RadioAmericaVe.com / Editorial.
La tragedia está fortaleciendo redes vecinales y capacidad municipal. El reto es convertir esa energía local en instituciones auditables.
Poder local en Venezuela; descentralización de la reconstrucción; municipios y reconstrucción; ciudadanía local venezolana
Algo está cambiando debajo de la gran política venezolana. Mientras Caracas discute tribunales, garantías, negociación y futuras reglas electorales, en barrios y municipios golpeados por los terremotos la vida ha obligado a organizarse con otra velocidad. Vecinos que buscaron sobrevivientes, voluntarios que llevaron generadores y alimentos, docentes que improvisaron espacios educativos y comunidades que comenzaron a resolver necesidades inmediatas muestran una realidad difícil de encerrar en una mesa de negociación: la reconstrucción también está generando capacidad local.
Eso no significa que los municipios hayan sustituido al Estado ni que exista ya una nueva arquitectura descentralizada plenamente constituida. Significa algo más concreto: la emergencia reveló que el territorio posee conocimiento, organización y capacidad de reacción que pueden complementar —y en ocasiones acelerar— la respuesta institucional. Reuters documentó que, durante las primeras semanas posteriores a los terremotos, civiles y vecinos asumieron buena parte de las labores iniciales de rescate en zonas de La Guaira mientras reclamaban mayor presencia oficial y maquinaria pesada.
El poder local que empieza a emerger debe entenderse, por tanto, como una realidad operacional antes que como una consigna política. Su importancia dependerá de si esa energía comunitaria termina integrada en instituciones con reglas, presupuesto, controles técnicos y rendición de cuentas, o si permanece únicamente como respuesta espontánea frente a las ausencias del centro.
La tragedia reveló capacidades que ya estaban en el territorio
Una catástrofe tiene la capacidad brutal de revelar cómo funciona realmente un país. En Venezuela mostró debilidades de coordinación, pero también la existencia de redes locales capaces de movilizar recursos humanos con rapidez. En Los Cocos y otras zonas de La Guaira, vecinos, familiares y voluntarios removieron escombros, llevaron agua y alimentos y participaron directamente en las tareas de búsqueda durante las primeras fases de la emergencia.
La educación ofrece otra muestra. En agosto, EL PAÍS documentó iniciativas comunitarias como “Rincón de Luz”, una escuela informal creada en una vivienda para atender a niños cuyas escuelas habían quedado inutilizadas, además de otros esfuerzos improvisados para mantener alguna continuidad educativa en comunidades gravemente afectadas. El mismo reportaje señaló que al menos 432 escuelas habían sufrido daños y que miles de estudiantes enfrentaban dificultades para regresar a clases.
Estos ejemplos no deben idealizarse. La comunidad no puede sustituir indefinidamente a un ministerio, un sistema educativo, una autoridad municipal o una política de vivienda. Pero sí prueban que la capacidad local existe y que ignorarla sería desperdiciar uno de los activos institucionales más importantes que ha dejado la propia emergencia.
Las cifras obligan a separar la realidad actual de las fotografías antiguas
El último balance oficial ampliamente documentado situó en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Para el 25 de agosto también se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, mientras se mantenía en 335 el número de viviendas nuevas entregadas y se informaba de otras 1.001 casas recuperadas. Las autoridades habían estimado previamente que podrían requerirse unas 25.000 soluciones habitacionales.
El dato de 17.907 personas sin vivienda corresponde al balance oficial del 21 de julio. En esa fecha, 23.587 personas permanecían en 107 campamentos transitorios. Por tanto, las cifras de 18.437 personas en 94 campamentos que circularon días antes no describen la situación de finales de septiembre y no deberían utilizarse como si fueran una medición actual.
De hecho, el Gobierno informó el 25 de agosto que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal desde los terremotos. Esa actualización muestra por qué cualquier sistema local de reconstrucción necesita censos vivos, capaces de registrar entradas, salidas, nuevas viviendas, reparaciones y familias que continúan esperando.
Lo local se vuelve institucional cuando puede medir correctamente aquello que administra.
Descentralizar no significa abandonar el control nacional
El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos producidos por los terremotos. El 47 % correspondió a edificios residenciales, el 27 % a infraestructura y el 26 % a inmuebles no residenciales. La institución advirtió que el ritmo de la reconstrucción será determinante para los resultados económicos y sociales del país.
Una reconstrucción de esa dimensión necesariamente abre el debate sobre qué decisiones deben mantenerse centralizadas y cuáles pueden ejecutarse más cerca del territorio. Los municipios conocen mejor qué escuela está cerrada, qué calle continúa bloqueada, dónde falla el agua y qué comunidad sigue viviendo en condiciones provisionales. El Gobierno central, por su parte, conserva capacidades indispensables de financiamiento, regulación, coordinación nacional y establecimiento de estándares.
El dilema no es escoger entre centralización total y autonomía local absoluta. Es diseñar una distribución de responsabilidades donde el municipio pueda actuar sin convertirse en una nueva zona de opacidad.
Un esquema verificable podría hacer públicos, municipio por municipio:
- los recursos recibidos y su fuente;
- las obras aprobadas, iniciadas y terminadas;
- los contratistas y responsables técnicos;
- el porcentaje de ejecución financiera y física;
- las escuelas, hospitales y redes de servicios recuperadas;
- las viviendas nuevas y reparadas;
- y los plazos previstos para cada proyecto.
La descentralización sin auditoría puede trasladar problemas desde Caracas hasta las alcaldías. La centralización sin conocimiento territorial puede retrasar soluciones y alejar la responsabilidad del ciudadano. El desafío es combinar proximidad con controles.
El periodismo independiente también debe mirar la reconstrucción desde abajo. Seguir presupuestos municipales, verificar obras, escuchar a los vecinos y comparar promesas con resultados permite detectar antes aquello que una estadística nacional puede esconder. El poder local gana legitimidad cuando puede ser observado.
El dinero internacional aumenta la necesidad de controles locales
La reconstrucción coincide con una profunda reorganización de las relaciones económicas de Venezuela con Estados Unidos y los organismos multilaterales. La delegación encabezada por Delcy Rodríguez mantuvo en Nueva York conversaciones sobre energía, deuda, minería y recuperación económica con autoridades estadounidenses y representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Reuters informó que las conversaciones con el FMI se centraron, entre otros asuntos, en la recuperación posterior a los terremotos.
El BID, por su parte, está preparando un plan de dos años para Venezuela centrado parcialmente en electricidad y protección social, aunque todavía existen interrogantes sobre la resolución de atrasos financieros y las condiciones para nuevos préstamos.
También existe un nuevo marco petrolero en el que Washington ha incrementado su influencia sobre determinados flujos financieros. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó a comienzos de septiembre que Estados Unidos mantendría supervisión estricta sobre los flujos derivados de un nuevo acuerdo energético relacionado con Venezuela.
Estos hechos no permiten afirmar que todos los recursos internacionales de reconstrucción sean administrados por autoridades militares estadounidenses ni que exista una sola caja financiera bajo control de Washington. Sí muestran que la arquitectura económica venezolana se ha vuelto más compleja y que esa complejidad hace todavía más importante la trazabilidad.
Cuando el dinero atraviesa varios niveles de gobierno, instituciones multilaterales y acuerdos internacionales, el municipio puede convertirse en el lugar donde finalmente se comprueba si esos recursos produjeron un resultado concreto.
La política nacional tampoco puede ignorar esa escala
El segundo ciclo del diálogo entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición se retomó el 17 de septiembre con respaldo de Estados Unidos. Dinorah Figuera encabeza la delegación opositora, mientras Jorge Rodríguez representa al oficialismo. La agenda incluye reforma judicial, garantías civiles y políticas y libertad de expresión.
Informaciones publicadas sobre el proceso sitúan la renovación del Consejo Nacional Electoral como uno de los temas pendientes y hablan de avances esperados entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Algunas figuras opositoras han señalado diciembre como referencia política para obtener resultados sobre el CNE y el Tribunal Supremo, aunque ese calendario no equivale todavía a una fecha electoral acordada.
Ese proceso institucional ocurre mientras persisten cuestionamientos sobre derechos humanos. Foro Penal registraba al 14 de septiembre 344 personas que la organización clasifica como presos políticos: 330 hombres y 14 mujeres. Esa cifra y esa caracterización corresponden a Foro Penal y deben ser atribuidas a la organización.
La relación entre estos temas y la reconstrucción municipal no consiste en afirmar que un problema sustituye al otro. Consiste en recordar que una transición política se desarrolla sobre un territorio concreto. La calidad institucional se comprueba también en la escuela que reabre, en el presupuesto que puede consultarse, en la carretera donde la autoridad actúa dentro de la ley y en la capacidad del ciudadano para reclamar sin depender de influencias.
El poder local puede ser una oportunidad, pero no una garantía automática
La emergencia ha demostrado que los ciudadanos pueden organizarse, que las comunidades poseen conocimiento operativo y que la respuesta local puede llenar vacíos en momentos críticos. También ha demostrado que el voluntarismo tiene límites.
Un grupo de vecinos puede organizar alimentos. No puede sustituir indefinidamente una red nacional de abastecimiento. Una maestra puede improvisar un aula en su casa. No puede reemplazar durante años un sistema escolar. Una comunidad puede vigilar una obra. No puede certificar por sí sola la ingeniería estructural.
Por eso el verdadero debate no es si Venezuela debe escoger entre ciudadanos organizados y Estado. Es cómo convertir la energía ciudadana en instituciones que funcionen sin destruir la responsabilidad pública.
El municipio puede aportar proximidad. El Gobierno nacional puede aportar escala. Las universidades y colegios profesionales pueden aportar conocimiento. Los organismos multilaterales pueden aportar financiamiento y experiencia. La ciudadanía puede aportar vigilancia.
Ninguno de esos actores, por separado, basta.
La República se mide también desde abajo
Donald Trump afirmó en julio que, en opinión de su Administración, Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque señaló que el país había registrado avances. Esa declaración expresa una posición de Washington; no constituye una certificación jurídica ni determina por sí sola cuándo deben celebrarse comicios venezolanos.
La relevancia de esa afirmación está en recordar cuánto peso continúa teniendo el contexto internacional sobre la transición. Pero la reconstrucción de la legitimidad venezolana no depende únicamente de lo que decida una capital extranjera.
También depende de aquello que pueda comprobar un ciudadano desde su propia calle.
Si la escuela abrió.
Si llegó el agua.
Si el contrato está publicado.
Si la vivienda prometida existe.
Si el alcalde responde.
Si la autoridad nacional explica.
Si el vecino puede reclamar sin miedo.
Ese es el significado más profundo del poder local que empieza a emerger. No reemplaza al Estado ni resuelve automáticamente la crisis institucional. Pero recuerda algo que durante demasiado tiempo la política venezolana olvidó: las instituciones empiezan a demostrar su existencia cuando llegan al lugar donde vive la gente.
La tragedia abrió una grieta. De ella puede salir únicamente más improvisación, o puede surgir una relación más madura entre comunidad, municipio y Estado nacional. El resultado dependerá menos de los discursos sobre descentralización que de la capacidad de construir reglas, controles, presupuesto y responsabilidades verificables.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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