RadioAmericaVe.com / Editorial.
Reconstruir Venezuela exige viviendas seguras, censos auditables, empleo local y reglas que conviertan el techo en derecho, no dádiva.
Vivienda segura en Venezuela, reconstrucción habitacional, hábitat digno, viviendas sismorresistentes
Una vivienda que puede matar no es vivienda digna. Un techo levantado sobre suelo inseguro, una estructura construida con materiales deficientes o una adjudicación entregada como premio político no constituyen política social: son una forma de administrar la vulnerabilidad. Venezuela tiene delante una reconstrucción de dimensiones históricas y debe decidir si volverá a tratar la vivienda como dádiva o si, finalmente, la asumirá como lo que siempre debió ser: un derecho civil inseparable de la seguridad, la planificación y la libertad del ciudadano.
Las cifras de la catástrofe hacen imposible cualquier indulgencia. El balance consolidado mantiene 6.128 víctimas fatales y 16.740 personas lesionadas. Se registran 6.462 rescatados, 17.907 damnificados y 18.437 personas aún albergadas bajo condiciones de contingencia en 94 campamentos transitorios. La destrucción alcanza 16.309 viviendas y más de 900 edificios, mientras la ingeniería civil proyecta la necesidad urgente de construir 25.000 nuevas soluciones habitacionales. A ello se suma un acumulado de 1.203 réplicas desde el desastre original.
Ese escenario obliga a romper con una cultura que durante años confundió vivienda con propaganda. La entrega de una llave no puede sustituir un estudio de suelo. Una fotografía oficial no certifica la calidad de una estructura. Y ninguna urgencia electoral puede justificar que una familia sea instalada en un edificio cuya seguridad no resista la prueba del tiempo.
La tesis de este editorial es tajante: la vivienda debe salir definitivamente del terreno de la dádiva y entrar en el de los derechos verificables. Eso significa códigos urbanísticos inflexibles, inspecciones independientes, financiamiento transparente, censos auditables y ciudadanos capaces de exigir que cada nueva solución habitacional sea segura, habitable y sostenible.
El techo no puede ser instrumento de obediencia
Cuando el acceso a una vivienda depende de la proximidad política, la recomendación de un funcionario o la pertenencia a una lista que nadie puede auditar, el Estado deja de reconocer un derecho y comienza a administrar favores.
Esa deformación es especialmente peligrosa después de una catástrofe. Quien ha perdido su hogar se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Si para salir de un refugio necesita agradar a quien controla la adjudicación, la vivienda deja de liberar y comienza a disciplinar.
Una República adulta no domestica la pobreza mediante techos precarios. Construye ciudadanía mediante reglas. El damnificado debe saber qué criterio determina su prioridad, qué nivel de daño fue certificado, qué solución le corresponde y en qué plazo podrá acceder a ella.
La adjudicación habitacional debe basarse en criterios públicos
- nivel de destrucción de la vivienda de origen,
- condición socioeconómica y vulnerabilidad familiar,
- presencia de niños, adultos mayores o personas con discapacidad,
- riesgo territorial certificado por equipos técnicos,
- orden de prioridad verificable y posibilidad de reclamación.
La dignidad empieza cuando una familia deja de depender de la voluntad de alguien para ejercer un derecho.
La tragedia expuso el precio de construir mal
La destrucción de miles de viviendas no puede reducirse a una estadística causada exclusivamente por la fuerza de la naturaleza. La catástrofe también obliga a examinar décadas de permisividad urbanística, inspecciones débiles, materiales cuestionables y decisiones tomadas sin suficiente rigor técnico.
Reconstruir sobre los mismos hábitos sería imperdonable.
Las nuevas viviendas deben diseñarse sobre estudios geológicos, normas sismorresistentes actualizadas, acceso a servicios, movilidad, drenajes, espacios públicos y equipamientos educativos y sanitarios. El objetivo no es levantar la mayor cantidad de unidades en el menor tiempo posible, sino construir comunidades capaces de permanecer seguras durante décadas.
La velocidad importa, porque miles de personas continúan viviendo bajo estructuras transitorias. Pero rapidez no puede significar improvisación. Una obra apresurada y defectuosa puede convertirse en el próximo desastre.
La reconstrucción habitacional necesita reglas no negociables
- estudios de suelo antes de autorizar urbanizaciones,
- códigos sismorresistentes de obligatorio cumplimiento,
- materiales certificados y trazables,
- supervisión técnica independiente durante la ejecución,
- publicación de contratistas, presupuestos y cronogramas,
- certificación final antes de la entrega a las familias.
La seguridad no es un lujo adicional de la vivienda digna. Es su primera condición.
Del refugio al hogar, no del refugio a otra dependencia
Los campamentos han cumplido una función indispensable: ofrecer protección inmediata. Pero su existencia no puede transformarse en modelo habitacional para los próximos años.
Las 18.437 personas que permanecen bajo contingencia necesitan una ruta concreta hacia una vivienda permanente. Mantenerlas indefinidamente bajo raciones, subsidios y decisiones burocráticas sería institucionalizar la emergencia.
Los subsidios de alquiler y la asistencia alimentaria son necesarios mientras no exista alternativa. Sin embargo, deben integrarse en una estrategia de salida. Cada familia debería conocer qué condición permitirá abandonar el esquema temporal y qué apoyo recibirá para recuperar independencia económica.
La vivienda y el empleo deben avanzar juntos. De poco sirve trasladar a una familia a una urbanización nueva si alrededor no existen oportunidades de trabajo, transporte, escuelas o atención médica. Una casa aislada puede resolver una necesidad física y crear al mismo tiempo una nueva forma de exclusión.
El dinero de la reconstrucción no es un cheque en blanco
La escala de la emergencia exige recursos extraordinarios. El financiamiento internacional y la cooperación técnica son necesarios porque la capacidad nacional ha sido severamente comprometida.
Pero ninguna urgencia justifica la opacidad.
Cada recurso destinado a vivienda debe poder seguirse desde su origen hasta la obra terminada. El ciudadano tiene derecho a conocer cuánto cuesta cada proyecto, quién lo ejecuta, qué empresa suministra materiales y qué autoridad certifica los resultados.
El esquema de cooperación internacional que acompaña la recuperación aumenta la necesidad de rendición de cuentas. La participación de actores externos no debe convertirse en excusa para diluir responsabilidades entre instituciones nacionales, organismos multilaterales y contratistas.
Quien administra fondos públicos o internacionales destinados a reconstruir hogares debe responder por ellos.
La transparencia debe incluir
- monto y origen de los recursos asignados,
- condiciones financieras de créditos y ayudas,
- empresa adjudicataria y propietarios beneficiarios finales,
- número de viviendas comprometidas y efectivamente entregadas,
- costos por unidad y variaciones presupuestarias,
- auditorías técnicas, fiscales y ciudadanas.
La ayuda internacional debe levantar viviendas, fortalecer empresas responsables y formar trabajadores venezolanos. No debe reconstruir las mismas redes de clientelismo que debilitaron al Estado.
El periodismo independiente también defiende el derecho a una vivienda digna cuando sigue los censos, los contratos y las obras. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que preguntar quién recibe, quién construye, cuánto cuesta y quién responde ayuda a impedir que la reconstrucción se transforme en otro negocio de pocos a costa de la vulnerabilidad de muchos.
Construir viviendas también debe construir empleo
Una recuperación de esta magnitud tiene que convertirse en una oportunidad de reinserción productiva. Venezuela necesitará ingenieros, arquitectos, topógrafos, electricistas, soldadores, albañiles, operadores de maquinaria, transportistas, técnicos y trabajadores de múltiples áreas.
Es absurdo mantener a ciudadanos capaces de trabajar bajo subsidio permanente mientras enormes proyectos se ejecutan a pocos metros de los campamentos.
La reconstrucción puede crear una economía de transición basada en empleo formal, capacitación y transferencia tecnológica. Los damnificados con experiencia laboral deben tener mecanismos transparentes para incorporarse a los proyectos. Quienes necesiten capacitación pueden recibir formación certificada vinculada con necesidades reales de las obras.
El dinero extraordinario debe dejar algo más que concreto: debe dejar capacidad productiva.
Una vivienda digna permite recuperar estabilidad familiar. Un empleo digno permite conservarla.
La verdad del censo decide quién tendrá hogar
No existe adjudicación justa sin información confiable. El censo es la columna vertebral de cualquier política habitacional de emergencia.
Una familia omitida puede quedar fuera de la ayuda. Un registro duplicado puede desplazar a otra. Una lista manipulada puede transformar un derecho en instrumento de clientelismo.
Por eso el sistema debe ser digital, auditable y sujeto a mecanismos de reclamación. Los datos personales necesitan protección, pero las cifras agregadas, los criterios de prioridad y el avance de las adjudicaciones deben permanecer abiertos al escrutinio público.
La ciudadanía vigilante tiene aquí una función fundamental. Las comunidades deben poder comprobar cuántas viviendas se construyen, cuántas familias esperan y qué criterios explican cada asignación.
El techo deja de ser dádiva cuando la regla sustituye al favor.
La reconstrucción institucional también necesita cimientos
Mientras Venezuela intenta levantar viviendas, continúa otro proceso de reconstrucción: el institucional. Las conversaciones orientadas a renovar el CNE y el TSJ colocan al país ante una pregunta similar a la habitacional: ¿se seleccionará por mérito o se repartirá por influencia?
Una República no puede exigir transparencia para adjudicar un apartamento y aceptar opacidad para designar autoridades electorales o magistrados.
El mismo principio debe gobernar ambos procesos: reglas públicas, competencia, independencia y rendición de cuentas.
La sociedad civil necesita vigilar las negociaciones y exigir que no terminen convertidas en una distribución de cuotas. La credibilidad política depende también de la capacidad de responder a reclamos sobre derechos, justicia e impunidad.
Las instituciones, como los edificios, se derrumban cuando sus cimientos son deficientes.
El país que se construye dentro de cada vivienda
La vivienda tiene una dimensión que supera sus paredes. Allí se forma una familia, se estudia, se descansa y se construye un proyecto de vida. Por eso utilizarla como instrumento electoral degrada algo mucho más profundo que una política pública.
Vivienda, dignidad y riesgo resume la decisión que Venezuela debe tomar. Puede reconstruir aceleradamente para mejorar cifras, repartir llaves y producir fotografías. O puede aceptar el desafío más difícil: levantar comunidades seguras, transparentes y capaces de devolver autonomía.
El refugio debe terminar en hogar. El subsidio debe acompañar una reinserción. El financiamiento debe producir obras verificables. El censo debe proteger derechos. Y la política debe abandonar definitivamente la tentación de utilizar la necesidad como herramienta de obediencia.
No se trata simplemente de construir 25.000 viviendas. Se trata de decidir qué clase de país existirá dentro de ellas.
Una sociedad que entrega casas inseguras vuelve a fabricar víctimas. Una que construye con ciencia, transparencia y participación transforma la reconstrucción en ciudadanía.
El tiempo corre sobre un suelo todavía inestable. Venezuela no puede controlar cuándo volverá a temblar la tierra, pero sí puede decidir qué tan preparados estarán sus edificios, sus instituciones y sus ciudadanos cuando ocurra.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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