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Transición política en Venezuela: por qué el escepticismo ciudadano debe convertirse en vigilancia, cuentas claras y resultados.
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El escepticismo de los venezolanos frente al proceso político previsto para comenzar el 1 de agosto no solo es comprensible: es saludable. Después de años de negociaciones fallidas, promesas aplazadas y acuerdos sin consecuencias visibles, la ciudadanía tiene razones para desconfiar de una instancia que tendría como actores centrales a la Asamblea Nacional electa en 2015, representantes vinculados al poder oficial y el acompañamiento de Estados Unidos. Sin embargo, desconfiar no basta. El desafío consiste en transformar esa duda en vigilancia, exigencia de resultados y control ciudadano.
La iniciativa no arranca en las mejores condiciones. Hay preguntas sobre la representatividad de quienes hablarán en nombre de la oposición, sobre el margen real de actuación de la Asamblea Nacional de 2015 y sobre la influencia que conservarán los sectores asociados al aparato político oficial. También existe inquietud por el papel de Washington, que aparece no solo como acompañante, sino como actor con capacidad para marcar tiempos, prioridades y límites.
Aun así, rechazar el proceso sin examinarlo, sin seguirlo y sin exigir cuentas tampoco ofrece una salida. Una iniciativa respaldada por Estados Unidos y conectada con el reordenamiento político abierto después del 3 de enero no desaparecerá porque una parte de la sociedad decida ignorarla. La abstención emocional puede expresar rechazo, pero no modifica las consecuencias de lo que otros negocien.
El escepticismo útil y el escepticismo estéril
Existen al menos dos maneras de desconfiar. La primera obliga a preguntar quién negocia, qué mandato posee, qué compromisos asume y qué resultados obtiene. La segunda se limita a descalificar de antemano, retirarse de la discusión y esperar que el proceso fracase por sí solo. La diferencia entre ambas no es menor.
El escepticismo útil fortalece la democracia porque somete a los representantes a vigilancia. No entrega cheques en blanco ni convierte a nadie en vocero incuestionable. Por el contrario, exige información accesible, plazos concretos y explicación pública de cada decisión. También reclama que quienes ocupen puestos en nombre de la oposición rindan cuentas a la sociedad y no únicamente a partidos, gobiernos extranjeros o círculos políticos cerrados.
El escepticismo estéril, en cambio, deja el terreno libre. Si la ciudadanía se retira por completo, las decisiones no se detienen: simplemente quedan en manos de menos personas. El resultado puede ser exactamente el que se quería evitar: una negociación de élites con escasa presión social y poca obligación de explicar sus actos.
- Desconfiar debe conducir a solicitar información verificable.
- Los negociadores deben identificar con claridad a quién representan.
- La sociedad necesita conocer objetivos, plazos y mecanismos de evaluación.
- Los resultados deben medirse por cambios institucionales, no por declaraciones.
Qué se está poniendo en marcha
El proceso previsto tendría como pivote institucional a la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento de mayoría opositora reconocido durante años por Estados Unidos como referencia democrática venezolana. Frente a ella aparecerían representantes relacionados con el poder legislativo y político oficial, dentro de un esquema acompañado por la administración estadounidense.
La agenda tendría que concentrarse en puntos que afectan el corazón de la crisis: la renovación del Consejo Nacional Electoral, las garantías de participación, la revisión de las reglas electorales y la creación de condiciones para una transición democrática. No son asuntos secundarios. De su resultado dependerá que el proceso pueda conducir a elecciones creíbles o termine convertido en otra mesa incapaz de alterar la correlación real del poder.
También se juega la legitimidad de la propia Asamblea Nacional de 2015. Aunque conserva valor político e institucional para diversos actores internacionales, no puede asumir que ese reconocimiento la exime de responder ante la ciudadanía. Su papel será creíble solo si actúa con transparencia, evita sustituir liderazgos sociales evidentes y demuestra que su participación busca abrir una ruta electoral, no administrar indefinidamente una representación heredada.
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Quiénes intervienen y qué intereses llevan a la mesa
En este tablero participan actores con prioridades diferentes. La Asamblea Nacional de 2015 necesita demostrar que todavía puede cumplir una función útil dentro de la transición. Los representantes relacionados con el poder buscan preservar espacios, influir en el diseño del nuevo orden y evitar una ruptura que los deje sin capacidad de negociación. Estados Unidos, por su parte, intenta combinar estabilidad, recuperación económica y transición política bajo una secuencia que responda también a sus intereses regionales.
La ciudadanía venezolana ocupa una posición distinta. No controla directamente la mesa, pero sufrirá o disfrutará sus resultados. Por eso su papel no debería reducirse al de espectadora. Sindicatos, gremios, universidades, organizaciones civiles, medios independientes y comunidades pueden exigir que la negociación no sea una caja negra.
La cuestión central no es aceptar o rechazar a ciegas. Es saber qué se negocia, quién cede, quién gana tiempo y qué cambios verificables obtiene el país. Un proceso de transición no puede evaluarse por la cantidad de reuniones celebradas, sino por su capacidad para modificar instituciones, garantizar derechos y devolverle al voto consecuencias reales.
Los grandes perdedores de la política de las curules concedidas
El nuevo escenario también deja expuesta una realidad incómoda para dirigentes opositores que aceptaron incorporarse a estructuras legislativas cuestionadas con la expectativa de convertirse en el centro de una transformación gradual. Su cálculo parecía partir de una idea: ocupar espacios concedidos por el poder les permitiría acumular influencia, presentarse como interlocutores moderados y quedar bien posicionados cuando llegara una negociación mayor.
Sin embargo, el proceso articulado alrededor de la Asamblea Nacional de 2015 amenaza con dejarlos fuera del eje principal. Aquellos que apostaron por una representación facilitada desde arriba pueden descubrir que esa ventaja era temporal. Una transición que avance hacia elecciones competitivas sustituiría las curules negociadas por votos contados.
Si en una etapa posterior se elige una nueva Asamblea Nacional bajo reglas más confiables, el peso de cada dirigente dependerá de su respaldo ciudadano y de su capacidad para ganar un circuito. Esa posibilidad cambia por completo los incentivos. Ya no bastaría con presentarse como oposición tolerada o interlocución conveniente. Habría que competir, convencer y demostrar arraigo.
Qué debe exigir la ciudadanía desde el primer día
La vigilancia no puede comenzar cuando aparezcan los primeros problemas. Debe estar presente desde la conformación de la instancia. Para evitar otra negociación opaca, la sociedad debería exigir al menos los siguientes elementos:
- Identificación pública de los integrantes: nombres, funciones, criterios de selección y sectores que representan.
- Agenda formal de trabajo: temas que se discutirán, orden de prioridades y objetivos verificables.
- Plazos definidos: fechas para presentar avances sobre el CNE, las garantías políticas y la ruta electoral.
- Informes periódicos: balances comprensibles sobre acuerdos, desacuerdos y obstáculos.
- Mecanismos de consulta: participación de organizaciones sociales, gremios, partidos y especialistas.
- Evaluación por resultados: medir el proceso por reformas concretas y no por comunicados diplomáticos.
Estas exigencias no buscan sabotear la negociación. Buscan darle legitimidad y evitar que la supervisión extranjera sustituya a la responsabilidad de los actores venezolanos. El acompañamiento internacional puede ayudar, pero no debería convertir a la ciudadanía en invitada de piedra dentro de su propio proceso político.
El riesgo de una transición administrada desde arriba
La intervención decisiva de Estados Unidos introduce oportunidades, pero también riesgos. Washington puede aportar presión, garantías y capacidad de coordinación. Al mismo tiempo, sus prioridades no son idénticas a las de todos los venezolanos. La estabilidad regional, la energía, la migración y la seguridad forman parte de su cálculo.
Por eso la tutela externa no puede reemplazar la legitimidad interna. Un acuerdo puede ser funcional para Washington y, sin embargo, resultar insuficiente para una sociedad que exige elecciones, justicia y renovación institucional. La vigilancia ciudadana debe impedir que la transición se limite a estabilizar el país sin democratizarlo plenamente.
El reto consiste en aprovechar la ventana internacional sin entregar la conducción moral del proceso. Estados Unidos puede acompañar, presionar y supervisar compromisos, pero la definición del futuro venezolano debe desembocar en instituciones legítimas y autoridades elegidas por los ciudadanos.
Una oportunidad que no merece ni fe ciega ni indiferencia
El proceso anunciado no merece entusiasmo automático. Tampoco merece el abandono anticipado. Su punto de partida genera dudas legítimas, pero su resultado no está escrito. Puede convertirse en otra operación para administrar el conflicto o en una vía imperfecta hacia reformas electorales y políticas necesarias.
La diferencia dependerá, en parte, de la presión que reciba desde afuera y desde adentro. Si los participantes operan sin vigilancia, aumentará el riesgo de acuerdos cerrados y concesiones sin control. Si la ciudadanía exige cuentas, compara compromisos con resultados y denuncia cada desviación, la negociación tendrá menos espacio para convertirse en una simulación.
El periodismo independiente es indispensable en esa tarea. Investigar quién negocia, seguir los compromisos y traducir los acuerdos a un lenguaje comprensible permite que la política no quede secuestrada por especialistas ni operadores. Las contribuciones de los lectores ayudan a Vierne5 a sostener esa vigilancia sin depender de los mismos centros de poder que deben ser examinados.
La transición tendrá que demostrar que merece confianza
La confianza no puede exigirse por decreto ni obtenerse mediante una rueda de prensa. Tiene que construirse con transparencia, resultados y respeto por la voluntad ciudadana. Quienes participen en la instancia prevista para agosto deberán entender que no representan un cheque en blanco. Cada decisión será observada y cada omisión tendrá consecuencias.
Venezuela no necesita otra mesa diseñada para ganar tiempo. Necesita una ruta que produzca un nuevo árbitro electoral, garantías políticas y elecciones capaces de devolver legitimidad a las instituciones. El escepticismo ciudadano será útil si obliga a esa mesa a responder. Será inútil si solo conduce a apartarse mientras otros deciden.
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