RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela no puede reconstruirse ocultando a sus desaparecidos. Verdad, búsqueda forense, justicia y rendición de cuentas son urgentes.
Desaparecidos tras el sismo, responsabilidad por los desaparecidos, búsqueda forense en Venezuela, verdad y reconstrucción
Una República puede reconstruir carreteras, edificios y hospitales; lo que no puede reconstruir honestamente es su futuro mientras deje familias preguntando dónde están sus desaparecidos. Ninguna tonelada de escombros retirada, ningún crédito internacional y ninguna negociación política puede sustituir el derecho elemental de una madre, un hijo o una esposa a conocer qué ocurrió con la persona que todavía esperan. La tragedia venezolana ha entrado en una fase donde la búsqueda de la verdad debe tener la misma prioridad que la reconstrucción física.
El balance técnico de esta jornada sitúa en 6.509 las víctimas fatales documentadas, mantiene en 6.462 las personas rescatadas y registra un acumulado de 226.696 personas atendidas en hospitales por traumatismos y contingencias sanitarias. En el frente habitacional, 60.785 viviendas han sido evaluadas: 35.545 fueron clasificadas como habitables, 14.239 permanecen restringidas y 11.001 se encuentran en condición de alto riesgo. Sin embargo, frente a la magnitud de la necesidad habitacional, apenas se reportan 335 viviendas entregadas.
Hay otro dato que retrata la dimensión física de la búsqueda: se han recogido 600.790,70 toneladas de escombros, equivalentes apenas al 28,61 % del total estimado. Eso significa que más de siete décimas partes del material destruido siguen pendientes de remoción. Debajo de esa masa de concreto no hay únicamente vigas, mobiliario y restos de edificios. Puede haber respuestas que miles de familias continúan esperando.
La tesis de este editorial es sencilla y grave: el derecho a saber dónde están los desaparecidos no puede quedar enterrado bajo la burocracia de la reconstrucción. Buscar, identificar y entregar respuestas no es una tarea secundaria. Es una obligación moral, forense e institucional. Y cualquier intento de congelar, minimizar o administrar políticamente las cifras erosiona la legitimidad de todo el proceso de transición.
Los desaparecidos no son una estadística congelada
La ausencia tiene una crueldad particular. El fallecimiento confirmado abre un duelo doloroso, pero identificable. La desaparición prolonga la incertidumbre todos los días. Una familia no sabe si esperar, buscar, llorar o seguir creyendo que alguien puede aparecer.
Por eso el Estado no puede tratar el registro de desaparecidos como una cifra incómoda que conviene mantener fuera de la conversación pública. Cada nombre representa una investigación pendiente.
La transparencia exige un sistema único, actualizado y verificable de personas no localizadas. Debe existir coordinación entre morgues, hospitales, equipos de rescate, campamentos, fiscalías, registros civiles y unidades forenses. Las duplicaciones tienen que corregirse, los casos resueltos deben actualizarse y las nuevas denuncias incorporarse inmediatamente.
La búsqueda necesita, como mínimo:
- un registro centralizado de personas desaparecidas;
- protocolos para comparar información hospitalaria, forense y familiar;
- identificación genética cuando resulte necesaria;
- mapas de estructuras pendientes de remoción y búsqueda;
- comunicación periódica y respetuosa con las familias;
- preservación de evidencias que puedan determinar responsabilidades.
No basta con retirar escombros. Hay que saber qué se encuentra, dónde se encuentra y qué ocurrió en cada estructura.
La maquinaria pesada también trabaja sobre posibles escenas de investigación
La urgencia por limpiar las ciudades es comprensible. Millones de toneladas de material impiden recuperar vías, servicios y terrenos. Pero la velocidad de la remoción no puede destruir aquello que luego permita identificar víctimas o reconstruir responsabilidades.
Los trabajos deben coordinar ingeniería, rescate, medicina forense e investigación. No toda estructura colapsada puede ser tratada simplemente como un volumen de desecho.
Cuando existe información de personas no localizadas, la remoción debe seguir protocolos capaces de documentar hallazgos y preservar evidencias. La dignidad de una víctima no termina con su muerte. Tampoco termina la obligación del Estado de devolverla a su familia.
Y existe una responsabilidad adicional. Si determinadas estructuras fallaron por materiales deficientes, corrupción, permisos irregulares o incumplimiento de normas, la reconstrucción debe producir también evidencia para establecer quién tomó esas decisiones.
El reclamo popular de que respondan quienes permitieron levantar edificaciones inseguras adquiere aquí una dimensión concreta. La justicia no puede depender de que las ruinas desaparezcan antes que las pruebas.
Una vivienda entregada no compensa una verdad negada
Las cifras del mapa habitacional muestran que el problema continúa siendo enorme. Hay 11.001 viviendas catalogadas de alto riesgo y 14.239 con restricciones. Frente a esa escala, 335 viviendas entregadas representan un avance todavía insuficiente.
La reconstrucción necesita velocidad, pero velocidad con orden. Las familias deben conocer si podrán regresar a su vivienda, si necesitan una reparación estructural o si deberán ser reubicadas definitivamente.
También deben saber cuándo.
La incertidumbre habitacional y la incertidumbre sobre los desaparecidos se alimentan mutuamente. Muchas familias no pueden decidir dónde reconstruir su vida mientras no saben qué ocurrió con quienes faltan.
El Estado no puede limitarse a administrar alojamiento, alimentos y subsidios. Debe devolver certeza.
La verdad también necesita presupuesto
La búsqueda forense cuesta dinero. Requiere profesionales, tecnología, laboratorios, equipos, logística y tiempo. Por eso los recursos extraordinarios de la reconstrucción deben contemplar explícitamente la identificación de víctimas y desaparecidos.
Los ingresos petroleros, los créditos internacionales y la cooperación exterior no pueden dirigirse exclusivamente hacia infraestructura visible. Una carretera reconstruida produce una fotografía inmediata. Un laboratorio forense moderno quizá no. Pero para miles de familias puede ser mucho más importante.
La administración de esos recursos debe someterse a transparencia radical. Ningún fondo destinado a reconstrucción, búsqueda, salud o asistencia humanitaria debería desaparecer dentro de partidas genéricas imposibles de rastrear.
Cada recurso extraordinario debe permitir conocer:
- qué institución lo recibió;
- para qué programa fue asignado;
- cuánto se ha desembolsado;
- qué empresa, organismo o unidad ejecuta;
- qué resultado verificable produjo;
- qué auditoría independiente revisó su utilización.
La ayuda humanitaria pierde legitimidad cuando alimenta una estructura de dependencia y opacidad. Debe sostener a los desplazados mientras se reconstruyen vivienda, empleo, servicios y capacidad institucional; y debe acompañar, no sustituir, la obligación nacional de buscar a quienes faltan.
El periodismo independiente también tiene una responsabilidad con quienes todavía no aparecen. RadioAmericaVe.com y Vierne5 consideran que mantener las preguntas abiertas, contrastar cifras y exigir respuestas institucionales forma parte del derecho de las familias a no ver desaparecer también la verdad.
La ciudadanía vigilante debe proteger el registro
Cuando el Estado concentra toda la información, también concentra la capacidad de decidir qué se conoce y cuándo se conoce. En una emergencia de esta magnitud, la sociedad civil debe formar parte del sistema de verificación.
Organizaciones comunitarias, universidades, expertos forenses, colegios profesionales, medios y familiares pueden contribuir a mantener registros, documentar denuncias y verificar actualizaciones.
No se trata de sustituir las investigaciones oficiales. Se trata de impedir que una lista sensible quede sometida únicamente a la voluntad política del momento.
La ciudadanía vigilante tiene derecho a preguntar cuántas denuncias existen, cuántas fueron resueltas, cuántas identificaciones permanecen pendientes y qué zonas todavía no han sido completamente inspeccionadas.
Una sociedad organizada no permite que una persona desaparezca dos veces: primero entre los escombros y después dentro de una base de datos cerrada.
No se puede negociar la democracia ignorando el subsuelo
Mientras continúa la reconstrucción material, Caracas discute la arquitectura política que debería conducir hacia diciembre de 2026. La comisión técnica de seis representantes encabezada por Dinorah Figuera trabaja sobre la renovación del CNE y del TSJ.
Pero una transición no puede separarse del terreno sobre el que pretende construirse.
Hablar de confianza electoral mientras miles de familias reclaman respuestas sobre desaparecidos sería una peligrosa disociación. Hablar de justicia mientras persiste el reclamo por 382 presos políticos obliga, igualmente, a preguntarse qué instituciones nuevas se están intentando construir.
El CNE y el TSJ no pueden ser simplemente nuevas fachadas sobre estructuras antiguas. Si se pretende recuperar legitimidad, el criterio debe ser mérito, independencia, transparencia y compromiso con los derechos ciudadanos.
El nuevo sistema de justicia tendrá además una obligación enorme: investigar si parte de la destrucción y de las muertes pudo estar vinculada con corrupción, negligencia, materiales deficientes o incumplimiento deliberado de normas.
Las víctimas necesitan saber no solo qué ocurrió, sino también quién debía impedirlo.
Las instituciones tienen que aprender a pedir perdón
Existe una idea equivocada de autoridad según la cual admitir fallas debilita al Estado. Ocurre exactamente lo contrario.
Una institución se vuelve más creíble cuando reconoce dónde fracasó, identifica responsabilidades y corrige procedimientos. La arrogancia institucional no devuelve vidas ni reconstruye confianza.
Si fallaron los controles de construcción, debe decirse; Si existieron retrasos en las búsquedas, deben investigarse; Si los censos fueron deficientes, deben corregirse. Si hubo negligencia, alguien debe responder.
El perdón institucional no puede ser una ceremonia. Debe tener consecuencias.
Un Estado que pide perdón y modifica lo que permitió el desastre comienza a aprender. Uno que esconde la información se prepara para repetirlo.
La realidad no puede esperar al calendario político
Las restricciones internacionales que pesan sobre la transición recuerdan que Venezuela todavía opera bajo una capacidad limitada para decidir plenamente su propio ritmo político. Pero ninguna advertencia exterior puede convertirse en sustituto de la responsabilidad nacional.
La capacidad para gobernarse también se demuestra resolviendo lo elemental: identificar víctimas, buscar desaparecidos, clasificar viviendas, retirar escombros con protocolos, entregar soluciones habitacionales y administrar recursos sin opacidad.
Con apenas el 28,61 % del volumen estimado de escombros retirado, todavía queda una tarea monumental por delante. Y precisamente por eso el país no puede permitirse enfrentarla con improvisación.
La transición debe demostrar que puede producir verdad antes de exigir confianza.
Cada desaparecido tiene un nombre
¿Quién responde por los desaparecidos? La respuesta no puede ser “nadie sabe”, “todavía no tenemos cifras” o “esperemos que termine la remoción”. Hay responsabilidades distribuidas entre organismos de búsqueda, autoridades locales, instituciones forenses, cuerpos de investigación y quienes deben garantizar que la información llegue a las familias.
También existe una responsabilidad política superior: impedir que el silencio administrativo se convierta en política de Estado.
Los desaparecidos no son una cifra que pueda congelarse cuando incomoda. Son ciudadanos. Tienen nombres, fotografías, familias y una historia que el país tiene la obligación de reconstruir.
La República no se levantará únicamente retirando concreto. Se levantará cuando debajo de ese concreto aparezca también la verdad.
Cada vivienda recuperada importa; Cada hospital que vuelve a funcionar importa. Cada carretera abierta importa. Pero encontrar a una persona, identificar un cuerpo o darle certeza a una familia también es reconstruir el país.
El tiempo corre sobre un suelo inestable. Y mientras quede una familia preguntando dónde está alguien a quien ama, la emergencia moral seguirá abierta.
Exigir respuestas por cada desaparecido no retrasa la transición. La hace digna.
Comparte este editorial, suscríbete a RadioAmericaVe.com y Vierne5 y participa en esta conversación sobre verdad, justicia y responsabilidad pública.
¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.
Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €
Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.
RadioAmericaVe.com / Editorial.
Victor Julio Escalona
Editor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario