RadioAmericaVe.com / Editorial.
Nuevo pacto social en Venezuela: sin sociedad real, empleo, justicia y diáspora, ningún acuerdo tendrá legitimidad duradera.
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Nuevo pacto social: ¿quiénes se sientan a la mesa? Esa pregunta parece procedural, casi técnica, pero en realidad define el destino de una transición. Porque un pacto social no fracasa solo por lo que firma, sino por quiénes deja fuera. Y Venezuela arrastra una larga historia de mesas que nacieron desconectadas de la sociedad, blindadas por la solemnidad diplomática, cargadas de expectativa mediática y vaciadas de legitimidad apenas tocaron la realidad. El país ya no cree en acuerdos cocinados a puerta cerrada entre actores desgastados que negocian cuotas, tiempos y supervivencia propia mientras la vida concreta de la gente sigue esperando.
La Venezuela de 2026 no puede darse el lujo de repetir ese formato. La gobernabilidad no se decreta desde un hotel en el extranjero ni desde una oficina donde solo se sientan los sobrevivientes del sistema político. La gobernabilidad, si quiere ser real, tiene que nacer de una concertación más amplia, más incómoda y mucho más transparente. Tiene que parecerse menos a una repartición de poder y más a un diseño serio de país. Esa es la diferencia entre un pacto para administrar la crisis y un pacto para empezar a superarla.
El nuevo pacto social no puede ser un club exclusivo de élites políticas. Debe ser un acuerdo con la sociedad, no con el poder. Y eso obliga a cambiar de método, de lenguaje y de composición. Si la mesa vuelve a tener solo dos sillas —el gobierno y su antagonista tradicional—, no estará representando a la nación real. Estará, en el mejor de los casos, administrando una disputa vieja con herramientas que ya no alcanzan para contener el presente.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela necesita empezar por pensar eso: que el país que debe sentarse a la mesa no es el de las siglas de siempre, sino el de quienes producen, sufren, resisten y sostienen la vida común.
Las mesas de élite ya no representan el pulso del país
Durante años, la política venezolana ha mostrado una extraña devoción por las mesas cerradas. Se les asigna dramatismo histórico, se les atribuye una capacidad casi taumatúrgica de destrabar la crisis y se las presenta como el espacio donde se decidirá el futuro nacional. Sin embargo, en la memoria ciudadana esas mesas no dejaron una estela de confianza, sino de sospecha. Demasiadas veces fueron escenarios opacos, más pendientes del equilibrio entre facciones que de las urgencias del país real.
El problema no es solo la negociación en sí. Toda sociedad en crisis necesita negociar. El problema es cuando la negociación se convierte en un circuito autorreferencial donde la sociedad solo aparece como espectadora o como argumento decorativo. Allí nace el agotamiento. El ciudadano no rechaza el diálogo por principio. Rechaza la sensación de que dialogan siempre los mismos, sobre asuntos que los afectan a todos, sin explicaciones claras, sin compromisos verificables y sin mecanismos de control público.
Por eso el punto de partida del nuevo pacto social debe ser una admisión honesta: la legitimidad de los formatos tradicionales está erosionada. No basta con volver a llamar “mesa” a un encuentro de cúpulas para que el país se sienta representado. La sociedad venezolana es hoy mucho más compleja, más fragmentada y también más madura que hace una década. Y exige otra arquitectura de concertación.
El país económico y social cambió, pero la política sigue usando un mapa viejo
La Venezuela actual ya no puede leerse con el mismo lente de 2014 o 2016. La composición interna del país cambió profundamente. Se transformó el mercado laboral, se expandió la economía informal, emergieron nuevas formas de subsistencia, se reconfiguraron los circuitos empresariales, se fortalecieron redes humanitarias locales y la diáspora pasó de ser una consecuencia de la crisis a convertirse en una dimensión estructural de la nación.
Sin embargo, buena parte de la política sigue operando como si el tablero tuviera solo dos actores visibles y una masa pasiva alrededor. Ese diagnóstico ya no sirve. El nuevo pacto social no puede nacer ignorando a quienes hoy sostienen el empleo formal, a quienes padecen el deterioro de los servicios públicos, a quienes organizan respuestas comunitarias o a quienes desde la academia y la sociedad civil producen conocimiento, asistencia y tejido institucional en medio del desgaste.
Si esos sectores no participan, o al menos no son escuchados con seriedad y de forma verificable, cualquier acuerdo nacerá muerto. Porque no tendrá raíces en la vida real. Será, en el mejor de los casos, un documento firmado por actores con capacidad de hablar mucho, pero con cada vez menos capacidad de ordenar el país por sí solos.
Los actores imprescindibles de un nuevo pacto social
- la empresa privada que aún genera empleo formal y resiste bajo presión,
- los trabajadores y los sectores populares golpeados por la crisis de servicios y salarios,
- la economía informal, que ya es parte decisiva del funcionamiento cotidiano del país,
- la academia, capaz de aportar diseño, datos y visión de largo plazo,
- las organizaciones de la sociedad civil que sostienen el tejido humanitario y comunitario.
Excluir a esos actores equivale a redactar un acuerdo sin país. Y un pacto sin país solo puede producir frustración adicional.
La empresa que resiste no puede seguir siendo convidada de piedra
En la conversación política venezolana suele hablarse del sector empresarial de manera instrumental: unas veces como fuente de financiamiento, otras como actor sospechoso, otras como simple dato económico. Pero si el nuevo pacto social quiere tener piso material, la empresa privada que ha resistido debe ocupar un lugar mucho más central. No por privilegio corporativo, sino por responsabilidad estructural.
Un país no se estabiliza solo con acuerdos políticos. También necesita producción, nómina, inversión, previsibilidad y capacidad de crear oportunidades. Gremios como Fedecámaras, Conindustria y otras organizaciones empresariales no representan toda la sociedad, desde luego. Pero sí representan un componente vital de ella: el de quienes aún intentan sostener empleo, generar actividad y mantener en pie algo parecido a una economía formal en medio de la fragilidad institucional.
Si los creadores de empleo no validan el pacto, el pacto nacerá vacío. Y lo mismo vale a la inversa: si el pacto se diseña ignorando a quienes trabajan, producen o emprenden, la supuesta estabilidad será apenas una tregua burocrática sin capacidad de traducirse en bienestar tangible.
La economía informal también debe ser escuchada, no solo tolerada
Pero el nuevo pacto tampoco puede caer en otra miopía: creer que la economía real se agota en los sectores organizados y formales. Venezuela se ha rehecho, en buena parte, desde la informalidad. Desde la venta callejera, el oficio improvisado, el servicio individual, el trabajo autónomo y el pequeño intercambio barrial que muchas veces reemplazó el ingreso desaparecido. Ese universo suele ser mirado con paternalismo o con condescendencia, pero rara vez con verdadera atención política.
Y, sin embargo, allí también está el país. Allí están millones de personas que no leen comunicados gremiales, que no participan de grandes foros, pero que padecen a diario la volatilidad del ingreso, la falta de servicios, la inseguridad jurídica y la ausencia de protección social. Un pacto social que aspire a tener espesor ético no puede tratarlos como simple telón de fondo. Tiene que preguntarse cómo integrar sus necesidades, cómo ofrecerles horizonte y cómo convertir la sobrevivencia dispersa en ciudadanía económica más estable.
No se trata de romantizar la informalidad, sino de entenderla. Porque ignorarla sería otra forma de diseñar la transición desde arriba, como si bastara con que se entendieran los actores más visibles para que el resto del país se acomodara en silencio.
Sin academia y sociedad civil, no habrá diseño serio de país
Todo pacto que se respete necesita algo más que equilibrio político. Necesita ideas, datos, método y visión de largo plazo. En ese punto, la academia y la sociedad civil no son accesorios ilustrados: son piezas esenciales. Han sido, de hecho, de los pocos espacios que en estos años han producido diagnósticos consistentes, asistencia territorial y capacidad de articulación donde el aparato público se vació o se volvió ineficiente.
Las universidades, los centros de pensamiento, los grupos de investigación, las organizaciones humanitarias, los observatorios y las redes cívicas conocen el país real con una profundidad que la política partidista muchas veces perdió. Saben dónde duele el colapso eléctrico, cómo se descompuso el salario, dónde fallan los hospitales, qué significa sostener una escuela en precariedad y cómo se vive la crisis en regiones que casi nunca aparecen en las discusiones centrales.
Dejar fuera esa inteligencia social sería una irresponsabilidad. El país no necesita solo más diálogo. Necesita mejor diseño. Y ese diseño no puede surgir únicamente de la negociación entre intereses de poder. Debe nutrirse del conocimiento de quienes llevan años documentando, acompañando y pensando el deterioro nacional desde el terreno.
El periodismo independiente debe insistir en esta idea central: un pacto social no será legítimo solo porque lo anuncien dirigentes conocidos, sino porque la sociedad pueda reconocer en él sus dolores, sus prioridades y su voz. Vierne5 cree que abrir la conversación pública a quienes producen, investigan, cuidan y resisten es una condición mínima para una gobernabilidad democrática duradera. Cada aporte, incluso desde 1 €, ayuda a sostener una voz editorial que no confunde negociación con salvación automática.
La diáspora no puede seguir siendo tratada como espectadora sentimental
Hay otra ausencia que ya no es tolerable: la de la diáspora. Un pacto social en 2026 está incompleto si ignora a los más de siete millones de venezolanos que viven fuera del país y que, sin embargo, siguen conectados material y emocionalmente a su destino. La Venezuela transnacional no es una periferia afectiva. Es un componente decisivo de la realidad nacional.
La diáspora sostiene hogares a través de remesas, aporta capital intelectual, conserva redes profesionales, mantiene memoria política y puede desempeñar un papel clave en la reconstrucción institucional, productiva y cultural. No tiene sentido seguir diseñando el futuro como si esa parte del país no existiera o como si su aporte pudiera resumirse a la nostalgia y al envío de dinero.
Sentar a la diáspora a la mesa quizá no sea fácil en sentido literal. Pero sí es posible crear mecanismos de escucha, consulta, representación temática y participación técnica. Lo que ya no resulta defendible es seguir actuando como si la nación terminara en las fronteras físicas. El nuevo pacto social, si quiere ser nuevo de verdad, tendrá que pensar a Venezuela como una comunidad extendida, no como un mapa amputado.
La transparencia será la prueba de fuego
Sin embargo, nada de esto tendrá valor si la metodología sigue siendo opaca. La gran deuda de los intentos anteriores ha sido precisamente esa: la ciudadanía percibe la mesa como un espacio de transacciones ocultas. No sabe qué se negocia, qué se concede, qué se pospone, qué se intercambia ni bajo qué criterios se define lo prioritario. Y en una sociedad fatigada por la manipulación, la opacidad ya no produce paciencia. Produce rechazo.
El nuevo pacto social debe romper con esa cultura de acuerdos en penumbra. No significa que toda negociación deba ser televisada minuto a minuto. Pero sí significa que los compromisos centrales, los objetivos, los plazos y los indicadores de cumplimiento tienen que ser públicos, medibles y auditables por la sociedad. La política ya no puede pedir fe ciega. Tiene que ofrecer verificabilidad.
Un pacto serio debería asumir compromisos medibles en áreas críticas
- estabilización progresiva del salario y recuperación del ingreso real,
- plan verificable para la recuperación de la red eléctrica y de servicios esenciales,
- reinstitucionalización efectiva del sistema de justicia,
- libertad de los presos políticos y garantías de no repetición,
- condiciones claras para empleo, inversión y protección social.
Sin ese nivel de concreción, cualquier mesa terminará pareciéndose demasiado a las anteriores: mucho simbolismo, poco país.
Un pacto con la sociedad, no con el poder
Esa debe ser la advertencia principal a la clase política venezolana. El nuevo pacto social no puede ser una alianza de supervivencia entre actores que buscan reacomodarse. No puede limitarse a un acuerdo de coexistencia entre estructuras cansadas que han perdido capacidad de encarnar a la nación. Y no puede seguir hablando en nombre de un país al que apenas escucha.
O se abre espacio de verdad para los creadores de empleo, los trabajadores, la academia, la sociedad civil, la economía popular y la diáspora, o la supuesta estabilidad será solo un documento prolijo que la calle terminará aplastando. Porque la realidad social ya no acepta ser tratada como variable secundaria. La gente no está pidiendo ceremonial. Está pidiendo un método distinto, una representación más honesta y un horizonte menos cínico.
Venezuela necesita pactar, sí. Pero pactar no es repartirse el porvenir. Pactar es reconocer que el país real es más ancho que el poder. Y que solo cuando la sociedad se sienta parte de la conversación, y no apenas objeto de ella, podrá empezar a creer que esta vez no se trata solo de otra mesa, sino de una oportunidad de reconstrucción verdadera.
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