones religiosas del país, donde el temor se mezcla con la indignación.
El impacto humano del miedo político
Más allá del plano legal, el efecto de estas declaraciones es devastador para miles de venezolanos que viven dentro y fuera del país. El miedo a ser perseguidos, incluso en el exilio, se suma al trauma de años de represión.
En Madrid, Leopoldo López respondió: “Maduro puede quitarme el pasaporte, pero no puede quitarme el amor por mi país”. En redes sociales, miles de usuarios replicaron la frase como símbolo de resistencia.
“A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana.” — Víctor Escalona.
¿Por qué esta amenaza preocupa tanto?
- Porque vulnera tratados internacionales sobre apatridia y derechos humanos.
- Porque abre la puerta a una nueva forma de castigo político.
- Porque intenta convertir la lealtad al régimen en una condición para existir legalmente como ciudadano.
- Porque erosiona aún más la institucionalidad democrática.
¿Puede el TSJ realmente retirar la nacionalidad?
En teoría, no. La Constitución venezolana no concede tal poder al TSJ ni al Ejecutivo. Solo un proceso judicial individual, basado en fraude comprobado, podría justificar una revisión de nacionalidad. Sin embargo, en la práctica, el control político del TSJ por parte del chavismo convierte cualquier “petición presidencial” en un acto automático de obediencia.
Reacción internacional: alarma y rechazo
Gobiernos y organismos internacionales reaccionaron rápidamente. El Parlamento Europeo calificó la amenaza de “inaceptable” y pidió a la ONU vigilar el caso. En Washington, el Departamento de Estado emitió un comunicado advirtiendo que “la persecución por motivos de nacionalidad o ideología constituye un crimen bajo el Estatuto de Roma”.
Por su parte, Amnistía Internacional recordó que ya existen denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por persecución política sistemática en Venezuela, y que este anuncio podría agravar los cargos.
Entre la represión y la resistencia
Mientras el régimen amenaza con quitar nacionalidades, miles de venezolanos dentro y fuera del país reafirman su sentido de pertenencia y dignidad. En redes sociales, la etiqueta #YoSoyVenezolano se hizo tendencia mundial.
La reacción ciudadana demuestra que, aunque el poder intente borrar documentos, no puede borrar identidades. Como señaló una joven desde Chile: “Pueden quitarnos el pasaporte, pero nunca el derecho a soñar con volver”.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puede un gobierno retirar la nacionalidad a sus ciudadanos?
No, la nacionalidad es un derecho humano fundamental. Ningún Estado puede retirar la nacionalidad por razones políticas o ideológicas, según la ONU.
¿Qué consecuencias tendría esta medida en el ámbito internacional?
Podría constituir un crimen de lesa humanidad y aumentar la presión internacional sobre el régimen venezolano.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos afectados?
Acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la CPI, y documentar cada caso con apoyo de ONG especializadas.
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Conclusión: la identidad como último bastión
Quitar la nacionalidad no solo es borrar un documento: es intentar borrar la historia de un pueblo. Pero las naciones no se sostienen en decretos, sino en la memoria y el valor de quienes se niegan a desaparecer.
En este contexto, la ciudadanía se convierte en el último refugio de la dignidad. La patria, como dijo Bolívar, “no es la tierra, sino la justicia”. Y en Venezuela, esa justicia sigue siendo una deuda pendiente.
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