RadioAmericaVe.com / Editorial.
La ayuda salva en la emergencia, pero Venezuela necesita empleo, vivienda y reinserción para no convertir el refugio en dependencia.
Reinserción económica de damnificados, fin del asistencialismo, empleo y reconstrucción, autonomía después de la emergencia
Subsidio, dependencia o reinserción. Esa es la encrucijada que Venezuela debe resolver antes de que la emergencia se convierta en una forma permanente de vida. Alimentar a quien perdió su hogar, financiar temporalmente un alquiler y garantizar atención médica son deberes elementales de una sociedad decente. Pero mantener indefinidamente a miles de ciudadanos bajo raciones, refugios y decisiones burocráticas no es reconstruir. Es administrar la precariedad. La ayuda salva durante la catástrofe; prolongada sin un camino hacia el trabajo y la autonomía, puede terminar debilitando aquello que pretende proteger.
A cuarenta y dos días del desastre, la magnitud del horror obliga a abandonar cualquier frivolidad. El balance consolidado presentado en el terreno eleva a 6.128 el número de víctimas fatales y registra 16.740 personas lesionadas. La remoción de escombros en Caraballeda y Macuto continúa revelando la profundidad de la tragedia. Funvisis ha contabilizado 1.203 réplicas desde el doble sismo del 24 de junio, mientras miles de familias siguen dependiendo de una estructura provisional de asistencia, distribuida entre 94 campamentos transitorios.
Las cifras no admiten consignas. Tampoco permiten convertir la discusión sobre subsidios en un ejercicio ideológico. El auxilio es indispensable. El problema empieza cuando nadie explica cuándo terminará, qué sustituirá la ayuda y cómo recuperarán las familias su capacidad de producir, decidir y sostenerse. Un refugio sin fecha de salida es una forma de encierro. Un subsidio sin estrategia de reinserción es una promesa de dependencia.
La tesis de este editorial es tajante: la reconstrucción venezolana debe colocar la reinserción productiva en el centro de cada programa de ayuda. El ciudadano no puede permanecer reducido a beneficiario, número censal o receptor de raciones. Debe convertirse en trabajador, contralor y protagonista de la recuperación. El país necesita un pueblo constructor, no una población indefinidamente administrada por la buena voluntad de la asistencia.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela debe decidir que la ayuda será un puente hacia la autonomía y nunca una estructura permanente de subordinación.
La asistencia salva, pero no puede sustituir la vida
Las raciones distribuidas por el Programa Mundial de Alimentos, los subsidios temporales de alquiler y la atención humanitaria cumplen una función imprescindible. Sería injusto exigir autosuficiencia inmediata a quien perdió vivienda, empleo, herramientas, documentos o familiares. La dignidad también consiste en proteger a la persona mientras recupera condiciones mínimas para recomenzar.
Sin embargo, la protección debe estar acompañada de un itinerario claro. Cada programa necesita objetivos, plazos, responsables y una salida verificable. De lo contrario, la emergencia se institucionaliza y el ciudadano aprende que su supervivencia depende de la próxima entrega, del siguiente listado o de la decisión de una oficina.
La dependencia no se instala únicamente por comodidad individual. También puede ser producida desde el poder. Una administración que controla alimentos, subsidios, refugios y adjudicaciones habitacionales posee una herramienta enorme para premiar obediencias, castigar denuncias y convertir derechos en favores. Por eso la fecha de caducidad de la ayuda no debe quedar sujeta al capricho de un funcionario ni a la conveniencia de una organización.
Todo programa temporal debería informar con claridad
- quiénes son sus beneficiarios y bajo qué criterios fueron seleccionados,
- cuánto tiempo durará la asistencia y qué condiciones permitirán concluirla,
- qué solución habitacional, laboral o productiva sustituirá el subsidio,
- qué institución responderá por los retrasos o incumplimientos,
- qué mecanismos existen para reclamar exclusiones, abusos o irregularidades.
Ayudar bien no significa mantener a una persona dentro del sistema de asistencia. Significa ayudarla a salir de él con seguridad y dignidad.
La reinserción debe comenzar en la reconstrucción
Venezuela necesita edificar 25.000 nuevas viviendas, recuperar puertos, reparar servicios, remover millones de toneladas de escombros y reconstruir sectores enteros del litoral. Esa gigantesca tarea no puede depender exclusivamente de empresas extranjeras, grandes contratistas o equipos importados. Debe convertirse en una fuente masiva de empleo formal para la población afectada.
La reconstrucción ofrece una oportunidad excepcional para vincular ayuda y trabajo. Albañiles, electricistas, soldadores, operadores de maquinaria, transportistas, técnicos, enfermeros, cocineros, vigilantes, ingenieros y trabajadores sociales pueden incorporarse formalmente a programas de recuperación. Quienes no posean formación especializada deben acceder a capacitación remunerada y certificada.
El subsidio debería funcionar como soporte durante esa transición, no como sustituto del salario. Una política seria puede combinar asistencia temporal, formación, empleo y vivienda. Lo que no puede hacer es mantener a una familia esperando indefinidamente mientras las obras son ejecutadas por redes contratistas que importan mano de obra o distribuyen puestos según lealtades políticas.
La reinserción productiva necesita medidas concretas
- registro laboral de los damnificados con identificación de oficios y experiencia,
- programas de capacitación vinculados directamente con obras reales,
- prioridad razonable para la contratación de mano de obra local calificada,
- salarios formales, seguridad laboral y protección social verificable,
- rutas de incorporación para mujeres, jóvenes y personas desplazadas de sus empleos.
El país no debe importar una reconstrucción terminada. Debe construirla con sus ciudadanos y dejarles, además de viviendas, experiencia, ingresos y capacidad productiva.
El dinero exterior debe producir autonomía nacional
La recuperación se desarrolla bajo un complejo esquema de financiamiento y cooperación internacional. Los recursos gestionados desde Washington, la participación del Banco Mundial y del BID, y la intervención de equipos técnicos extranjeros reflejan la incapacidad material del Estado venezolano para enfrentar por sí solo una emergencia de esta magnitud.
Esa ayuda es necesaria, pero no puede convertirse en cheque en blanco. La administración transitoria no debe utilizar los fondos para distribuir cuotas políticas, fortalecer burocracias o devolver contratos a empresas cuestionadas. El capital internacional debe estar condicionado a resultados públicos: viviendas seguras, infraestructura operativa, empleo formal y fortalecimiento de capacidades nacionales.
La reconstrucción de puertos, corredores logísticos y áreas vinculadas al sector energético añade una dimensión estratégica. Precisamente por eso la transparencia debe ser radical. Cuando los intereses económicos son enormes, también lo es el riesgo de que las necesidades humanas sean subordinadas a prioridades comerciales o geopolíticas.
El ciudadano tiene derecho a saber cuánto dinero entra, qué condiciones lo acompañan, qué proyectos financia y cuántos empleos locales crea. Si una obra consume recursos externos, pero no transfiere tecnología, no forma trabajadores venezolanos y no fortalece instituciones nacionales, habrá reparado infraestructura mientras prolonga la dependencia.
El periodismo independiente debe seguir el camino que recorren la ayuda, los contratos y las promesas. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que investigar quién recibe los fondos, cuántos empleos se generan y qué comunidades resultan beneficiadas es una forma de proteger la reconstrucción frente al asistencialismo, el reparto político y la opacidad.
Los campamentos necesitan una salida, no una administración eterna
Las 18.437 personas albergadas provisionalmente en los 94 campamentos transitorios no pueden convertirse en una población permanente bajo tutela. El refugio debe ofrecer seguridad, alimentación y atención mientras se construye una solución. No puede convertirse en identidad, residencia definitiva ni mecanismo de control social.
El riesgo de cronificación aumenta con cada semana sin información. Una familia que desconoce cuándo será reubicada, qué subsidio recibirá o dónde podrá trabajar queda atrapada en la incertidumbre. Esa incertidumbre debilita la iniciativa individual y facilita la aparición de intermediarios que ofrecen acceso, protección o favores.
También crece el peligro de que los campamentos sean ocupados por redes delincuenciales o estructuras partidistas. Allí donde el Estado administra bienes sin transparencia y la comunidad carece de organización autónoma, otros poderes terminan llenando el vacío.
Cada campamento necesita comités comunitarios independientes, censos auditables, inventarios públicos y cronogramas de cierre. Sus habitantes deben participar en la toma de decisiones, vigilar la distribución de suministros y conocer la ruta habitacional que les corresponde.
La salida de los refugios debe sostenerse sobre cuatro pilares
- vivienda permanente o subsidio de alquiler con plazo y seguimiento,
- incorporación laboral o capacitación vinculada con la reconstrucción,
- servicios de salud, educación y protección durante la transición,
- contraloría comunitaria sobre censos, recursos y adjudicaciones.
El campamento debe desaparecer cuando cumple su función. Si se vuelve permanente, el Estado habrá convertido una emergencia en una nueva geografía de exclusión.
La ciudadanía vigilante frente a un calendario detenido
La advertencia de que Venezuela todavía no está preparada para elecciones ha congelado el calendario convencional y ha subordinado la apertura política a la reconstrucción material. Mientras tanto, la comisión técnica encabezada por Dinorah Figuera avanza en conversaciones para renovar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, mientras María Corina Machado presiona desde las comunidades por una transformación profunda.
La ciudadanía no puede permanecer como espectadora de esos dos carriles. Debe convertirse en árbitro ético del proceso. La renovación institucional no puede terminar en reparto de cuotas entre partidos ni en un nuevo pacto de élites desconectado de las comunidades que sobreviven bajo lonas.
El mismo criterio que debe utilizarse para adjudicar una vivienda debe aplicarse a la selección de rectores y magistrados: mérito, independencia, transparencia y responsabilidad. La sociedad civil tiene que exigir información sobre candidatos, criterios de selección, objeciones y compromisos.
El nuevo TSJ deberá demostrar, además, que la justicia no es una promesa decorativa. Las redes responsables de fraudes inmobiliarios, alteración de planos, materiales deficientes, desvío de recursos y obras inseguras deben ser investigadas. No puede pedirse a las víctimas que vuelvan a trabajar y reconstruir mientras quienes contribuyeron a levantar trampas mortales permanecen protegidos.
La ayuda no puede comprar silencio
Existe una frontera moral que ninguna autoridad debe cruzar: utilizar la asistencia para neutralizar la protesta, condicionar la crítica o administrar obediencia. Quien recibe alimentos, subsidio o refugio no pierde su derecho a cuestionar, denunciar y participar.
La ciudadanía vigilante tiene que documentar cada entrega, cada lista, cada obra y cada promesa. No para convertir la reconstrucción en una guerra de sospechas, sino para impedir que la dependencia sea utilizada como mecanismo político.
El pueblo constructor no se define únicamente por su disposición a trabajar. También se define por su capacidad para exigir cuentas. La ley en la conciencia y la herramienta en la mano son partes de una misma reconstrucción: una levanta edificios; la otra impide que vuelvan a levantarse sobre corrupción e impunidad.
El ultimátum de los escombros
Subsidio, dependencia o reinserción no es un debate académico. Es una decisión que marcará la relación entre el Estado y la sociedad durante los próximos años. Venezuela puede utilizar la asistencia para devolver autonomía, crear empleo y reconstruir ciudadanía. O puede convertirla en una estructura permanente de control, pasividad y tutela.
Las soluciones rápidas no llegarán desde el extranjero. El calendario judicial fijado en Nueva York para 2027 demuestra que los tiempos externos responden a otras prioridades. Venezuela debe actuar hoy, con sus propios ciudadanos, sus profesionales y las capacidades que logre reconstruir.
Levantar los barrios antes que los discursos significa transformar al damnificado en trabajador, al beneficiario en contralor y al campamento en una etapa con fecha de cierre. Significa que cada dólar internacional produzca empleo local, que cada vivienda sea segura y que cada institución responda ante la comunidad.
Si la sociedad civil renuncia a esa responsabilidad y acepta el papel de refugiada permanente, la ruina terminará confiscando el futuro. La reinserción no consiste en abandonar a las víctimas a su suerte. Consiste en ofrecerles herramientas, trabajo, vivienda y poder para volver a decidir sobre sus vidas.
El tiempo corre sobre un suelo inestable. La ayuda debe llegar hoy, pero la autonomía debe comenzar a construirse desde hoy mismo.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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