Dejemos de hablar de leyes con el enemigo

RadioAmericaVe.com  / Opinión. / Matías Ricardo Escalona Cardinale.

 

Cuando la Constitución está secuestrada, invocar legalidad ante el poder se vuelve una trampa.

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En Venezuela ya no basta con preguntar qué dice la ley. La pregunta previa, más dura y más honesta, es otra: ¿qué valor tiene invocar la ley ante quienes la violan cuando les conviene, la interpretan cuando les sirve y la desconocen cuando les estorba? Seguir discutiendo con el poder como si estuviéramos dentro de una normalidad constitucional puede convertirse en una trampa. Una trampa elegante, jurídica, aparentemente civilizada, pero trampa al fin.

El país ha vivido dos terremotos: uno físico y otro político-social. El primero derrumbó estructuras que alguna vez tuvieron planos aprobados, permisos, firmas, sellos, inspecciones y papeles en regla. El segundo terminó de exhibir el colapso de una institucionalidad que también decía sostenerse sobre una Constitución. En ambos casos, el papel puede decir una cosa y la realidad otra. Y cuando la realidad está en escombros, aferrarse al papel como si nada hubiese ocurrido es una forma de locura.

Nadie en su sano juicio obligaría a una familia a dormir dentro de un edificio destruido solo porque, años atrás, alguien legalizó los planos y certificó la construcción. Si el edificio se cayó, se cayó; Si las columnas cedieron, cedieron. Si el techo ya no protege, el permiso de construcción no sirve para detener los escombros. Pues lo mismo ocurre con la Constitución cuando ha sido secuestrada por quienes deberían respetarla.

La legalidad como techo colapsado

La analogía del edificio no es un recurso literario cualquiera. Sirve para entender el absurdo venezolano. Durante años, el régimen ha usado la Constitución como fachada. La invoca cuando necesita legitimarse, la dobla cuando necesita perseguir, la ignora cuando le incomoda y la exhibe ante el mundo como si todavía fuera un techo firme bajo el cual todos pudiéramos vivir.

Pero un techo colapsado no protege porque alguien conserve los planos. Una Constitución secuestrada no garantiza derechos porque alguien la cite en televisión. Una legalidad manipulada no se convierte en Estado de derecho porque un tribunal obediente produzca sentencias con lenguaje solemne.

El problema venezolano no es la falta de textos jurídicos. Textos sobran. Artículos sobran. Leyes sobran. Providencias, decretos, reglamentos, salas, fiscales, contralores y expedientes sobran. Lo que falta es vigencia real; Lo que falta es límite al poder. Lo que falta es justicia independiente; Lo que falta es que la ley deje de ser un arma del fuerte contra el débil.

Cuando unas leyes se violan, todo el edificio queda en duda

Hay quienes insisten en discutir con el régimen artículo por artículo, inciso por inciso, procedimiento por procedimiento, como si el sistema todavía funcionara bajo reglas compartidas. Pero esa discusión parte de una premisa falsa: que todos aceptan el mismo marco y que todos se sienten obligados por él.

El poder venezolano no ha actuado así. Ha usado las reglas como un menú. Toma unas, desecha otras, inventa excepciones, suspende garantías de hecho, convierte tribunales en instrumentos políticos y luego exige que sus víctimas se comporten como si aún existiera un árbitro neutral.

Ese es el centro del problema. Si el régimen viola unas normas esenciales, no puede exigir obediencia reverencial a las demás cuando le conviene. Si desconoce la soberanía popular, si captura tribunales, si persigue disidencia, si fabrica expedientes, si limita libertades y si transforma la Constitución en un accesorio de propaganda, entonces no puede pedir que la sociedad se arrodille ante esa misma legalidad como si fuera sagrada.

La ley no es un amuleto. La Constitución no es una estampita. El Estado de derecho no es una frase para discursos. O funciona como límite al poder, o se convierte en decorado del abuso.

El falso debate con quienes no respetan reglas

Hablar de leyes con quien respeta la ley es civilización. Hablar de leyes con quien usa la ley para someter puede ser ingenuidad. Y hablar indefinidamente de legalidad con quienes han convertido la legalidad en trampa puede terminar siendo complicidad involuntaria.

Esto no significa renunciar a la idea de derecho. Al contrario. Significa defenderla de quienes la prostituyeron. No se trata de despreciar la Constitución como principio republicano; se trata de reconocer que el texto constitucional ha sido secuestrado y que, mientras siga en manos de quienes lo manipulan, no puede operar como garantía real para el ciudadano.

Hay una diferencia fundamental:

• Defender el Estado de derecho no es obedecer ciegamente al aparato que lo destruyó.
• Respetar la Constitución no es aceptar su uso fraudulento por parte de quienes la violan.
• Buscar una salida democrática no es caer en formalismos que paralizan a las víctimas.
• Hablar de legalidad no puede servir para proteger a los responsables del colapso institucional.
• La transición debe reconstruir la ley, no someterse al chantaje de su caricatura.

La supervivencia democrática

Cuando un Estado pierde la vigencia real de la ley, la sociedad entra en modo supervivencia. Pero supervivencia no significa violencia ciega ni destrucción irracional. Significa lucidez; Significa dejar de pedir permiso al techo caído para salir de los escombros. Significa entender que la defensa legítima del país pasa por quitarle al aparato autoritario su capacidad de seguir usando la ley como mordaza.

Hacer el mayor daño al enemigo, en términos democráticos, no debe entenderse como una invitación a la violencia física, sino como una tarea política, institucional, moral y ciudadana: quitarle legitimidad, quitarle impunidad, quitarle narrativa, quitarle control, quitarle oxígeno internacional, quitarle capacidad de chantaje y quitarle el monopolio del miedo.

Ese es el daño que una sociedad democrática debe hacerle a un sistema autoritario: desmontarlo hasta que no pueda seguir sometiendo al ciudadano. Exponer sus mentiras. Documentar sus abusos. Defender a sus víctimas. Recuperar instituciones. Organizar a la sociedad. Exigir elecciones reales. Vigilar la transición. Presionar sin descanso. Vivir para contarlo, sí, pero también para reconstruir.

La Constitución secuestrada

La Constitución venezolana fue convertida en una herramienta selectiva. Para el poder, existe cuando lo protege y desaparece cuando lo limita. Esa manipulación ha producido una cultura política enferma: los vivos someten a los pendejos, los que controlan el aparato exigen formalismos a quienes no tienen defensa, y los ciudadanos quedan atrapados entre el miedo y la trampa legal.

Por eso la transición, si pretende ser verdadera, no puede limitarse a cambiar nombres. Debe rescatar la Constitución de sus secuestradores. Debe reconstruir tribunales, desmontar leyes represivas, liberar presos políticos, revisar expedientes, garantizar prensa libre, devolver autonomía a las instituciones y reconocer que no habrá normalidad mientras el poder siga decidiendo qué parte de la ley aplica y qué parte entierra.

Una Constitución no vive en el papel. Vive cuando protege; Vive cuando limita. Vive cuando el ciudadano puede invocarla sin miedo y el poder debe obedecerla aunque no quiera.

Reconstruir antes de habitar

Volvamos al edificio. Si el inmueble está destruido, lo responsable no es ordenar a la gente que regrese porque los permisos siguen archivados. Lo responsable es desalojar, evaluar, demoler lo que deba demolerse y reconstruir sobre bases seguras. En política ocurre igual. No se puede pedir a los venezolanos que vivan bajo una institucionalidad colapsada solo porque alguna vez tuvo forma republicana.

Primero hay que reconocer el daño. Luego apuntalar lo rescatable. Después sustituir las columnas podridas. Y solo entonces hablar de normalidad.

Como suele decir Víctor Escalona, “ningún pueblo debe obediencia al techo que ya se le cayó encima”. La frase resume esta hora venezolana. No se trata de abandonar la ley. Se trata de dejar de obedecer la ficción legal fabricada por quienes demolieron la República.

En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe insistir en esa diferencia. Sin Estado de derecho, el lenguaje legal puede convertirse en anestesia; Sin justicia real, la Constitución puede ser usada como cadena. Sin verdad, cualquier negociación corre el riesgo de levantar paredes nuevas sobre cimientos podridos.

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Dejemos de hablar de leyes con el enemigo como si el enemigo respetara la ley. Hablemos, más bien, de cómo reconstruir la casa común después del derrumbe; de cómo rescatar la Constitución de manos de quienes la convirtieron en instrumento de sometimiento; de cómo sobrevivir políticamente sin renunciar a la democracia. Venezuela no necesita volver al edificio colapsado porque alguien conserve los permisos. Necesita levantar una República donde la ley vuelva a proteger al ciudadano y no al abusador.

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