RadioAmericaVe.com / Editorial.
Un CNE técnicamente solvente no basta sin transparencia, participación ciudadana, derechos y confianza pública.
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Una institución puede estar impecablemente diseñada sobre el papel y seguir siendo incapaz de inspirar confianza. Puede tener cronogramas, especialistas, formularios, normas y procedimientos técnicamente correctos. Pero si quienes deben reconocer su autoridad sienten que las decisiones fueron tomadas a sus espaldas, la ingeniería institucional queda incompleta. Venezuela enfrenta precisamente ese dilema mientras intenta reconstruir simultáneamente su territorio y sus instituciones.
La discusión sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y, posteriormente, del Consejo Nacional Electoral volvió a ocupar el centro de la agenda política esta semana. Dinorah Figuera regresó a Caracas el 15 de septiembre para una nueva ronda de conversaciones en la que el TSJ y el futuro CNE aparecen entre los asuntos principales. Un reporte previo de Vierne5 había señalado que la renovación del máximo tribunal seguía sin avances concretos hasta la reanudación de la mesa.
El problema, sin embargo, no es únicamente cuándo se designará a nuevos magistrados o rectores. La pregunta decisiva es otra: ¿qué hará que la ciudadanía considere legítimas esas instituciones?
La respuesta no puede reducirse a la competencia técnica. La técnica es indispensable. La legitimidad también.
Un árbitro correcto sobre el papel puede seguir siendo un árbitro cuestionado
Todo sistema electoral necesita profesionales capaces, registros confiables, procedimientos auditables y reglas que puedan aplicarse de manera consistente. Pero ninguna de esas condiciones sustituye la percepción pública de independencia.
La legitimidad institucional nace de una combinación más exigente: reglas claras, selección por méritos, transparencia, ausencia de conflictos de interés, participación plural y capacidad real para explicar decisiones incómodas.
Por eso un nuevo CNE no puede evaluarse únicamente por la preparación profesional de sus integrantes. También deberá responder preguntas elementales:
- ¿cómo fueron seleccionados sus rectores?
- ¿qué criterios públicos se utilizaron?
- ¿qué vínculos partidistas o conflictos de interés fueron declarados?
- ¿cómo se tomarán las decisiones?
- ¿qué información podrá auditar la ciudadanía?
- ¿qué mecanismos existirán para cuestionar actos controvertidos?
Sin esas respuestas, la técnica corre el riesgo de convertirse en una fachada procedimental.
La negociación no ocurre en un país abstracto
El debate institucional se desarrolla mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias materiales de una emergencia extraordinaria.
Vierne5 ha reportado un registro de 6.509 fallecidos y la ausencia de una cifra oficial consolidada de desaparecidos. El mismo balance registra 60.785 viviendas evaluadas, 335 viviendas entregadas y 600.790,70 toneladas de escombros recogidas.
Estos datos importan para el debate institucional porque la legitimidad no se construye dentro de una sala aislada de la experiencia cotidiana.
Una familia que continúa esperando una solución habitacional juzga al Estado por su capacidad para responder. Una comunidad que no sabe cuándo recuperará plenamente sus servicios mide la autoridad de manera muy distinta a quien observa la transición desde una mesa de negociación.
La reconstrucción política y la reconstrucción material son procesos diferentes, pero se afectan mutuamente.
La primera puede producir nuevas reglas. La segunda determina si la sociedad vuelve a creer que esas reglas sirven para algo.
La transparencia debe preceder a la confianza
La confianza no puede solicitarse como un acto de fe.
Debe construirse a partir de información verificable.
Si el TSJ y el CNE serán reformados, el proceso debería permitir conocer públicamente los criterios utilizados para seleccionar candidatos, los antecedentes de quienes aspiren a ocupar responsabilidades y los procedimientos mediante los cuales serán evaluados.
La discusión sobre el TSJ tiene especial importancia porque el máximo tribunal puede intervenir en controversias constitucionales, administrativas y electorales. El propio debate político actual parte de la idea de que la credibilidad del sistema electoral depende también de la confianza en el poder judicial.
Eso exige algo más que cambiar nombres.
Una reforma institucional seria debería ser capaz de demostrar:
- criterios de mérito conocidos antes de las designaciones;
- evaluación pública de antecedentes;
- mecanismos para detectar conflictos de interés;
- decisiones suficientemente explicadas;
- información abierta sobre el funcionamiento posterior de las instituciones.
La transparencia no garantiza por sí sola legitimidad. Pero la opacidad casi siempre la debilita.
La reconstrucción material plantea la misma pregunta
La discusión sobre legitimidad no pertenece únicamente al ámbito electoral.
También aparece cuando un gobierno administra recursos extraordinarios, adjudica contratos o establece prioridades de reconstrucción.
El ciudadano necesita saber cuánto dinero llegó, quién lo administra, qué proyecto financia y qué avance puede comprobarse.
En el terreno eléctrico, por ejemplo, Delcy Rodríguez atribuyó recientemente determinadas fallas del sistema a presuntos actos de sabotaje. La afirmación fue recogida por RadioAmericaVe.com y Vierne5 el 6 de septiembre. Una explicación de esa naturaleza requiere investigación y evidencia; independientemente de la causa, también permanece la obligación estatal de mantener, reparar y fortalecer la infraestructura.
Ese principio debería aplicarse a toda la reconstrucción: una explicación política nunca sustituye una rendición de cuentas técnica.
La ciudadanía no debe limitarse a observar
Una de las transformaciones más relevantes que podría surgir de esta crisis consiste en pasar de una ciudadanía receptora a una ciudadanía fiscalizadora.
No significa convertir cada decisión técnica en un plebiscito ni sustituir especialistas por asambleas improvisadas.
Significa reconocer que los expertos deciden mejor cuando trabajan dentro de instituciones abiertas a supervisión pública.
Universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles, comunidades, periodistas y especialistas pueden contribuir a revisar procesos, comparar datos y advertir inconsistencias.
La participación ciudadana no disminuye el valor de la técnica. Puede aumentar su credibilidad.
El periodismo independiente cumple una función concreta en ese proceso. Preguntar quién decide, revisar cifras, comparar promesas con resultados y exigir documentos públicos no sustituye a las instituciones. Ayuda a que puedan ser observadas por quienes finalmente deberán confiar en ellas.
Los derechos también forman parte de la legitimidad
La credibilidad de una reforma institucional tampoco puede examinarse únicamente desde el diseño electoral.
La situación de las personas detenidas por razones políticas continúa formando parte del debate venezolano. Las cifras publicadas por distintas fuentes incluso han variado: Vierne5 informó de 382 detenidos el 6 de agosto, mientras otra información publicada el 18 de agosto atribuyó a Justicia, Encuentro y Perdón un registro de 448. Esa diferencia muestra precisamente por qué es necesario identificar siempre la fuente y la fecha de cada balance.
La CIDH, además, activó medidas cautelares para cinco detenidos cuyos casos fueron considerados de especial gravedad.
Estos asuntos no determinan por sí solos la legitimidad de un futuro CNE, pero forman parte del entorno institucional en el cual cualquier elección tendría que desarrollarse.
La confianza electoral depende también de libertades políticas, debido proceso y posibilidades reales de participación.
La legitimidad no es unanimidad
Conviene evitar otro error: creer que una institución solo será legítima si todos están de acuerdo con ella.
Eso no ocurre en ninguna democracia plural.
Una institución legítima puede producir decisiones que desagraden profundamente a determinados sectores.
La diferencia es que esas decisiones deben provenir de procedimientos conocidos, autoridades independientes y normas aplicadas de forma consistente.
La legitimidad no significa ausencia de conflicto. Significa que el conflicto puede procesarse sin destruir las reglas comunes.
El país necesita menos fe y más evidencia
En Venezuela existe una larga historia de pedir confianza antes de entregar resultados.
La transición tiene la oportunidad de invertir ese orden.
Primero información.
Primero criterios.
Primero procedimientos verificables.
Primero resultados.
Después confianza.
Ese principio debería regir tanto la reconstrucción de una vivienda como la selección de un magistrado.
La misma sociedad que exige saber quién certificó una estructura también puede exigir conocer quién evaluó a un candidato al CNE.
La misma lógica que reclama trazabilidad presupuestaria puede exigir trazabilidad institucional.
La técnica debe poder mirar a la ciudadanía a los ojos
La técnica sin legitimidad no basta porque una República no se sostiene exclusivamente con procedimientos correctos.
Necesita ciudadanos que comprendan por qué existen esos procedimientos y puedan comprobar que no fueron diseñados para favorecer a una facción.
Venezuela necesita ingenieros competentes para reconstruir edificios, economistas capaces de administrar recursos, jueces preparados para proteger derechos y especialistas electorales capaces de organizar procesos confiables.
Pero también necesita que ninguno de ellos opere detrás de una pared de opacidad.
El desafío de esta etapa no consiste en elegir entre técnica y participación.
Consiste en unirlas.
Técnica para evitar improvisaciones.
Transparencia para reducir sospechas.
Participación para incorporar control social.
Independencia para limitar la captura partidista.
Resultados para reconstruir confianza.
La ronda política reanudada esta semana ofrece otra oportunidad para demostrar si la reforma institucional puede avanzar bajo esos principios. No hace falta anticipar su resultado para identificar el estándar con el que debería ser evaluada.
El país ya ha pagado demasiado por instituciones que exigían confianza sin permitir ver cómo funcionaban.
Ahora necesita algo más sencillo y más difícil: instituciones capaces de mostrar su trabajo.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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