RadioAmericaVe.com / Editorial.
La reconstrucción venezolana exige que la ley proteja al ciudadano: vivienda segura, mérito, transparencia y rendición de cuentas.
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La ley empieza en el terreno porque allí es donde deja de ser discurso y se convierte en protección. Una norma vale poco si no impide que una familia sea enviada a una vivienda insegura. Un tribunal pierde sentido si la corrupción puede levantar edificios que luego se desploman sobre sus habitantes. Una Constitución se vuelve papel mojado cuando el ciudadano necesita una recomendación política para recibir aquello que debería corresponderle por derecho. En la Venezuela que intenta salir de la catástrofe, la legalidad debe medirse sobre el suelo: en las obras, los censos, los contratos, los refugios y las decisiones que determinan quién vuelve a tener hogar y quién continúa esperando.
Las 16.309 viviendas destruidas y el colapso de más de 900 edificios no representan únicamente una tragedia física. Son también el expediente material de años de vulnerabilidad, controles deficientes, permisividad y debilitamiento institucional. Por eso reconstruir unas 25.000 soluciones habitacionales no puede significar repetir las mismas reglas que ayudaron a producir el desastre. Si la nueva ciudad nace del clientelismo, la opacidad o la improvisación, habremos levantado paredes sin reconstruir la República.
La tesis de este editorial es firme: el Estado de derecho debe hacerse visible en cada metro cuadrado reconstruido. La asignación de viviendas debe responder a vulnerabilidad comprobada y no a cercanía partidista. Los contratos deben premiar capacidad técnica y no influencia. Los subsidios deben proteger durante la transición, pero conducir hacia autonomía. Y toda institución que pretenda recuperar legitimidad deberá demostrar primero que puede hacer cumplir reglas sobre el terreno.
El suelo es el verdadero tribunal
Durante demasiado tiempo, la política venezolana discutió instituciones como si fueran estructuras separadas de la vida cotidiana. Pero una institución se revela realmente cuando un ciudadano necesita protección.
El balance documentado mantiene 6.509 víctimas fatales. El Estado provisional reconoce que aún no existe un cómputo global oficial de desaparecidos, mientras las solicitudes familiares de personas no localizadas bajo los escombros rondan decenas de miles. A ello se suman 16.740 heridos, 17.907 damnificados y 18.437 personas que continúan en 94 campamentos transitorios.
Se han retirado aproximadamente 600.790 toneladas de escombros, apenas el 28,61 % del total estimado. Eso significa que cerca de siete décimas partes de la destrucción todavía permanecen pendientes de remoción.
Estas cifras no son un telón de fondo para el debate institucional. Son precisamente el lugar donde debe probarse la calidad de las instituciones.
Una ley urbanística que nadie inspecciona no protege. Una norma antisísmica que puede negociarse tampoco. Un presupuesto que no puede auditarse no es transparencia. Y una adjudicación habitacional dependiente de favores no es política social: es subordinación.
Reconstruir con ley significa reconstruir con mérito
La urgencia habitacional exige velocidad, pero la velocidad no puede convertirse en excusa para volver a construir mal.
Las 25.000 viviendas requeridas deben levantarse sobre criterios técnicos verificables. El país no necesita únicamente casas nuevas. Necesita casas capaces de resistir, barrios con servicios y comunidades donde el ciudadano no dependa de una estructura política para conservar lo que recibió.
La legalidad de la reconstrucción debe garantizar:
- estudios de suelo antes de aprobar nuevos desarrollos;
- códigos sismorresistentes estrictos y obligatorios;
- contratistas seleccionados por experiencia y capacidad comprobable;
- materiales certificados y trazables;
- supervisión independiente de las obras;
- criterios públicos para adjudicar viviendas;
- mecanismos de reclamación cuando una familia considere vulnerados sus derechos.
El mérito técnico no es un lujo tecnocrático. Después de miles de muertos y edificios colapsados, es una exigencia moral.
335 viviendas no pueden ocultar la magnitud de la espera
Frente a la dimensión del déficit habitacional, la entrega de 335 soluciones refleja una brecha que el Estado debe reconocer y acelerar. No se trata de despreciar cada vivienda entregada. Cada una representa una familia que puede empezar de nuevo. Pero la política pública debe ser evaluada contra la escala total de la necesidad.
Mientras miles de ciudadanos permanezcan en campamentos, la reconstrucción continuará siendo una obligación pendiente.
Por eso cada proyecto debe incluir plazos, responsables y metas verificables. La ciudadanía necesita saber cuántas viviendas se proyectaron, cuántas comenzaron, cuántas fueron certificadas y cuántas efectivamente se entregaron.
La ley comienza a existir cuando una promesa deja de depender de la palabra del funcionario y puede verificarse en un cronograma público.
La ayuda debe proteger, no domesticar
Los subsidios, la asistencia alimentaria y los refugios continúan siendo indispensables para numerosas familias. Pero proteger a un ciudadano durante la emergencia no significa convertirlo en dependiente permanente.
La ayuda debe tener propósito y dirección.
Una familia necesita alimentación mientras no puede sostenerse. Necesita un subsidio mientras recupera ingresos. Necesita un refugio mientras no existe una vivienda segura. El objetivo de toda política responsable debe ser reducir progresivamente esa dependencia.
La reconstrucción ofrece una oportunidad concreta para hacerlo mediante empleo y capacitación. Muchos damnificados poseen conocimientos útiles para las obras. Otros pueden adquirirlos.
Los recursos de emergencia deberían vincularse con:
- formación técnica certificada;
- contratación transparente de mano de obra local;
- cooperativas sometidas a auditoría y normas laborales;
- programas de reinserción productiva;
- plazos claros para sustituir asistencia por autonomía.
La solidaridad se vuelve verdaderamente digna cuando permite que quien recibe ayuda pueda volver a prescindir de ella.
Los petro-dólares también están sometidos a la ley
La reconstrucción venezolana se desarrolla dentro de un entramado financiero y geopolítico excepcional. Los ingresos petroleros, los créditos multilaterales y la cooperación internacional constituyen recursos indispensables para enfrentar una destrucción que supera la capacidad ordinaria del Estado.
Pero el origen extraordinario del dinero no puede producir controles extraordinariamente débiles.
Todo recurso debe tener trazabilidad. El ciudadano necesita saber cuánto ingresó, bajo qué condiciones, qué institución lo administra, a qué proyecto fue dirigido y qué resultado produjo.
La participación exterior tampoco puede servir para diluir responsabilidades. Que existan actores internacionales en la financiación o ejecución no convierte los fondos en tierra de nadie.
La rendición de cuentas debe permitir conocer:
- origen y monto del financiamiento;
- institución administradora;
- obra o programa financiado;
- empresa ejecutora y beneficiarios finales;
- avance físico y financiero;
- auditorías, observaciones y sanciones cuando correspondan.
La soberanía no se demuestra escondiendo las cuentas. Se demuestra administrándolas con tanta transparencia que nadie necesite administrar el país desde fuera.
El periodismo independiente también forma parte del Estado de derecho. Seguir los contratos, contrastar los censos y preguntar quién responde por cada obra permite que la ley salga de los códigos y llegue al ciudadano. Vierne5 considera que vigilar al poder no obstaculiza la reconstrucción: la protege.
La ciudadanía debe convertirse en parte del sistema de control
La ley no puede depender únicamente de instituciones que ya demostraron debilidades. La reconstrucción necesita contraloría ciudadana.
Las comunidades pueden verificar obras, comparar cronogramas y denunciar diferencias entre lo anunciado y lo ejecutado. Las universidades pueden aportar conocimiento. Los colegios profesionales pueden evaluar normas técnicas. Los medios pueden seguir contratos y cifras.
Ese “pueblo constructor” no sustituye al Estado. Lo obliga a funcionar mejor.
La ciudadanía organizada debe tener acceso a datos abiertos suficientes para saber qué se construye, cuánto cuesta y quién responde.
Un ciudadano informado deja de ser beneficiario pasivo y se convierte en sujeto de derechos.
La legalidad no termina en la vivienda
El mismo principio que debe regir una obra pública tiene que aplicarse a la reconstrucción institucional.
Caracas avanza hacia conversaciones que apuntan a renovar el CNE y el TSJ con miras a diciembre de 2026. Pero ninguna negociación recuperará confianza si reproduce el reparto de cuotas que durante años debilitó a las instituciones.
La selección de rectores y magistrados debe responder a mérito, independencia y antecedentes verificables. Una República no puede exigir concurso técnico para un ingeniero y aceptar reparto político para un juez.
La situación de 382 presos políticos y las denuncias de abusos en controles viales recuerdan además que el Estado de derecho no se mide únicamente por leyes escritas, sino por el modo en que el poder armado trata al ciudadano.
Una fuerza pública civilista debe proteger derechos, no convertir el uniforme en licencia para la arbitrariedad.
Las instituciones también deben responder por lo que falló
La reconstrucción jurídica exige reconocer responsabilidades.
Si hubo edificios levantados fuera de norma, debe investigarse quién autorizó. Si existieron materiales deficientes, debe saberse quién certificó. Si las inspecciones fallaron, debe establecerse por qué.
No puede construirse una cultura de legalidad sobre la idea de que todo fue responsabilidad exclusiva de la naturaleza.
Una catástrofe puede ser inevitable. La vulnerabilidad construida no siempre lo es.
Las instituciones deben aprender a admitir errores, pedir perdón cuando corresponda y modificar procedimientos. Ese reconocimiento no debilita al Estado. Lo vuelve más digno de confianza.
La ley también es una forma de soberanía
Venezuela continúa bajo importantes restricciones externas y una arquitectura de cooperación que condiciona buena parte de la recuperación. La respuesta a esa realidad no puede limitarse al discurso nacionalista.
La autonomía se recupera demostrando capacidad.
Un país se vuelve más soberano cuando sus jueces son independientes, sus contratos son transparentes, sus ingenieros pueden certificar obras seguras, sus fondos pueden auditarse y sus ciudadanos no necesitan favores políticos para ejercer derechos.
Mientras esas capacidades no existan, la tutela encontrará siempre un argumento para prolongarse.
La ley es, por tanto, también una herramienta de independencia.
Primero la norma que protege, luego la promesa
La ley empieza en el terreno porque allí desaparece toda retórica.
Un muro está bien construido o no. Un terreno es seguro o no. Un contrato puede auditarse o no. Una familia recibió su vivienda o continúa esperando. Un subsidio condujo a autonomía o se convirtió en dependencia.
No hay espacio para discursos cuando la realidad puede medirse.
Si todavía queda aproximadamente el 71 % de los escombros por retirar, si miles de ciudadanos permanecen bajo estructuras temporales y si la reconstrucción habitacional avanza con enorme lentitud frente a la necesidad total, la prioridad nacional está escrita sobre el territorio.
Venezuela no necesita más legalidad ceremonial. Necesita una ley que impida el robo, castigue la negligencia, proteja al vulnerable y premie la competencia.
Una ley que pueda verse en una vivienda segura.
En un contrato abierto.
En un funcionario que rinde cuentas.
En un ciudadano que ya no necesita pedir un favor para ejercer un derecho.
La República comenzará a reconstruirse de verdad cuando la legalidad deje de vivir solamente en los tribunales y empiece a sentirse bajo los pies de la gente.
El reloj corre sobre un suelo inestable. La próxima sacudida no preguntará quién tenía el mejor discurso. Pondrá a prueba aquello que realmente construimos.
Por eso la ley debe empezar hoy, allí donde más importa: en el terreno.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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