RadioAmericaVe.com / Nacionales.
Denuncias ciudadanas revelan abusos, decomisos y extorsión en alcabalas durante la emergencia nacional.
- Corrupción en puntos de control
- Extorsión en carreteras venezolanas
- Abusos de la fuerza pública
- Alcabalas ilegales en Venezuela
Las denuncias ciudadanas sobre alcabalas en Venezuela revelan un sistema de corrupción, abusos y extorsión que afecta a transportistas, productores agrícolas, brigadas voluntarias y familias que intentan movilizar ayuda en plena etapa posterior al doble terremoto del 24 de junio. Los puntos de control, móviles y fijos, dejaron de ser percibidos por muchas comunidades como mecanismos de resguardo civil y pasaron a funcionar como peajes informales sobre la emergencia.
El problema no es nuevo, pero adquiere una gravedad distinta en el contexto actual. Venezuela llega a dos meses del desastre con un balance de 6.509 fallecidos, 226.696 heridos atendidos en hospitales y un vacío institucional sobre el número global de desaparecidos bajo toneladas de concreto. En ese escenario, cada caja de alimentos retenida, cada herramienta decomisada y cada insumo médico retrasado por una alcabala puede traducirse en más sufrimiento para familias que todavía esperan respuestas.
Las denuncias apuntan a una práctica sistematizada: funcionarios que revisan cargamentos, exigen pagos, retienen productos, amedrentan a conductores o condicionan el paso de ayuda humanitaria, materiales de construcción y mercancía agrícola. La fuerza pública, llamada a proteger corredores logísticos y garantizar movilidad en una emergencia, aparece señalada por sectores ciudadanos como parte del obstáculo.
La alcabala como peaje de la emergencia
En una situación ordinaria, un punto de control debería servir para prevenir delitos, ordenar tránsito, verificar riesgos y proteger a la población. En una emergencia nacional, esa función se vuelve aún más delicada: debe facilitar el paso de ambulancias, alimentos, medicinas, maquinaria, voluntarios y materiales para reconstrucción.
Lo denunciado por ciudadanos y sectores afectados describe lo contrario. Las alcabalas habrían operado como aduanas internas de facto, especialmente contra transportistas de carga pesada, productores agrícolas y brigadas voluntarias que intentan llegar a campamentos transitorios o zonas afectadas. En lugar de agilizar la ayuda, algunos puntos de control la encarecen, la retrasan o la desvían.
El decomiso arbitrario de insumos médicos de trauma, herramientas de construcción y raciones de alimentos es especialmente grave porque golpea directamente la capacidad de respuesta. En un país con 94 campamentos transitorios y miles de familias desplazadas, obstaculizar el abastecimiento no es una falta menor: puede convertirse en una forma de saqueo sobre la supervivencia nacional.
Quiénes pagan el costo de la extorsión
La corrupción en carretera nunca queda aislada en la carretera. Su costo termina trasladándose a precios, tiempos de entrega, escasez y deterioro de servicios. Cuando un transportista debe pagar para pasar, ese pago se incorpora al costo final de los productos. Cuando un productor agrícola pierde parte de su carga, la comunidad recibe menos alimentos. Cuando una brigada voluntaria es frenada, los damnificados esperan más.
Los sectores más afectados son concretos:
- transportistas de carga pesada que movilizan alimentos, medicinas, combustible, agua o materiales;
- productores agrícolas que dependen de rutas seguras para llevar cosechas a centros de consumo;
- brigadas voluntarias que transportan herramientas, insumos médicos o ayuda comunitaria;
- familias desplazadas que necesitan moverse entre campamentos, hospitales y zonas de búsqueda;
- pequeños comerciantes que no pueden absorber pagos ilegales ni retrasos prolongados;
- comunidades afectadas por el sismo que dependen del flujo regular de abastecimiento.
La extorsión, por tanto, no es solo un delito contra una persona. Es una cadena de daño social que golpea a quien menos capacidad tiene para defenderse.
Extorsión sobre las ruinas
La dimensión moral del problema se agrava por el contexto forense. Mientras miles de familias buscan información sobre seres queridos no localizados, parte de la fuerza pública permanece señalada por dedicar recursos a controles de amedrentamiento y cobro informal en el eje norte-costero.
El contraste es brutal. El país necesita rutas despejadas para equipos de búsqueda, camiones con agua, insumos hospitalarios, maquinaria, personal técnico y apoyo comunitario. Sin embargo, las denuncias describen tramos donde el uniforme no funciona como garantía de seguridad, sino como amenaza de retención, decomiso o pago indebido.
En una tragedia de esta escala, la autoridad debe estar al servicio de la vida. Cada alcabala ilegal que entorpece una ruta de auxilio erosiona la confianza pública y profundiza la sensación de abandono. Para las familias que todavía no tienen respuesta sobre sus desaparecidos, ese abuso no es administrativo: es una infamia.
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La paradoja de la co-gobernanza
La situación también expone una contradicción institucional. Venezuela opera bajo una transición con fuerte supervisión internacional en áreas financieras, energéticas y logísticas. Estados Unidos recibe cerca de la mitad del petróleo que produce el país, mientras actores estadounidenses coordinan créditos, ingeniería pesada y apoyo para la remoción de escombros.
Pero esa arquitectura de control externo choca con la anarquía interna de las carreteras. De poco sirve diseñar rutas de reconstrucción, créditos multilaterales o puentes logísticos si en el terreno los camiones quedan sometidos a feudos de extorsión. La reconstrucción no fracasa solo por falta de dinero; también puede fracasar por corrupción operativa en los puntos donde la ayuda debe circular.
La administración transitoria de Delcy Rodríguez enfrenta aquí una prueba directa de autoridad. Si tolera alcabalas ilegales para preservar lealtades o evitar choques con estructuras uniformadas, estará admitiendo que no controla plenamente el territorio. Y si no controla las carreteras, tampoco puede garantizar con seriedad la reconstrucción.
La fuerza pública frente a su prueba civil
Una fuerza pública democrática no existe para rendirse culto a sí misma ni para convertir el uniforme en licencia de abuso. Su función es proteger la vida, garantizar derechos y subordinarse a la ley. En Venezuela, las denuncias sobre alcabalas muestran una cultura institucional que todavía confunde autoridad con dominio y control con exacción.
El clamor popular de “¡Todos ustedes tienen que estar presos!” expresa una indignación acumulada frente a funcionarios que utilizan su posición para saquear, humillar o extorsionar. Pero esa indignación debe traducirse en mecanismos verificables: investigación, sanción, eliminación de puntos ilegales y supervisión civil de las rutas.
El problema no se resuelve con anuncios generales ni operativos de un día. Requiere desmontar incentivos, cadenas de mando, redes de protección interna y prácticas normalizadas que permiten que una alcabala funcione como negocio.
Qué debería hacerse de inmediato
El Estado necesita una respuesta pública, medible y auditable. Si la prioridad es reconstruir el país, las rutas de abastecimiento deben quedar protegidas de la extorsión uniformada.
- eliminar de inmediato puntos de control ilegales o no autorizados;
- publicar un mapa oficial de alcabalas permitidas, con autoridad responsable y función específica;
- identificar a funcionarios denunciados por cobros, decomisos o amenazas;
- abrir investigaciones administrativas y penales cuando corresponda;
- habilitar canales seguros para denuncias de transportistas, productores y brigadas;
- proteger cargamentos de ayuda humanitaria, insumos médicos y materiales de reconstrucción;
- crear supervisión civil independiente sobre rutas críticas hacia campamentos y zonas afectadas;
- publicar reportes semanales sobre denuncias recibidas, casos investigados y sanciones aplicadas.
Sin datos públicos y consecuencias reales, la extorsión seguirá funcionando como un impuesto ilegal sobre la población.
La ciudadanía vigilante también debe auditar las carreteras
La reconstrucción venezolana exige una ciudadanía que no se limite a observar. Así como se fiscaliza la entrega de viviendas, los fondos de reconstrucción o los censos de damnificados, también deben auditarse las carreteras. Las rutas son parte de la emergencia. Si se corrompen, se corrompe la respuesta nacional.
Comités ciudadanos autónomos, gremios de transportistas, productores, iglesias, universidades, defensores de derechos humanos y medios locales pueden ayudar a documentar patrones: ubicación de alcabalas, tipo de funcionario, exigencia formulada, carga afectada, hora, ruta y consecuencia. Esa información debe servir para exigir responsabilidades, no para exponer a denunciantes sin protección.
El control ciudadano no sustituye al Estado, pero puede impedir que la impunidad avance en silencio. En una transición real, el territorio debe dejar de ser administrado por miedo.
El vínculo con el TSJ y el CNE
La discusión nacional sobre renovación del TSJ y el CNE quedaría incompleta si no toca la conducta de la fuerza pública. Un nuevo Estado de derecho no puede limitarse a magistrados, rectores y cronogramas electorales. También debe demostrar que puede imponer supremacía civil sobre estructuras uniformadas corruptas.
Si las alcabalas ilegales continúan operando, cualquier reforma institucional corre el riesgo de parecer una simulación. La ley debe sentirse en la carretera, en el campamento, en el hospital, en el camión detenido y en la familia que lleva alimentos a un pariente damnificado. De lo contrario, la democracia seguirá siendo una promesa lejana mientras la vida cotidiana permanece secuestrada por pequeños poderes armados.
Preguntas frecuentes
¿Qué denuncian los ciudadanos sobre las alcabalas?
Denuncian cobros ilegales, decomisos arbitrarios, amenazas y retrasos a transportistas, productores agrícolas y brigadas que movilizan ayuda o insumos.
¿Por qué el problema es más grave durante la emergencia?
Porque las alcabalas pueden frenar alimentos, medicinas, herramientas y materiales necesarios para atender campamentos, hospitales y zonas afectadas por el sismo.
¿Qué debería hacer el Estado?
Eliminar puntos ilegales, investigar funcionarios, proteger rutas humanitarias y publicar información verificable sobre denuncias, sanciones y controles autorizados.
Levantar a Venezuela exige demoler las estructuras de extorsión uniformada. Una República adulta necesita una fuerza pública subordinada a la ley, dedicada a proteger la vida y no a saquear la supervivencia nacional. La reconstrucción no comienza solo con concreto; comienza cuando el ciudadano puede transitar sin miedo.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe seguir estas denuncias con rigor, porque la corrupción de carretera también mata: retrasa ayuda, encarece alimentos, bloquea medicinas y destruye confianza. Documentar el abuso es una forma de defender la vida pública.
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