RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela debe elegir entre reconstruir con técnica y transparencia o repartir contratos, favores y cuotas de poder.
Reconstrucción transparente, reparto de contratos, auditoría ciudadana, control de fondos públicos
Reconstrucción o reparto. Esa es la decisión que Venezuela tiene delante. No se trata de una frase retórica ni de otra disputa entre facciones. Se trata de escoger entre levantar viviendas seguras, servicios públicos e instituciones confiables, o utilizar la tragedia para distribuir contratos, cuotas de poder, privilegios y silencios. Los escombros no admiten pactos de oficinas. Las familias que perdieron su hogar no pueden esperar a que la burocracia decida qué empresa, grupo político o intermediario merece una porción del dinero destinado a reconstruir el país.
La devastación destruyó edificios, viviendas y comunidades enteras. Pero también terminó de destruir la legitimidad de la vieja política del reparto. Cada estructura que cayó expuso el costo de las inspecciones débiles, de los permisos complacientes, de los materiales deficientes y de la opacidad convertida en método. Repetir esas prácticas durante la recuperación equivaldría a construir la próxima catástrofe con fondos destinados a evitarla.
La tesis de este editorial es inflexible: la reconstrucción debe ser un proceso técnico, transparente y sometido al escrutinio ciudadano. No puede funcionar como mecanismo para apaciguar grupos, comprar lealtades ni restaurar redes económicas responsables del deterioro anterior. Cada contrato entregado por conveniencia política resta seguridad a una familia; Cada empresa sin experiencia que recibe una obra estratégica convierte la urgencia humana en oportunidad privada. Cada centavo oculto debilita la posibilidad de levantar una República distinta.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela debe decidir que el dinero de la reconstrucción no será repartido entre quienes mejor negocian su influencia, sino invertido donde la necesidad, la técnica y la justicia lo determinen.
El concreto no entiende de cuotas políticas
Una vivienda segura no distingue entre oficialismo y oposición. Un estudio de suelo no responde a consignas. Una estructura sismorresistente no puede calcularse mediante pactos partidistas. La ingeniería tiene reglas que ningún acuerdo político puede derogar sin consecuencias.
La reconstrucción habitacional requiere planificación urbana, estudios técnicos, materiales certificados, supervisión independiente y empresas con experiencia demostrable. No basta con anunciar miles de soluciones. Es necesario conocer dónde serán edificadas, qué servicios tendrán, cómo se integrarán al transporte, qué normas cumplirán y quién garantizará su mantenimiento.
El reparto comienza cuando esos criterios dejan de ser decisivos y son sustituidos por relaciones personales, compromisos políticos o mecanismos de compensación entre facciones. Aparece cuando una obra es adjudicada para mantener una alianza, cuando se escoge a un proveedor porque pertenece al círculo adecuado o cuando una empresa recién creada recibe contratos que superan ampliamente su capacidad.
Ese modelo no solo produce corrupción. Produce inseguridad. Una obra mal adjudicada puede terminar costando más, tardando más y ofreciendo menos protección. En una reconstrucción de emergencia, el clientelismo no es únicamente una falta ética: puede volver a poner vidas en peligro.
Los contratos de reconstrucción deben cumplir condiciones mínimas
- licitaciones públicas o procedimientos excepcionales plenamente justificados,
- experiencia técnica verificable de las empresas adjudicatarias,
- identificación de propietarios, accionistas y beneficiarios finales,
- presupuestos, cronogramas y estándares de calidad accesibles al público,
- supervisión profesional independiente durante toda la ejecución.
El país no necesita repartir obras. Necesita contratar capacidad real para resolver problemas reales.
La cooperación internacional no es una caja política
La magnitud del desastre obliga a Venezuela a recibir financiamiento, maquinaria, tecnología y asistencia especializada del exterior. Esa cooperación es necesaria. Sin embargo, su llegada no puede convertirse en una oportunidad para oxigenar estructuras políticas desacreditadas ni para crear una caja paralela administrada bajo criterios opacos.
Los créditos multilaterales, las donaciones y los fondos de emergencia pertenecen a la recuperación nacional. No pertenecen al gobierno de turno, a los partidos, a los intermediarios ni a quienes controlan temporalmente una oficina. Su finalidad debe ser verificable: remover escombros, estabilizar suelos, recuperar servicios, construir viviendas y devolver autonomía a las comunidades.
La compleja coordinación entre actores nacionales, organismos internacionales y equipos técnicos extranjeros aumenta la necesidad de establecer responsabilidades claras. Cuando demasiadas instituciones participan sin un sistema común de rendición de cuentas, el dinero puede diluirse entre procedimientos, consultorías, administraciones superpuestas y contratos difíciles de rastrear.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué recursos ingresan, bajo qué condiciones, quién los administra y qué resultados deben producir. También debe saber si se trata de una donación, un crédito o una obligación que pagarán las próximas generaciones. La ayuda internacional no puede ser presentada como un acto gratuito mientras sus condiciones permanecen ocultas.
Todo financiamiento de la recuperación debe publicar
- su monto, origen, naturaleza y condiciones financieras,
- la institución responsable de administrarlo,
- los proyectos específicos que serán financiados,
- los contratistas, proveedores y mecanismos de supervisión,
- los indicadores con los que se medirá su cumplimiento.
La cooperación bien auditada fortalece la reconstrucción. La cooperación utilizada para repartir favores profundiza la dependencia y destruye la confianza.
El reparto también empieza en los campamentos
El dilema no se limita a los grandes contratos. También se libra diariamente en los refugios, donde miles de personas dependen de censos, listas, alimentos, medicinas, subsidios y promesas de vivienda. Allí, una decisión discrecional puede definir quién recibe ayuda primero, quién permanece olvidado y quién queda fuera de una solución habitacional.
El control social comienza cuando la información sobre las familias damnificadas está fragmentada, es inaccesible o cambia sin explicación. Quien controla una lista puede convertir un derecho en favor. Puede premiar obediencias, castigar denuncias o construir redes de dependencia mediante la distribución selectiva de bienes esenciales.
Por eso se necesita un censo único, digitalizado y auditable. Las comunidades deben poder verificar cuántas familias están registradas, qué daños fueron certificados, qué ayuda recibieron y qué solución se les asignó. Los datos personales deben protegerse, pero los criterios de prioridad y las cifras generales no pueden permanecer bajo secreto administrativo.
La distribución de alimentos y suministros también debe contar con inventarios públicos. No basta con informar cuántas toneladas llegaron al país. Es necesario conocer cuánto recibió cada campamento, quién confirmó la entrega y qué mecanismos existen para denunciar faltantes o desvíos.
El periodismo independiente ayuda a distinguir entre reconstrucción y reparto. RadioAmericaVe.com y Vierne5 cree que seguir los contratos, revisar los censos, contrastar los anuncios y escuchar a las comunidades es una forma de proteger los recursos públicos. Cuando nadie pregunta, la emergencia puede convertirse en negocio; cuando la información circula, el ciudadano recupera capacidad para exigir resultados.
Del beneficiario pasivo al pueblo constructor
La ayuda es un derecho de quienes han perdido vivienda, seguridad y medios de vida. Pero ese derecho no puede transformarse en una relación permanente de dependencia. El objetivo de la reconstrucción debe ser devolver autonomía, no administrar indefinidamente la necesidad.
Un pueblo constructor no es una población abandonada a su suerte. Es una ciudadanía que participa, vigila y exige. Conoce los inventarios del campamento, valida los censos, pregunta por los cronogramas y denuncia cualquier intento de utilizar la asistencia para ejercer control político.
Las comunidades deben organizar comités independientes de seguimiento habitacional, salud, alimentación, educación y seguridad. No para sustituir a las autoridades, sino para impedir que actúen sin supervisión. Esos comités necesitan acceso a información, canales de denuncia y acompañamiento de universidades, gremios profesionales y organizaciones sociales.
El asistencialismo se vuelve cultura política cuando la persona deja de ser ciudadana y es reducida a receptora de bienes. La reconstrucción debe producir el proceso contrario: ciudadanos capaces de verificar, intervenir y defender el interés colectivo.
La contraloría comunitaria puede actuar de forma inmediata
- validando los registros de familias afectadas,
- revisando entregas de alimentos, medicinas y materiales,
- exigiendo plazos públicos para reubicaciones y viviendas,
- documentando irregularidades mediante actas, fotografías y testimonios,
- presentando informes periódicos a las autoridades y a la opinión pública.
El reparto prospera en la oscuridad. La ciudadanía organizada lo enfrenta haciendo visible cada decisión.
El nuevo CNE tampoco puede ser un reparto
El mismo principio debe aplicarse a la transición institucional. La discusión sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral no puede terminar en una distribución de cuotas entre partidos, grupos económicos o sectores que se consideran propietarios de la representación nacional.
Un árbitro electoral construido como recompensa para facciones políticas nacería sin credibilidad. Venezuela necesita un proceso meritocrático, público y sometido a observación ciudadana. Los aspirantes deben ser evaluados por su capacidad técnica, independencia, trayectoria y compromiso con reglas democráticas verificables.
La calle que reclama un cambio profundo no aceptará fácilmente que el futuro institucional sea negociado con los mismos métodos que contribuyeron al deterioro del país. Repartir cargos mientras se habla de transición sería repetir, en el terreno político, el mismo error que se denuncia en la reconstrucción material.
La ciudadanía vigilante debe exigir que se publiquen los criterios de selección, los antecedentes de los candidatos, las objeciones recibidas y las razones de cada designación. Una institución llamada a organizar elecciones confiables no puede nacer de una negociación secreta.
Reconstruir significa romper con la política de compensaciones
La cultura del reparto se presenta con frecuencia como una forma de garantizar estabilidad. Se argumenta que cada grupo debe recibir algo para mantenerse dentro del acuerdo. Esa lógica puede evitar conflictos momentáneos, pero también convierte al Estado en una mesa donde se distribuyen recursos públicos entre quienes tienen capacidad de presión.
La estabilidad conseguida de esa manera es frágil. Depende de que continúen fluyendo contratos, cargos y privilegios. Cuando los recursos disminuyen, la alianza se rompe. Mientras tanto, las necesidades ciudadanas quedan subordinadas a la preservación del pacto.
La reconstrucción ofrece una oportunidad para reemplazar esa cultura por otra basada en reglas. Las empresas compiten por capacidad. Los funcionarios responden por resultados. Las comunidades reciben recursos según necesidades verificables. Las instituciones se integran mediante mérito y no por cuotas.
No será sencillo. Los sistemas de reparto generan beneficiarios poderosos que defenderán sus posiciones. Por eso la transparencia debe acompañarse de consecuencias. Las irregularidades no pueden terminar únicamente en comunicados o destituciones administrativas. Cuando exista corrupción, fraude contractual o desvío de recursos, debe intervenir la justicia con independencia y firmeza.
La elección que definirá el bienio 2026-2027
Venezuela está ante un ultimátum histórico. Puede utilizar la reconstrucción para crear instituciones más profesionales, ciudades más seguras y una relación más adulta entre el Estado y la sociedad. O puede convertirla en el mayor reparto de recursos, contratos y cuotas de poder de su historia reciente.
La primera opción exige disciplina técnica, auditoría y ciudadanos activos. La segunda solo necesita silencio, opacidad y resignación. El reparto siempre parece más rápido porque evita controles y satisface intereses inmediatos. Pero sus consecuencias son conocidas: obras deficientes, fondos perdidos, instituciones desacreditadas y comunidades nuevamente abandonadas.
Reconstruir barrios antes que discursos significa colocar las necesidades materiales por encima de la propaganda. Significa que una vivienda segura vale más que una alianza burocrática y que un contrato transparente vale más que la tranquilidad temporal de una facción.
Reconstrucción o reparto no es solo el título de este editorial. Es la frontera que separa dos futuros. De un lado, una República que aprende de la tragedia y se levanta sobre técnica, mérito y justicia. Del otro, un país que maquilla las ruinas, distribuye beneficios entre pocos y se desliza hacia una nueva crisis.
El reloj corre sobre un suelo inestable. Cada contrato opaco prolonga la vulnerabilidad; Cada censo manipulado confisca un derecho. Cada cuota partidista entregada a espaldas de la ciudadanía debilita la transición. La República se salvará cuando el ciudadano deje de pedir únicamente una parte del reparto y comience a exigir que no haya reparto alguno de lo que pertenece a todos.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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