Estado de derecho en Venezuela: la deuda pendiente

RadioAmericaVe.com / Editorial.

 

Estado de derecho en Venezuela: sin justicia independiente, libertad real ni seguridad jurídica, no hay futuro confiable.

Crisis judicial en Venezuela, presos políticos en Venezuela, seguridad jurídica en Venezuela, independencia de poderes

Estado de derecho: la deuda pendiente no es una consigna jurídica ni una sofisticación académica para seminarios de expertos. Es la forma más concreta de nombrar una ausencia que ha marcado la vida cotidiana del venezolano durante demasiados años. Cuando no existe un juez confiable, una norma estable, una defensa efectiva o una frontera clara entre ley y arbitrariedad, el ciudadano deja de vivir bajo garantías y empieza a sobrevivir bajo permiso. Esa es la verdadera tragedia. No se trata solo de que fallen los tribunales. Se trata de que la república entera pierde el idioma de la protección.

En Venezuela, la deuda con el Estado de derecho ya no puede describirse como una anomalía pasajera. Human Rights Watch ha señalado que en 2025 y 2026 las autoridades venezolanas mantuvieron una represión severa tras las cuestionadas elecciones, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones contra opositores, críticos y manifestantes. La propia organización ha pedido en 2026 desmontar el aparato represivo y reformar con urgencia instituciones judiciales y electorales.

Ese diagnóstico tiene consecuencias profundas. Significa que la justicia dejó de actuar como límite del poder y pasó a funcionar, demasiadas veces, como extensión de su voluntad. Significa que las leyes ya no siempre protegen al débil frente al abuso, sino que pueden ser utilizadas estratégicamente para intimidar, castigar o neutralizar a quien incomoda. Y significa, sobre todo, que el ciudadano común queda expuesto a una pregunta devastadora: ¿ante quién reclama cuando el atropello proviene precisamente de quienes deberían impedirlo?

Cuando la justicia se convierte en herramienta de control

El mayor síntoma de esta deuda pendiente es la pérdida de independencia real entre poderes. El deterioro institucional venezolano no puede entenderse solo como un conjunto de errores administrativos o desviaciones políticas. Se trata de una captura sistemática del aparato público, donde la arquitectura legal ha sido utilizada para asegurar permanencia, disciplinar disidencia y vaciar de contenido las garantías constitucionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en enero de 2025 que en Venezuela persistían graves violaciones de derechos humanos en un contexto de represión, debilitamiento institucional y ausencia de controles efectivos. Ese mismo hilo se prolonga en 2026 con informes y pronunciamientos que insisten en la necesidad de restablecer independencia judicial, espacio cívico y garantías electorales.

Lo más grave de ese proceso es que normaliza la deformación. Una sociedad puede acostumbrarse a vivir con tribunales previsibles solo para el poder, con fiscales funcionales al clima político, con procedimientos usados como amenaza y con decisiones donde la ley importa menos que la conveniencia. Cuando eso ocurre, la arbitrariedad deja de percibirse como excepción escandalosa y empieza a funcionar como ambiente. Y un país no se destruye solamente por grandes rupturas. También se destruye cuando la injusticia se vuelve rutina.

La deuda con los presos políticos sigue abierta

Hablar de Estado de derecho en Venezuela obliga a mirar de frente el tema de los presos políticos y de las detenciones arbitrarias. No porque sea el único síntoma de la crisis, sino porque concentra su lógica más cruel. La prisión usada para infundir miedo no es una falla lateral del sistema. Es una manifestación de cómo el poder administra la obediencia cuando ya no puede sostener legitimidad suficiente.

Amnistía Internacional informó en abril de 2026 que al menos 485 personas seguían arbitrariamente detenidas por motivos políticos, aun después de una ley de amnistía aprobada en febrero de ese año. En enero, la misma organización insistió en que cientos continuaban detenidos y exigió desmantelar la política de represión y liberar de inmediato a las víctimas. Reuters también reportó en febrero que más de 540 presos políticos habían sido excarcelados, pero bajo un contexto de dudas sobre transparencia y debido proceso, mientras organizaciones seguían alertando sobre restricciones y medidas arbitrarias.

Ese dato revela una verdad incómoda: liberar parcialmente no equivale a restituir plenamente la libertad. Un país no supera la represión solo porque algunas celdas se abran. La supera cuando desaparece la estructura que convirtió la detención arbitraria en instrumento de disciplina social. Mientras subsistan regímenes de presentación irrazonables, expedientes opacos, causas abiertas como amenaza latente o un sistema de excarcelaciones discrecionales, la libertad seguirá siendo incompleta. Y un Estado que administra libertades parciales no ha reconstruido justicia; apenas ha dosificado control.

La ruptura constitucional no fue solo política: fue jurídica

Después de las elecciones de julio de 2024, la discusión pública se concentró mucho en la legitimidad política del proceso. Pero el daño fue también jurídico. No se quebró solo la confianza ciudadana en el arbitraje electoral. Se profundizó una erosión de reglas, procedimientos y garantías que ya venía de años, pero que terminó de consolidarse como un modo de gobierno. La ruptura del hilo constitucional no se expresa únicamente en un evento electoral disputado, sino en la continuidad de restricciones arbitrarias, censura, criminalización del disenso y vaciamiento de contrapesos.

El World Justice Project ubicó a Venezuela en el último lugar mundial en su Índice de Estado de Derecho 2025, con puesto 143 de 143 países, y último también en la región. Esa clasificación no es una humillación estadística abstracta; es una medición internacional de un problema estructural: la ley dejó de ofrecer previsibilidad, límite y acceso igualitario.

Allí está el núcleo de la deuda pendiente. No basta con denunciar el abuso político si no se entiende que el deterioro se ha vuelto sistémico. Cuando el Estado de derecho se derrumba, lo que cae no es solo una doctrina. Cae la capacidad del ciudadano para sentirse amparado por una norma que no cambie según su apellido, su posición o su cercanía al poder.

Sin seguridad jurídica no hay recuperación sostenible

Hay quienes pretenden tratar el Estado de derecho como una preocupación exclusiva de activistas, abogados o defensores de derechos humanos. Es un error grave. La ausencia de garantías jurídicas no solo afecta al opositor visible, al periodista perseguido o al preso político. También golpea al comerciante, al emprendedor, al productor, al trabajador y al ciudadano que intenta planificar su vida en un entorno donde la regla puede torcerse de un día para otro.

Sin seguridad jurídica, la propiedad se vuelve frágil, el contrato pierde fuerza, la inversión se encarece y el riesgo deja de depender del mercado para depender del capricho. Ninguna economía puede construir prosperidad estable sobre ese suelo. El país puede registrar episodios de crecimiento, operaciones puntuales o movimientos de capital oportunista, pero no generará confianza duradera mientras la ley siga siendo un privilegio del poder y no una garantía del ciudadano.

Por eso el debate económico y el debate jurídico no pueden caminar separados. La empresa que hace país, la que arriesga, produce y emplea, necesita jueces confiables tanto como necesita crédito o infraestructura. La arbitrariedad institucional no es un tema paralelo al desarrollo. Es uno de sus enemigos principales.

El periodismo independiente existe precisamente para insistir en esta conexión que tantos prefieren ocultar: no hay libertad económica seria sin libertades públicas, ni recuperación estable sin tribunales creíbles, ni convivencia democrática donde la verdad de un expediente dependa más del poder que de la prueba. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que defender el Estado de derecho es defender la vida concreta del ciudadano que quiere trabajar, disentir, emprender o simplemente vivir sin miedo. Cada aporte, incluso desde 1 €, ayuda a sostener una voz que no banaliza la justicia ni se acostumbra al atropello.

La justicia no puede seguir siendo un bien selectivo

Uno de los efectos más corrosivos de la crisis venezolana ha sido convertir la justicia en un bien selectivo. No todos pueden llegar a ella. No todos confían en ella. No todos creen que les responderá igual. Esa desigualdad en el acceso y en la expectativa destruye el vínculo básico entre ciudadanía y Estado. Porque la república no consiste únicamente en tener instituciones. Consiste en poder acudir a ellas con la expectativa razonable de que actuarán conforme a derecho.

Cuando esa expectativa desaparece, surge algo peor que la desconfianza: surge la resignación. El ciudadano deja de reclamar porque supone que nada ocurrirá. El comerciante acepta el abuso porque cree que enfrentarlo será más costoso. La familia del detenido peregrina entre oficinas sin saber si encontrará respuesta. El periodista se autocensura. El activista calcula el riesgo. Y así, poco a poco, la injusticia no solo castiga. También educa en el miedo.

Las deudas concretas del Estado de derecho venezolano son visibles

• independencia judicial real y no decorativa,
• fin de las detenciones arbitrarias y reparación para las víctimas,
• debido proceso efectivo y no selectivo,
• protección de la libertad de expresión y del espacio cívico,
• seguridad jurídica para ciudadanos, comerciantes y productores.

Ninguna de esas deudas es abstracta. Todas tienen rostro humano. Todas tienen consecuencias diarias. Todas hablan de una república que sigue sin ofrecer a sus habitantes un lugar confiable donde defenderse del abuso.

La deuda pendiente es con el futuro mismo

Sería un error presentar esta crisis como una disputa entre élites, organismos internacionales y activistas de derechos humanos. La deuda pendiente del Estado de derecho es, sobre todo, con el venezolano corriente. Con el que no tiene padrino. Con el que no puede blindarse con poder. Con el que necesita una ley que lo ampare cuando lo atropellan, una institución que lo escuche cuando reclama y un juez que no mire primero el clima político antes de decidir.

Mientras eso no exista, Venezuela seguirá en mora con su propio futuro. Porque un país donde la justicia depende de la posición de cada quien no puede llamarse plenamente república. Y un país donde el miedo pesa más que el derecho no puede llamarse plenamente libre.

La reconstrucción venezolana no se medirá solo por la cantidad de inversiones que lleguen, ni por los comercios que abran, ni por los acuerdos que se anuncien. Se medirá, sobre todo, por la capacidad de devolver al ciudadano algo que hoy sigue estando en deuda: la certeza de que no está solo frente al poder.

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Victor Julio Escalona.

Editor.