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Retiro de nacionalidad a Leopoldo López. Juristas advierten que quitarle la nacionalidad a Leopoldo López sería un grave precedente para el derecho en Venezuela.
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Caracas, 28 de octubre de 2025. — La petición del gobierno de Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evaluar el retiro de la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López ha generado una ola de rechazo dentro y fuera del país. Juristas, defensores de derechos humanos y analistas políticos advierten que esta acción no solo vulnera principios constitucionales, sino que abriría un precedente devastador para el Estado de Derecho en Venezuela.
La amenaza de despojar de su nacionalidad a un ciudadano por razones políticas revive los ecos más oscuros de la historia contemporánea. “Estamos ante un acto que, de materializarse, sería equiparable a una forma moderna de destierro político”, aseguró el abogado constitucionalista Simón Gómez Guaimara, quien calificó la medida como “una intensificación de la persecución política, que en sí misma constituye un crimen de lesa humanidad”.
Una amenaza en voz alta: el respaldo de Cabello
El primero en respaldar públicamente la solicitud fue Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien declaró durante su programa televisivo: “Quien llame a invasión será tratado como enemigo de la patria, con todo lo que eso significa”. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje directo a Leopoldo López, exiliado en España desde 2020 y uno de los líderes más emblemáticos de la oposición venezolana.
Cabello, figura clave del oficialismo, insistió en que “la lealtad a la patria no es negociable” y acusó a López de haber “traicionado al país con sus llamados a sanciones y bloqueos internacionales”. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos, la medida busca consolidar un nuevo nivel de represión estatal: castigar no solo la acción política, sino también la opinión.
“El despojo de nacionalidad como castigo político es propio de regímenes autoritarios y contraviene los tratados internacionales de derechos humanos”, señaló el jurista Pedro Nikken, recordando que el artículo 56 de la Constitución venezolana prohíbe expresamente esta práctica.
¿Qué implica retirar la nacionalidad venezolana?
El retiro de nacionalidad a un ciudadano por motivos políticos vulnera directamente el principio de non-discrimination recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el derecho a una nacionalidad se considera un derecho humano fundamental, inalienable e imprescriptible.
De aprobarse, Venezuela sería el primer país de América Latina en aplicar esta medida en el siglo XXI. El precedente más cercano se remonta a las dictaduras europeas de mediados del siglo XX, cuando opositores fueron despojados de su ciudadanía como forma de castigo político y aislamiento diplomático.
“Quitarle la nacionalidad a un disidente es una forma moderna de aniquilar su identidad jurídica. Es borrar su existencia cívica y reducirlo a un estado de indefensión absoluta”, explicó la abogada defensora de DDHH María Alejandra Cedeño, quien recordó que López ya fue condenado por motivos políticos en 2015 y posteriormente inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Un golpe al derecho internacional y a la comunidad democrática
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya han condenado la medida. En un comunicado conjunto, alertaron que “la desnaturalización forzosa es una forma de persecución política contraria al derecho internacional y podría ser considerada un crimen de lesa humanidad”.
La Unión Europea y España, país donde reside López, también han seguido el caso de cerca. Fuentes diplomáticas confirmaron que cualquier intento de revocación de la nacionalidad será considerado “una violación grave del principio de legalidad y de las normas internacionales sobre apatridia”.
En Washington, el Departamento de Estado expresó “profunda preocupación” y recordó que la persecución a líderes opositores ha sido una constante del régimen venezolano. Analistas señalan que el gobierno de Maduro busca consolidar una nueva narrativa: convertir a los exiliados políticos en enemigos del Estado.
Una estrategia para el control total
De acuerdo con el politólogo Manuel Sutherland, la ofensiva judicial contra Leopoldo López responde a un patrón de comportamiento del régimen chavista: “Primero se destruye la reputación, luego se inhabilita políticamente y finalmente se borra la identidad jurídica. Es el círculo completo del autoritarismo”.
La medida también podría servir para desviar la atención de la crisis económica y la creciente presión internacional. Con más de 8 millones de venezolanos en el exilio, la idea de “castigar al traidor” resuena entre los sectores más radicales del oficialismo, mientras el país enfrenta inflación de tres dígitos y un sistema judicial cada vez más subordinado al poder político.
Reacciones dentro del país
El anuncio generó reacciones inmediatas en sectores académicos, religiosos y ciudadanos. En redes sociales, la etiqueta #NoALaDesnacionalización se posicionó como tendencia nacional. Líderes opositores como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano denunciaron el intento de “borrar políticamente” a López y pidieron solidaridad internacional.
“Esto no es solo contra Leopoldo, es contra cualquiera que piense diferente. Hoy es él; mañana podría ser cualquiera de nosotros”, afirmó Machado en una entrevista con Vierne5.com.
“A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana.” — Víctor Escalona
Implicaciones legales y éticas
Expertos en derecho internacional coinciden en que el TSJ carece de competencia para retirar la nacionalidad de un ciudadano nacido en Venezuela. El artículo 34 de la Constitución es categórico: “La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Tampoco podrá ser revocada por ninguna autoridad”.
Por lo tanto, cualquier decisión en ese sentido sería nula de pleno derecho. No obstante, el gobierno ha demostrado su disposición a reinterpretar la ley según conveniencia política, lo que ha convertido al Poder Judicial en una herramienta de persecución institucionalizada.
La responsabilidad de la comunidad internacional
El caso López podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya existen precedentes de condenas a Venezuela por violaciones similares. En 2018, el tribunal falló contra el Estado venezolano por la inhabilitación política de opositores, calificando esas acciones como “una negación del pluralismo democrático”.
Si el TSJ llegara a ejecutar la medida, Venezuela podría enfrentar sanciones diplomáticas adicionales y un aislamiento aún mayor en el sistema interamericano. “Es un intento desesperado de reafirmar poder interno mediante la provocación externa”, señala el diplomático retirado Carlos Ayala Corao.
Una persecución que no se detiene
Desde su exilio, Leopoldo López ha mantenido un discurso de resistencia civil y democracia. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), escribió: “Pueden intentar quitarme todo, pero jamás dejaré de ser venezolano. Nadie puede arrebatar el amor por la libertad”.
El mensaje fue replicado por miles de usuarios y acompañados de mensajes de solidaridad desde Madrid, Miami, Bogotá y Santiago. Para muchos, la figura de López representa la persistencia de la lucha democrática, incluso ante el exilio y la persecución.
La historia se repite
Historiadores recuerdan que en el siglo XX, dictaduras como la de Marcos Pérez Jiménez también recurrieron a la desnacionalización para silenciar opositores. “Lo que estamos viendo es un retorno al pasado, una institucionalización del castigo político como herramienta de control”, explicó el historiador Rafael Arráiz Lucca.
En ese contexto, la amenaza contra Leopoldo López no es un caso aislado, sino parte de una tendencia global de regresión autoritaria donde los Estados utilizan el poder legal para eliminar disidentes.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puede el gobierno venezolano quitarle la nacionalidad a un ciudadano?
No. La Constitución venezolana prohíbe expresamente retirar la nacionalidad por razones políticas o ideológicas. Tal acción violaría el derecho internacional.
¿Qué implicaciones tendría para Leopoldo López si el TSJ aprueba esta medida?
Podría quedar en condición de apátrida, lo que le dificultaría ejercer derechos civiles, políticos y de residencia. Sin embargo, España podría otorgarle protección diplomática.
¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional?
Organismos como la OEA, ONU y la Corte IDH podrían pronunciarse para frenar la medida y sancionar políticamente a los responsables de violar el derecho a la nacionalidad.
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Conclusión: un país que borra su disidencia
El intento de retirar la nacionalidad a Leopoldo López no solo es un ataque a un individuo, sino al concepto mismo de ciudadanía. En una nación donde pensar distinto se castiga con el exilio o el silencio, el derecho a tener derechos se convierte en el último bastión de resistencia.
Como expresó Víctor Escalona en una de sus reflexiones: “La libertad no se mide por los muros que cruzas, sino por la dignidad con la que resistes”.
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