Venezuela: presos políticos y silencio incómodo

RadioAmericaVe.com  / La Voz del Lector.

 

Lectores defienden exigir presos políticos libres y cuestionan una mesa sin legitimidad suficiente

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Nos escriben lectores con una indignación que no se puede maquillar: Venezuela no puede hablar seriamente de transición democrática mientras los presos políticos y sus familias siguen atrapados en un juego de sufrimiento administrado por el poder. La polémica abierta por las declaraciones de Henry Alviárez toca una fibra profunda: ¿cuándo será prudente exigir la libertad de todos los presos políticos? ¿Después de otra tragedia? ¿Después de otro nombre perdido? ¿Después de que el país vuelva a descubrir que el silencio no protegió a nadie?

La voz ciudadana que llega a esta redacción parte de una frase sencilla: al pan, pan, y al vino, vino. Para muchos venezolanos, Alviárez hizo lo que debía hacer un dirigente político: hablar claro. Señaló la situación de los presos, cuestionó las debilidades de la mesa, reconoció el liderazgo de María Corina Machado y puso sobre la mesa verdades incómodas. Y las verdades incómodas, precisamente por serlo, suelen molestar a quienes prefieren negociar en silencio absoluto o administrar la esperanza por cuotas.

El reclamo no niega que existan conversaciones delicadas ni que algunos actores deban cuidar palabras, tiempos y estrategias. Pero una cosa es la prudencia política y otra muy distinta es exigir autocensura a toda la sociedad democrática. Venezuela ya ha vivido demasiada censura. Pedirle a partidos, medios, ONG, iglesias, gremios, sindicatos y ciudadanos que callen para no incomodar al poder sería repetir, desde otra acera, la lógica que tanto daño ha hecho.

¿Cuándo será prudente pedir libertad?

La pregunta de los lectores es directa: si reclamar la liberación de presos políticos es imprudente, entonces ¿cuándo será prudente hacerlo? La libertad de personas detenidas por razones políticas no puede ser un punto de agenda para después, ni una moneda de intercambio, ni una concesión administrada como sistema de cuotas. Cada día de encierro injusto es una herida más para la víctima, para su familia y para el país entero.

La ciudadanía percibe que el poder ha convertido las excarcelaciones parciales en herramienta de presión emocional. Se libera a unos, se mantiene a otros, se crean expectativas, se prolonga el sufrimiento y se usa el dolor como parte de una negociación. Esa práctica, si se confirma en los hechos, no es política: es crueldad institucional.

El país necesita una posición clara y verificable:

• Libertad plena para todos los presos políticos.
• Fin de las excarcelaciones selectivas usadas como mecanismo de control.
• Garantías reales para los liberados y sus familias.
• Registro transparente de personas detenidas por razones políticas.
• Responsabilidad institucional por los abusos cometidos.

Sin ese punto de partida, cualquier mesa nace moralmente debilitada. No se puede pedir confianza mientras hay familias esperando noticias, abogados enfrentando obstáculos y ciudadanos pagando con su libertad el costo de pensar distinto.

La política debe volver a hacer política

Otro aspecto central del mensaje ciudadano es la defensa del derecho a hablar. Los lectores recuerdan que una democracia no se construye con dirigentes mudos ni con una sociedad paralizada por miedo a irritar a terceros. Si en Venezuela se reclama que la gente pueda opinar, debatir, salir a la calle y ejercer ciudadanía sin intimidación, entonces no tiene sentido pedir silencio a quienes denuncian debilidades de la mesa o exigen resultados.

Los negociadores podrán tener restricciones. Pero precisamente por eso el resto del país debe hacer su parte. La sociedad civil debe presionar. Los medios deben preguntar. Los partidos deben fijar posición. Las iglesias, gremios y sindicatos deben acompañar a las víctimas. Las ONG deben documentar. La diáspora debe amplificar. La ciudadanía debe mantenerse activa.

El objetivo común no debe perderse: cambio democrático, libertad de Venezuela, reinstitucionalización y respeto a la soberanía popular. Pero remar hacia el mismo objetivo no significa callar ante errores, omisiones o maniobras. Una unidad democrática madura no se basa en obediencia ciega, sino en propósito común, debate responsable y presión organizada.

La gerencia de la mentira

Los lectores también introducen una idea poderosa: la “gerencia de la mentira”. La describen como el uso sistemático de la desinformación para moldear percepciones, neutralizar críticas y mantener estructuras de poder. No se trata de una mentira ocasional, sino de una metodología donde la verdad deja de ser un valor y se convierte en material manipulable.

Esa práctica tiene efectos profundos. Cuando la mentira se vuelve norma, el ciudadano deja de creer en el gobierno, pero también en las instituciones. La justicia, la policía, la salud pública, los organismos electorales y los mensajes oficiales quedan contaminados por la desconfianza. El país entra en una especie de anomia: nadie sabe qué creer, qué dato es real, qué promesa tiene valor o qué anuncio corresponde a los hechos.

La mentira repetida también divide. Unos creen porque necesitan creer; otros denuncian porque ya no pueden aceptar el engaño. En medio queda una sociedad rota, incapaz de construir acuerdos mínimos porque la realidad misma ha sido convertida en campo de batalla.

Cuando un gobierno dedica más energía a narrar problemas que a resolverlos, la gestión pública se vacía. El éxito deja de medirse por servicios, salarios, salud, justicia o seguridad, y pasa a medirse por control del relato. Pero las crisis reales, como las tragedias naturales, los apagones o el colapso social, tarde o temprano rompen la propaganda. La realidad siempre termina pasando factura.

Una mesa con carencias de representación

El mensaje recibido también cuestiona la representatividad de la mesa. Para muchos lectores, Dinorah Figuera y su equipo cargan una debilidad estructural: provienen de una Asamblea Nacional de 2015 cuyo ciclo político está agotado y no reflejan por sí solos la mayoría democrática actual del país. Esa crítica no busca desconocer trayectorias personales, sino plantear un problema de legitimidad.

Venezuela necesita un gobierno electo, autoridades legítimas y una Asamblea Nacional renovada para comprometer al país en decisiones de largo alcance. La recuperación económica, la llegada de inversionistas, los acuerdos institucionales y la reconstrucción del Estado de derecho requieren una base política sólida. Sin legitimidad, todo acuerdo queda expuesto a cuestionamientos.

La ciudadanía entiende que Estados Unidos puede tener un papel importante en el proceso. Pero también advierte que ninguna tutela externa puede sustituir la voluntad venezolana. Los aliados pueden facilitar, presionar y acompañar. No pueden decidir por el país ni imponer representaciones débiles como si fueran suficientes para comprometer el futuro nacional.

María Corina y el peso del liderazgo real

En los mensajes aparece nuevamente María Corina Machado como referencia de legitimidad democrática. Los lectores la describen como la líder genuina del campo democrático y advierten que cualquier proceso que intente reducir su papel terminará desconectado de una parte sustancial del país.

Esto no significa que una sola persona pueda resolver la transición. Significa que la representación política debe reconocer dónde está el respaldo ciudadano. Una negociación que ignore ese dato corre el riesgo de funcionar bajo intereses distintos a los del pueblo venezolano.

También hay advertencias sobre la necesidad de hablar con fuerza, confrontar cuando sea necesario y no permitir que la dinámica de la mesa termine convertida en una estructura de tres patas, débil, opaca y manipulable. La política democrática exige prudencia, pero también carácter.

Periodismo, censura y voces incómodas

Los lectores también expresan preocupación por obstáculos contra medios independientes y por intentos de silenciar voces críticas incluso fuera del territorio venezolano. La referencia a bloqueos o restricciones contra medios como El Nacional refleja un temor más amplio: que la censura cambie de forma, pero no desaparezca.

Una transición verdadera debe garantizar prensa libre. Sin periodismo independiente, el país queda a merced de versiones oficiales, operadores políticos y campañas de desinformación. El silencio beneficia al poder que abusa. La pregunta incómoda protege al ciudadano.

Por eso en Vierne5 creemos que sostener estos espacios es una forma de resistencia democrática. No para promover odio ni venganza, sino para que el dolor, la duda y la exigencia ciudadana no sean expulsados del debate público.

Sin verdad no habrá confianza

La negociación venezolana será juzgada por hechos. Si las excarcelaciones son selectivas, si la mesa no representa al país real, si la mentira sigue administrando la narrativa y si los intereses externos pesan más que la libertad de los ciudadanos, la confianza seguirá cayendo. Si, por el contrario, aparecen presos libres, instituciones renovadas, cronograma electoral, garantías reales y reconocimiento del liderazgo democrático, el país podrá empezar a mirar el proceso de otra manera.

También hace falta una autocrítica nacional. Venezuela pagó caro los atajos, la ruptura del hilo constitucional y la confianza en soluciones que prometían salvar la patria sin fortalecer instituciones. Aprender de esa historia significa no repetir el error de entregar cheques en blanco, ni al poder interno ni a actores externos.

Los lectores lo dicen con crudeza: han pasado meses y el país sigue esperando. El pueblo está cansado de relatos, cuotas, silencios y gestos calculados. Quiere libertad completa para los presos políticos, quiere verdad, quiere representación legítima y quiere una transición que no sea otra puesta en escena.

Comparte esta reflexión o envíanos tu testimonio si también crees que Venezuela necesita una negociación con verdad, presos políticos libres, liderazgo legítimo y fin de la gerencia de la mentira. 

¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta. 

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