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Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
La PUD presenta 14 propuestas y exige elecciones presidenciales mientras Washington negocia con el chavismo.
- Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República
- Elecciones presidenciales en Venezuela
- Transición democrática venezolana
- María Corina Machado y Plataforma Unitaria
La Plataforma Unitaria Democrática acaba de colocar catorce propuestas sobre la mesa política venezolana, pero todas terminan dependiendo de una sola pregunta: ¿tiene realmente la oposición la fuerza necesaria para conseguir unas elecciones presidenciales libres frente a un poder que todavía controla instituciones fundamentales y una administración estadounidense que parece avanzar con mayor rapidez en los acuerdos económicos que en las garantías democráticas? La pregunta no es retórica. Es el verdadero examen de una transición que acumula anuncios, conversaciones y concesiones, mientras la ciudadanía continúa esperando una fecha para decidir su futuro.
El 18 de octubre, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó en Caracas su propuesta de Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República. El documento contiene catorce compromisos dirigidos a reconstruir las instituciones, recuperar los derechos ciudadanos y establecer una transición pacífica mediante negociaciones que conduzcan a elecciones libres, competitivas y verificables, con prioridad en las presidenciales.
El dirigente Biagio Pilieri presentó las propuestas, mientras Roberto Enríquez ratificó el respaldo de la coalición a María Corina Machado. Tanto ella como Edmundo González Urrutia participaron virtualmente en el encuentro. La información fue recogida por El Diario y la Agencia EFE.
La propuesta merece atención. Pero no porque contenga catorce puntos, sino porque intenta responder a una contradicción que amenaza con definir el futuro venezolano: quienes exigen elecciones no controlan las instituciones necesarias para organizarlas, mientras quienes todavía ejercen ese control negocian directamente con Washington las condiciones de la transición.
Catorce puntos y una prioridad que no admite evasivas
El Acuerdo Nacional plantea una agenda considerablemente más amplia que una simple convocatoria electoral. Reconoce el mandato ciudadano expresado en las primarias de 2023 y en las presidenciales de 2024, respalda el liderazgo de María Corina Machado junto a Edmundo González, exige la liberación de los presos políticos y propone desmontar los mecanismos de persecución.
También incorpora la restitución de los derechos políticos, la recuperación de los partidos intervenidos, la independencia de los poderes públicos, la prohibición de la reelección indefinida, la protección de los derechos sociales y económicos, la atención de la emergencia humanitaria y el rechazo a la violencia como método de resolución política.
Son objetivos legítimos y necesarios. Sin embargo, su amplitud encierra un riesgo: que la acumulación de propósitos termine diluyendo la prioridad central.
Porque Venezuela puede discutir durante meses reformas judiciales, rediseños institucionales y nuevos mecanismos de convivencia. Pero si esas conversaciones no producen una ruta electoral verificable, el acuerdo podría convertirse en otro inventario de buenas intenciones.
Una transición sin horizonte presidencial termina pareciéndose demasiado a una administración indefinida de la provisionalidad.
María Corina: respaldo político y capacidad de conducción
Uno de los elementos más significativos del documento es el reconocimiento explícito del liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
No se trata de un detalle protocolar. La coalición intenta reafirmar la continuidad política entre las primarias opositoras de 2023, las elecciones de julio de 2024 y la actual disputa por la recuperación institucional.
Ese reconocimiento es importante porque una transición necesita interlocutores con capacidad de representar demandas ciudadanas y sostener compromisos ante sectores diversos.
Sin embargo, respaldar un liderazgo y convertir ese respaldo en capacidad efectiva de negociación son dos asuntos distintos.
Machado mantiene un papel central en la oposición, pero no participa directamente en las conversaciones que desarrollan desde agosto representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del gobierno interino de Delcy Rodríguez, con apoyo estadounidense.
La PUD enfrenta, por tanto, una dificultad fundamental: cómo lograr que el peso político de Machado y González tenga consecuencias reales en una mesa donde otros actores negocian las decisiones institucionales.
La unidad democrática no puede limitarse a una fotografía compartida ni a una declaración de respaldo. Necesita coordinación, representación clara y objetivos comunes.
Y también necesita reconocer que la legitimidad electoral no se transforma automáticamente en poder institucional.
Washington negocia, pero ¿cuál es su prioridad?
Mientras la oposición presenta sus catorce propuestas, Estados Unidos continúa enviando señales de acercamiento hacia las autoridades venezolanas.
El ejemplo más reciente fue la decisión del Departamento del Tesoro de retirar a Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el 14 de octubre de 2026.
La medida está confirmada por el propio registro administrativo estadounidense y fue reseñada por EFE.
Jorge Rodríguez no es un funcionario secundario. Preside la Asamblea Nacional y desempeña un papel importante en las negociaciones desarrolladas con sectores opositores bajo el acompañamiento estadounidense.
Levantar sus sanciones no demuestra, por sí solo, que Washington haya abandonado las aspiraciones democráticas venezolanas. Las sanciones son instrumentos de política exterior y pueden modificarse para facilitar acuerdos.
Pero la medida sí obliga a formular una pregunta razonable: ¿qué compromisos verificables obtiene Estados Unidos a cambio de normalizar su relación con una figura clave del poder?
La respuesta resulta particularmente importante cuando se observa que la apertura económica, los acuerdos petroleros y las facilidades para nuevas inversiones avanzan mientras continúa sin anunciarse una fecha presidencial.
La administración Trump tiene intereses energéticos, económicos y estratégicos legítimos desde la perspectiva estadounidense. Venezuela, por su parte, necesita reconstruir su economía y recuperar la confianza internacional.
El peligro aparece cuando la estabilidad se interpreta exclusivamente como continuidad administrativa y seguridad para las inversiones, dejando la restitución de la soberanía popular para una etapa posterior sin plazos definidos.
El petróleo puede contribuir a financiar la reconstrucción. No puede reemplazar la legitimidad del voto.
El verdadero obstáculo está en las instituciones
Los catorce puntos de la PUD deben enfrentar una realidad incómoda: el control institucional no desaparece porque cambie el lenguaje político.
La transición requiere transformar organismos que durante años han sido cuestionados por su dependencia del poder ejecutivo y por decisiones contrarias a las garantías democráticas.
Entre ellos destacan el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y los mecanismos legales utilizados para limitar la participación política y restringir la actividad de organizaciones independientes.
Las conversaciones actuales contemplan reformas institucionales, pero anunciar una modificación no equivale a garantizar independencia.
La experiencia venezolana obliga a examinar cuidadosamente varios asuntos:
- Consejo Nacional Electoral: cómo serán seleccionados sus rectores, cuáles serán sus garantías de independencia y cuándo estará preparado para organizar elecciones competitivas.
- Tribunal Supremo de Justicia: qué mecanismos impedirán que sus integrantes respondan a instrucciones políticas y cómo se revisarán decisiones que afectaron derechos fundamentales.
- Inhabilitaciones políticas: cómo se garantizará la restitución efectiva de derechos a dirigentes excluidos de procesos electorales.
- Libertades civiles: qué ocurrirá con las leyes y prácticas utilizadas para perseguir opiniones, controlar organizaciones o limitar la protesta.
- Presos políticos: cómo se garantizará su libertad plena, el cierre de procesos arbitrarios y la reparación a las víctimas.
- Calendario presidencial: qué plazos, responsabilidades y mecanismos de verificación permitirán comprobar que la transición conduce realmente a elecciones.
Sin respuestas concretas, el riesgo es que la reinstitucionalización termine reducida a reemplazos de funcionarios sin modificaciones profundas de las reglas del poder.
La negociación necesita fuerza, no solamente argumentos
Existe una diferencia considerable entre presentar una propuesta razonable y conseguir que sea aceptada por quienes tendrían que renunciar a parte de sus atribuciones actuales.
La PUD puede disponer de argumentos constitucionales, respaldo político y reconocimiento internacional. Pero su capacidad de obtener resultados dependerá de convertir esos recursos en una negociación efectiva.
Eso exige cohesión interna, interlocutores reconocidos, acompañamiento internacional y mecanismos de cumplimiento.
También requiere evaluar los intereses de quienes participan en la mesa. El gobierno interino puede preferir una transición gradual que preserve estabilidad administrativa. Washington puede considerar indispensable evitar nuevas crisis económicas o institucionales. La oposición, en cambio, necesita asegurar que la gradualidad no termine anulando el cambio político que reclama.
Ninguno de esos intereses desaparece mediante declaraciones solemnes.
La negociación consiste precisamente en encontrar compromisos capaces de responder a esas diferencias sin sacrificar los principios democráticos esenciales.
Por eso, más que proclamar una elección inmediata sin condiciones suficientes, la PUD necesita exigir una secuencia pública de decisiones que haga imposible convertir la preparación electoral en una excusa permanente para postergarla.
El tiempo también es una forma de poder
En Venezuela, el calendario político no es un asunto menor. Cada mes sin definiciones tiene consecuencias.
Para quienes administran el gobierno interino, el transcurso del tiempo puede facilitar acuerdos económicos, consolidar interlocutores y reorganizar estructuras institucionales.
Para una parte importante de la ciudadanía, ese mismo tiempo significa prolongar la incertidumbre, mantener la distancia familiar, convivir con salarios insuficientes y continuar esperando garantías democráticas.
Esa diferencia explica por qué las elecciones presidenciales ocupan el centro del documento opositor.
La democracia exige instituciones confiables antes de votar, pero también exige que la construcción de esas instituciones tenga límites temporales razonables.
Un proceso de transición no puede considerarse exitoso simplemente porque disminuyan las tensiones diplomáticas o aumenten las inversiones extranjeras.
Su resultado fundamental debe ser la recuperación de la capacidad ciudadana para elegir y sustituir gobernantes mediante procedimientos legítimos.
Una propuesta que deberá demostrar su utilidad
El Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República constituye un intento importante de ordenar las prioridades opositoras y reafirmar una posición democrática común.
Su contenido combina reivindicaciones electorales, garantías individuales, reformas institucionales y propuestas de reconstrucción nacional.
Pero el valor histórico de sus catorce puntos no dependerá de la firmeza con que fueron anunciados. Dependerá de su capacidad para producir compromisos verificables.
La pregunta esencial permanece abierta: ¿podrá la PUD transformar su propuesta en una herramienta de negociación suficientemente sólida para conseguir que las elecciones presidenciales dejen de ser una expectativa y se conviertan en un compromiso institucional concreto?
No existe todavía una respuesta definitiva.
Sería precipitado afirmar que el acuerdo está condenado al fracaso. También sería ingenuo presentar su aprobación política como garantía de una transición irreversible.
La experiencia aconseja observar los resultados antes que los discursos.
El periodismo independiente tiene precisamente esa responsabilidad: examinar los compromisos públicos, distinguir las concesiones de los avances reales y preguntar quién responde cuando las promesas no se cumplen.
Venezuela necesita recuperación económica, inversiones y cooperación internacional. Pero también necesita instituciones que respondan a sus ciudadanos y no exclusivamente a los acuerdos entre quienes ejercen el poder.
Los catorce puntos pueden convertirse en una referencia útil para esa reconstrucción. O pueden terminar archivados entre tantas propuestas que nunca llegaron a modificar la realidad.
La diferencia estará en lo que ocurra después de la presentación.
Porque el problema de Venezuela no es la ausencia de documentos que prometan democracia. Es la dificultad histórica de convertir esas promesas en instituciones que la garanticen.
Y esta vez, más que otro acuerdo bien redactado, el país necesita comprobar que la palabra transición tiene un destino electoral, un calendario y responsables capaces de cumplirlo.
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