RadioAmericaVe.com / Opinión.
Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Criminalizar la disidencia no protege al Estado: protege al poder que lo secuestró.
- Presos políticos en Venezuela
- Criminalización de la disidencia
- Libertad de presos políticos
- Represión política venezolana
Hay frases que no revelan una posición política, sino una forma de mirar al ser humano. Cuando Jorge Arreaza sugiere que no se puede dar libertad a alguien para que “vuelva a atentar contra el Estado”, lo que aparece no es prudencia institucional, ni sentido de justicia, ni defensa de la convivencia democrática. Lo que aparece es la vieja mentalidad autoritaria: confundir al Estado con el poder, al disidente con el enemigo y la protesta con un crimen futuro que todavía no ocurrió, pero que sirve para justificar el encierro presente.
Ese razonamiento es repulsivo porque desnuda la lógica del aparato. Para quienes han secuestrado las instituciones, “atentar contra el Estado” puede significar denunciar abusos, protestar, pensar distinto, escribir, organizarse, grabar una injusticia, acompañar a una víctima o negarse a vivir de rodillas. En una democracia, disentir es un derecho. En una dictadura, disentir se convierte en expediente.
Por eso la discusión sobre los presos políticos no es un asunto humanitario aislado. Es el corazón del problema venezolano. Si el poder insiste en que liberar a un preso político equivale a permitirle atacar al Estado, está confesando que no lo tiene preso por delitos probados, sino por lo que representa: una amenaza política para quienes confunden la República con su propia supervivencia.
El Estado como coartada del poder
La palabra “Estado” suele ser utilizada por los autoritarios como escudo moral. Suena seria, superior, institucional. Pero en manos de un régimen que destruyó la separación de poderes, subordinó tribunales, persiguió disidencias y convirtió la justicia en herramienta de castigo, esa palabra deja de ser una garantía común para transformarse en una coartada.
El Estado no es Jorge Arreaza. No es Delcy Rodríguez. No es el PSUV. No es un tribunal obediente. No es una fiscalía utilizada para fabricar miedo. No es un expediente abierto contra quien incomoda. El Estado, en una República verdadera, debería ser el marco que protege a todos, incluso al que piensa distinto. Cuando el poder utiliza el Estado para protegerse de la sociedad, ya no está defendiendo la institucionalidad: está defendiendo su secuestro.
Criminalizar la disidencia no es proteger al Estado. Es proteger al poder de quienes lo han capturado.
La amenaza inventada
Decir que no se puede liberar a alguien porque podría “volver” a atentar contra el Estado es una confesión peligrosa. Si esas personas estuvieran presas por delitos reales, con pruebas sólidas, juicios justos, defensa plena, tribunales independientes y sentencias legítimas, el poder no necesitaría inventar amenazas futuras. Bastaría con mostrar los expedientes, las pruebas, los hechos y las garantías cumplidas.
Pero cuando no hay pruebas creíbles, aparece el recurso autoritario de siempre: el miedo. No se libera al preso porque podría protestar. No se excarcela porque podría denunciar. No se revisa la causa porque podría quedar en evidencia el abuso. No se concede libertad porque la libertad del otro mostraría la mentira de quien lo encerró.
La amenaza, entonces, no está en el preso político. La amenaza está en la verdad que su libertad puede revelar.
- Si hubo delito real, que se pruebe en juicio justo.
- Si no hubo pruebas, que se reconozca el abuso.
- Si hubo persecución política, que se libere al detenido.
- Si hubo jueces sometidos, que se revisen las causas.
- Si hubo expedientes fabricados, que respondan quienes los fabricaron.
Lo que no puede aceptarse es que la libertad de un ciudadano dependa del miedo político de sus carceleros.
Goebbels como advertencia, no como comparación ligera
Invocar a Joseph Goebbels no debe hacerse con ligereza. Goebbels fue una de las figuras centrales de la maquinaria propagandística nazi, un régimen responsable de crímenes monstruosos. Cualquier comparación histórica debe manejarse con cuidado, porque las tragedias del siglo XX no son adornos retóricos. Pero sí hay una lección que permanece: todo régimen totalitario necesita convertir al adversario en amenaza absoluta para justificar su persecución.
La propaganda autoritaria funciona así: el disidente no piensa distinto, conspira; el periodista no informa, desestabiliza; el preso político no es víctima de arbitrariedad, es peligro latente; la protesta no es derecho, es ataque; la crítica no es ciudadanía, es guerra.
En esa lógica se encuentran los parentescos morales entre los aparatos de propaganda de ayer y los discursos represivos de hoy. No porque los contextos sean idénticos, sino porque el mecanismo se repite: deshumanizar al adversario, presentarlo como amenaza permanente y usar esa amenaza para justificar lo injustificable.
Arreaza no está defendiendo al Estado cuando habla así. Está defendiendo la arquitectura mental de un poder que necesita enemigos para no enfrentar su propio fracaso.
La cárcel como supervivencia del régimen
La verdadera amenaza para Venezuela no son los presos políticos que podrían salir a denunciar. La verdadera amenaza es un sistema que necesita mantenerlos presos para sobrevivir. Un poder seguro de su legitimidad no le teme a la palabra. Un gobierno con respaldo real no necesita encerrar opositores. Una institucionalidad sana no fabrica causas. Un Estado democrático no llama “ataque” a la protesta ciudadana.
Cuando un régimen teme liberar a quienes piensan distinto, está admitiendo su debilidad. Cuando necesita presos políticos para mantener disciplina, está mostrando que su autoridad no descansa en la ley, sino en el miedo. Cuando convierte la libertad en amenaza, está confesando que la cárcel es parte de su método político.
Por eso un cambio real de gobierno sigue siendo, para muchos presos políticos, la única posibilidad verdadera. No porque no existan fórmulas jurídicas, sino porque la justicia ha estado capturada. No porque la libertad sea jurídicamente imposible, sino porque el poder la bloquea políticamente.
Trump sabe, y eso también duele
Hay otro elemento doloroso en esta hora venezolana: los actores internacionales saben lo que ocurre. Washington sabe. Trump sabe. Rubio sabe. Las cancillerías saben. Los organismos saben. El mundo democrático sabe que en Venezuela se ha usado la prisión política como instrumento de control.
Por eso cualquier negociación que ignore a los presos políticos nacerá moralmente herida. No se puede hablar de transición mientras se acepta que personas sigan encarceladas por razones políticas. No se puede hablar de reinstitucionalización mientras los mismos operadores que justifican la represión conservan capacidad de decidir quién merece libertad. No se puede hablar de normalidad democrática mientras el disenso siga siendo tratado como delito.
Si Estados Unidos pretende influir de verdad en el proceso venezolano, la liberación de presos políticos debe ser una línea mínima, no un gesto negociable. Y si el régimen quiere ser tomado en serio, debe empezar por dejar de justificar el encierro con amenazas imaginarias.
La libertad como prueba de verdad
La liberación de presos políticos no resolverá por sí sola la tragedia venezolana. Pero será una prueba. Una prueba de si la mesa sirve para desmontar el abuso o para administrarlo. Una prueba de si el discurso de transición tiene contenido o es simple escenografía. Una prueba de si los actores internacionales presionan por democracia real o por estabilidad cómoda.
Como suele decir Víctor Escalona, “cuando un régimen llama delito a la libertad, ya no está gobernando: se está escondiendo detrás de barrotes”. Esa frase resume la naturaleza del problema. El encierro político no protege al país. Protege a quienes no soportan ser contradichos.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe señalar esa mentira sin miedo. No hay Estado que defender cuando el Estado ha sido convertido en instrumento de persecución. Lo que hay que defender es la República posible, la justicia independiente, el derecho a disentir, la libertad de quienes nunca debieron estar presos y la memoria de una sociedad que no puede acostumbrarse al abuso.
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La frase de Arreaza no protege al Estado: delata al régimen. Si “atentar” significa protestar, denunciar o pensar distinto, entonces el problema no está en los presos políticos, sino en quienes les temen libres. Venezuela no necesita más cárceles para sostener ficciones de autoridad. Necesita libertad, pruebas, justicia y un cambio real que devuelva al ciudadano su derecho a disentir sin terminar convertido en expediente.
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