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Miles de muertos, desaparecidos y desplazados obligan a medir la transición venezolana por resultados, no por discursos de normalidad.
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Afirmar que Venezuela vive una etapa de felicidad o normalidad plena resulta difícil de conciliar con la dimensión de la emergencia que todavía atraviesa el país. Casi tres meses después de los terremotos del 24 de junio, miles de familias siguen buscando desaparecidos, miles continúan en campamentos y buena parte de la reconstrucción material permanece pendiente. La discusión política, por tanto, no debería girar alrededor de percepciones optimistas o pesimistas, sino alrededor de resultados comprobables.
La catástrofe modificó el país real sobre el cual se desarrolla la transición. El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos y advirtió que la velocidad de la reconstrucción será decisiva para la recuperación económica y social. El 47 % de los daños estimados correspondió a viviendas.
Ese dato basta para entender por qué la normalización no puede convertirse en una consigna. Una sociedad puede recuperar comercios, aumentar la producción petrolera y reabrir oficinas mientras, simultáneamente, una parte considerable de su población continúa viviendo las consecuencias de una tragedia.
El inventario humano todavía impide hablar de normalidad
Los balances publicados durante la reconstrucción mantienen una cifra documentada de 6.509 fallecidos. La red hospitalaria ha registrado un acumulado de 226.696 personas atendidas desde el inicio de la emergencia. Conviene precisar este último dato: se trata del total de atenciones hospitalarias vinculadas a la contingencia, no de 226.696 personas clasificadas necesariamente como heridas graves.
La situación de los desaparecidos es aún más delicada. No existe un cómputo global oficial consolidado, mientras las solicitudes familiares de personas no localizadas superan las 29.500. Esa distinción importa: una cifra de denuncias o solicitudes de búsqueda no puede presentarse automáticamente como un registro forense definitivo. Pero tampoco puede ignorarse la dimensión de la incertidumbre que continúa pesando sobre miles de hogares.
A ello se suman 18.437 personas alojadas en 94 campamentos transitorios y una necesidad estimada de unas 25.000 soluciones habitacionales. Las últimas cifras publicadas por Vierne5 muestran además una brecha considerable entre esa necesidad y el número de viviendas entregadas hasta ahora.
Frente a ese cuadro, cualquier mensaje oficial de recuperación necesita estar acompañado de datos abiertos y verificables. La población no necesita que le expliquen que debe sentirse mejor. Necesita saber cuántas viviendas fueron terminadas, cuántas escuelas reabrieron, cuántas familias abandonaron los campamentos y cuántos desaparecidos fueron localizados.
Las escuelas y la electricidad muestran la distancia entre discurso y vida cotidiana
El comienzo del año escolar ha añadido otra prueba. Planteles destruidos, restringidos o utilizados temporalmente para fines humanitarios obligan a municipios y autoridades nacionales a reorganizar la actividad educativa. El problema ya no es únicamente reparar paredes: es evitar que una generación entera normalice la interrupción de clases como parte inevitable de la emergencia.
La red eléctrica tampoco ha recuperado una estabilidad suficiente. En septiembre se han registrado nuevos cortes, fluctuaciones y racionamientos. Delcy Rodríguez atribuyó parte de las fallas recientes a actos de sabotaje vinculados, según su versión, con la manipulación del suministro de gas a plantas termoeléctricas. Hasta el momento, esa acusación no ha sido acompañada públicamente por una investigación independiente que permita establecer responsabilidades, por lo que debe tratarse como una afirmación oficial y no como un hecho probado.
La distinción es importante. Si hubo sabotaje, debe investigarse. Si existen fallas estructurales, también deben explicarse. En ambos casos, la obligación del Estado es garantizar electricidad confiable y ofrecer información técnica suficiente para que el ciudadano pueda distinguir una emergencia real de una justificación política.
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Más ingresos petroleros no equivalen automáticamente a bienestar
La paradoja venezolana vuelve a aparecer con claridad en el petróleo. Estados Unidos ha recuperado un peso central como destino del crudo venezolano y recibe actualmente una porción muy significativa de la producción nacional. Ese flujo ofrece recursos que pueden acelerar la reconstrucción, recuperar infraestructura y financiar una economía todavía muy deteriorada.
Pero el volumen exportado no dice por sí solo cuánto bienestar llega a los hogares. La pregunta política decisiva es qué ocurre con los ingresos: cuánto entra, bajo qué contratos, quién los administra, qué parte se utiliza en reconstrucción y qué mecanismos de auditoría permiten seguir el dinero.
El desafío es evitar dos extremos. El primero es volver al viejo modelo en el que la renta petrolera alimentaba estructuras opacas y dependencia política. El segundo es asumir que la presencia de capital y supervisión extranjera garantiza automáticamente transparencia.
La reconstrucción necesita recursos internacionales, pero también controles venezolanos capaces de rendir cuentas. La ayuda exterior puede ser indispensable sin convertirse en sustituto permanente del Estado.
La dolarización es una propuesta, no una solución automática
En ese contexto apareció también la propuesta del economista Steve Hanke para dolarizar oficialmente la economía venezolana. La iniciativa plantea sustituir legalmente el bolívar por el dólar y ha sido presentada como un mecanismo para estabilizar precios y eliminar el riesgo de emisión monetaria discrecional. Por ahora se trata de una propuesta sometida a debate, no de una política adoptada.
La discusión puede ser legítima y técnicamente importante. Pero ninguna reforma monetaria sustituirá por sí sola a instituciones fiscales, presupuestos transparentes, productividad y control de la corrupción.
Una moneda estable puede ayudar a reconstruir confianza. No construye viviendas, escuelas ni hospitales automáticamente. Para eso hacen falta inversión, empresas, trabajadores, planificación y un Estado capaz de ejecutar.
La política negocia mientras la sociedad espera
En paralelo a la emergencia material avanza la negociación institucional. Una comisión de seis representantes de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, mantiene conversaciones sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia con diciembre de 2026 como referencia para producir avances institucionales.
Ese proceso importa. Venezuela necesita árbitros electorales confiables y tribunales independientes. Pero la negociación perdería legitimidad si terminara reducida a una distribución de cargos entre organizaciones políticas mientras la vida cotidiana permanece atrapada en la emergencia.
La situación de los derechos humanos lo demuestra. Foro Penal registró 382 personas detenidas por motivos políticos con corte al 3 de agosto. La CIDH, además, otorgó medidas cautelares a cinco personas privadas de libertad después de considerar que enfrentaban riesgos graves y urgentes para su vida, integridad y salud.
Una transición que aspire a legitimidad necesita avanzar simultáneamente en varios frentes:
- reconstrucción de viviendas e infraestructura;
- servicios públicos confiables;
- datos abiertos sobre víctimas y desaparecidos;
- liberación y revisión judicial de las detenciones por motivos políticos;
- renovación transparente del CNE y del TSJ;
- control ciudadano de los fondos de reconstrucción;
- condiciones verificables para futuras elecciones.
Washington también tiene su propio reloj
La transición venezolana no ocurre en aislamiento. El gobierno estadounidense mantiene una influencia determinante sobre el proceso. El 24 de julio, Donald Trump afirmó públicamente que Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque sostuvo que el país había avanzado y que Washington vigilaría el eventual proceso electoral.
La declaración revela una tensión que seguirá marcando los próximos meses: quién decide cuándo existen condiciones suficientes para votar. Estados Unidos puede acompañar, presionar y facilitar acuerdos, pero la legitimidad democrática venezolana no puede descansar indefinidamente en una certificación externa.
Existe además otro calendario. Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen fijado para el 1 de junio de 2027 el inicio de su juicio federal en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico; ambos se han declarado no culpables y Maduro ha planteado una defensa basada, entre otros argumentos, en inmunidad soberana.
Ese proceso judicial seguirá avanzando con sus propios tiempos, independientemente de la reconstrucción venezolana. La política nacional debe evitar organizarse únicamente alrededor de los ritmos de Washington.
La verdadera normalidad se puede medir
En medio de tantas cifras y disputas institucionales existe un criterio bastante sencillo para evaluar la recuperación: comprobar si disminuye la cantidad de ciudadanos que dependen de la emergencia.
La normalidad no se mide por discursos, fotografías oficiales ni anuncios macroeconómicos. Puede medirse mediante indicadores concretos:
- menos familias en campamentos;
- más viviendas terminadas y auditadas;
- escuelas reabiertas con seguridad estructural;
- servicios eléctricos y de agua más estables;
- información pública sobre desaparecidos;
- menos detenciones vinculadas a la actividad política;
- instituciones renovadas mediante reglas transparentes.
Eso no significa negar los avances que puedan producirse. Significa medirlos contra la magnitud del problema.
Un gobierno tiene derecho a informar que reconstruyó una carretera, entregó una vivienda o aumentó una producción. La ciudadanía tiene el mismo derecho a preguntar cuánto falta, cuánto costó y cuándo llegará la respuesta al siguiente barrio.
La reconstrucción necesita verdad antes que propaganda
El principal riesgo político de esta etapa no es únicamente la lentitud. Es que la provisionalidad termine normalizándose y que la emergencia se convierta en una forma permanente de gobierno.
La reconstrucción puede fortalecer ciudadanía o dependencia. Puede producir instituciones o nuevos intermediarios. Puede devolver autonomía a las familias o acostumbrarlas a esperar una asignación.
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Venezuela puede estar avanzando en determinados frentes y seguir profundamente herida en otros. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Reconocer esa complejidad es más útil que decretar felicidad o anunciar catástrofe perpetua.
El verdadero punto de llegada será otro: cuando miles de familias dejen de buscar entre listas de desaparecidos, cuando un campamento vuelva a quedar vacío porque sus residentes recuperaron un hogar, cuando una escuela abra sin funcionar también como refugio y cuando el ciudadano pueda votar sin miedo y confiar en que su voto será contado.
Entonces sí podrá hablarse de normalidad con algo más sólido que palabras.
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