RadioAmericaVe.com / Editorial.
La emergencia no justifica poderes sin límites: Venezuela necesita controles, datos abiertos, justicia y vigilancia ciudadana.
Poder sin controles en Venezuela; transparencia en la transición; control ciudadano del poder; reconstrucción con rendición de cuentas
Las emergencias producen una tentación conocida: concentrar decisiones, acortar procedimientos y pedir a la sociedad que confíe primero y pregunte después. En determinados momentos, actuar rápido es indispensable. Pero Venezuela cometería un error histórico si confundiera rapidez con poder sin límites. Un país que intenta reconstruir viviendas, instituciones y confianza al mismo tiempo no necesita menos controles. Necesita controles mejores, más rápidos y mucho más visibles.
Ese es el principio que debe ordenar la transición: la urgencia no es un cheque en blanco. Ningún desastre convierte la fiscalización en un lujo. Ninguna negociación política autoriza a seis representantes, un ministerio, una presidencia encargada, una alcaldía o un organismo internacional a administrar recursos extraordinarios fuera del escrutinio público.
La reconstrucción venezolana ocurre precisamente en el escenario donde los controles son más necesarios. El último balance oficial ampliamente documentado mantiene en 6.509 las muertes provocadas por los terremotos del 24 de junio. Para finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, se habían entregado 335 viviendas nuevas y recuperado otras 1.001. Más de 25.000 personas habían requerido alojamiento temporal desde la catástrofe.
El Banco Mundial estimó, además, en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos. El 47 % correspondió a edificaciones residenciales, el 27 % a infraestructura y el 26 % a inmuebles no residenciales.
Es decir: Venezuela no está administrando una reparación menor. Está entrando en una de las operaciones económicas, urbanísticas e institucionales más grandes de su historia reciente. Y cuanto mayor sea el dinero involucrado, menor puede ser la tolerancia hacia la opacidad.
La excepción necesita más vigilancia, no menos
Los procedimientos de emergencia existen porque una administración ordinaria puede resultar demasiado lenta cuando hay vidas, viviendas y servicios en juego. Pero flexibilizar un procedimiento no significa eliminar la responsabilidad.
Cuando se adjudica rápidamente una obra, debe publicarse más información, no menos. Cuando se permite una compra excepcional, debe quedar documentada con mayor precisión. Cuando se transfieren recursos extraordinarios, su recorrido debe ser más fácil de rastrear.
Una reconstrucción con controles debería permitir conocer, en tiempo casi real:
- qué organismo recibe cada partida;
- qué municipio y proyecto resultan beneficiados;
- qué empresa o institución ejecuta la obra;
- quiénes son sus beneficiarios finales cuando corresponda;
- qué monto fue aprobado y qué modificaciones sufrió;
- qué porcentaje financiero ha sido desembolsado;
- qué porcentaje físico ha sido realmente construido;
- quién certifica técnicamente los avances;
- y cuál es la fecha comprometida de terminación.
Esto no paraliza la administración. La disciplina.
El verdadero riesgo aparece cuando una situación excepcional se convierte en argumento permanente para gobernar excepcionalmente.
Las cifras también tienen que someterse a control
La transparencia no comienza con un contrato. Empieza antes, en la manera como el Estado cuenta la realidad sobre la cual va a gastar.
Durante las últimas semanas han seguido circulando cifras de campamentos correspondientes a julio como si describieran la situación de octubre. El dato de 18.437 personas en 94 campamentos fue real en su momento, pero posteriormente el número de residentes y refugios aumentó. A finales de agosto, las autoridades ya informaban que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal desde los terremotos.
La diferencia importa. Un presupuesto construido con un censo desactualizado puede terminar financiando una emergencia que ya cambió de forma.
También existe una responsabilidad especial cuando se habla de desaparecidos. Las plataformas ciudadanas han divulgado estimaciones muy superiores a las cifras oficiales conocidas, pero no existe base suficiente para presentar esas estimaciones como un registro forense nacional consolidado. La ausencia de un cómputo público completo debe ser cuestionada precisamente sin sustituirlo por una cifra no verificada.
La verdad estadística exige tres elementos sencillos: fuente, fecha y metodología.
Un Estado que desea recuperar confianza no puede pedirle al ciudadano que crea en una cifra porque la pronunció una autoridad. Debe permitirle saber cómo fue construida.
El dinero del petróleo tampoco puede convertirse en una caja negra
La economía venezolana está atravesando al mismo tiempo una profunda reorganización energética. En septiembre, las exportaciones petroleras del país fueron de aproximadamente 1,08 millones de barriles diarios y los envíos a Estados Unidos alcanzaron unos 629.000 barriles diarios.
Ese nuevo peso estadounidense en el flujo petrolero, unido a negociaciones con organismos multilaterales, bancos y empresas internacionales, crea oportunidades financieras relevantes. Pero también vuelve más compleja la pregunta sobre quién administra cada recurso y con qué finalidad.
No toda exportación petrolera constituye automáticamente dinero disponible para reconstrucción. Tampoco existe fundamento público suficiente para afirmar que los créditos del Banco Mundial destinados a Venezuela sean administrados operativamente por el Comando Sur estadounidense.
Precisamente por eso la solución no es inventar una cadena financiera sencilla donde no la hay. Es publicar la verdadera.
Cada ingreso destinado a reconstrucción debería tener identidad propia: origen, organismo receptor, programa, territorio, ejecutor y resultado.
El periodismo independiente también funciona como un control democrático. Seguir contratos, corregir cifras, verificar adjudicaciones y distinguir una denuncia de un hecho probado no debilita una transición. Evita que la urgencia se convierta en permiso para gobernar sin explicación.
La crisis eléctrica muestra por qué el mando necesita resultados
La situación energética ofrece una medida brutalmente concreta de la eficacia del Estado. A finales de septiembre, Reuters informó que apenas alrededor del 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada se encontraba operativa y que el déficit superaba los 1.500 megavatios, provocando cortes cotidianos en distintas regiones.
La administración venezolana ha atribuido determinados episodios a sabotajes. Esas declaraciones deben investigarse y comprobarse antes de ser presentadas como explicación definitiva.
Para el ciudadano, sin embargo, existe una realidad mucho menos discursiva: la electricidad llega o no llega.
Un hospital no funciona con una acusación. Una escuela no mantiene clases gracias a una explicación política. Una bomba de agua no necesita propaganda, sino energía.
Esa debe ser también la disciplina de la transición: cada afirmación de autoridad tiene que terminar enfrentándose a un resultado verificable.
El diálogo político tampoco puede ser un cheque en blanco
El proceso de negociación entre el chavismo y un sector de la oposición ha comenzado a producir acuerdos concretos. El segundo ciclo culminó el 25 de septiembre con el compromiso de ampliar el desbloqueo de portales informativos y crear un comité de juristas para evaluar candidatos dentro del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia.
La renovación del Consejo Nacional Electoral sigue formando parte del debate institucional. Informaciones publicadas en septiembre situaban entre octubre y noviembre posibles avances en esa materia, pero no existe todavía una fecha presidencial firme que pueda presentarse como un calendario electoral cerrado.
Esa incertidumbre hace todavía más importante que las negociaciones sean evaluadas por resultados y no únicamente por fotografías de reuniones.
Un nuevo TSJ no será nuevo porque cambien sus nombres. Lo será si sus procedimientos cambian.
Un nuevo CNE no será legítimo simplemente porque exista un acuerdo sobre sus rectores. Tendrá que demostrar independencia, reglas claras, acceso equitativo y capacidad de producir confianza.
Y una mesa de diálogo no debería convertirse en un espacio donde las élites políticas se distribuyen instituciones que pertenecen a toda la sociedad.
El Estado de derecho empieza por limitar a quienes mandan
La misma lógica debe aplicarse a la fuerza pública y al sistema judicial. El poder pierde legitimidad cuando la autoridad que debe hacer cumplir la ley se coloca por encima de ella.
Las denuncias sobre extorsiones en carreteras, abusos policiales o grupos armados requieren investigación, identificación de responsabilidades y procedimientos judiciales. No basta con condenarlas editorialmente ni con convertir cada señalamiento en una culpabilidad automática.
El Estado de derecho no consiste en sustituir impunidad por arbitrariedad en sentido contrario. Consiste en que incluso aquellos acusados de hechos graves sean investigados mediante reglas capaces de producir evidencia, defensa y sentencia.
Ese estándar importa también para los derechos humanos.
El balance de Foro Penal del 28 de septiembre registró 324 personas que la organización clasifica como presos políticos, después de 27 excarcelaciones durante esa semana. Se trata de la cifra de esa organización y debe ser atribuida como tal.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó, por su parte, 53 casos de tortura en su último informe, 37 correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. María Eloísa Quintero, integrante de la Misión, afirmó posteriormente que la metodología observada en determinados casos había llegado a ser “más atroz”.
Son hechos y señalamientos suficientemente graves como para exigir instituciones capaces de investigar, proteger víctimas y determinar responsabilidades sin interferencias.
La ayuda humanitaria también necesita una salida
El Programa Mundial de Alimentos ha alcanzado a cientos de miles de personas desde los terremotos. Para la segunda mitad de septiembre había asistido a unas 308.000 personas y había transferido al Gobierno la prestación de comidas calientes en campamentos después de haber atendido diariamente a más de 12.000 residentes.
Esa asistencia ha sido esencial.
Pero el éxito de una política humanitaria no puede medirse únicamente por cuánto tiempo consigue mantener funcionando un refugio. También debe medirse por cuántas familias dejan de necesitarlo.
Alimentar durante la emergencia es una obligación humana. Transformar posteriormente esa dependencia en vivienda estable, empleo, educación y recuperación económica es una obligación política.
Por eso cualquier programa de asistencia prolongada necesita criterios transparentes de acceso, revisión periódica, mecanismos de reclamación y una estrategia de salida.
La ayuda protege cuando devuelve autonomía. Se vuelve peligrosa cuando la dependencia puede ser utilizada como instrumento de obediencia.
Washington condiciona, pero Venezuela debe construir su propia legitimidad
Donald Trump afirmó en julio que Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque reconoció avances bajo la administración provisional. Marco Rubio reiteró a finales de septiembre que Estados Unidos considera esenciales unas elecciones libres y justas y que Washington trabaja para ayudar a crear esas condiciones.
Son posiciones políticamente relevantes porque Estados Unidos posee un peso extraordinario sobre la transición venezolana. Pero ninguna declaración de Washington puede sustituir la construcción doméstica de legitimidad.
Venezuela no debería prepararse para una elección con el objetivo de obtener una aprobación extranjera.
Debe prepararse para que sus propios ciudadanos puedan comprobar que existe una institución electoral confiable, una justicia independiente, libertades públicas suficientes y reglas que valen también para quienes ocupan el poder.
En paralelo, Nicolás Maduro y los fiscales federales estadounidenses han propuesto junio de 2027 como fecha para iniciar su juicio en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico. Maduro y Cilia Flores se han declarado no culpables. Steve Hanke mantiene además en discusión una propuesta para dolarizar oficialmente la economía venezolana.
Son recordatorios de que los tiempos externos avanzan mientras Venezuela todavía intenta ordenar sus propios tiempos.
El mejor cortafuegos contra el abuso es un ciudadano informado
La reconstrucción venezolana necesita autoridad. Sería ingenuo pretender lo contrario. Miles de millones de dólares, decenas de miles de viviendas, una red eléctrica deteriorada y una institucionalidad en transición requieren coordinación y capacidad de decisión.
Pero autoridad y poder sin controles no son sinónimos.
Un gobierno fuerte no es aquel que puede decidir sin explicar.
Es aquel que puede decidir rápido, publicar lo que decidió, justificar por qué lo hizo, aceptar auditorías, corregir errores y responder cuando alguien demuestra una irregularidad.
El municipio necesita poder actuar. La ciudadanía necesita poder vigilarlo. El Ejecutivo necesita coordinar. El Parlamento necesita controlar. Los tribunales necesitan juzgar. La prensa necesita preguntar.
Ninguna de esas funciones sobra en una emergencia.
Al contrario: cuanto mayor sea la urgencia, más importante resulta impedir que todo el poder termine en las mismas manos.
La transición venezolana no se volverá sólida cuando encuentre un mando capaz de controlarlo todo. Se volverá sólida cuando consiga que nadie, por poderoso o urgente que sea su cargo, pueda actuar sin ser controlado.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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