La República no se levanta con improvisación

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Venezuela debe reconstruirse con planificación, ciencia, auditoría y control ciudadano. La improvisación volvería a condenarla.

Reconstrucción planificada de Venezuela, planificación urbana segura, auditoría de la reconstrucción, ciudadanía vigilante

La República no se levanta con improvisación. Puede sobrevivir algunos días gracias al coraje de sus ciudadanos, al esfuerzo extraordinario de los rescatistas y a la ayuda que llega desde dentro y fuera del país. Pero reconstruirse es otra cosa. Reconstruirse exige método, ciencia, instituciones, controles y una voluntad política capaz de renunciar para siempre a la cultura del “como vaya viniendo, vamos viendo”. Las miles de viviendas perdidas, los edificios colapsados y las familias obligadas a vivir en refugios dejaron una advertencia demasiado costosa para ignorarla: cuando la improvisación entra en la ingeniería, en la fiscalización y en la gestión pública, deja de ser una costumbre pintoresca y se convierte en una amenaza mortal.

Venezuela no puede responder a la mayor tarea de reconstrucción de su historia reciente con decretos reactivos, adjudicaciones apresuradas, contratistas escogidos por cercanía política ni soluciones urbanas diseñadas para salir del paso. Las nuevas viviendas que el país necesita no pueden convertirse en otro conjunto de obras sin planificación territorial, sin estudios de suelo, sin servicios, sin transporte y sin garantía de mantenimiento. Levantar paredes rápidamente puede generar titulares. Levantar ciudades seguras requiere algo mucho más difícil: pensar a largo plazo y someter cada decisión al interés público.

Esa es la tesis central de este editorial: reconstruir Venezuela no consiste en devolverla al estado de fragilidad que existía antes del desastre. Consiste en corregir lo que hizo posible que la vulnerabilidad se volviera normal. Si el país vuelve a construir con prisa, opacidad y clientelismo, no estará resolviendo la tragedia. Estará financiando la siguiente.

Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. El cambio que hoy necesita Venezuela comienza por abandonar una idea profundamente arraigada: que improvisar es una forma aceptable de gobernar.

Las ruinas son también el resultado de decisiones

Un edificio no cae únicamente por la fuerza de la naturaleza. También puede caer por el material que se ahorró, por la inspección que no se hizo, por el permiso concedido sin rigor, por la norma ignorada o por la corrupción que convirtió una obligación técnica en un trámite negociable. La tragedia expuso con brutalidad el costo de esas omisiones acumuladas.

Por eso la reconstrucción no puede reducirse a una operación de cemento y maquinaria. Es una revisión profunda de la cultura pública. Cada vivienda nueva, cada puente, hospital, escuela y red de servicios deberá responder a estudios transparentes y normas sismorresistentes estrictas. No puede haber excepciones para empresas favorecidas, obras consideradas “urgentes” ni proyectos destinados a cumplir metas propagandísticas.

La urgencia no elimina la planificación. La vuelve más importante. Construir rápido sin construir bien es trasladar el problema hacia el futuro, cuando las cámaras se hayan marchado y las familias vuelvan a quedar solas frente a estructuras deficientes.

La reconstrucción debe partir de condiciones innegociables

• estudios de suelo y mapas de riesgo públicos antes de decidir dónde construir,
• cumplimiento obligatorio de las normas técnicas y sismorresistentes aplicables,
• participación de universidades, gremios profesionales e ingenieros independientes,
• licitaciones transparentes y prohibición de adjudicar obras a empresas sin experiencia demostrable,
• inspecciones periódicas con resultados accesibles a las comunidades beneficiarias.

La ciencia no puede seguir siendo consultada después de tomar las decisiones. Debe precederlas, condicionarlas y, cuando sea necesario, impedirlas.

La ayuda exterior no sustituye la responsabilidad nacional

El país necesita cooperación internacional. Necesita financiamiento, maquinaria, conocimientos especializados, tecnología y capacidad logística. Negarlo por nacionalismo retórico sería irresponsable. Pero también sería irresponsable asumir que la presencia de expertos y organismos extranjeros libera al Estado venezolano de su obligación de dirigir la recuperación.

La asistencia puede mover escombros, estabilizar terrenos y acelerar la llegada de recursos. No debe decidir por sí sola el modelo urbano, habitacional y productivo de Venezuela. La autoridad civil nacional tiene que definir prioridades, proteger el interés público y coordinar la cooperación sin renunciar a su capacidad de mando.

Ese equilibrio es especialmente delicado en un escenario de fragilidad institucional. Cuando el Estado se limita a reaccionar mediante decretos y deja que otros actores organicen los recursos, la asistencia humanitaria puede evolucionar hacia una tutela administrativa prolongada. El problema no es que exista cooperación. El problema aparece cuando nadie dentro del país demuestra capacidad para conducirla.

La gobernabilidad de la reconstrucción requiere una estructura nacional técnica, profesional y estable, no una secuencia de oficinas improvisadas que cambien según la presión del momento. Esa estructura debe coordinar a los municipios, universidades, ingenieros, organizaciones sociales y cooperantes internacionales. También debe explicar públicamente qué se hará, dónde, cuánto costará y quién responderá por los resultados.

La autonomía civil no se defiende rechazando ayuda. Se defiende demostrando competencia para administrarla.

La emergencia no puede convertirse en una zona sin controles

La prisa es el ambiente perfecto para la corrupción. Permite justificar procedimientos abreviados, compras directas, modificaciones contractuales y decisiones que, en condiciones normales, exigirían mayor escrutinio. Algunas de esas medidas pueden ser necesarias durante los primeros días de una tragedia. Convertirlas en método permanente sería abrir una autopista al desvío de recursos.

Los fondos internacionales y nacionales destinados a la reconstrucción necesitan cortafuegos éticos desde el primer desembolso. No después del primer escándalo. No cuando aparezcan obras inconclusas. Ahora. Cada centavo utilizado en remoción de escombros, estabilización de suelos, vivienda, salud, agua o electricidad debe poder seguirse desde su origen hasta su resultado final.

Venezuela necesita un comité nacional independiente de auditoría fiscal y técnica con participación de universidades, gremios profesionales, representantes institucionales y organizaciones ciudadanas. Ese organismo no debe limitarse a revisar facturas. Debe verificar la calidad de los materiales, la idoneidad de los contratistas, la correspondencia entre lo pagado y lo ejecutado, y la seguridad real de las obras.

La auditoría debe permitir conocer con claridad

1. el origen y las condiciones de cada fondo recibido,
2. las empresas contratadas y sus beneficiarios finales,
3. el costo unitario de materiales, maquinaria y servicios,
4. el avance físico y financiero de cada proyecto,
5. los responsables técnicos y administrativos de cualquier incumplimiento.

La emergencia no puede ser una licencia para ocultar. La transparencia no retrasa la reconstrucción: evita que el dinero llegue rápido a manos equivocadas y tarde a quienes realmente lo necesitan.

El periodismo independiente forma parte de la vigilancia que esta etapa exige. Vierne5 cree que seguir los contratos, revisar los datos, escuchar a las comunidades y señalar las decisiones que comprometen el futuro nacional es una responsabilidad pública. Informar con independencia es impedir que la urgencia se convierta en silencio y que la reconstrucción sea administrada sin preguntas.

Los campamentos son la medida del fracaso o del avance

Mientras se anuncian planes y financiamientos, miles de personas continúan viviendo en refugios. Ese hecho debe permanecer en el centro de la conversación. Los campamentos no pueden convertirse en depósitos humanos desde los cuales el Estado contabiliza beneficiarios y distribuye alimentos sin ofrecer una ruta verificable hacia una vivienda segura.

La improvisación también puede instalarse allí. Aparece cuando los censos no coinciden, cuando las listas cambian sin explicación, cuando los servicios básicos dependen de decisiones discrecionales o cuando nadie puede informar a una familia cuál será su solución definitiva. En esas condiciones, lo transitorio comienza a arraigarse como una forma permanente de exclusión.

El verdadero poder moral frente a ese riesgo reside en la ciudadanía organizada. Los habitantes de los refugios deben contar con comités autónomos de contraloría capaces de verificar censos, inventarios, servicios, atención sanitaria, educación, seguridad y cronogramas de reubicación. No para sustituir a las autoridades, sino para impedir que actúen sin supervisión.

El pueblo constructor no es solamente el que levanta paredes. Es el que exige planos, pregunta por los materiales, compara las promesas con las obras y denuncia cualquier intento de convertir la necesidad en obediencia política.

La contraloría comunitaria debería concentrarse en tareas concretas

• validar el censo real de familias damnificadas,
• vigilar la entrega de alimentos, medicinas y servicios básicos,
• exigir mapas de riesgo y criterios públicos de reasentamiento,
• supervisar los plazos asignados a cada solución habitacional,
• documentar favoritismos, desvíos o incumplimientos.

Una comunidad informada puede detener irregularidades antes de que se conviertan en sistema. Una comunidad mantenida en la oscuridad solo puede reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Planificar también significa reconstruir economía y vida cotidiana

Una política habitacional seria no termina en la entrega de una vivienda. Necesita transporte, escuelas, centros de salud, agua, electricidad, seguridad, conectividad y oportunidades de trabajo. Construir miles de unidades lejos de los centros productivos, sin servicios o sin integración urbana sería repetir otro de los grandes errores de la planificación venezolana: confundir techo con ciudad.

La recuperación debe reactivar la economía local. Los proyectos tienen que incorporar mano de obra venezolana, proveedores nacionales, empresas técnicamente calificadas y programas de formación. La cooperación extranjera debe transferir conocimientos y dejar capacidad productiva instalada, no limitarse a importar soluciones completas que desaparezcan junto con los contratistas.

Planificar es pensar simultáneamente en seguridad, dignidad y sostenibilidad. Es preguntarse no solo si una familia recibirá vivienda, sino si podrá vivir, estudiar, trabajar y desarrollarse allí. Sin esa mirada integral, la reconstrucción terminará creando nuevas periferias dependientes y nuevos problemas que otro gobierno tendrá que administrar.

Diciembre no detiene su marcha

El país enfrenta también un calendario político que no puede ser ignorado. La discusión institucional y la necesidad de acordar reglas democráticas antes de finalizar 2026 continúan abiertas. Pero ningún avance formal tendrá suficiente legitimidad si Venezuela permanece atrapada entre escombros, campamentos y decisiones administrativas incomprensibles para la mayoría.

La reconstrucción material y la reinstitucionalización no son procesos separados. Ambas requieren confianza, normas, responsabilidad y autoridades capaces de rendir cuentas. Un país que no puede explicar cómo adjudica una vivienda difícilmente convencerá a sus ciudadanos de que puede organizar instituciones electorales confiables. Y un sistema político sin legitimidad tampoco podrá administrar durante años una reconstrucción de enorme complejidad.

Esperar una solución rápida proveniente del exterior sería otra forma de improvisación. Los tiempos judiciales, diplomáticos y geopolíticos responden a lógicas distintas de las urgencias venezolanas. La República no puede suspender sus decisiones mientras otros gobiernos, tribunales o instituciones internacionales resuelven sus propios calendarios. El reloj político y el reloj social corren aquí.

Levantar a Venezuela exige deponer la retórica vacía y el cálculo mezquino. Exige planificación territorial, normas técnicas, auditoría independiente, ciudadanía vigilante y una autoridad civil que comprenda que coordinar ayuda no significa delegar el país.

La historia no perdonará a quienes utilicen la emergencia para improvisar lo que debía planificarse, ocultar lo que debía publicarse o entregar a contratistas oportunistas lo que pertenece al futuro colectivo. La República no se levanta con ocurrencias. Se levanta con orden, ciencia, justicia y una ética capaz de sostener cada bloque mucho después de que termine la emergencia.

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Victor Julio Escalona.

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