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Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Reformar una ley represiva no basta si no se desmonta el aparato que la usó contra la disidencia.
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La reforma de la llamada Ley Constitucional contra el Odio no puede ser presentada como un acto de arrepentimiento democrático mientras el aparato que la utilizó para intimidar, perseguir y silenciar siga intacto. Cambiar algunos artículos, suavizar penas o admitir “malas aplicaciones” puede servir para mejorar la fotografía internacional, pero no basta para devolverle al ciudadano venezolano la libertad que le fue arrebatada. La pregunta no es si la ley será maquillada. La pregunta es si el poder está dispuesto a desmontar el sistema que convirtió la opinión crítica en amenaza.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento una reforma parcial de la Ley contra el Odio y reconoció que fue “mal aplicada” y usada de forma abusiva. Según la cobertura de EFE, la petición fue enviada al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con carácter de urgencia y con el argumento de avanzar en la despenalización de conductas previstas en la norma. El Parlamento, de mayoría chavista, designó una comisión de once diputados para redactar el proyecto de reforma, presidida por Pedro Infante e integrada mayoritariamente por diputados oficialistas, junto a tres opositores.
Ese reconocimiento no es menor. Pero tampoco absuelve. Decir ahora que hubo abuso no borra los años en los que la ley fue denunciada por organizaciones civiles, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes democráticos como una herramienta para restringir la libertad de expresión y perseguir voces incómodas.
Reformar no es reparar
El primer peligro está en confundir reforma con reparación. Una reforma puede modificar el lenguaje, reducir penas, delimitar competencias o ajustar procedimientos. Pero reparar implica algo mucho más profundo: reconocer el daño, revisar expedientes, liberar a quienes fueron perseguidos injustamente, eliminar antecedentes fabricados, impedir la repetición y establecer responsabilidades políticas e institucionales.
La Ley contra el Odio no fue un simple texto mal redactado. Fue parte de un clima de control. Nació en 2017, en un contexto de conflictividad política y protestas, y fue criticada desde entonces como un instrumento con penas severas y definiciones amplias que podían usarse contra expresiones críticas. La norma establecía penas de hasta 20 años de cárcel y fue denunciada por organizaciones de libertad de expresión como una herramienta para perseguir expresiones incómodas frente a sectores de poder.
Por eso el debate no puede quedarse en la técnica legislativa. La cuestión de fondo es política y moral: ¿se va a corregir una norma o se va a desmontar una arquitectura de miedo?
El gatopardismo como método
La instalación de una comisión parlamentaria para reformar la ley puede leerse como un movimiento de gatopardismo político: cambiar algo para que lo esencial permanezca. Hacia afuera, el gesto permite hablar de pacificación, convivencia, tolerancia, apertura y transformación del sistema de justicia penal. Hacia adentro, sin embargo, el ciudadano tiene derecho a preguntar si el control realmente se debilita o si solo se actualiza el lenguaje para hacerlo más presentable.
La comisión designada por la Asamblea Nacional tiene mayoría oficialista. Según reseñas públicas, la integran ocho diputados del PSUV y tres de oposición. Ese dato importa, porque quienes redactarán la reforma pertenecen, en su mayoría, al mismo universo político que sostuvo o defendió durante años el marco normativo cuestionado.
Una reforma redactada por los mismos factores que administraron el problema no es necesariamente inválida, pero debe ser observada con máxima exigencia. No basta con creer en el anuncio. Hay que leer el texto, revisar sus efectos y medir sus consecuencias sobre casos reales.
Los excesos no fueron accidentes
El poder intenta presentar la aplicación de la Ley contra el Odio como una suma de excesos o errores. Pero cuando una norma permite que cuerpos de seguridad intimiden ciudadanos, revisen teléfonos, abran expedientes por opiniones o conviertan la crítica en sospecha, el problema no es solo de procedimiento. Es de diseño, de cultura política y de ausencia de límites al poder.
Incluso Jorge Rodríguez había admitido previamente el uso inadecuado de la ley y la posibilidad de reformarla. La propia Delcy Rodríguez reconoció ahora un uso abusivo. El problema es que la admisión llega tarde y en medio de un contexto político en el que el gobierno interino necesita proyectar señales de normalización ante actores internacionales, mercados, organismos multilaterales y negociadores externos.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿la reforma busca devolver derechos o busca producir confianza externa sin alterar realmente la capacidad de control interno?
La sociedad civil no debe morder el anzuelo
El verdadero riesgo es que la oposición democrática, los medios y la sociedad civil acepten una reforma parcial como si fuera una garantía plena. Una modificación de penas o una redacción menos agresiva no significa, por sí sola, que el país recuperó libertad. La libertad no depende solo de lo que diga una ley. Depende de fiscales, jueces, policías, cuerpos de inteligencia, tribunales, expedientes, prácticas administrativas y voluntad política real.
Una reforma seria debería responder preguntas concretas:
- ¿Se elimina realmente la penalización de expresiones críticas o solo se reduce su castigo?
- ¿Se revisarán las causas abiertas bajo la Ley contra el Odio?
- ¿Habrá efectos retroactivos para quienes fueron procesados o condenados con base en esa norma?
- ¿Se cerrarán expedientes usados para intimidar periodistas, activistas y ciudadanos?
- ¿Se impedirá que otros tipos penales sustituyan a la ley reformada para cumplir la misma función represiva?
- ¿Habrá observación independiente del proceso de reforma y de su aplicación?
Si esas preguntas no tienen respuesta, la reforma será apenas un ejercicio de cosmética jurídica.
La convivencia no nace de una ley represiva
La convivencia democrática no se decreta desde el poder. No se impone con amenazas. No se produce con leyes que castigan la palabra. La convivencia exige instituciones confiables, justicia independiente, prensa libre, ciudadanos sin miedo, partidos con garantías, organizaciones civiles protegidas y elecciones competitivas.
Una ley nacida bajo sospecha y aplicada durante años como instrumento de control no puede convertirse de pronto, por simple reforma, en símbolo de reconciliación. Antes debe pasar por el juicio de los hechos. Debe demostrar que ya no sirve para perseguir; Debe dejar de existir como amenaza. Debe reparar a quienes dañó.
Si la administración de Delcy Rodríguez quiere hablar seriamente de pacificación, tiene que ir más allá de una reforma parcial. Debe avanzar hacia la derogación de todo mecanismo legal usado para criminalizar la disidencia y hacia la revisión de los casos construidos bajo esa lógica. De lo contrario, el mensaje será claro: se cambia el envoltorio, pero se conserva el instrumento.
La reforma como salvavidas político
La economía venezolana sigue atrapada entre problemas estructurales, expectativas de inversión, presión social y acuerdos internacionales que requieren un mínimo de confianza institucional. En ese contexto, flexibilizar normas represivas puede funcionar como señal para el exterior. Puede decirle a inversionistas, gobiernos y organismos que el país intenta moverse hacia una etapa más amable. Pero la democracia no se reconstruye para tranquilizar mercados. Se reconstruye para devolver derechos.
La reforma de la Ley contra el Odio solo tendrá sentido si forma parte de un proceso más amplio: liberación de presos políticos, garantías para medios de comunicación, apertura del espacio cívico, independencia judicial, nuevo árbitro electoral y ruta presidencial verificable. Separada de todo eso, será un salvavidas para la cúpula, no una victoria para la ciudadanía.
Como suele decir Víctor Escalona, “cuando el poder reforma la jaula, hay que preguntar si piensa abrir la puerta o solo pintar los barrotes”. Esa es la pregunta que debe guiar esta discusión. Venezuela no necesita barrotes más elegantes. Necesita libertad.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe acompañar cualquier avance real, pero también advertir cuando una concesión puede convertirse en maniobra. Reformar una ley represiva puede ser un paso, pero solo si el paso conduce a derechos efectivos. Si conduce a propaganda, será otra farsa envuelta en lenguaje de pacificación.
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La tolerancia no se demuestra reformando a medias una ley nacida para disciplinar la palabra. Se demuestra devolviendo derechos, cerrando causas injustas, liberando presos, protegiendo periodistas y garantizando que ningún ciudadano vuelva a ser perseguido por pensar distinto. Si la reforma no toca ese fondo, será apenas una operación de imagen. Venezuela merece algo más que maquillaje jurídico. Merece una libertad que no dependa del humor del poder.
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