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Petróleo y minerales de Venezuela: la riqueza solo servirá al país con instituciones, inversión, transparencia y control ciudadano.
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El petróleo y los minerales de Venezuela vuelven a ocupar el centro del debate político porque de su manejo dependerá buena parte de la reconstrucción económica del país. Pero la discusión ya no puede reducirse a determinar qué potencia extranjera obtiene contratos, quién controla un yacimiento o cuánto dinero entra al Estado. La cuestión decisiva es otra: si Venezuela será capaz de transformar sus recursos naturales en riqueza duradera para sus ciudadanos, bajo instituciones confiables, reglas transparentes y una democracia capaz de vigilar a quienes administran ese patrimonio.
Durante más de un siglo, Venezuela ha vivido una relación contradictoria con su riqueza natural. El petróleo permitió construir infraestructura, financiar educación, expandir servicios públicos y modernizar ciudades. Al mismo tiempo, creó una dependencia extraordinaria del Estado, debilitó otras actividades productivas y convirtió la disputa por la renta petrolera en uno de los grandes ejes del poder político.
Con los minerales ocurre algo semejante. Oro y otros recursos estratégicos pueden generar inversión y empleo, pero también pueden alimentar corrupción, explotación ilegal, deterioro ambiental y economías opacas si las instituciones encargadas de regularlos son débiles.
El problema, entonces, no está debajo de la tierra. Está encima de ella.
La riqueza natural no garantiza prosperidad
La historia internacional demuestra que poseer petróleo, gas, oro o minerales estratégicos no convierte automáticamente a un país en una sociedad próspera. La diferencia la marcan las instituciones, la seguridad jurídica, la capacidad técnica y las reglas utilizadas para distribuir oportunidades.
Venezuela conoce esa paradoja de primera mano. Durante décadas recibió ingresos extraordinarios por exportaciones petroleras, pero no logró construir una economía suficientemente diversificada ni instituciones capaces de proteger el patrimonio público frente a cada ciclo político.
La caída de la producción, el deterioro de PDVSA, la emigración de profesionales y la pérdida de infraestructura mostraron hasta qué punto una industria estratégica puede debilitarse cuando las decisiones empresariales quedan subordinadas a intereses políticos.
Eso obliga a abandonar dos simplificaciones igualmente peligrosas. La primera sostiene que basta con mantener todos los recursos bajo control estatal para garantizar que beneficien al pueblo. La segunda supone que entregar amplios espacios al capital privado solucionará automáticamente los problemas.
Ni el Estado por sí solo ni el mercado sin reglas ofrecen una garantía suficiente.
Una nueva relación con Estados Unidos no puede convertirse en otra dependencia
Estados Unidos tiene una capacidad difícil de ignorar dentro de la recuperación venezolana. Su peso financiero, tecnológico y energético, así como la presencia de grandes compañías capaces de invertir miles de millones de dólares, lo convierte en un interlocutor inevitable.
Sin embargo, reconocer esa realidad no significa entregar la política energética venezolana a Washington.
Venezuela necesita relaciones económicas normales con Estados Unidos y con cualquier otro país dispuesto a invertir dentro de la ley. También necesita evitar el error histórico de sustituir una dependencia por otra.
La pregunta correcta no es si el socio debe ser estadounidense, europeo, asiático o latinoamericano. La pregunta es bajo qué condiciones entra, cuánto invierte, cuánto riesgo asume, cuánto paga al país y qué obligaciones debe cumplir.
Una política madura debería aplicar las mismas reglas a todos.
- Contratos públicos y comprensibles.
- Procesos competitivos para otorgar proyectos.
- Identificación de los beneficiarios finales de cada empresa.
- Regalías e impuestos claramente establecidos.
- Protección ambiental verificable.
- Solución independiente de controversias.
- Prohibición de privilegios otorgados por conexiones políticas.
Si esas condiciones existen, una empresa extranjera puede convertirse en socio del desarrollo. Si no existen, cualquier inversión puede terminar transformándose en una nueva forma de captura de la renta.
China, Rusia, Irán, Cuba y la lección de las alianzas políticas
Otro aprendizaje del pasado reciente es que la política energética no debería organizarse alrededor de amistades ideológicas. Durante años, Venezuela estructuró parte de sus relaciones internacionales a partir de afinidades políticas con gobiernos como los de Cuba, China, Rusia e Irán.
El problema no radica en tener relaciones con esos países. Un Estado moderno debe poder relacionarse con todos. La dificultad surge cuando los negocios públicos se mezclan con lealtades políticas y el ciudadano pierde capacidad para conocer las condiciones de los acuerdos.
La nueva Venezuela no necesita sustituir un bloque de aliados por otro. Necesita sustituir la opacidad por competencia.
Una empresa china debería poder participar si ofrece buenas condiciones. También una estadounidense, brasileña, india, española, canadiense o venezolana. Lo que no debería volver a existir es una economía en la que el acceso a los recursos dependa de la cercanía política con el gobierno de turno.
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PDVSA necesita producir, no gobernar el país
La recuperación de PDVSA será inevitablemente parte de esta discusión. La empresa conserva valor estratégico, experiencia acumulada y un papel relevante dentro de cualquier reorganización energética. Pero Venezuela debería evitar reconstruir la idea de una compañía estatal convertida prácticamente en un Estado dentro del Estado.
PDVSA debe concentrarse en aquello que toda compañía petrolera debería hacer: explorar, producir, refinar, comercializar, invertir y competir eficientemente.
No debería ser una caja política, una herramienta electoral ni un mecanismo para financiar objetivos ajenos a su actividad empresarial.
Una nueva arquitectura energética también debería permitir que empresas privadas venezolanas crezcan alrededor del petróleo, el gas y los minerales. El país perdió durante décadas una oportunidad enorme para desarrollar compañías nacionales capaces de competir internacionalmente en ingeniería, perforación, servicios, automatización, petroquímica, minería responsable, tecnología y logística.
Recuperar ese tejido empresarial puede resultar tan importante como recuperar la propia producción.
Los minerales exigen incluso más vigilancia
El debate no termina con el petróleo. La explotación minera plantea desafíos especialmente delicados porque suele desarrollarse en zonas ambientalmente frágiles, alejadas de los principales centros de vigilancia institucional y con elevada presencia de economías informales.
El oro no puede convertirse en una segunda versión del petróleo: un recurso abundante gestionado mediante estructuras que concentren poder y distribuyan privilegios.
Una política minera seria debería establecer controles rigurosos sobre:
- el origen de cada mineral comercializado;
- las condiciones laborales de quienes participan en su extracción;
- el impacto sobre ríos, bosques y comunidades;
- el cumplimiento tributario;
- la trazabilidad de las exportaciones;
- la participación de grupos armados o economías criminales;
- la recuperación ambiental posterior a la explotación.
El objetivo no puede ser simplemente extraer más. Debe ser producir legalmente, generar riqueza y conservar el patrimonio natural que pertenece también a las siguientes generaciones.
La emigración venezolana también es parte de esta historia
Mientras Venezuela perdió capacidad productiva, millones de ciudadanos construyeron su vida fuera del país. Entre ellos salieron ingenieros, técnicos, empresarios, geólogos, operadores petroleros, especialistas financieros, científicos y trabajadores altamente capacitados.
Ese éxodo representa una de las mayores pérdidas acumuladas de capital humano.
Por eso reconstruir la industria energética no significa únicamente traer compañías extranjeras. También significa crear condiciones para que venezolanos dispersos por Estados Unidos, España, Canadá, América Latina y otras regiones consideren regresar, invertir o participar desde el exterior.
No regresarán únicamente por patriotismo. Necesitarán seguridad, salarios competitivos, propiedad protegida, escuelas para sus hijos, servicios básicos y confianza en que una decisión política no destruirá nuevamente lo construido.
Ese es otro motivo por el cual la recuperación económica y la institucional no pueden separarse.
La verdadera disputa será electoral
El control de petróleo y minerales tendrá inevitablemente una dimensión electoral. Una administración que dispone de mayores ingresos puede sentirse tentada a utilizar aumentos salariales, subsidios, transferencias y gasto público para mejorar su posición política antes de unas elecciones.
Esas medidas pueden ser legítimas cuando forman parte de una política económica transparente. El problema aparece cuando los recursos públicos se convierten en instrumentos para comprar adhesiones o crear ventajas indebidas para quienes gobiernan.
Por eso el eventual proceso electoral deberá incluir vigilancia no solo sobre el CNE y las máquinas de votación, sino también sobre el uso del presupuesto y de las empresas estatales durante la campaña.
La oposición, por su parte, tampoco puede reducir su estrategia a esperar que la crisis económica produzca automáticamente un cambio de gobierno.
Si Venezuela llega a elecciones competitivas, habrá que organizar, convencer, movilizar y defender cada voto. El rechazo a un gobierno no garantiza por sí mismo la victoria de sus adversarios.
La pregunta para toda fuerza democrática será sencilla: ¿está preparada para transformar el malestar ciudadano en organización política?
María Corina Machado y el desafío de regresar a una competencia real
El eventual regreso de María Corina Machado al centro de la actividad política venezolana tendría un peso evidente dentro de ese escenario. Pero ningún liderazgo, por amplio que sea, sustituye la organización electoral.
Una elección libre exigiría testigos, comandos locales, movilización, registro de votantes, defensa de actas y capacidad para comunicarse con millones de ciudadanos dentro y fuera del país.
También obligaría a plantear una propuesta económica comprensible. El venezolano necesita saber no solamente quién debe salir del poder, sino qué ocurrirá después con PDVSA, con los minerales, con los contratos internacionales, con los salarios, con las pensiones y con los servicios públicos.
La democracia necesita una alternativa política, pero también una alternativa de gobierno.
El país necesita generar riqueza antes de prometer repartirla
Una de las lecciones más importantes de nuestra historia económica es que ninguna política social puede sostenerse indefinidamente si detrás no existe una economía capaz de producir.
Venezuela necesita mejores salarios, pensiones dignas, hospitales, escuelas, electricidad confiable, agua, carreteras y seguridad. Pero todos esos derechos tienen un costo que debe financiar una economía productiva.
El petróleo y los minerales pueden ayudar, pero no deberían convertirse nuevamente en la excusa para evitar la creación de empresas y riqueza fuera del Estado.
La meta debería ser exactamente la contraria: utilizar la oportunidad energética para construir una economía que algún día dependa mucho menos de ella.
La soberanía no consiste en cerrar la puerta al capital
Durante demasiado tiempo, parte del debate venezolano confundió soberanía con aislamiento económico. Pero un país puede recibir inversiones extranjeras, permitir participación privada y mantener plenamente el dominio jurídico sobre sus recursos.
La soberanía moderna consiste en tener instituciones suficientemente fuertes para negociar buenas condiciones y hacerlas cumplir.
Una nación débil no se vuelve soberana simplemente porque coloque la palabra “nacional” delante de cada empresa. Se vuelve soberana cuando puede proteger sus intereses frente a gobiernos extranjeros, corporaciones internacionales y también frente a sus propios funcionarios.
Ese último punto resulta fundamental.
Los venezolanos deben vigilar con la misma intensidad al inversionista extranjero y al político venezolano que firma el contrato.
Ni antiestadounidenses ni dependientes: venezolanos
El debate sobre Estados Unidos tampoco debería convertirse en una elección emocional entre admiración y rechazo. Washington actuará, como cualquier gobierno, en función de sus intereses. Venezuela debe hacer exactamente lo mismo.
Estados Unidos puede resultar indispensable para movilizar inversión, mercados, tecnología y financiamiento. Eso no lo convierte en benefactor desinteresado. Tampoco convierte en traición cualquier acuerdo con empresas estadounidenses.
La madurez política consiste en negociar.
El país necesita aliados, pero no amos. Necesita inversiones, pero no enclaves. Necesita cooperación, pero también instituciones venezolanas capaces de decir sí cuando un acuerdo conviene y no cuando perjudica al interés nacional.
Los recursos deben pertenecer al futuro
Venezuela tiene ante sí una oportunidad extraordinaria y un peligro igualmente grande. Puede utilizar petróleo y minerales para financiar la reconstrucción, recuperar infraestructura, atraer a parte de su diáspora y generar un nuevo sector empresarial. O puede repetir el antiguo modelo de reparto de rentas entre dirigentes, intermediarios y socios privilegiados.
La diferencia estará en las reglas.
De eso debería tratarse la discusión nacional: quién controla los contratos, cómo se seleccionan los operadores, qué recibe Venezuela, cómo se fiscalizan los ingresos y de qué manera los ciudadanos pueden conocer cada decisión.
El periodismo independiente tendrá una responsabilidad especial. Seguir los contratos petroleros y mineros, identificar intereses, separar propaganda de hechos y fiscalizar por igual al poder venezolano y a los actores extranjeros será indispensable. Las contribuciones desde 1 € permiten a RadioAmericaVe.com y Vierne5 sostener esa vigilancia sin depender de quienes precisamente deben ser observados.
El petróleo puede ayudar a sacar a Venezuela del abismo. Los minerales también. Estados Unidos puede colaborar. El capital privado puede multiplicar las oportunidades. Pero nada de eso sustituye lo esencial: instituciones venezolanas capaces de defender a Venezuela.
Si finalmente llegan elecciones libres, el debate ya no será únicamente quién gobernará. Será qué país administrará esa persona y bajo qué reglas se utilizará una riqueza que pertenece a todos.
Ese será el verdadero examen de la nueva etapa.
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