RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela no puede normalizar escuelas cerradas o convertidas en refugios. Reconstruir el aula también es reconstruir República.
Reconstrucción escolar en Venezuela, escuelas y transición democrática, educación y reconstrucción nacional, infraestructura educativa municipal.
Una República también se reconstruye cuando un niño puede volver a sentarse frente a una pizarra. No hay transición política seria si septiembre llega y cientos de familias siguen sin saber dónde estudiarán sus hijos, si escuelas municipales permanecen destruidas o absorbidas por la emergencia y si el aula termina convertida durante meses en una extensión del campamento. El país provisional no puede congelar también el año escolar.
Venezuela ha discutido durante semanas sobre instituciones, negociaciones, recursos extraordinarios y calendarios políticos. Todo eso importa. Pero existe una verdad más elemental: ninguna democracia puede considerarse en reconstrucción mientras la educación siga atrapada entre escombros, refugios y presupuestos que llegan tarde.
La tesis de este editorial es firme: la recuperación de las escuelas debe convertirse en una prioridad nacional inmediata y municipalmente ejecutable. El aula no es un asunto sectorial. Es el lugar donde una sociedad decide si la generación que vivió la catástrofe será educada para depender de la emergencia o para reconstruir el país.
La escuela no puede convertirse en otra provisionalidad permanente
El desastre dejó una herida humana que sigue abierta. El registro documentado mantiene 6.509 fallecidos y persiste la incertidumbre sobre más de 29.500 personas reportadas como desaparecidas, mientras continúa sin existir un cómputo global definitivo que cierre la angustia de miles de familias.
Al mismo tiempo, 18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios y 17.907 ciudadanos integran el universo de damnificados que espera soluciones estables.
Parte de esa emergencia se ha instalado precisamente sobre la infraestructura que debería permitir el regreso a la normalidad. Escuelas y liceos municipales han quedado destruidos, restringidos o utilizados temporalmente para atender necesidades humanitarias.
La emergencia puede justificar esa utilización durante un periodo. Lo que no puede justificar es que el calendario educativo quede subordinado indefinidamente al retraso de la reconstrucción.
Una escuela puede servir como refugio durante una crisis. Pero su destino sigue siendo educar.
El aula también protege a la República
Una escuela no es únicamente un edificio con salones. Es una institución cotidiana de ciudadanía.
Allí se reconstruye rutina después del trauma. Allí el niño recupera horarios, relaciones y expectativas. Allí una familia puede volver a organizar su jornada laboral. Allí una comunidad empieza a sentir que la emergencia retrocede.
Por eso la recuperación educativa tiene un efecto mucho mayor que el estrictamente académico.
Cada escuela que reabre devuelve normalidad a cientos de hogares. Cada plantel que permanece cerrado prolonga la excepción.
El concepto de “refugio de República” no significa que la escuela deba continuar albergando desplazados. Significa exactamente lo contrario: que debe ser recuperada como espacio seguro, civil, plural y estable desde el cual una generación pueda aprender que los problemas públicos se resuelven con conocimiento, responsabilidad y cooperación.
La reconstrucción educativa debe bajar al municipio
La magnitud del problema no puede resolverse únicamente desde una oficina central.
Los municipios conocen qué planteles están destruidos, cuáles pueden repararse, cuáles necesitan sustitución completa y cuáles podrían reabrir rápidamente si reciben recursos específicos.
La planificación educativa debe construirse desde esa escala.
Cada municipio afectado debería publicar un mapa escolar de emergencia con:
- planteles destruidos o restringidos;
- escuelas utilizadas temporalmente para fines humanitarios;
- número de alumnos afectados;
- evaluación estructural de cada edificio;
- presupuesto requerido para reparación o sustitución;
- fecha estimada de reapertura;
- solución educativa temporal mientras duren las obras.
La transparencia permitiría algo esencial: diferenciar lo inevitable de lo burocrático.
Una escuela puede tardar meses en reconstruirse porque sufrió daños severos. Lo que no puede aceptarse es que tarde meses porque nadie asignó el presupuesto, nadie firmó un expediente o nadie sabe qué institución tiene la competencia.
Las cifras de la reconstrucción explican la urgencia
La lentitud material sigue siendo uno de los mayores obstáculos para recuperar la vida cotidiana.
Con aproximadamente 600.790 toneladas de escombros retiradas, equivalentes al 28,61 % del volumen estimado, la mayor parte de la tarea continúa pendiente. Y frente a una necesidad calculada en unas 25.000 soluciones habitacionales, el reporte de apenas 335 viviendas entregadas muestra la profundidad de la brecha.
Ese retraso habitacional tiene consecuencias educativas directas.
Mientras las familias no tengan vivienda, los campamentos continuarán existiendo. Mientras los campamentos no disminuyan, numerosos espacios públicos seguirán sometidos a la contingencia. Y mientras la emergencia absorba infraestructura comunitaria, la normalización escolar será mucho más difícil.
La vivienda y la educación no son dos agendas separadas. Forman parte de la misma reconstrucción.
El presupuesto escolar necesita llegar antes que el discurso
Venezuela dispone de flujos extraordinarios asociados a la recuperación económica, la actividad petrolera y la cooperación internacional. Ese dinero debe tener una traducción visible en los municipios.
No basta con anunciar grandes cifras nacionales. El ciudadano necesita saber cuánto recibió su localidad para reparar escuelas, recuperar servicios y garantizar transporte educativo.
El presupuesto de emergencia escolar debería permitir conocer:
- cuánto dinero fue asignado a cada municipio;
- qué planteles serán intervenidos;
- qué empresa o unidad ejecutará las obras;
- cuánto costará cada proyecto;
- qué avance físico presenta;
- quién certificará que el edificio es seguro antes de reabrir.
La emergencia no puede convertirse en excusa para debilitar controles.
Al contrario: cuanto más urgente es una obra, mayor debe ser la trazabilidad del dinero.
La electricidad también decide si existe escuela
La recuperación educativa no termina en paredes y techos.
Un plantel necesita electricidad, agua, conectividad, sanitarios y accesos seguros. Por eso los apagones y las fallas prolongadas en servicios esenciales no pueden tratarse como asuntos separados del regreso a clases.
Cuando la administración atribuye fallas graves a acciones deliberadas o sabotajes, tiene la obligación de investigarlas y presentar resultados. Pero esa explicación no sustituye el deber operativo de mantener una infraestructura capaz de sostener escuelas, hospitales y sistemas de agua.
La escuela no puede depender permanentemente de la excepcionalidad eléctrica.
Un país que quiere recuperar la educación debe empezar garantizando que al encender el interruptor haya luz.
La ayuda internacional debe reconstruir capacidad educativa
La cooperación exterior es indispensable en una emergencia de esta escala. Pero su éxito no debe medirse únicamente por cuántos equipos, alimentos o recursos llegan.
Debe medirse por la capacidad que deja instalada.
El financiamiento internacional puede ayudar a reparar planteles, adquirir materiales y apoyar soluciones temporales. Pero también debería formar técnicos, fortalecer unidades municipales de infraestructura y capacitar trabajadores locales.
La ayuda debe construir autonomía.
Si dentro de unos años el país continúa necesitando estructuras extraordinarias para reparar una escuela, la cooperación habrá resuelto una urgencia sin resolver la debilidad institucional que la acompañaba.
El periodismo independiente también tiene una responsabilidad con el aula. RadioAmericaVe.com y Vierne5 consideran que seguir los presupuestos educativos, preguntar cuándo reabrirá cada escuela y contrastar anuncios con resultados ayuda a impedir que la pérdida de clases termine convertida en una estadística más de la emergencia.
De espectador a constructor
La escuela tiene además una función decisiva en la cultura política que debería emerger después del desastre.
Durante demasiado tiempo, el ciudadano fue educado para observar cómo otros decidían en su nombre. La reconstrucción ofrece la oportunidad de romper esa relación.
Padres, docentes, estudiantes, universidades, asociaciones profesionales y comunidades pueden formar parte de mecanismos locales de seguimiento.
No para sustituir al Estado, sino para exigirle resultados.
Una comunidad organizada puede saber si la obra comenzó, si llegaron los materiales, si el contrato coincide con lo ejecutado y si la fecha prometida de reapertura es realista.
Ese aprendizaje ciudadano puede ser tan importante como el contenido de un libro.
La reconstrucción necesita formar personas capaces de participar, vigilar y exigir.
El CNE no puede correr mientras las escuelas se quedan atrás
En Caracas continúa avanzando la discusión institucional relacionada con la renovación del CNE y del TSJ, bajo una referencia política situada en diciembre de 2026.
El debate es importante. Pero existe un riesgo evidente: que el calendario de las cúpulas avance a una velocidad distinta del calendario de las comunidades.
Muchas escuelas han sido tradicionalmente centros de votación. Si están destruidas, restringidas o destinadas todavía a funciones de emergencia, el problema educativo se convierte también en problema electoral.
La reconstrucción de la confianza democrática empieza antes de abrir las urnas.
Empieza cuando el ciudadano comprueba que una institución cumple lo prometido.
Un nuevo CNE no recuperará por sí solo la confianza si nace dentro de un país donde las comunidades continúan esperando respuestas básicas.
La democracia tampoco cabe dentro de una cuota
La renovación institucional no puede ser un reparto entre actores tradicionales.
La ciudadanía necesita mérito, independencia, datos abiertos y decisiones explicadas.
Y necesita algo todavía más elemental: libertad.
La existencia de 382 personas detenidas por motivos políticos y las denuncias de abusos y extorsiones en determinados controles viales recuerdan que la reconstrucción institucional es mucho más amplia que la designación de autoridades electorales.
Una escuela forma ciudadanos. Un Estado democrático debe tratarlos como tales.
La fuerza pública tiene que recuperar una función estrictamente civilista y subordinada a la ley. Ninguna República educa para la libertad mientras normaliza arbitrariedades fuera del aula.
Las instituciones también deben aprender del desastre
Reconstruir escuelas implica preguntar por qué algunas estructuras fallaron, por qué determinados planteles quedaron más expuestos y qué decisiones urbanísticas contribuyeron a aumentar la vulnerabilidad.
El aprendizaje institucional exige reconocer errores.
Si existieron fallas de supervisión, deben admitirse. Si hubo negligencia, debe investigarse. Si la planificación fue deficiente, debe corregirse.
Pedir perdón institucionalmente no debilita al Estado.
Lo fortalece cuando ese reconocimiento produce cambios verificables.
Una elección futura también empieza hoy en el aula
Las advertencias externas sobre las condiciones necesarias para recuperar plenamente la normalidad electoral deben leerse con seriedad, pero no como una invitación a la dependencia.
La capacidad democrática de Venezuela no puede quedar certificada eternamente por otros.
Debe demostrarse.
Y una de las formas más concretas de hacerlo consiste en recuperar aquello que una sociedad democrática considera irrenunciable: educación, servicios, seguridad jurídica, instituciones y ciudadanía.
La normalización electoral no puede levantarse sobre una normalización de la ruina.
Un país preparado para votar también debe ser un país capaz de abrir sus escuelas.
Salvar el año escolar es también salvar la transición
Las escuelas también son refugio de República porque allí se protege algo que ninguna lona puede resguardar: la continuidad de una sociedad.
Cada mes perdido importa.
Cada niño fuera del aula importa.
Cada maestro esperando condiciones para volver importa.
Cada plantel cerrado recuerda que la emergencia todavía gobierna una parte de la vida nacional.
La prioridad debe ser inequívoca: reparar, reubicar, certificar, abrir.
El presupuesto debe bajar a los municipios.
Las obras deben poder auditarse.
Los servicios deben recuperarse.
Las familias desplazadas necesitan soluciones habitacionales que permitan liberar los espacios ocupados temporalmente.
Y el país debe recordar que reconstruir educación no significa únicamente reconstruir edificios.
Significa proteger la posibilidad de que la generación que heredó el desastre no herede también la cultura de la provisionalidad.
Las urnas pueden esperar hasta que existan condiciones. La infancia no.
El reloj corre sobre un suelo inestable. Y antes de que termine 2026, una de las pruebas más importantes de la transición será extremadamente sencilla de comprender: cuántas escuelas logramos devolver a sus alumnos.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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