RadioAmericaVe.com / Política
Escrito por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Fecha de elecciones en Venezuela: la incertidumbre erosiona la confianza y obliga a la ciudadanía a vigilar la transición.
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La incertidumbre sobre cuándo se celebrarán las próximas elecciones en Venezuela se ha convertido en una fuente de desgaste psicológico, político e institucional. Sin embargo, aunque el país sigue sin una fecha definitiva, la situación es cualitativamente distinta a la que existía antes del 3 de enero, cuando la permanencia de Nicolás Maduro en el poder parecía una certidumbre pesada, cerrada y sin margen de competencia. Ahora existe un juego político. Es limitado, riesgoso y condicionado, pero hay movimiento, negociación y posibilidades que antes parecían bloqueadas.
Eso no significa que el presente sea cómodo ni que la ciudadanía deba conformarse. Por el contrario, la falta de un calendario claro puede erosionar la confianza, desmovilizar a la sociedad y favorecer a quienes prefieren una transición lenta, administrada desde arriba y sin suficiente control público. La incertidumbre puede ser mejor que la certeza autoritaria, pero no debe convertirse en una condición permanente.
Una espera que agota a la sociedad
Las sociedades necesitan horizontes. Una fecha electoral no es solo un dato técnico colocado en un cronograma. Es una referencia que ordena expectativas, activa organizaciones, define estrategias y permite que la ciudadanía convierta el malestar en participación. Cuando esa fecha no existe, la vida política queda atrapada en un limbo difícil de administrar.
La ausencia de un calendario definitivo desgasta a los partidos, a los movimientos civiles y a los ciudadanos que esperan una salida institucional. También favorece la apatía. Cada semana sin definiciones alimenta la impresión de que las decisiones se toman lejos de la gente, dentro de negociaciones cuyos ritmos y condiciones no siempre se conocen.
Ese desgaste no es únicamente emocional. Tiene consecuencias prácticas:
- debilita la capacidad de movilización de los sectores democráticos;
- dificulta la organización territorial de los partidos y movimientos ciudadanos;
- reduce la presión pública sobre quienes negocian la transición;
- alimenta rumores, especulaciones y campañas de desinformación;
- profundiza la sensación de que el ciudadano continúa siendo espectador.
Por eso la incertidumbre no puede analizarse como una simple demora administrativa. También puede funcionar como un mecanismo de desgaste político. Una sociedad cansada exige menos, participa menos y termina aceptando como inevitable aquello que inicialmente consideraba inaceptable.
Una dinámica distinta a la que existía antes del 3 de enero
A pesar de las dificultades, sería un error afirmar que nada ha cambiado. Antes del 3 de enero, el panorama estaba dominado por la certeza de un poder cerrado, respaldado por estructuras institucionales controladas y sin una ruta visible hacia elecciones competitivas. Hoy existen negociaciones, actores internacionales involucrados y una discusión pública sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.
Las condiciones siguen siendo duras. No existe un juego irrestricto ni completamente seguro. Persisten riesgos de manipulación, retraso y acuerdos entre élites. Sin embargo, hay una dinámica distinta. La tarea ciudadana consiste en impedir que esa apertura limitada sea utilizada para administrar indefinidamente la espera.
La diferencia entre una transición real y una simple reorganización del poder dependerá de los resultados concretos. No bastará con reuniones, declaraciones ni anuncios generales. El proceso deberá producir instituciones más confiables, reglas electorales transparentes y una fecha que permita a los venezolanos prepararse para ejercer su soberanía.
El choque entre los tiempos venezolanos y los cálculos de Washington
La indefinición del calendario también refleja una disputa de tiempos. Por una parte, los actores venezolanos involucrados en la negociación necesitan ofrecer resultados y construir una ruta electoral. Por otra, la administración estadounidense parece condicionar el avance político a factores relacionados con la estabilización territorial, la reconstrucción material y la seguridad.
Ese choque de relojes genera una tensión evidente. Para la ciudadanía venezolana, cada día sin fecha representa más incertidumbre. Para Washington, en cambio, la prioridad puede estar distribuida entre varios objetivos: estabilidad regional, control territorial, recuperación de infraestructura, seguridad energética y reducción de riesgos.
El problema aparece cuando los derechos políticos quedan subordinados indefinidamente a esos cálculos. La reconstrucción y la seguridad son indispensables, pero no pueden convertirse en argumentos para posponer sin límite la voluntad popular. La soberanía no puede quedar suspendida hasta que todos los problemas materiales hayan sido resueltos.
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La tragedia material y el argumento de la pausa
La magnitud de la emergencia física venezolana es un elemento que no puede ignorarse. La destrucción de viviendas, edificios, vías y servicios básicos plantea enormes desafíos operativos. La reconstrucción exige recursos, maquinaria, personal especializado, coordinación y tiempo.
Sin embargo, reconocer esa realidad no implica aceptar que el calendario electoral deba quedar congelado. Un país puede reconstruir infraestructura mientras reconstruye sus instituciones. De hecho, ambas tareas deben avanzar juntas, porque la recuperación física necesita autoridades legítimas, controles transparentes y mecanismos de rendición de cuentas.
La tragedia no puede utilizarse como justificación para establecer una tutela externa indefinida ni para posponer la democratización. Si la reconstrucción se realiza sin participación política, vigilancia ciudadana y reglas claras, aumentará el riesgo de que los recursos terminen administrados desde la opacidad.
La pregunta, por tanto, no es si Venezuela está totalmente reconstruida y lista para votar. Ningún país necesita alcanzar condiciones perfectas antes de celebrar elecciones. La pregunta correcta es si existen garantías mínimas para organizar una competencia transparente, segura y verificable.
El respaldo bipartidista de Estados Unidos
En este contexto, la resolución bipartidista impulsada por el senador Ted Cruz y otros congresistas estadounidenses en respaldo a elecciones libres y justas en Venezuela tiene un valor político que no debe subestimarse. Puede parecer hoy un gesto declarativo, pero crea una referencia institucional dentro del Congreso de Estados Unidos.
Ese respaldo puede cobrar importancia en los próximos meses, especialmente si la administración estadounidense intenta mantener la cuestión electoral subordinada a otros objetivos. Una resolución bipartidista envía un mensaje: la estabilidad venezolana no puede separarse indefinidamente de la democracia.
El apoyo internacional resulta útil cuando fortalece la capacidad de los venezolanos para decidir. No lo es cuando sustituye esa capacidad. Por eso la presión externa debe orientarse hacia la creación de condiciones electorales y no hacia la administración permanente de los tiempos políticos del país.
Quiénes intervienen y qué se disputa
En este proceso participan actores con intereses diferentes. La comisión negociadora debe avanzar en la renovación institucional y ofrecer resultados verificables. Los sectores políticos venezolanos intentan preservar o ampliar su capacidad de influencia. Estados Unidos busca estabilizar el país dentro de sus prioridades estratégicas. La ciudadanía, mientras tanto, exige una fecha y garantías para votar.
Lo que se disputa va mucho más allá del calendario. Se disputa quién determina los ritmos de la transición y bajo qué condiciones. También se disputa si la reconstrucción conducirá a un país gobernado por instituciones legítimas o a una prolongada administración internacional y burocrática de la emergencia.
Entre los puntos que requieren información pública destacan:
- el avance real de la renovación del Consejo Nacional Electoral;
- los criterios para seleccionar a los nuevos rectores;
- el estado de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia;
- las condiciones mínimas exigidas para fijar la elección;
- el papel exacto de Estados Unidos en la toma de decisiones;
- la fecha límite para presentar un cronograma electoral.
La contraloría ciudadana como respuesta
La incertidumbre no terminará únicamente por una concesión de Washington ni por un pacto entre dirigentes reunidos a puerta cerrada. La sociedad debe convertir la espera en vigilancia activa. Esa es la salida ética e institucional frente al desgaste.
La contraloría ciudadana implica observar a quienes negocian, exigir información, comparar anuncios con resultados y denunciar cualquier intento de convertir la transición en reparto de cuotas. También supone reconocer que los representantes políticos no poseen un mandato ilimitado.
La ciudadanía debe exigir meritocracia en la selección de autoridades y transparencia radical en cada etapa. No basta con anunciar un nuevo CNE. Hay que saber quiénes serán sus rectores, qué credenciales poseen y a quién responden. No basta con prometer elecciones. Debe existir un cronograma verificable y reglas conocidas con suficiente anticipación.
Ese nuevo poder moral puede expresarse mediante acciones concretas:
- solicitar informes periódicos a la comisión negociadora;
- crear observatorios ciudadanos sobre el CNE y el TSJ;
- exigir publicación de actas, acuerdos y cronogramas;
- incorporar universidades, gremios y organizaciones civiles al seguimiento;
- vigilar el uso de recursos destinados a la reconstrucción;
- defender el derecho de la diáspora a participar en las elecciones.
Estar preparados para votar también se demuestra hoy
La idea de que Venezuela “no está preparada” para las elecciones debe ser examinada con cuidado. Un país no demuestra preparación únicamente cuando ha reparado todas sus carreteras o reconstruido todos sus edificios. También la demuestra cuando exige transparencia, participa en la recuperación de sus comunidades y vigila a quienes administran recursos y decisiones.
Estar preparados significa contar con ciudadanos capaces de organizarse, observar, denunciar y proponer. Significa levantar barrios, recuperar servicios y defender instituciones al mismo tiempo. La democracia no comienza el día de la votación. Comienza cuando la sociedad se niega a entregar su destino a negociadores, burócratas o gobiernos extranjeros sin exigir explicaciones.
Si la incertidumbre electoral se convierte en excusa para congelar la transición, la ruina material podría normalizarse y la soberanía diluirse en una tutela prolongada. En cambio, si la ciudadanía utiliza este período para construir mecanismos de control, la espera dejará de ser pasiva y se convertirá en preparación democrática.
El periodismo independiente frente al desgaste
El periodismo independiente cumple una función esencial en este escenario. Debe seguir el proceso negociador, verificar las declaraciones, explicar los acuerdos y mantener abiertas las preguntas que otros prefieren evitar. También debe impedir que la tragedia material sea utilizada para ocultar decisiones políticas.
Las pequeñas contribuciones de los lectores permiten que RadioAmericaVe.com y Vierne5 mantengan esa vigilancia sin depender de los mismos sectores que deben ser fiscalizados. Defender la verdad también significa sostener medios capaces de preguntar cuándo serán las elecciones, quién fija las condiciones y qué resultados ha producido cada negociación.
La incertidumbre actual es desgastante, pero no tiene por qué desembocar en resignación. Venezuela se encuentra en una dinámica distinta, todavía peligrosa e incompleta, pero abierta. El reto consiste en convertir esa apertura en una ruta con instituciones, garantías y fecha.
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