RadioAmericaVe.com / Editorial.
Sin datos verificables no hay reconstrucción justa. Venezuela necesita censos públicos, auditables y libres de manipulación.
Censo transparente de damnificados, auditoría de cifras, datos públicos para la reconstrucción, transparencia estadística
La verdad del censo y la mentira de las cifras no es una discusión técnica reservada a estadísticos, ministerios o consultores. Es una cuestión de vida, justicia y poder. Cuando un país atraviesa una catástrofe y cada vivienda destruida, cada persona damnificada y cada familia refugiada depende de una lista oficial para recibir ayuda, alterar un dato deja de ser una falta administrativa: puede convertirse en una forma de excluir, desviar recursos y condenar a ciudadanos concretos a desaparecer de la reconstrucción.
La tragedia demolió mucho más que edificios. También destruyó la credibilidad de aquella vieja costumbre burocrática de administrar la realidad mediante cifras convenientes. Las 16.309 viviendas destruidas, los más de 900 edificios colapsados y la necesidad de levantar decenas de miles de nuevas soluciones habitacionales obligan a abandonar cualquier tentación de maquillaje estadístico. La reconstrucción no puede planificarse con números políticos. Necesita datos verificables, auditorías abiertas y censos que resistan el escrutinio de las propias comunidades.
La tesis de este editorial es firme: la verdad estadística es una obligación de Estado. Dosificar, inflar, reducir u ocultar cifras durante una emergencia no protege a un gobierno; debilita al país. Si el número de damnificados es falso, también lo será la cantidad de viviendas necesarias; Si los registros de los campamentos son incompletos, habrá familias invisibles. Si la magnitud de los daños se manipula, los fondos internacionales se distribuirán sobre una ficción.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela debe decidir que nunca más aceptará una estadística como acto de fe. Cada cifra pública debe poder ser comprobada.
Una familia que no aparece en el censo puede desaparecer de la ayuda
El censo no es un archivo. Es la puerta de entrada a la reconstrucción. Allí se decide quién perdió una vivienda, quién necesita subsidio de alquiler, quién debe ser reubicado, quién requiere atención especial y quién tendrá prioridad para recibir una solución habitacional.
Por eso las listas opacas son peligrosas. Una persona excluida del registro no pierde únicamente una casilla en una base de datos. Puede perder acceso a alimentos, medicamentos, vivienda y asistencia financiera. Al mismo tiempo, una duplicación o un registro inexistente desvía recursos que deberían llegar a quienes realmente los necesitan.
Con miles de personas alojadas en campamentos transitorios, el margen para la manipulación es enorme si las comunidades no pueden verificar la información. La discrecionalidad convierte un derecho en favor y transforma al funcionario que administra una lista en un intermediario del futuro de una familia.
Un censo confiable debe permitir verificar
- la identidad y composición de cada grupo familiar afectado,
- la vivienda de origen y el nivel de daño técnicamente certificado,
- la asistencia recibida y la solución temporal asignada,
- la ruta habitacional prevista y el estado de su ejecución,
- las modificaciones realizadas al registro y la autoridad que las autorizó.
Los datos personales deben estar protegidos. Los criterios, las cifras agregadas y la distribución de los recursos no pueden estar escondidos.
Planificar 25.000 viviendas exige saber quién las necesita
La reconstrucción habitacional no puede comenzar con una cifra políticamente cómoda y después buscar familias que encajen en ella. Debe ocurrir exactamente al revés: primero se verifica la magnitud real de las pérdidas; después se planifica la respuesta.
Construir menos viviendas de las necesarias significaría prolongar los campamentos y aumentar la precariedad. Construir sin conocer con precisión dónde estaban las familias, cómo vivían y qué riesgos existían puede reproducir los mismos problemas urbanos que contribuyeron a la vulnerabilidad anterior.
La verdad del censo debe cruzarse con mapas de riesgo, inspecciones estructurales, estudios de suelo y capacidad de los servicios públicos. No basta con saber cuántas viviendas faltan. Hay que saber dónde pueden levantarse con seguridad y qué infraestructura necesitan alrededor.
La estadística responsable no es una colección de números. Es planificación territorial convertida en decisiones.
La mentira también abre la puerta al clientelismo
Cuando nadie puede comprobar las cifras, quien administra el registro controla también la distribución de beneficios. Allí comienza el clientelismo.
Una lista manipulada permite incorporar beneficiarios por conveniencia, excluir voces incómodas, favorecer comunidades políticamente útiles o reservar adjudicaciones para intermediarios conectados con el poder. La reconstrucción deja entonces de responder a vulnerabilidad y mérito técnico para convertirse en un sistema de recompensas.
El peligro aumenta ante la enorme cantidad de recursos nacionales e internacionales que deberá movilizarse. Los financistas multilaterales necesitan información precisa para evaluar proyectos, riesgos y desembolsos. Si el país presenta datos distorsionados, no solo engaña a esos organismos: crea condiciones para que el dinero se distribuya sobre bases falsas.
Y la opacidad puede beneficiar exactamente a quienes menos deberían beneficiarse: contratistas sin experiencia, redes inmobiliarias cuestionadas y operadores acostumbrados a obtener contratos mediante influencia y no mediante competencia.
La reconstrucción necesita barreras contra la manipulación
- publicación periódica de cifras consolidadas y metodología utilizada,
- auditorías independientes de los censos y bases de datos,
- cruce de información entre municipios, comunidades y organismos técnicos,
- identificación pública de las empresas contratadas y de sus beneficiarios finales,
- trazabilidad entre familias registradas, recursos asignados y resultados obtenidos.
La velocidad de la emergencia no justifica abandonar el control. Al contrario: cuanto más rápido debe gastarse el dinero, más necesario es saber exactamente dónde termina.
La co-gobernanza también depende de cifras creíbles
La presencia de actores internacionales en la recuperación ha creado una realidad de poder compartido. Los recursos financieros, la ingeniería especializada y parte de la logística externa se han vuelto decisivos para sostener la reconstrucción. Esa cooperación hace todavía más importante la verdad estadística.
Los organismos multilaterales no pueden financiar adecuadamente aquello que el país no es capaz de medir con precisión. Las prioridades de vivienda, salud, puertos, carreteras y servicios públicos dependerán de diagnósticos que deben ser fiables.
Manipular las cifras para obtener más fondos sería irresponsable. Reducirlas para ocultar incapacidad también lo sería. En ambos casos el resultado termina siendo el mismo: decisiones incorrectas, recursos mal dirigidos y pérdida de credibilidad.
La soberanía no consiste en controlar los números. Consiste en producir información tan sólida que ninguna institución extranjera pueda sustituir la capacidad nacional de diagnosticar su propia realidad.
El periodismo independiente tiene una obligación esencial frente a las cifras oficiales: compararlas, interrogarlas y exigir que puedan verificarse. RadioAmericaVe.com y Vierne5 cree que una democracia comienza a reconstruirse cuando los datos dejan de pertenecer a la burocracia y vuelven a ser una herramienta pública para comprender la realidad y exigir responsabilidades.
Los campamentos no pueden ser zonas estadísticamente invisibles
La vida cotidiana en los refugios demuestra por qué la exactitud importa. Allí la diferencia entre una cifra correcta y una incorrecta se traduce en alimentos, agua, medicamentos, camas y rutas de salida.
Si un campamento registra menos personas de las que realmente alberga, llegarán menos recursos; Si los datos están inflados, se producirán excedentes susceptibles de desaparecer en circuitos informales. Si nadie conoce con certeza cuántos niños, ancianos o enfermos viven allí, los servicios sanitarios y educativos se planificarán mal.
La dependencia humanitaria se vuelve especialmente peligrosa cuando no puede medirse. Una familia puede permanecer durante meses bajo subsidio porque nadie actualiza su situación laboral o habitacional. Otra puede quedar excluida mientras espera que un registro reconozca su existencia.
El censo debe convertirse en una herramienta de reinserción. Tiene que permitir saber no solo quién necesita asistencia, sino quién posee un oficio, quién requiere capacitación, quién puede incorporarse a las obras y qué familia está en condiciones de salir progresivamente del esquema de subsidios.
La transparencia estadística también debe llegar a la política
El mismo país que exige datos confiables para reconstruir viviendas debe exigirlos para reconstruir instituciones. Mientras avanza la negociación para renovar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones, quiénes participan y bajo qué criterios se evalúan los resultados.
No puede pedirse confianza ciega en un diálogo político mientras la sociedad continúa reclamando información verificable sobre muertos, damnificados, presos políticos, viviendas y recursos públicos. La legitimidad no se construye ocultando datos incómodos.
La ciudadanía vigilante debe trasladar la cultura de auditoría desde los campamentos hasta las mesas de negociación. Los acuerdos institucionales necesitan transparencia, del mismo modo que la adjudicación de una vivienda necesita un criterio público.
El nuevo poder moral ciudadano no consiste solamente en protestar. Consiste en preguntar, documentar y comparar. En exigir que una cifra tenga fuente, que una promesa tenga plazo y que una designación tenga razones.
Sin datos abiertos no habrá confianza electoral
La discusión sobre la preparación del país para unas futuras elecciones también depende de la verdad material. Una democracia no puede organizarse como si la emergencia hubiera terminado cuando miles de familias siguen bajo asistencia y grandes sectores del territorio continúan afectados.
Pero tampoco puede utilizarse esa emergencia como justificación para aplazar indefinidamente la reinstitucionalización. La única salida responsable es medir con precisión los avances y definir públicamente qué condiciones deben cumplirse.
¿Cuántas familias continúan desplazadas? ¿Cuántas viviendas fueron entregadas? ¿Cuántos hospitales recuperaron capacidad? ¿Cuántos campamentos cerraron? ¿Qué zonas siguen bajo riesgo? Esas preguntas permiten saber si el país avanza realmente o si la transición se sostiene únicamente mediante anuncios.
La verdad estadística puede convertirse así en un mecanismo contra el inmovilismo. Cuando el dato es verificable, resulta más difícil mover constantemente la meta o inventar razones para posponer decisiones.
La cifra verdadera es una forma de justicia
En una tragedia, contar correctamente es una forma de reconocer. Cada fallecido debe existir en el registro; Cada damnificado debe ser identificado; Cada vivienda destruida debe estar documentada. Cada recurso debe tener destino.
La mentira estadística deshumaniza porque convierte a las personas en variables manipulables. La verdad, en cambio, devuelve identidad y responsabilidad.
La verdad del censo y la mentira de las cifras es, en el fondo, un debate sobre qué tipo de República quiere reconstruir Venezuela. Una donde el poder decide qué realidad mostrar, o una donde la sociedad puede comprobar por sí misma la realidad sobre la que se toman las decisiones.
La primera reproduce el pasado. La segunda comienza a construir instituciones adultas.
El tiempo corre sobre un suelo inestable. No hay espacio para estadísticas decorativas, censos secretos ni balances administrados según conveniencia. Levantar el país exige asumir la crudeza de las ruinas, contarlas correctamente y distribuir los recursos de acuerdo con hechos comprobables.
La transparencia no garantiza por sí sola que todo salga bien. Pero la opacidad casi garantiza que algo terminará mal.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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