RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela necesita cooperación sin dependencia: orden civil, transparencia, trabajo y ciudadanía para reconstruir su soberanía.
Soberanía y reconstrucción, co-gobernanza en Venezuela, ciudadanía vigilante, reconstrucción con autonomía.
Orden civil en tiempos de tutela significa comprender que la soberanía no se demuestra gritando más fuerte que quienes vienen a ayudar, sino recuperando la capacidad de decidir, planificar, ejecutar y rendir cuentas. Venezuela atraviesa una emergencia en la que la cooperación internacional resulta materialmente indispensable, pero precisamente por eso el país enfrenta una prueba todavía mayor: recibir asistencia sin resignar su responsabilidad como Estado. Si las instituciones civiles se paralizan, otros terminarán diseñando las soluciones, definiendo prioridades y trazando sobre el territorio una nueva geografía que debería corresponder, antes que a nadie, a los venezolanos.
El país no puede darse el lujo de confundir dignidad nacional con aislamiento. Tampoco puede confundir cooperación con subordinación. Entre ambos extremos existe una tarea mucho más difícil: gobernar. Eso significa producir planes urbanísticos serios, aplicar códigos sismorresistentes estrictos, controlar cada dólar, ordenar los campamentos, incorporar a la población al trabajo y demostrar que la administración civil puede estar a la altura de una catástrofe que ha desbordado capacidades previamente debilitadas.
La tesis de este editorial es firme: la tutela solo se vuelve permanente cuando el Estado renuncia a reconstruir su propia capacidad. La presencia de equipos extranjeros, financiamiento multilateral y asistencia humanitaria no debe ser interpretada como una sentencia de incapacidad definitiva, sino como una oportunidad excepcional para transferir conocimiento, restaurar instituciones y recuperar autonomía.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela debe decidir que la soberanía será demostrada con competencia, transparencia y responsabilidad, no con consignas que no levantan una vivienda ni reparan un hospital.
La soberanía empieza en un plano bien hecho
El nuevo orden civil debe comenzar por una verdad incómoda: después de la catástrofe, muchas de las decisiones más importantes ya no pueden tomarse como antes. No basta con autorizar obras desde una oficina central ni con repetir modelos urbanísticos que ignoraron riesgos, capacidad de servicios y normas técnicas.
La reconstrucción exige ciencia. Cada zona debe ser evaluada por su estabilidad, vulnerabilidad, disponibilidad de agua, movilidad, servicios y capacidad de evacuación. Las normas sismorresistentes no pueden negociarse por presión económica ni política. Una familia que ha perdido su vivienda no necesita una solución rápida que vuelva a ponerla en peligro; necesita una vivienda que pueda resistir.
La asistencia de ingenieros y organismos internacionales puede ayudar a acelerar ese proceso, pero los nuevos mapas urbanos deben convertirse en patrimonio institucional venezolano. Los técnicos nacionales tienen que participar, aprender, decidir y asumir responsabilidad.
El Estado civil debe recuperar capacidades concretas
- aprobar planes maestros de reconstrucción territorial con criterios públicos,
- establecer códigos de construcción estrictos y fiscalización independiente,
- publicar mapas de riesgo y prohibir obras en áreas incompatibles con la seguridad,
- formar equipos venezolanos capaces de asumir progresivamente la ingeniería de la recuperación,
- identificar responsables administrativos y técnicos de cada proyecto.
Si esas funciones quedan indefinidamente en manos externas, la emergencia habrá dejado de ser una excepción para convertirse en tutela estructural.
La co-gobernanza debe estar bajo escrutinio
El mapa real del poder durante la reconstrucción es más complejo que el organigrama oficial. La gestión de recursos internacionales, la asistencia técnica extranjera y la presencia de actores multilaterales han creado un esquema de co-gobernanza de facto en el que ninguna institución puede actuar como si tuviera control absoluto.
Ese escenario exige madurez. La administración venezolana debe coordinarse con quienes aportan recursos y capacidad operacional sin esconder las condiciones de esa cooperación. El ciudadano tiene derecho a saber qué proyectos dependen de financiamiento exterior, cuánto dinero está comprometido, quién autoriza los desembolsos y qué obligaciones futuras asume la República.
La reconstrucción de infraestructura estratégica añade presión. Cuando puertos, corredores logísticos, instalaciones energéticas y otros activos de interés regional entran en el centro de la agenda, la línea entre cooperación humanitaria, recuperación económica e interés geopolítico puede volverse difusa.
Precisamente por eso la transparencia debe ser radical. La soberanía no se protege ocultando acuerdos. Se protege sometiéndolos a conocimiento público y asegurando que la ayuda produzca capacidad nacional.
Todo recurso extraordinario debe responder públicamente
- de dónde proviene y bajo qué condiciones financieras,
- qué institución lo administra,
- qué proyecto concreto financia,
- qué contratistas o proveedores intervienen,
- qué empleo y conocimiento deja en Venezuela,
- qué mecanismo independiente verificará su ejecución.
La tutela se fortalece cuando la información se concentra en pocos despachos. El orden civil se fortalece cuando la ciudadanía puede seguir cada decisión.
De la asistencia al trabajo
Uno de los mayores peligros de la emergencia es convertir la ayuda necesaria en una forma permanente de organización social. Miles de personas continúan dependiendo de campamentos, raciones, subsidios y decisiones administrativas para sostener la vida cotidiana. Esa protección es indispensable mientras no exista una alternativa. Pero debe tener un propósito definido: devolver autonomía.
El campamento no puede convertirse en residencia permanente. El subsidio no puede sustituir indefinidamente al salario. La ración humanitaria no puede convertirse en relación política entre quien distribuye y quien recibe.
El país necesita transformar al damnificado en protagonista de la reconstrucción. La edificación de las nuevas viviendas, la reparación de servicios, el saneamiento urbano y la recuperación de infraestructura deben convertirse también en programas de empleo formal y capacitación.
Las comunidades podrían organizar cooperativas de trabajo transparentes y auditables para participar en tareas compatibles con su formación y con las exigencias de seguridad. No se trata de reemplazar ingenieros ni empresas especializadas, sino de evitar que los propios venezolanos observen desde los refugios cómo otros reconstruyen el país por ellos.
La reinserción productiva debe combinar
- registro público de oficios y capacidades entre la población damnificada,
- capacitación certificada vinculada con las obras reales,
- contratación formal de mano de obra local cuando sea técnicamente posible,
- salarios, seguridad laboral y protección social,
- cronogramas públicos para reducir progresivamente subsidios y campamentos.
La ayuda debe sostener a quien todavía no puede valerse por sí mismo. El Estado debe trabajar para que cada vez menos ciudadanos dependan de ella.
El periodismo independiente es especialmente necesario cuando el poder se reparte entre gobiernos, organismos, contratistas y estructuras transitorias. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que seguir los fondos, preguntar quién decide y contrastar cada promesa es una forma de defender la autonomía ciudadana frente a la opacidad y la dependencia.
La ciudadanía vigilante es el verdadero contrapeso
En tiempos de tutela parcial y poder fragmentado, el ciudadano adquiere una responsabilidad extraordinaria. Ya no basta con reclamar soluciones. Hay que vigilar cómo se diseñan y quién se beneficia de ellas.
Los censos deben ser públicos y auditables. Las adjudicaciones de vivienda necesitan criterios verificables. Los contratos deben mostrar costos, plazos y responsables. Los campamentos necesitan comités autónomos capaces de comprobar inventarios y denunciar irregularidades.
La ciudadanía vigilante no es una fuerza contra el Estado. Es una garantía contra su captura.
Cuando intervienen actores nacionales y extranjeros, la posibilidad de diluir responsabilidades aumenta. Una autoridad puede culpar al organismo internacional; el organismo puede señalar al contratista; el contratista puede alegar decisiones administrativas. Al final, el ciudadano queda frente a una cadena en la que nadie responde.
La contraloría social rompe esa lógica preguntando de manera sistemática: quién decidió, quién pagó, quién ejecutó y quién certificó.
Diciembre no puede convertirse en otro reparto
Mientras la reconstrucción avanza con enormes dificultades, el calendario institucional mantiene como referencia la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Ese proceso se desarrolla en medio de un profundo escepticismo social y de demandas por un cambio estructural.
El peligro consiste en que la urgencia de alcanzar acuerdos sea utilizada para justificar un reparto entre partidos y sectores tradicionales. Eso sería incompatible con la transformación que reclama la sociedad.
El próximo CNE debe construirse sobre independencia, experiencia y mérito. El nuevo TSJ debe demostrar capacidad para actuar sin subordinación política y enfrentar con rigor los casos relacionados con corrupción, abusos e impunidad.
La situación de los presos políticos tampoco puede desaparecer de la discusión institucional. No puede pedirse confianza democrática mientras persisten reclamos fundamentales sobre derechos y justicia.
El orden civil exige que la política vuelva a estar sometida a reglas, no a acuerdos entre quienes se consideran propietarios del Estado.
La ciudadanía debe exigir al proceso institucional
- criterios públicos para seleccionar rectores y magistrados,
- antecedentes y credenciales verificables de los aspirantes,
- publicidad de las razones que fundamenten cada designación,
- independencia frente a cuotas partidistas,
- compromisos verificables con derechos, justicia y transparencia.
La tutela no puede convertirse en excusa para la parálisis
La advertencia de que Venezuela todavía no reúne condiciones para unas elecciones inmediatas coloca al país frente a un dilema delicado. Las restricciones materiales existen y no deben ignorarse. Pero la reconstrucción tampoco puede convertirse en argumento para congelar indefinidamente la apertura política.
La tarea consiste en avanzar simultáneamente. Recuperar hospitales mientras se recupera la justicia. Construir viviendas mientras se construye un árbitro electoral confiable. Reducir campamentos mientras se amplían las libertades.
Los procesos judiciales que se desarrollen fuera del país seguirán calendarios propios. Venezuela no puede organizar su futuro esperando una decisión externa. Esa espera también sería una forma de tutela.
La República tiene que desarrollar su propia capacidad para decidir, investigar, sancionar, construir y organizar elecciones confiables.
La soberanía se gana administrando bien
Durante demasiado tiempo, soberanía fue una palabra utilizada para movilizar emociones. La tragedia obliga a devolverle contenido concreto.
Soberanía es que un ingeniero venezolano pueda firmar con responsabilidad un proyecto seguro. Que una institución nacional pueda administrar un crédito sin robarlo. Que un hospital funcione sin depender permanentemente de asistencia extraordinaria. Que una comunidad pueda verificar su censo. Que una elección no necesite confianza ciega porque sus reglas son transparentes.
Orden civil en tiempos de tutela significa aprovechar la ayuda sin acostumbrarse a depender de ella. Significa aceptar cooperación sin entregar la conducción moral del país. Significa reconocer nuestras limitaciones actuales sin convertirlas en identidad permanente.
El ciudadano es la última esperanza de esa República porque puede impedir que la reconstrucción termine capturada por quienes distribuyen fondos, cargos o favores. Puede exigir que los acuerdos internacionales produzcan autonomía, que los subsidios conduzcan al trabajo y que las instituciones de diciembre no nazcan de otro reparto.
El suelo todavía tiembla, pero el país no puede permanecer inmóvil. Si la dirigencia continúa refugiándose en discursos mientras otros planifican, financian y ejecutan, la tutela terminará ocupando el espacio abandonado por el Estado.
La única respuesta digna es recuperar capacidad. Planificar mejor. Trabajar. Auditar. Formar profesionales. Construir instituciones. Y demostrar, con hechos, que Venezuela puede volver a gobernarse a sí misma.
Comparte este editorial, suscríbete a RadioAmericaVe.com y Vierne5 y participa en esta conversación sobre soberanía, reconstrucción y responsabilidad ciudadana. ¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.
Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €
Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.
RadioAmericaVe.com / Editorial.
Victor Julio Escalona
Editor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario