Sin ley no hay inversión, sin inversión no hay futuro

RadioAmericaVe.com / Editorial.

 

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Sin seguridad jurídica no hay inversión productiva. Y sin inversión de largo plazo, Venezuela no tendrá empleos ni futuro.

Sin ley no hay inversión, sin inversión no hay futuro no es una frase de manual económico ni una exageración jurídica para auditorios académicos. Es una verdad brutal para cualquier país que aspire a reconstruirse. Venezuela puede decorar avenidas, flexibilizar controles por decreto, tolerar temporalmente ciertos negocios y celebrar un dinamismo aparente en algunos sectores, pero nada de eso equivale a un clima de inversión serio. La caja registradora puede sonar. El comercio de rápido retorno puede moverse. Incluso pueden brotar nichos de consumo que den la impresión de normalidad. Pero si la ley no es sagrada, predecible y respetada, ese movimiento no es desarrollo: es tránsito incierto sobre una superficie inestable.

La diferencia entre actividad económica y futuro económico está justamente allí. El capital de paso no construye país. Entra, gira y sale. Busca rentabilidad veloz, poco arraigo y baja exposición. El inversor pesado, en cambio, es otro animal moral y financiero. Es el que monta fábricas, levanta infraestructura, apuesta por cadenas de proveedores, crea empleos formales y compromete años de trabajo en una sola decisión. Ese inversor no pone su dinero donde la regla depende del humor del funcionario, del favor político o del cambio súbito de criterio administrativo. No invierte donde el contrato vale menos que la discrecionalidad.

Por eso el debate no es solo económico. Es institucional. La pregunta decisiva no es cuánto consumo puede tolerar el sistema ni cuántos negocios pueden florecer bajo permisos tácitos. La pregunta real es si Venezuela ofrece o no las condiciones mínimas para que alguien decida sembrar capital de largo plazo. Y la respuesta, mientras la ley siga siendo reemplazada por el favor, continúa siendo demasiado frágil para sostener un porvenir.

Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela necesita empezar por pensar esto con la crudeza de quien ya no puede vivir de espejismos: la reactivación económica no empieza en la caja registradora, empieza en los tribunales.

El espejismo de la estabilización sin reglas

Durante los últimos años se ha intentado presentar cierta apertura económica como prueba de una nueva etapa. Flexibilización cambiaria, exoneraciones puntuales, permisividad selectiva y un ambiente menos rígido en algunos circuitos comerciales han sido leídos por algunos como señal de que el país estaría corrigiendo su extravío. Pero esa lectura olvida una distinción fundamental: una economía puede respirar un poco sin haber resuelto su enfermedad de fondo.

Lo que hoy existe, en buena medida, es una tolerancia administrativa que puede modificarse sin previo aviso, no una arquitectura institucional sólida. Se puede permitir hoy lo que mañana se restringe. Se puede estimular hoy un sector que después será exprimido por arbitrariedad fiscal, discrecionalidad regulatoria o inseguridad contractual. Eso no es un orden económico confiable. Es un espacio de maniobra condicionado por la voluntad del poder.

Y allí radica el problema central. Un inversor serio no decide sobre tolerancias; decide sobre certezas. No pregunta solo si hoy puede operar, sino si dentro de cinco o diez años seguirá contando con reglas claras, tribunales confiables y protección efectiva de su propiedad. Sin esa respuesta, el país seguirá atrayendo capital oportunista, no inversión transformadora. Seguirá convocando negocios de paso, no proyectos de arraigo.

La seguridad jurídica no es una formalidad: es infraestructura

Se comete un error frecuente cuando se habla de seguridad jurídica como si fuera un asunto técnico, reservado a abogados o a tratados de inversión. No lo es. La seguridad jurídica es para la economía lo que las carreteras son para el transporte o la electricidad para la industria: una infraestructura básica. Donde no existe, nadie transita con confianza. Donde falla, toda operación se encarece. Donde desaparece, el país se aísla.

Sin tribunales independientes que hagan cumplir contratos, respeten la propiedad privada y ofrezcan remedios eficaces frente al abuso, el inversionista no ve un territorio fértil, sino una trampa potencial. No importa cuántos incentivos fiscales se anuncien o cuántas campañas de imagen se desplieguen. Si la ley puede ser doblada por una orden política, por una interpretación interesada o por una cadena de favores, el riesgo deja de ser calculable. Y lo que no se puede calcular, rara vez se financia en serio.

Eso vale tanto para el capital extranjero como para el empresario nacional. La empresa local que ha resistido durante años sabe bien que el principal costo no siempre viene del mercado, sino de la incertidumbre. Del permiso que tarda, de la fiscalización arbitraria, del cobro inesperado, de la amenaza administrativa y del tribunal que no garantiza nada cuando llega el conflicto. En ese entorno, la ley deja de ser protección y se convierte en terreno movedizo.

La paradoja venezolana: se ahuyenta al extranjero y se castiga al nacional

Una de las contradicciones más destructivas del actual modelo es que no solo espanta la inversión internacional de largo plazo, sino que además castiga a la empresa nacional que todavía insiste en producir formalmente. Mientras el crédito bancario interno permanece bajo mínimos por falta de confianza, encaje asfixiante y fragilidad estructural, muchos empresarios locales enfrentan una voracidad fiscal cada vez más agresiva y arbitraria por parte de municipios y entes estatales.

Ese empresario formal, que paga nómina, intenta cumplir, mantiene operaciones y sostiene puestos de trabajo en medio de la tormenta, debería ser protegido como un activo nacional. En cambio, con demasiada frecuencia es tratado como presa. Se le carga con tributos opacos, exigencias múltiples, inspecciones interesadas y un clima donde la formalidad parece más castigada que premiada. Así, el mensaje del sistema resulta devastador: producir con reglas es más difícil que sobrevivir en la informalidad o prosperar desde la cercanía política.

Esa lógica no crea desarrollo. Crea distorsión. Y la distorsión termina moldeando un país donde solo sobreviven dos ecosistemas: el de la economía informal que escapa como puede y el de los negocios que cuentan con padrinazgo suficiente para navegar la arbitrariedad. Entre ambos se va vaciando el espacio donde debería crecer una economía moderna, productiva y confiable.

Los costos de esa distorsión se sienten en toda la economía

• se encarece producir formalmente y se abarata la evasión o el atajo,
• el crédito desaparece como palanca de expansión productiva,
• la inversión extranjera de largo plazo ve demasiado riesgo y poca protección,
• la empresa nacional reduce escala, posterga planes o se vuelve defensiva,
• el empleo digno queda atrapado entre la precariedad y la incertidumbre.

Por eso el problema no es solo cuánta actividad económica hay, sino qué clase de economía se está incubando. Y una economía de favores jamás podrá reemplazar a una economía de derechos.

Sin inversión productiva no habrá empleo digno ni retorno del talento

La ausencia de seguridad jurídica no solo afecta balances empresariales. Afecta el futuro de las personas. Porque sin inversión productiva de largo plazo no hay empleos dignos, calificados y estables. Y sin esos empleos, Venezuela seguirá condenando a sus jóvenes a tres salidas igual de empobrecedoras: la informalidad, la resignación o la emigración.

Este punto es esencial. Un país no detiene la fuga de cerebros con discursos patrióticos ni con nostalgia administrada. La detiene cuando ofrece oportunidades reales para quedarse, volver o apostar. Y esas oportunidades no nacen de la improvisación comercial, sino de sectores que requieren previsibilidad: industria, tecnología, infraestructura, agro, manufactura, logística, servicios avanzados, investigación. Es decir, justo aquellos ámbitos que necesitan ley firme, crédito, contratos y tribunales.

Sin ese ecosistema, la economía venezolana seguirá generando actividad sin generar proyecto. Movimiento sin futuro. Ingreso inmediato sin carrera laboral. Y entonces el “país sin empleo” dejará de ser una advertencia para convertirse en una profecía autocumplida: no habrá empleo digno porque no habrá inversión seria, y no habrá inversión seria porque la ley seguirá siendo endeble.

La ley es el primer activo económico

Es hora de decirlo sin eufemismos. El primer activo de una economía no es el petróleo, ni la ubicación geográfica, ni la belleza de sus ciudades, ni la creatividad de su gente, aunque todo eso importe. El primer activo económico de un país es la confiabilidad de su ley. Porque sobre ella descansa todo lo demás: el contrato, la inversión, el crédito, la propiedad, el emprendimiento y la posibilidad misma de planificar.

Un país se vuelve atractivo no cuando decora sus vitrinas, sino cuando protege sus reglas. No cuando improvisa aperturas selectivas, sino cuando hace de la ley una garantía universal y no una concesión reversible. No cuando premia la cercanía al poder, sino cuando crea un entorno donde el que cumple tiene más futuro que el que intriga. Esa es la frontera entre un Estado de derecho y un Estado de favores.

Y mientras Venezuela siga inclinándose por este último, el futuro continuará rehén de la arbitrariedad. El capital serio seguirá mirando con desconfianza. La empresa nacional seguirá operando con miedo. El empleo digno seguirá siendo escaso. Y la palabra “reactivación” seguirá sonando mejor en los discursos que en la vida concreta del ciudadano.

El periodismo independiente debe insistir en esta verdad incómoda: no hay crecimiento sostenible sin ley predecible, ni prosperidad republicana sin instituciones que protejan al ciudadano y al inversionista con el mismo rigor. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que defender la seguridad jurídica no es defender privilegios, sino el derecho del país a tener empleos, crédito, producción y futuro. Cada aporte, incluso desde 1 €, ayuda a sostener una voz editorial que no confunde apertura táctica con reconstrucción verdadera.

La reactivación empieza en los tribunales

La tesis de este editorial no admite demasiados rodeos: sin ley no hay inversión, sin inversión no hay futuro. Todo lo demás —el comercio efímero, la circulación de divisas, las exoneraciones puntuales, la tolerancia administrativa y la puesta en escena del consumo— puede ofrecer oxígeno transitorio, pero no construye una economía nacional sólida. Una economía seria se levanta sobre confianza institucional, no sobre improvisación rentable.

Venezuela necesita comprender que la seguridad jurídica no es un adorno liberal ni una exigencia de élites económicas. Es una condición de supervivencia nacional. Sin ella, no habrá fábricas nuevas, ni infraestructura robusta, ni cadenas productivas modernas, ni empleos masivos de calidad. Habrá, en cambio, más dependencia de negocios de corto plazo, más castigo a la empresa formal, más fuga de talento y más resignación ante una normalidad que no merece llamarse desarrollo.

La advertencia, por tanto, debe ser escuchada con pragmatismo y no con prejuicio: la ley es el primer activo económico de una nación. Mientras el Estado venezolano pretenda sustituir el Estado de derecho por un Estado de favores, el porvenir seguirá siendo una promesa aplazada. No basta con abrir espacios de consumo. Hay que abrir cauces de confianza. No basta con aflojar controles por conveniencia. Hay que construir reglas por convicción. No basta con vender imagen. Hay que garantizar justicia.

Porque el país no se reconstruirá desde el permiso discrecional, sino desde la certeza. No desde el privilegio, sino desde la norma. No desde la caja registradora, sino desde la ley que le diga al inversor, al empresario y al trabajador que aquí el esfuerzo no depende del capricho.

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Victor Julio Escalona.

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