RadioAmericaVe.com / Editorial.
La reconstrucción exige dinero trazable, contratos abiertos, control territorial y resultados verificables para cada recurso de emergencia.
Transparencia del presupuesto de emergencia; fondos para la reconstrucción; control del gasto público; presupuesto abierto en Venezuela.
Un presupuesto de emergencia no puede medirse únicamente por cuánto dinero moviliza. Se mide por la distancia que existe entre cada recurso aprobado y el resultado que finalmente puede comprobar un ciudadano: una vivienda terminada, una escuela reabierta, una tubería reparada, una carretera despejada, un hospital funcionando. Después de una catástrofe, la velocidad importa. Pero precisamente porque las decisiones se aceleran, la transparencia adquiere todavía más importancia. Esa es la verdadera ética del presupuesto de emergencia.
Venezuela afronta una reconstrucción de una magnitud excepcional. El último balance oficial ampliamente documentado situó en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Para el 25 de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros y se mantenía en 335 el número de viviendas nuevas entregadas, además de 1.001 inmuebles residenciales recuperados. La estimación inicial del Gobierno había situado alrededor de 25.000 las soluciones habitacionales que podrían ser necesarias.
El Banco Mundial calculó, por su parte, 19.600 millones de dólares en daños físicos directos: 47 % en edificaciones residenciales, 27 % en infraestructura y 26 % en inmuebles no residenciales. Su evaluación también advirtió que la velocidad y la calidad de la reconstrucción serán determinantes para la recuperación económica y social del país.
Ante cifras de esa magnitud, la discusión presupuestaria deja de ser un asunto reservado a contadores, ministerios y organismos multilaterales. Se convierte en una cuestión de confianza pública.
Cada dólar necesita una dirección
La emergencia permite procedimientos extraordinarios porque la normalidad administrativa muchas veces resulta demasiado lenta frente a necesidades urgentes. El problema comienza cuando la excepción deja de tener trazabilidad.
Un presupuesto serio de reconstrucción debe permitir reconstruir el recorrido del dinero. No basta saber que una partida fue aprobada. Importa conocer quién la ejecutó, bajo qué contrato, en qué municipio, con qué avance y qué resultado produjo.
Una arquitectura de transparencia útil debería permitir consultar, como mínimo:
- la fuente de cada recurso;
- el organismo que lo recibe;
- el municipio y proyecto al que está destinado;
- la empresa o institución ejecutora;
- sus beneficiarios finales cuando se trate de contratistas privados;
- el monto original y sus modificaciones;
- el cronograma comprometido;
- el avance físico y financiero;
- y la certificación final de la obra.
Es información que puede publicarse sin comprometer datos personales sensibles. No requiere convertir cada contrato en un debate político. Requiere simplemente permitir que el resultado pueda contrastarse con la promesa.
En una emergencia, la opacidad no acelera necesariamente la reconstrucción. Puede acelerar el gasto. Son cosas distintas.
Los números también deben tener fecha
La transparencia presupuestaria comienza incluso antes de gastar: empieza por saber exactamente a cuántas personas se intenta atender.
Algunas cifras que fueron correctas durante julio han seguido circulando como si describieran el final de septiembre. El registro de 18.437 personas distribuidas en 94 campamentos, por ejemplo, correspondía al balance del 11 de julio. Seis días después ya se informaba de más de 21.000 personas en 107 refugios, y para el 21 de julio el balance llegaba a 23.587 residentes en esos 107 campamentos.
Eso demuestra por qué un presupuesto no puede construirse sobre fotografías estadísticas congeladas. Los censos de damnificados, viviendas, refugios y escuelas necesitan actualizarse constantemente. De lo contrario, el dinero puede terminar siendo asignado a necesidades que cambiaron mientras otras quedan sin respuesta.
Lo mismo ocurre con los desaparecidos. Distintos registros ciudadanos han difundido cifras muy superiores al balance oficialmente consolidado, mientras las autoridades no han presentado durante largos períodos un cómputo nacional definitivo. La ausencia de una cifra consolidada no autoriza a convertir una estimación ciudadana en registro forense oficial. Pero sí evidencia la necesidad de construir una base pública, actualizable y metodológicamente explicada.
Presupuestar correctamente exige contar correctamente.
Descentralizar no significa entregar dinero sin controles
La reconstrucción ha vuelto a colocar sobre la mesa el papel de los municipios. La lógica es comprensible: la autoridad local conoce la escuela que permanece cerrada, la calle que todavía no tiene agua, la comunidad que sigue esperando una evaluación estructural y el puente que dificulta el acceso a un hospital.
Pero transferir recursos al territorio no elimina el riesgo de opacidad. Simplemente cambia el lugar donde puede producirse.
La discusión útil no está entre centralización absoluta y descentralización absoluta. Está en combinar capacidad nacional, ejecución local y reglas comunes de control.
El municipio puede aportar proximidad y velocidad. El Estado central puede aportar financiamiento, normas técnicas y coordinación. Las universidades y colegios profesionales pueden contribuir con evaluación independiente. Los organismos multilaterales pueden aportar recursos y experiencia. Y los vecinos pueden ejercer una función de vigilancia que ningún sistema centralizado logra reproducir desde un despacho.
Una reconstrucción institucionalmente madura combina esas capacidades sin convertir ninguna de ellas en un poder sin supervisión.
La vigilancia periodística también forma parte del presupuesto. Seguir contratos, revisar modificaciones, comparar cifras y comprobar obras no significa obstaculizar la reconstrucción. Significa convertir el gasto extraordinario en información pública que pueda ser examinada antes de que los problemas aparezcan años después.
Los nuevos flujos internacionales aumentan la responsabilidad
El escenario financiero venezolano se ha vuelto especialmente complejo. El Banco Mundial señaló que está trabajando con el Gobierno venezolano y otros socios de desarrollo para definir apoyo técnico y financiero adicional para recuperación y reconstrucción. Al mismo tiempo, los nuevos acuerdos energéticos entre Venezuela y Estados Unidos han aumentado el peso estadounidense sobre una parte de la arquitectura petrolera del país.
La Casa Blanca anunció a comienzos de septiembre un acuerdo mediante el cual Estados Unidos obtiene derechos económicos y de gobernanza sobre una nueva estructura vinculada con reservas petroleras venezolanas. Pero una cosa es la existencia de nuevos flujos energéticos y otra afirmar que esos ingresos pasan automáticamente a financiar la reconstrucción municipal.
No existe base pública suficiente para presentar como hecho que los créditos del Banco Mundial destinados a Venezuela estén siendo administrados operativamente por el Comando Sur de Estados Unidos. Tampoco existe evidencia que permita tratar todos los ingresos petroleros recientes como una sola caja presupuestaria disponible para viviendas y escuelas.
Precisamente por eso hace falta trazabilidad.
Cuando intervienen Gobierno nacional, organismos internacionales, empresas petroleras, autoridades estadounidenses, bancos multilaterales y administraciones locales, el ciudadano necesita distinguir qué recurso pertenece a qué programa y quién responde por su utilización.
La complejidad financiera no puede convertirse en una excusa para que nadie sepa dónde comienza y dónde termina la responsabilidad.
La electricidad recuerda que el presupuesto también se mide en servicios
Septiembre ha vuelto a exponer las fragilidades del sistema eléctrico venezolano. Se han registrado apagones en distintos estados y Estados Unidos anunció un acuerdo con GE Vernova destinado a rehabilitar infraestructura existente y estabilizar progresivamente la red eléctrica.
Las autoridades venezolanas han atribuido algunas interrupciones a actos de sabotaje; sectores opositores y críticos del Gobierno las relacionan principalmente con años de deterioro e insuficiencia de inversión. Mientras no exista una investigación independiente y concluyente para cada episodio, ambas cuestiones deben mantenerse separadas: una declaración oficial sobre la causa de un apagón no equivale por sí misma a una comprobación técnica.
Desde la perspectiva presupuestaria, el asunto central es más sencillo: una red eléctrica no se reconstruye con explicaciones, sino con generación, mantenimiento, transmisión, personal cualificado, repuestos y cronogramas verificables.
El presupuesto debe poder mostrar esa transformación.
El dinero público y la transición política no son mundos separados
Las negociaciones políticas venezolanas también continúan. El segundo ciclo del diálogo entre representantes del Gobierno y del sector opositor encabezado por Dinorah Figuera concluyó el 25 de septiembre con acuerdos relacionados con libertad de expresión y con la creación de un comité encargado de evaluar candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia. La renovación del Consejo Nacional Electoral sigue formando parte del proceso institucional más amplio, sin que exista todavía una fecha firme para una elección nacional.
Estados Unidos mantiene su respaldo a una transición que incluya elecciones libres y justas. Marco Rubio reiteró esta semana que Washington trabaja con la Asamblea Nacional elegida en 2015 para ayudar a establecer las condiciones de ese proceso. La posición estadounidense es políticamente relevante, pero no sustituye las competencias venezolanas ni constituye por sí sola una medida objetiva de cuándo existen condiciones electorales suficientes.
También ha cambiado otra cifra que debe mantenerse actualizada. Foro Penal registró al 28 de septiembre 324 personas que la organización clasifica como presos políticos, frente a cifras más altas divulgadas semanas antes. La organización informó además de 27 excarcelaciones durante la semana. Esa clasificación corresponde a Foro Penal y debe atribuirse expresamente a esa organización.
Estos procesos institucionales tienen relación con la ética presupuestaria porque la confianza pública no se divide en compartimentos. Una administración que exige confianza electoral necesita también producir confianza cuando contrata, compra, construye y distribuye recursos.
Presupuesto abierto no significa gobierno paralizado
Existe una objeción habitual: demasiados controles pueden retrasar la emergencia. Es un riesgo real si los sistemas de auditoría están diseñados como burocracias posteriores en lugar de controles incorporados al proceso.
La solución no consiste en eliminar controles. Consiste en automatizarlos.
Una plataforma pública puede registrar contratos y desembolsos en tiempo casi real. Los pagos pueden vincularse con hitos físicos. Los cambios de monto pueden generar una alerta automática. Las fotografías y certificaciones técnicas pueden incorporarse al expediente digital. Los municipios pueden utilizar el mismo formato de datos para permitir comparaciones nacionales.
La tecnología disponible permite que transparencia y velocidad dejen de tratarse como enemigos.
Eso también facilita algo decisivo: que el presupuesto de emergencia deje de ser una conversación entre instituciones y se convierta en información comprensible para las comunidades.
El presupuesto termina donde empieza el resultado
La recuperación venezolana ocurre mientras otros relojes siguen avanzando. Donald Trump ha dicho que su Administración considera que el país necesita todavía condiciones adicionales antes de unas elecciones plenamente viables. Delcy Rodríguez, en cambio, anunció ante Naciones Unidas que habrá elecciones dentro de una transición hacia una “democracia plena”, aunque sin fijar una fecha.
En el terreno judicial estadounidense, Nicolás Maduro y los fiscales federales propusieron junio de 2027 como fecha para comenzar su juicio en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico; Maduro y Cilia Flores se han declarado no culpables. En materia económica, Steve Hanke mantiene sobre la mesa una propuesta de dolarización oficial, que sigue siendo una iniciativa en discusión y no una política adoptada.
Todos esos procesos pueden influir en el futuro venezolano. Ninguno reemplaza la prueba cotidiana del Estado.
La prueba está en saber si una escuela prometida abrió. Si una vivienda fue construida conforme a norma. Si una comunidad recuperó el agua. Si un contrato aumentó de precio y alguien explicó por qué. Si el municipio recibió dinero y puede demostrar qué hizo con él.
Ahí comienza la ética del presupuesto de emergencia.
No en la cantidad anunciada, sino en la posibilidad de seguir cada recurso hasta un resultado verificable.
Porque una reconstrucción financiada con miles de millones puede seguir siendo institucionalmente pobre si nadie puede reconstruir el camino del dinero.
Y una transición que aspire a recuperar confianza necesita demostrar, antes que nada, que administrar una emergencia no significa suspender la responsabilidad.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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