RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela no vive un pacto social: vive una tregua por agotamiento. Sin ley, equidad y ciudadanía, no habrá acuerdo real.
Nuevo pacto social en Venezuela, acuerdo nacional pendiente, contrato social roto, convivencia democrática en Venezuela
El pacto social que aún no existe no es una abstracción de juristas ni una nostalgia de politólogos. Es el vacío central sobre el que hoy se sostiene la aparente calma venezolana. Porque una sociedad puede parecer menos ruidosa y, sin embargo, estar más rota. Puede mostrar menos protestas masivas y, aun así, vivir más lejos de la convivencia. Puede exhibir calles con comercio, vitrinas encendidas y cierta rutina urbana, mientras debajo de esa superficie persiste una fractura profunda entre el ciudadano y el país que debería protegerlo. Venezuela no ha firmado un nuevo pacto social. Apenas sobrevive dentro de una tregua por agotamiento.
Conviene decirlo sin eufemismos. La paz no siempre es paz. A veces es cansancio; A veces es miedo sedimentado; A veces es resignación administrada. A veces es simple cálculo de supervivencia en una sociedad donde protestar cuesta demasiado y esperar parece, para muchos, menos peligroso que actuar. El poder ha intentado vender esa quietud relativa como señal de pacificación y normalidad. Pero un pacto social no se decreta en Gaceta Oficial, ni se impone desde arriba, ni se deduce del silencio de una población exhausta. Un pacto verdadero existe cuando las reglas son aceptadas como legítimas, cuando la ley protege a todos y cuando el ciudadano siente que pertenecer a la República todavía tiene sentido.
Eso no ocurre hoy en Venezuela. Lo que existe es una combinación inestable de desigualdad extrema, servicios degradados, ley incierta, negociación de élites y ciudadanía desplazada de las grandes decisiones. La convivencia no está sostenida por confianza, sino por una mezcla de fatiga, adaptación y ausencia de alternativas claras. Y un país no puede reconstruirse sobre ese suelo sin llamar a las cosas por su nombre.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela necesita empezar por pensar esto: que la estabilidad ficticia no sustituye al acuerdo nacional, y que una tregua social sin dignidad ni reglas compartidas no es paz, sino pausa precaria.
La falsa paz de la superficie
La primera tarea de este editorial es desmontar el espejismo. Porque el relato oficial ha tratado de convertir la disminución del estruendo político en prueba de normalización. Menos protestas visibles, algo más de movimiento comercial, cierto consumo concentrado en sectores específicos y una vida urbana parcialmente recompuesta son utilizados como evidencias de que el país habría entrado en una fase de pacificación. Pero esa lectura es profundamente engañosa.
La ausencia de grandes estallidos no significa reconciliación. La calma comercial no equivale a pacto social. Que una parte de la sociedad haya aprendido a sobrevivir sin confrontar abiertamente no quiere decir que haya aceptado las condiciones del juego como justas o legítimas. Solo significa, muchas veces, que el costo de disputar el espacio público ha sido demasiado alto y que la ciudadanía ha trasladado su energía a la supervivencia privada.
El pacto social no se mide por el nivel de ruido, sino por la calidad del vínculo entre el ciudadano y el sistema. Se mide por la confianza en la ley, por la expectativa de justicia, por la capacidad de trabajar y vivir con dignidad, por la posibilidad de reclamar sin ser castigado y por la percepción de que el Estado no opera como estructura de privilegios. Si esos elementos faltan, la paz exhibida desde el poder no es convivencia: es apenas un orden aparente sostenido por el desgaste colectivo.
La desigualdad extrema rompió la ecuación básica del contrato social
Todo pacto social funcional contiene una promesa elemental: si el ciudadano trabaja, cumple la ley y aporta al sostenimiento del país, el Estado le devuelve protección, servicios esenciales y un horizonte mínimo de bienestar. En la Venezuela actual, esa ecuación está quebrada. El trabajo no garantiza dignidad. La ley no asegura igualdad. El cumplimiento no produce recompensa cívica. Y el Estado no devuelve en servicios lo que exige en obediencia o en impuestos.
La brecha económica es una de las pruebas más descarnadas de esta ruptura. Convive una minoría con acceso a divisas, consumo selectivo y refugios de comodidad, mientras una mayoría inmensa sigue atrapada en salarios ficticios, apagones recurrentes, transporte precario, deterioro educativo y un sistema de salud incapaz de responder con garantías. Ese abismo no es solo material. Es político. Porque donde no existe una equidad mínima, el lenguaje del pacto se convierte en decoración.
Una sociedad no puede hablar honestamente de convivencia cuando amplios sectores viven desanclados de los bienes públicos más básicos. No puede invocar estabilidad mientras millones de ciudadanos hacen malabares para subsistir sin agua confiable, sin seguridad laboral, sin atención médica suficiente y sin servicios continuos. El contrato social no se rompe solo cuando hay represión. También se rompe cuando el Estado deja de cumplir su lado esencial de la relación.
Las grietas visibles de ese contrato roto
- salarios que no alcanzan para sostener una vida digna,
- servicios públicos degradados que castigan a la mayoría,
- acceso desigual a divisas, consumo y protección,
- trabajo formal incapaz de garantizar estabilidad,
- educación y salud convertidas en territorios de resistencia más que de garantía.
En esas grietas se ve con claridad que lo que hoy existe no es un acuerdo nacional, sino una administración desigual de la precariedad.
Negociar entre élites no es pactar con la sociedad
Otro de los grandes engaños de este tiempo consiste en presentar ciertos espacios de negociación como si fueran equivalentes a un pacto social. No lo son. Un acuerdo entre élites políticas y corporativas puede ser útil para desactivar tensiones puntuales, abrir excepciones regulatorias o redistribuir cuotas de maniobra. Pero no merece el nombre de pacto social si la ciudadanía real sigue ausente de la mesa.
En Venezuela persiste la tendencia a tratar las decisiones fundamentales como si fueran propiedad de un club restringido. Se sientan actores visibles, se negocian cuotas de poder, se discuten ventajas arancelarias o mecanismos de tolerancia económica, y luego se pretende presentar ese arreglo como si expresara la voluntad del país. Pero una nación no se resume en sus cúpulas. Mucho menos en unas cúpulas que, además, cargan con un grave desgaste de legitimidad.
Si los gremios que realmente producen, los educadores que sostienen las aulas, el sector informal que mantiene viva buena parte de la economía cotidiana y la sociedad civil organizada quedan fuera, entonces cualquier acuerdo será parcial, precario y moralmente insuficiente. El pacto social no se firma entre quienes ya tienen micrófono. Se construye integrando a quienes sostienen la vida común.
Sin árbitro creíble, la convivencia se convierte en selva
Ningún pacto social puede consolidarse si no existe una instancia creíble para hacer cumplir las reglas. Allí aparece uno de los obstáculos más severos del caso venezolano: la falta de confianza institucional. El ciudadano no cree que la ley sea un terreno neutral. Sospecha, con razones acumuladas, que el acceso a la justicia depende demasiado del dinero, del carnet correcto, de la cercanía política o de la capacidad de influir sobre la burocracia.
Cuando el árbitro no inspira respeto, la sociedad se fragmenta. Los conflictos dejan de resolverse por cauces previsibles y pasan a depender del favor, del miedo o del “sálvese quien pueda”. En ese ecosistema, la convivencia no descansa sobre una norma compartida, sino sobre arreglos asimétricos. El fuerte se protege mejor. El conectado avanza más rápido. El que carece de recursos queda más expuesto. Y así el país va perdiendo algo más grave que eficiencia: pierde confianza en la idea misma de República.
Esto importa no solo en el plano político, sino también en el cotidiano. Si el maestro sabe que su salario es una burla y que no existe institución que corrija el abuso, si el empresario formal se siente asfixiado por tributos arbitrarios, si el ciudadano descubre que reclamar puede costarle más que callar, entonces el pacto social no solo es débil: sencillamente no existe. Hay administración del presente, pero no aceptación legítima del orden.
El periodismo independiente tiene la obligación de decirlo con claridad: no hay pacto social posible donde la ley sea selectiva, la dignidad dependa del privilegio y la ciudadanía sea tratada como espectadora muda. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que narrar esta fractura no es alimentar el pesimismo, sino impedir que la ficción oficial termine reemplazando al diagnóstico real. Cada aporte, incluso desde 1 €, ayuda a sostener una voz que defiende la verdad como punto de partida para cualquier acuerdo nacional serio.
La tarea pendiente es diseñar el futuro desde las bases
Venezuela necesita sincerar el diagnóstico para poder fundar una salida. El pacto social no está oculto esperando ser descubierto; todavía debe ser construido. Es una tarea pendiente. Un lienzo en blanco que no podrá llenarse mientras la estabilidad ficticia siga siendo vendida como éxito suficiente. El reto de 2026 no es mantener a flote una normalidad parcial y profundamente desigual. El reto es sentar las bases de un acuerdo real donde la dignidad humana y la ley dejen de ser privilegio y se conviertan en punto de partida común.
Eso obliga a una conversación más ancha y más honesta. Obliga a poner en el centro no solo a los actores partidistas, sino a los ciudadanos que cargan el país sobre los hombros: el maestro mal pagado, el médico exhausto, el emprendedor asfixiado por impuestos arbitrarios, el trabajador informal que vive sin red, la familia que resiste entre apagones y carencias, el joven que duda entre quedarse o irse. Si esa mayoría no entra en el diseño del futuro, el resultado podrá llamarse acuerdo político, pero no pacto social.
También obliga a reconocer que la convivencia no se compra con silencio ni con consumo parcial. Se construye con reglas confiables, con servicios públicos dignos, con justicia accesible, con trabajo que permita vivir y con instituciones que no humillen al ciudadano. Es desde esas bases, y no desde la propaganda ni desde la negociación cerrada, que una nueva República podría empezar a tomar forma.
Un verdadero pacto social debería comenzar, al menos, por estas bases
- salarios y trabajo dignos como condición mínima de ciudadanía,
- servicios públicos que dejen de castigar a la mayoría,
- instituciones confiables para resolver conflictos y proteger derechos,
- participación real de sectores productivos, educativos, informales y cívicos,
- una ley común que no dependa del dinero ni del carnet político.
Sin esos pilares, todo seguirá siendo escenografía: administración táctica del agotamiento, pero no proyecto de país.
La calma no basta, la dignidad sí
La tesis final de este editorial es sencilla y severa: el pacto social en Venezuela aún no existe. Y no existirá mientras el maestro gane de miseria, el empresario sea castigado por producir formalmente, el ciudadano sea tratado como espectador y la ley permanezca capturada por intereses que no responden al bien común. La sociedad puede seguir funcionando en modo supervivencia, sí. Puede incluso mostrar destellos de actividad económica. Pero no habrá convivencia sólida mientras la dignidad siga distribuida como privilegio y no como derecho.
Por eso el desafío no es preservar una estabilidad ficticia, sino fundar un acuerdo verdadero. Uno que no se parezca a una tregua por agotamiento, sino a una voluntad compartida de volver a vivir bajo reglas legítimas; Uno que no repose en la obediencia silenciosa de los de abajo, sino en la inclusión real de quienes sostienen el país; Uno que no dependa del favor, sino de la ley. Uno que no se contente con evitar el estallido, sino que aspire a reconstruir la confianza.
La Venezuela que viene no podrá edificarse sobre el cansancio. Tendrá que edificarse sobre bases nuevas. Y esas bases comienzan con una decisión moral y política: aceptar que el pacto social sigue pendiente y que fundarlo será la tarea más importante de esta generación.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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