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Diálogo político en Venezuela: CNE, elecciones, partidos, presos y justicia serán las pruebas para saber si el proceso avanza.
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El proceso de diálogo político previsto para comenzar el 1 de agosto será evaluado por decisiones concretas, no por comunicados ni fotografías. Sus cinco objetivos anunciados abarcan el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos, la represión, la libertad de expresión y el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cada objetivo abre preguntas fundamentales cuya respuesta permitirá saber si Venezuela avanza hacia una transición democrática o entra en una nueva etapa de acuerdos incompletos.
Las preguntas no buscan sabotear el diálogo ni desconocer la dificultad del momento. Cumplen una función distinta: establecer criterios públicos para medirlo. Después de tantos procesos que prometieron resultados y terminaron atrapados en la ambigüedad, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué significa exactamente cada compromiso, cuándo se ejecutará y quién responderá si no se cumple.
La diferencia entre un acuerdo transformador y una operación para ganar tiempo suele esconderse en los detalles. Designar un nuevo CNE puede significar recuperar el árbitro electoral o simplemente distribuir sus cargos entre sectores políticos. Liberar presos puede implicar desmontar el sistema represivo o limitarse a una excarcelación selectiva. Renovar el TSJ puede devolverle independencia a la justicia o trasladar las cuotas de poder de unas manos a otras.
Primer desafío: un CNE independiente y un calendario creíble
El primer objetivo anunciado consiste en designar un nuevo Consejo Nacional Electoral cuya tarea principal será establecer el cronograma de votaciones. La intención parece clara, pero todavía faltan respuestas sobre la composición del organismo y sobre el orden de las elecciones.
La primera interrogante es decisiva: ¿el nuevo CNE estará integrado por tres representantes del poder interino y dos de la oposición, o por cinco rectores verdaderamente independientes? La diferencia no es semántica. Un organismo construido mediante cuotas puede reproducir la desconfianza que se pretende superar. Uno integrado por profesionales con credenciales, autonomía y reputación pública tendría mayores posibilidades de recuperar legitimidad.
También deberá aclararse cuál elección irá primero. La secuencia entre las presidenciales y las parlamentarias alterará el equilibrio político de la transición. No es lo mismo elegir primero a quien dirigirá el Ejecutivo que renovar antes la Asamblea Nacional, especialmente si ese Parlamento tendrá responsabilidades en la designación de autoridades y en la creación de un eventual marco transitorio.
- ¿La elección presidencial será anterior o posterior a la parlamentaria?
- ¿El presidente elegido completará un período ya iniciado o comenzará uno nuevo de seis años?
- ¿Se actualizará y abrirá oportunamente el Registro Electoral?
- ¿Podrán inscribirse los venezolanos que viven en el extranjero?
- ¿La diáspora tendrá mecanismos de votación accesibles y no dependerá de obstáculos consulares?
Estas definiciones no pueden quedar para el último momento. El cronograma, la duración del mandato y el universo de electores condicionarán la legitimidad del resultado. Si millones de venezolanos fuera del país siguen excluidos, la elección nacerá con una deuda democrática considerable.
Segundo desafío: devolver la competencia política
El segundo objetivo propone devolver los partidos a sus autoridades legítimas, permitir la inscripción de organizaciones excluidas y levantar las inhabilitaciones sin vetos ni discriminaciones. Este punto toca el corazón del pluralismo político.
Durante años, distintas organizaciones fueron intervenidas, desplazadas o privadas del control de sus tarjetas electorales. Corregir ese daño exige más que una declaración general. Requiere decisiones identificables, uniformes y libres de cálculos destinados a escoger cuáles adversarios pueden competir y cuáles deben continuar marginados.
El caso de Vente Venezuela será una prueba especialmente visible. ¿Podrá registrarse finalmente como partido político y competir en igualdad de condiciones? Postergar su inscripción mientras se regularizan otras organizaciones demostraría que los vetos no desaparecieron, sino que cambiaron de forma.
También deberá precisarse la restitución de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y el Partido Comunista de Venezuela. La situación de Copei plantea otra dificultad: ¿qué autoridades serán reconocidas y bajo qué criterio jurídico? La devolución de tarjetas no puede convertirse en una nueva repartición discrecional ni en un premio para quienes se beneficiaron de intervenciones anteriores.
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Tercer desafío: terminar con la represión, no maquillarla
El tercer objetivo promete desmantelar el aparato represivo y liberar a los presos políticos. Es probablemente el compromiso más urgente desde el punto de vista humano y uno de los más importantes para medir la sinceridad del proceso.
La primera pregunta es inevitable: ¿durante cuánto tiempo más habrá personas detenidas por razones políticas? Una negociación que se prolongue mientras continúan los encarcelamientos mantiene una presión indebida sobre la sociedad y convierte la libertad en ficha de intercambio.
La liberación debe producirse con garantías plenas. Excarcelar no equivale necesariamente a liberar si las personas conservan procesos abiertos, restricciones de movilidad, prohibiciones de declarar o amenazas de volver a prisión. Tampoco bastará con dejar salir a algunos detenidos mientras se mantiene intacta la capacidad de encarcelar a otros.
El futuro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar será otra prueba central. ¿Será realmente desmantelada como estructura represiva o simplemente cambiará de nombre, mandos y organigrama? Una reorganización administrativa sin revisión de prácticas, responsabilidades y controles dejaría intacto el problema.
- Debe publicarse una lista completa y verificable de presos políticos.
- Las liberaciones tienen que incluir el cierre de causas utilizadas como castigo.
- Los centros de detención deben quedar sometidos a supervisión civil y judicial.
- Las denuncias de tortura y abusos requieren investigación independiente.
- Los cuerpos de inteligencia deben operar bajo límites legales claros.
Cuarto desafío: libertad de expresión sin excepciones
El cuarto objetivo promete garantizar plenamente la libertad de expresión. Su cumplimiento puede medirse desde el primer día porque existen normas, bloqueos y prácticas concretas cuya eliminación no depende de largos procesos de reconstrucción.
Una de las primeras definiciones debe ser el futuro de la llamada Ley contra el Odio y de las normas restrictivas vinculadas al Decreto de Conmoción Exterior. Si continúan vigentes instrumentos que permiten castigar opiniones, cerrar espacios informativos o perseguir a ciudadanos por sus expresiones, la promesa quedará reducida a una formulación sin contenido.
También será necesario levantar todos los bloqueos de Internet. No algunos, ni únicamente los que generen mayor presión internacional. Todos. Los ciudadanos deben recuperar acceso a medios, plataformas y fuentes informativas sin filtros políticos ni interferencias administrativas.
La libertad de expresión tampoco se limita a desbloquear páginas. Implica permitir que los periodistas trabajen sin intimidación, que las emisoras informen sin amenazas, que los medios recuperen condiciones operativas y que ninguna persona sea perseguida por criticar a una autoridad.
Quinto desafío: un TSJ al servicio de la Constitución
El quinto objetivo apunta a contar con un Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la Constitución. Su formulación reconoce que la crisis venezolana no es únicamente electoral. También es judicial.
La primera pregunta se parece a la planteada sobre el CNE: ¿serán designados magistrados independientes o se distribuirán las salas mediante cuotas partidistas? Reemplazar una mayoría controlada por otra composición negociada entre organizaciones no garantiza justicia. Solo cambia el reparto.
También deberá aclararse si habrá renovación completa en todas las salas o sustituciones selectivas. La independencia judicial requiere revisar criterios de designación, duración de los cargos, conflictos de intereses y mecanismos disciplinarios.
Existe, además, una cuestión constitucional delicada: ¿las designaciones se realizarán conforme a la Constitución de 1999 o mediante un estatuto transitorio? Cualquier mecanismo excepcional deberá ser público, limitado en el tiempo y jurídicamente justificado. La transición no puede prometer el regreso al Estado de derecho mediante procedimientos opacos o arbitrarios.
La ciudadanía necesita indicadores, no promesas abiertas
Los cinco objetivos anunciados pueden convertirse en una ruta democrática seria. Sin embargo, solo tendrán valor si se traducen en plazos, responsables e indicadores verificables. La sociedad necesita saber qué debe ocurrir durante las primeras semanas y qué avances se esperan en los meses siguientes.
Una hoja de ruta responsable debería incluir, al menos:
- fecha para la designación del nuevo CNE;
- criterios públicos para seleccionar rectores y magistrados;
- plazo para liberar a todos los presos políticos;
- cronograma para devolver partidos y levantar inhabilitaciones;
- derogación de normas que restringen la expresión;
- eliminación comprobable de bloqueos digitales;
- fecha tentativa y reglas básicas de las elecciones.
Sin esos parámetros, el diálogo quedará expuesto a interpretaciones contradictorias. Cada parte podrá declarar avances mientras la ciudadanía seguirá sin saber qué cambió realmente.
Lo que está en juego va más allá de una mesa
En esta negociación se disputa mucho más que la conformación de varias instituciones. Está en juego la posibilidad de sustituir un sistema basado en el control por otro sostenido en reglas, competencia y límites al poder.
El oficialismo buscará conservar capacidad de influencia y garantías frente al cambio. La oposición intentará abrir la competencia política y recuperar instituciones. Los mediadores externos procurarán estabilidad y cumplimiento de acuerdos. La ciudadanía, por su parte, espera algo elemental: que el proceso conduzca a una elección auténtica y a un Estado que no persiga a quienes piensan distinto.
Las preguntas formuladas no prejuzgan el resultado. Sirven como guía para calibrarlo. Si reciben respuestas claras y luego se cumplen, el diálogo podrá ganar legitimidad. Si se evaden, se postergan o se sustituyen por generalidades, será una señal de que el proceso comienza a descarrilarse.
Preguntar también es vigilar el poder
El periodismo independiente debe seguir cada compromiso, comparar las declaraciones con los hechos y explicar a la sociedad qué significa cada decisión. Esa vigilancia necesita medios capaces de investigar sin depender de quienes participan en la negociación.
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Este proceso no debe recibir fe ciega ni rechazo automático. Debe recibir vigilancia. El país podrá saber si avanza observando cómo se integra el CNE, cuándo se liberan los presos, qué partidos recuperan sus derechos, cuáles normas represivas desaparecen y qué clase de justicia sustituye al sistema actual.
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