La ciudadanía que dejó de pedir permiso

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

La reconstrucción abre un nuevo poder civil: ciudadanos que auditan, organizan y exigen que instituciones y recursos bajen al territorio.

Poder ciudadano en Venezuela; ciudadanía organizada; control social de la reconstrucción; autonomía civil venezolana

Algo importante está ocurriendo debajo de la política venezolana: una parte de la sociedad ha dejado de esperar instrucciones para comenzar a organizarse. No se trata de sustituir al Estado ni de convertir la emergencia en un asambleísmo permanente. Se trata de algo más profundo: ciudadanos que, después de comprobar cuánto cuesta depender exclusivamente de decisiones tomadas desde arriba, empiezan a exigir información, participar en la reconstrucción, vigilar presupuestos y reclamar capacidad real para intervenir en aquello que determina su vida cotidiana.

La ciudadanía que dejó de pedir permiso representa una fractura silenciosa en la cultura centralista venezolana. Durante décadas, el ciudadano fue tratado como receptor: del subsidio, de la orden, del permiso, del beneficio, de la información y, demasiadas veces, de la versión oficial. La reconstrucción abre otra posibilidad: convertirlo en sujeto de control.

La emergencia posterior a los terremotos del 24 de junio mostró que, cuando las estructuras formales tardan, las comunidades no permanecen necesariamente inmóviles. Vecinos participaron en búsquedas, voluntarios organizaron suministros, docentes improvisaron espacios educativos y familias crearon redes para responder a necesidades inmediatas. Esa capacidad de reacción no debe romantizarse ni utilizarse como excusa para que el Estado abandone sus responsabilidades. Debe institucionalizarse.

La ciudadanía madura cuando puede controlar, no solamente reclamar

Protestar es una forma legítima de ciudadanía. Pero una República moderna necesita avanzar hacia algo más sofisticado: ciudadanos capaces de seguir un contrato, consultar un presupuesto, identificar a un contratista, comparar el avance financiero con el avance físico y preguntar por qué una obra prometida todavía no existe.

Ese cambio es particularmente urgente porque la reconstrucción venezolana involucra recursos extraordinarios.

El último balance oficial nacional detallado disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos. Para finales de agosto se habían inspeccionado 60.785 viviendas; 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y 14.239 quedaron bajo restricciones. También se habían retirado 600.790 toneladas de escombros y entregado apenas 335 viviendas nuevas, además de otras 1.001 recuperadas.

Las autoridades calcularon inicialmente que podrían requerirse alrededor de 25.000 soluciones habitacionales.

Esa diferencia entre necesidad y capacidad ejecutada es precisamente el espacio donde la contraloría ciudadana deja de ser una abstracción.

Las cifras también necesitan ciudadanía vigilante

La primera tarea del control social consiste en exigir que los datos tengan fecha.

El número de 18.437 personas en 94 campamentos fue real, pero corresponde al balance del 11 de julio. Dos días después ya se reportaban más de 20.000 personas en 107 campamentos, y a finales de agosto el Gobierno informó que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal desde la catástrofe.

Presentar hoy el dato de julio como si describiera octubre produciría una fotografía falsa de la emergencia.

Algo similar ocurre con los desaparecidos. La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela llegó a registrar alrededor de 29.500 personas con las que no se había podido establecer contacto. Esa cifra expresa una alarma humana enorme, pero no equivale a un cómputo forense oficial de personas sepultadas bajo los escombros.

Las autoridades, por su parte, pasaron demasiado tiempo sin ofrecer una cifra nacional consolidada que permitiera distinguir entre denuncias iniciales, personas posteriormente localizadas, víctimas identificadas y casos todavía abiertos.

La respuesta correcta no es convertir un registro ciudadano en cifra oficial. Es exigir que el Estado produzca la cifra que falta.

Ese es precisamente el nuevo poder civil: no aceptar el vacío informativo y tampoco llenarlo con afirmaciones que no pueden probarse.

La Licencia General 60A abre espacio para la ayuda, no para la opacidad

La reconstrucción venezolana se desarrolla además dentro de una arquitectura económica excepcional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos emitió originalmente en junio la Licencia General 60 para facilitar transacciones vinculadas con el socorro por los terremotos y la actualizó el 16 de octubre mediante la Licencia General 60A.

La nueva autorización permite realizar transacciones relacionadas con los esfuerzos de alivio que de otro modo podrían verse afectadas por las sanciones estadounidenses. Incluso contempla pagos de impuestos, tasas y peajes al Gobierno venezolano cuando estén vinculados con actividades de socorro.

Eso facilita operaciones necesarias.

No significa, sin embargo, que exista una caja única controlada desde Washington. Tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que los créditos del Banco Mundial destinados a la reconstrucción sean administrados por el Comando Sur estadounidense.

La respuesta editorial responsable no es sustituir la opacidad por una teoría sencilla. Es exigir trazabilidad.

Cada flujo extraordinario debería poder responder:

• de dónde procede el recurso;
• qué institución lo recibe;
• qué municipio o programa resulta beneficiado;
• qué contratista ejecuta la obra;
• cuánto dinero fue desembolsado;
• qué porcentaje físico se ha completado;
• y quién certifica que el resultado existe.

La Licencia 60A puede facilitar la ayuda. La ciudadanía debe impedir que esa facilidad disminuya los controles.

El pueblo constructor necesita salario, no dependencia

La organización comunitaria puede dar un paso adicional: convertirse en fuerza productiva.

La reconstrucción demandará durante años albañiles, soldadores, electricistas, plomeros, operadores de maquinaria, técnicos de mantenimiento, especialistas en logística, inspectores, topógrafos y personal capacitado para trabajar bajo estándares profesionales.

Una política inteligente debería utilizar parte de la recuperación para formar trabajadores locales y crear empleo formal.

Las cooperativas y organizaciones comunitarias pueden participar, pero bajo exactamente las mismas exigencias de transparencia y competencia que deberían aplicarse a cualquier contratista privado.

Lo comunitario no es automáticamente honesto.

La descentralización no puede convertirse en una nueva forma de clientelismo.

Por eso un programa de participación productiva debería exigir:

• formación certificada;
• salarios dignos y contratos formales;
• supervisión profesional independiente;
• compras y adjudicaciones publicadas;
• contabilidad accesible;
• metas físicas verificables;
• y mecanismos para denunciar favoritismos o desvíos.

La ayuda humanitaria protege a una familia durante la emergencia. El trabajo productivo puede devolverle autonomía.

La ciudadanía no adquiere poder porque alguien se lo conceda. Lo adquiere cuando puede ver información, formular preguntas, controlar recursos y exigir consecuencias. La transparencia no es un gesto amable del poder: es la infraestructura que permite al ciudadano ejercerlo.

La tecnología puede convertir la vigilancia en rutina

Durante mucho tiempo, controlar al Estado significó esperar informes anuales, acudir personalmente a una institución o depender de filtraciones. Esa época debería terminar.

La reconstrucción ofrece la posibilidad de crear una contraloría digital desde el territorio.

Cada proyecto podría tener una ficha pública accesible desde un teléfono móvil: ubicación, costo inicial, empresa ejecutora, responsables técnicos, modificaciones presupuestarias, fotografías periódicas, pagos y porcentaje de ejecución.

Cada municipio debería publicar un tablero comparable con los demás.

Los cambios extraordinarios de costo podrían generar alertas automáticas.

Los vecinos podrían reportar una obra paralizada y asociar fotografías a un expediente público.

Las universidades y colegios profesionales podrían revisar muestras de proyectos y publicar evaluaciones técnicas.

Esto no crea un gobierno paralelo.

Crea un gobierno observable.

El Estado de derecho empieza cuando la autoridad también puede ser denunciada

La autonomía civil necesita otra condición: instituciones judiciales capaces de proteger al ciudadano frente a quien abuse del poder.

Venezuela discute actualmente la renovación de su arquitectura judicial mientras continúan cuestionamientos sobre detenciones políticas, libertad de expresión y prácticas represivas.

Aquí también es imprescindible actualizar los datos. El último balance localizado de Foro Penal registra 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos, con corte al 5 de octubre: 308 hombres y 14 mujeres, 182 civiles y 140 militares.

La cifra de 382 corresponde a un balance anterior y no debería seguir utilizándose como si fuese la medición más reciente.

La corrección estadística no relativiza la gravedad de las detenciones controvertidas. La fortalece.

La misma disciplina debe aplicarse frente a denuncias sobre extorsión en carreteras, actuación de grupos armados o corrupción asociada con la reconstrucción. Ninguna denuncia debería ser archivada por conveniencia, pero tampoco ninguna acusación debe convertirse automáticamente en condena.

La República que pretende superar la arbitrariedad debe investigar con evidencia, garantizar defensa y sancionar cuando un tribunal independiente determine responsabilidad.

Una nueva justicia no puede nacer de ciudadanos nuevamente pasivos

El problema de Venezuela no se resolverá únicamente sustituyendo magistrados.

Un nuevo Tribunal Supremo será relevante si el ciudadano puede utilizarlo para defender sus derechos. Un nuevo sistema electoral será relevante si el ciudadano puede auditarlo. Una nueva política habitacional será creíble si quienes recibirán las viviendas pueden conocer cómo fueron adjudicadas y quién certificó su seguridad.

Las instituciones modernas necesitan usuarios exigentes.

Por eso el despertar ciudadano importa más que cualquier nombre propio colocado temporalmente al frente de un organismo.

La dirigencia puede cambiar.

La cultura institucional solo cambia cuando la sociedad deja de considerar normal que las decisiones públicas sean secretas.

La flexibilización internacional aumenta la obligación de vigilar

Washington retiró el 14 de octubre a Jorge Rodríguez de la lista de personas sancionadas por OFAC. La medida tiene un significado político evidente por el papel que desempeña como negociador gubernamental.

Dos días después, OFAC actualizó las autorizaciones para operaciones relacionadas con el alivio del terremoto.

Estos movimientos muestran una relación cada vez más pragmática entre Washington y Caracas.

Ese pragmatismo puede ser útil para desbloquear recursos y negociaciones.

Pero también aumenta la necesidad de vigilancia ciudadana.

Cuando actores internacionales comienzan a flexibilizar restricciones y a facilitar flujos económicos, la pregunta no debe ser únicamente qué concede Washington.

Debe ser qué obtiene el ciudadano venezolano como resultado.

Más viviendas.

Más electricidad.

Más empleo.

Más escuelas operativas.

Más capacidad municipal.

Más información.

Si la respuesta no puede medirse, la apertura internacional corre el riesgo de quedar atrapada nuevamente entre intermediarios y burocracias.

La electricidad sigue siendo una prueba que no admite propaganda

Los datos más recientes publicados sobre el sistema eléctrico muestran la magnitud de ese desafío: aproximadamente el 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad instalada estaba operativo a finales de septiembre y el déficit superaba los 1.500 megavatios.

La consecuencia se vive diariamente en hogares, empresas y servicios.

Para el ciudadano organizado, ese tipo de problema plantea una pregunta esencial: ¿qué proyecto está financiándose para corregirlo y qué resultado concreto promete?

La fiscalización debe descender desde los grandes planes nacionales hasta una subestación, una turbina o una red local.

Los problemas públicos dejan de ser abstractos cuando pueden convertirse en indicadores.

“Terminar la tarea” también significa devolver la tarea a la ciudadanía

María Corina Machado afirmó recientemente en una entrevista con Fox News: “Tenemos que terminar la tarea”, al referirse al proceso venezolano y dirigirse políticamente a la Administración estadounidense.

La frase puede adquirir un significado más amplio que el estrictamente partidista.

Terminar la tarea no consiste únicamente en completar una transición de élites.

Significa construir un país donde la ciudadanía no tenga que esperar la autorización de Caracas o Washington para conocer cuánto costó la escuela de su comunidad.

Donde un vecino pueda consultar el contrato de la carretera que utiliza.

Donde una madre pueda saber por qué una vivienda fue declarada segura.

Donde un trabajador pueda denunciar una extorsión.

Donde una universidad pueda cuestionar técnicamente una obra sin pedir permiso político.

Donde un periodista pueda preguntar quién recibió el dinero.

Y donde un funcionario entienda que rendir cuentas no es una concesión.

Es su trabajo.

El ciudadano que dejó de pedir permiso es el mejor seguro de la transición

Venezuela necesita acuerdos políticos, inversión extranjera, cooperación internacional, petróleo, reconstrucción, nuevas instituciones y capacidad administrativa.

Pero ninguno de esos elementos garantiza por sí solo una República mejor.

El verdadero cortafuegos frente a la repetición es una ciudadanía difícil de devolver a la obediencia pasiva.

Una sociedad que ya aprendió a buscar el dato.

A fotografiar la obra.

A comparar la promesa.

A preguntar por el contrato.

A corregir una cifra.

A organizarse.

A exigir el expediente.

Y a entender que lo público también le pertenece.

La ciudadanía que dejó de pedir permiso no amenaza a un Estado democrático. Es exactamente la ciudadanía que un Estado democrático necesita para no volver a convertirse en dueño de la sociedad.

La transición venezolana habrá madurado cuando el ciudadano deje de ser convocado únicamente para obedecer, recibir o votar y empiece a ser reconocido diariamente como supervisor de aquello que las instituciones hacen en su nombre.

Ese día el poder habrá comenzado realmente a bajar desde las oficinas hasta la calle.

Y quizás entonces Venezuela descubra que la transformación más profunda no consistió en cambiar quién mandaba, sino en conseguir que nadie pudiera volver a mandar sin ser observado.

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Victor Julio Escalona.

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