RadioAmericaVe.com / Editorial.
Los refugios deben ser temporales. Venezuela necesita vivienda, empleo, transparencia y ciudadanía para salir de la emergencia.
Campamentos transitorios en Venezuela, reconstrucción habitacional, fin de la dependencia humanitaria, reinserción de damnificados.
El país provisional no puede volverse definitivo. Una carpa puede salvar una vida la noche de una catástrofe; se convierte en fracaso cuando meses después continúa sustituyendo un hogar. Un subsidio puede evitar que una familia quede en la calle; se vuelve peligroso cuando reemplaza indefinidamente al empleo. Una operación humanitaria puede sostener al Estado durante el colapso; termina debilitándolo si nadie construye la capacidad necesaria para prescindir de ella. Venezuela enfrenta ahora ese límite moral: impedir que la emergencia deje de ser una etapa y se transforme en modelo de país.
La magnitud del desastre no admite simplificaciones. El balance consolidado mantiene 6.128 víctimas fatales, 16.740 lesionados, 6.462 personas rescatadas y 17.907 damnificados. Otras 18.437 permanecen albergadas bajo contingencia, mientras el país intenta responder a la destrucción de 16.309 viviendas y más de 900 edificios. Funvisis ha acumulado 1.203 réplicas desde el doble sismo original. En ese escenario, proyectar 25.000 nuevas viviendas no es una promesa urbanística: es una obligación nacional.
Pero el mayor riesgo ya no consiste únicamente en la tierra que continúa recordando su inestabilidad. Está en la posibilidad de que la sociedad se acostumbre. Que las tiendas de campaña pasen a formar parte del paisaje; Que las raciones sustituyan el salario; Que las colas administrativas sustituyan la ciudadanía. Que la provisionalidad se convierta, poco a poco, en una nueva normalidad aceptada.
La tesis de este editorial es inflexible: todo mecanismo extraordinario de la emergencia debe tener una ruta explícita hacia su desaparición. Cada campamento debe poseer un cronograma de cierre; Cada subsidio, una estrategia de salida; Cada familia, una solución habitacional identificable. Cada recurso exterior, una finalidad que aumente la capacidad nacional en lugar de prolongar la dependencia.
Lo transitorio necesita fecha de vencimiento
Un refugio existe porque ocurrió algo que hizo imposible permanecer en el hogar. Su función es proteger durante el tiempo estrictamente necesario para recuperar condiciones de seguridad. Por definición, no puede convertirse en vivienda permanente.
Sin embargo, la historia latinoamericana está llena de emergencias temporales que se convirtieron en asentamientos definitivos. Lo que empezó como una hilera de carpas terminó transformándose en barrios sin servicios, propiedad incierta, economía informal y generaciones nacidas dentro de una precariedad que nadie se atrevió a desmontar.
Venezuela no puede repetir esa historia. Los 94 campamentos transitorios necesitan un plan individual de reducción y cierre. No basta con informar cuántas personas están alojadas. Hay que saber cuántas han salido, hacia dónde, mediante qué solución y cuántas continúan esperando.
Cada campamento debería publicar
- número real y actualizado de familias alojadas,
- situación habitacional previa de cada núcleo familiar,
- solución temporal y definitiva asignada,
- cronograma estimado de reubicación,
- recursos recibidos y utilizados,
- fecha prevista para su reducción y cierre.
Una estructura provisional sin calendario termina protegiendo a la burocracia, no al damnificado.
La vivienda no puede reconstruirse con la lógica de ayer
La urgencia por sacar familias de los refugios no justifica levantar rápido y mal. Las 25.000 viviendas proyectadas deben responder a una planificación urbana distinta: seguridad del suelo, códigos sismorresistentes exigentes, movilidad, agua, electricidad, escuelas, atención sanitaria y posibilidad real de empleo.
Reconstruir no significa copiar las ciudades que existían antes del desastre. Significa corregir aquello que las hizo vulnerables. La vivienda entregada como solución política, aislada de servicios y oportunidades, puede resolver una estadística mientras crea un nuevo problema social.
La ciudadanía debe conocer dónde se construirá, por qué se escogió ese terreno, qué empresa ejecutará la obra, qué norma técnica se aplicará y quién certificará la calidad. No hay razón legítima para que esa información permanezca encerrada en despachos.
La catástrofe otorgó al país una oportunidad dolorosa: reconstruir mejor. Desperdiciarla por prisa, corrupción o reparto sería transformar el sacrificio de miles de venezolanos en una lección ignorada.
La asistencia es un puente, no una forma de gobierno
Las raciones alimentarias y los subsidios de alquiler han permitido sostener a familias que perdieron casi todo. Son necesarios. Retirarlos sin alternativas sería irresponsable. Pero mantenerlos indefinidamente también lo sería.
Una población que depende durante años de la distribución de alimentos, del listado del funcionario o de la aprobación mensual de una ayuda corre el riesgo de perder autonomía económica y capacidad de reclamar. Allí aparece el clientelismo: cuando el derecho deja de depender de reglas y empieza a depender de quien controla la lista.
La salida responsable no es abandonar a las familias, sino cambiar progresivamente la naturaleza de la ayuda. El subsidio debe acompañar la transición hacia el empleo. La alimentación de emergencia debe disminuir conforme aumenta la autonomía familiar. El refugio debe desaparecer conforme se entrega vivienda segura.
La política social debe conducir hacia
- empleo formal y capacitación vinculados con la reconstrucción,
- subsidios temporales con criterios y plazos conocidos,
- vivienda permanente y servicios básicos garantizados,
- acompañamiento para familias especialmente vulnerables,
- autonomía económica y salida verificable de la asistencia.
La ayuda dignifica cuando permite volver a caminar sin ella.
Los venezolanos tienen que participar en la reconstrucción
El país no puede mantener a miles de ciudadanos esperando dentro de campamentos mientras enormes proyectos de infraestructura avanzan alrededor de ellos. La reconstrucción debe convertirse también en una política laboral.
Ingenieros, técnicos, albañiles, soldadores, electricistas, operadores, transportistas, enfermeros y trabajadores de múltiples oficios pueden integrarse formalmente a la recuperación. Quienes necesiten nuevas competencias deben recibir capacitación vinculada a empleos reales.
El capital extraordinario que llega para reconstruir debe dejar algo más que concreto. Debe dejar profesionales formados, empresas locales fortalecidas, trabajadores certificados y comunidades con capacidad productiva.
Si después de gastar sumas extraordinarias las viviendas están levantadas pero miles de venezolanos siguen dependiendo de subsidios, la reconstrucción habrá quedado incompleta.
El periodismo independiente también tiene que vigilar cuándo lo temporal amenaza con convertirse en permanente. Vierne5 cree que seguir los censos, los contratos, los campamentos y los cronogramas ayuda a impedir que la emergencia termine creando nuevas estructuras de dependencia y opacidad.
La verdad del censo es la puerta de salida
No puede cerrarse un campamento correctamente si nadie sabe con precisión quién vive allí. Tampoco puede adjudicarse vivienda con justicia mediante listas opacas.
El censo público y digitalizado debe funcionar como el mapa de salida de la emergencia. Cada familia necesita un expediente verificable que permita conocer su nivel de afectación, asistencia recibida y solución prevista.
Inflar las listas facilita desvíos. Reducirlas deja ciudadanos invisibles. Manipularlas permite convertir la vivienda en recompensa política. La única defensa es un sistema auditable que permita a la sociedad civil comprobar cifras generales, procedimientos y criterios de prioridad sin vulnerar los datos personales.
La ciudadanía vigilante debe asumir esa tarea. No para reemplazar a la administración, sino para impedir que nadie pueda apropiarse de ella.
El país provisional también amenaza a la política
La provisionalidad no existe únicamente bajo las carpas. También puede instalarse en las instituciones.
Mientras avanza el proceso orientado a renovar el CNE y el TSJ de cara a diciembre de 2026, Venezuela corre el riesgo de habituarse a otra forma de temporalidad: autoridades transitorias, acuerdos transitorios, poderes transitorios y decisiones importantes postergadas para un futuro que siempre parece estar algunos meses más adelante.
La emergencia material no puede convertirse en excusa para institucionalizar el limbo. Tampoco debe ignorarse como si la normalidad ya hubiese regresado.
La ciudadanía debe exigir que la reconstrucción material y la reinstitucionalización avancen simultáneamente. Viviendas y justicia. Hospitales e instituciones electorales. Trabajo y libertades. Seguridad del suelo y seguridad jurídica.
La negociación política tendrá credibilidad únicamente si no termina siendo otro reparto de posiciones entre dirigentes mientras los ciudadanos esperan bajo lonas. Quien aspire a reconstruir instituciones debe estar dispuesto a someterlas a los mismos principios exigidos para una obra: transparencia, mérito, responsabilidad y resultados.
Ningún país puede vivir indefinidamente bajo tutela
La cooperación internacional continúa siendo decisiva. Pero la lógica debe ser la misma que rige los refugios: lo extraordinario debe ayudar a recuperar normalidad, no reemplazarla.
Los recursos financieros, la ingeniería especializada y la asistencia externa tienen sentido cuando aumentan las capacidades nacionales. Si Venezuela termina dependiendo permanentemente de decisiones tomadas fuera del país para ejecutar obras, financiar servicios o determinar sus tiempos políticos, la reconstrucción habrá producido infraestructura sin reconstruir soberanía.
Una nación adulta acepta ayuda cuando la necesita y trabaja para dejar de necesitarla.
Eso obliga al Estado venezolano a asumir responsabilidades concretas: definir planes, administrar con transparencia, capacitar funcionarios, formar profesionales, reactivar empresas y responder ante los ciudadanos.
Salir de la emergencia también es una decisión política
Existe una comodidad peligrosa en la provisionalidad. Permite posponer. Mientras todo sea temporal, siempre existe una razón para no resolver definitivamente: falta un estudio, falta un crédito, falta una negociación, falta una institución, falta una nueva fecha.
Pero el tiempo de las familias no funciona como el de los despachos. Un niño pasa meses de su vida en un refugio. Un trabajador pierde experiencia y estabilidad. Una familia posterga proyectos. Una comunidad se acostumbra lentamente a condiciones que jamás debió considerar normales.
El país provisional no puede volverse definitivo porque aceptar eso significaría admitir que Venezuela ya no intenta superar la catástrofe, sino aprender a vivir dentro de ella.
El refugio debe terminar en vivienda. El subsidio, en autonomía. La asistencia, en capacidad nacional. La negociación, en instituciones confiables. Y la reconstrucción, en un país que funcione mejor que el que se derrumbó.
No debemos confundir resistencia con resignación. Haber aprendido a sobrevivir entre escombros no significa que debamos aceptar vivir allí.
La responsabilidad de esta generación consiste precisamente en negar esa normalización. Auditar cada recurso, exigir cada plazo, trabajar en la reconstrucción y recordar a quienes gobiernan que ninguna carpa fue instalada para durar para siempre.
El tiempo corre sobre un suelo todavía inestable. Pero la peor inestabilidad sería acostumbrarnos a que nada tenga solución definitiva.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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