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Encuestas políticas en Venezuela muestran rechazo al poder interino, pero su verdadero valor dependerá de elecciones libres y verificables.
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Una nueva encuesta política circuló ayer en Venezuela y, aunque utiliza preguntas y metodología diferentes a otras mediciones recientes, vuelve a mostrar un elemento que se repite: el fuerte rechazo ciudadano al poder interino encabezado por Delcy Rodríguez. Más allá de porcentajes concretos y de la inevitable discusión sobre cada encuestadora, la coincidencia entre estudios plantea una pregunta mucho más importante: si estamos midiendo con tanta insistencia lo que piensan los venezolanos, ¿cuándo podrán expresarlo finalmente mediante el voto?
Ese es el asunto de fondo. Las encuestas pueden fotografiar un momento, identificar tendencias y medir simpatías o rechazos. Sin embargo, ninguna sustituye una elección. Y en un país que intenta reconstruir su institucionalidad después de años de fraude, opacidad y control político, convertir las mediciones de opinión en protagonistas permanentes mientras se posterga la convocatoria electoral podría terminar produciendo exactamente el efecto contrario al que debería tener una democracia.
El auge de los sondeos debería ser una señal de normalización política. Pero solo lo será si conduce hacia las urnas.
Las encuestas están contando una historia incómoda para el poder
Las mediciones recientes no son idénticas. Cambian los tamaños de las muestras, las metodologías, las preguntas, la forma de contactar a los entrevistados y hasta el momento político en que se realizan. Es normal. Ninguna encuesta seria debe interpretarse como una profecía.
Sin embargo, cuando estudios diferentes comienzan a coincidir en una tendencia, esa convergencia merece atención. Y la tendencia que aparece con mayor claridad es que la administración interina enfrenta un problema de legitimidad política que no puede resolverse únicamente mediante anuncios de gobierno, reorganizaciones burocráticas o acuerdos internacionales.
También resulta relevante que el desgaste no parezca limitarse únicamente a los sectores tradicionalmente opositores. El viejo supuesto de que existe un bloque chavista compacto, disciplinado y electoralmente transferible de un dirigente a otro resulta cada vez más difícil de sostener.
Una cosa fue el liderazgo electoral de Hugo Chávez en determinado momento histórico. Otra muy distinta fue el poder sostenido por Nicolás Maduro. Y otra, todavía diferente, es pretender que aquella adhesión pueda heredarse automáticamente por los actuales administradores del aparato estatal.
Los votos no se heredan. Mucho menos después de una crisis política de semejante profundidad.
El problema para los interinos no es la encuesta: es una elección
Si el rechazo reflejado por distintas mediciones se aproxima razonablemente al estado de ánimo del país, la consecuencia política resulta evidente: una elección verdaderamente libre representa un riesgo enorme para quienes controlan hoy posiciones de poder.
Ese punto no debe servir para afirmar de antemano quién ganaría unos comicios. Precisamente para eso existen las elecciones. Pero sí permite entender uno de los posibles incentivos que operan dentro de cualquier transición: quienes sospechan que perderán el poder tienen menos razones para acelerar el momento en que los ciudadanos puedan decidir.
Por eso el debate venezolano no puede quedarse únicamente en quién aparece primero o último en una encuesta. Hay que mirar la estructura institucional que permitirá transformar preferencias en votos.
- ¿Cuándo será renovado definitivamente el Consejo Nacional Electoral?
- ¿Cuándo se conocerá un calendario electoral completo?
- ¿Quiénes podrán competir sin vetos ni inhabilitaciones arbitrarias?
- ¿Podrán votar los venezolanos que viven fuera del país?
- ¿Cómo se garantizará un escrutinio transparente y verificable?
- ¿Qué instituciones resolverán las controversias electorales?
Sin respuestas a esas preguntas, el debate sobre popularidad tiene un límite muy concreto: mide una voluntad política que todavía no dispone de un mecanismo cierto para convertirse en poder legítimo.
Las encuestas tienen sentido pleno cuando el ciudadano puede decidir
En una democracia, las encuestas cumplen varias funciones. Permiten a los dirigentes conocer prioridades sociales, ayudan a los partidos a evaluar sus estrategias y ofrecen al ciudadano información sobre el clima político. También pueden anticipar cambios, detectar movimientos de opinión y revelar sectores que no se sienten representados.
Pero todo ese ecosistema funciona porque existe una fecha en la que la encuesta deja de importar y comienza a contar el voto.
Esa diferencia es esencial.
En un sistema autoritario, un gobernante puede tener 20%, 40% o 80% de rechazo y continuar ejerciendo el poder si controla las instituciones necesarias para impedir la alternancia. Puede convocar únicamente elecciones que no amenacen realmente su posición, modificar las reglas, impedir candidaturas, controlar el árbitro o simplemente desconocer el resultado.
Por eso las encuestas nunca pueden convertirse en sustitutos de las urnas. Son instrumentos de aproximación. La elección es el mecanismo de decisión.
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El antecedente del 28 de julio sigue pesando
Venezuela no llega a este debate con una historia electoral normal. La experiencia del 28 de julio de 2024 dejó una fractura profunda en la confianza ciudadana hacia el sistema. El país vio cómo una disputa electoral terminó convertida en una crisis de legitimidad, acompañada por cuestionamientos sobre los resultados, las actas, el comportamiento del CNE y la actuación posterior del Tribunal Supremo de Justicia.
Por eso cualquier nueva elección necesitará algo más que máquinas, centros de votación y candidatos.
Necesitará confianza.
Y la confianza no se decreta. Se construye con reglas conocidas, autoridades imparciales y procedimientos que permitan verificar cada etapa. De lo contrario, el país corre el riesgo de volver a una situación en la que la voluntad popular termine subordinada a una decisión institucional tomada después de la votación.
El recuerdo del llamado “servilletazo” funciona precisamente como advertencia política: nunca más un resultado electoral puede depender de que una institución anuncie cifras sin entregar al país los instrumentos necesarios para auditarlas.
¿Puede el rechazo electoral retrasar las propias elecciones?
Esta es probablemente la pregunta más incómoda que plantean las encuestas actuales.
Si los sectores que administran el poder conocen estudios que anticipan una derrota severa, ¿qué incentivo tienen para acelerar unos comicios competitivos?
En una democracia consolidada, la respuesta es sencilla: no importa el incentivo del gobernante, porque la Constitución, las leyes y las instituciones establecen cuándo se vota. El dirigente puede temer perder, pero carece de capacidad para cancelar la competencia por esa razón.
En una transición institucional, en cambio, el problema es más complejo. Los calendarios todavía se negocian, las instituciones están en revisión y parte de las reglas permanece en discusión. Eso crea espacios donde los intereses de quienes están dentro del poder pueden influir en el ritmo del proceso.
Precisamente por eso la sociedad civil debe vigilar que la reconstrucción institucional no termine condicionada por cálculos electorales particulares.
Una transición no puede funcionar bajo el principio de que habrá elecciones cuando todos los actores estén seguros de sobrevivirlas. Eso equivaldría a permitir que quienes pueden perder determinen cuándo los ciudadanos están autorizados a votar.
Ni las encuestas favorables garantizan victorias
También existe una advertencia necesaria para quienes aparecen favorecidos en los sondeos. Liderar una encuesta no equivale a ganar una elección.
Las campañas cambian opiniones. Aparecen candidatos. Surgen alianzas. Los electores reconsideran preferencias. Las condiciones económicas pueden modificar prioridades. Y, sobre todo, la participación real nunca reproduce exactamente una muestra estadística.
Por eso ninguna fuerza democrática debería pedir que las encuestas sustituyan la competencia. Quien considere tener mayoría debe querer demostrarla en las urnas, bajo las mismas reglas que protejan a sus adversarios.
Eso vale para todos: chavistas, opositores tradicionales, sectores emergentes, independientes y cualquier formación que aspire a gobernar.
El nuevo sistema político venezolano será más sano en la medida en que deje de discutir cuántos millones “pertenecen” a cada dirigente y permita que cada ciudadano vuelva a decidir libremente a quién entregar su voto.
El verdadero dato político es el deseo de volver a contar votos
Quizás el aspecto más revelador de este nuevo furor por las encuestas sea que Venezuela vuelve a discutir preferencias electorales. Durante demasiado tiempo, buena parte de la conversación giró alrededor de presos políticos, represión, sanciones, exilio, desconocimiento institucional y supervivencia.
Que ahora aparezcan sondeos y escenarios electorales puede ser una señal positiva si refleja la preparación de una competencia real.
El problema comenzaría si el país entra en una dinámica infinita de encuestas sin elecciones. Medir cada semana a los mismos dirigentes mientras la fecha continúa aplazándose terminaría convirtiéndose en una especie de democracia virtual: todos conocemos aproximadamente lo que piensa la gente, pero nadie puede transformarlo en mandato.
Ese escenario sería particularmente dañino porque otorgaría apariencia pluralista sin resolver la cuestión esencial del poder.
La sociedad debe exigir que las mediciones desemboquen en un calendario
La ciudadanía no necesita escoger entre creer ciegamente en cada encuesta o descartarlas todas. Puede hacer algo mucho más útil: observar tendencias y, al mismo tiempo, exigir condiciones que permitan comprobarlas.
El paso siguiente debería ser institucional.
- completar la renovación de los poderes vinculados al proceso electoral;
- establecer un CNE con credibilidad suficiente;
- abrir y depurar el Registro Electoral;
- garantizar participación política sin exclusiones arbitrarias;
- establecer observación nacional e internacional;
- publicar un cronograma que termine con la incertidumbre;
- garantizar auditoría y divulgación completa de los resultados.
Cuando esas condiciones existan, las encuestas recuperarán su lugar correcto: antecedentes interesantes de una decisión que únicamente corresponde a los ciudadanos.
Periodismo independiente para separar datos de propaganda
En períodos de transición, las encuestas también pueden convertirse en herramientas de propaganda. Una cifra sin metodología, una gráfica sin ficha técnica o una medición difundida únicamente porque beneficia a determinado sector debe ser examinada con cautela.
Por eso el periodismo independiente tiene una responsabilidad adicional: distinguir información de operación política, explicar las diferencias metodológicas y evitar presentar cualquier sondeo como verdad definitiva.
Sostener ese trabajo requiere medios que puedan observar a todos los sectores con la misma distancia crítica. Las pequeñas contribuciones de los lectores, desde 1 €, ayudan a Vierne5 a mantener esa independencia y a seguir una transición en la que habrá que vigilar tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a sustituirlos.
El rechazo que muestran distintas mediciones merece atención, pero no debería ser utilizado para repartir anticipadamente el poder ni, mucho menos, para retrasar la consulta popular. Si los interinos creen que las encuestas se equivocan, tienen una manera democrática de demostrarlo. Y si quienes aparecen mejor posicionados creen que representan a la mayoría, también.
Que voten los venezolanos.
Ese será el único sondeo definitivo.
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