Trump quiere ahora pasar su muro por un parque nacional

Washington / El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos la autorización para que pueda reanudarse la construcción del muro fronterizo y de infraestructura de seguridad en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, tras el bloqueo impuesto por un tribunal inferior.

De nuevo, la polémica respecto a la construcción de un muro fronterizo en el sur del país ha levantado polémicas. En este caso, más allá de la política inmigratoria de la administración Trump, el presidente tiene previsto levantarlo en una zona protegida del parque nacional “Big Bend”.

El Departamento de Justicia ha pedido a los magistrados del Supremo que levanten la orden judicial que un tribunal inferior emitió para evitar que la Administración pudiera levantar una barrera en 'Big Bend', en un territorio que abarca unos 800 kilómetros de la frontera con México.

En su solicitud, los fiscales describieron la orden judicial emitida por un tribunal de Texas como un “obstáculo” para la obligación del gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera ante incursiones irregulares de inmigrantes y de narcotraficantes.

El proyecto previsto por Donald Trump, que tiene un presupuesto de 1.700 millones de dólares, ha generado un debate amplio a nivel nacional e internacional. Además, incluye una carretera, así como cámaras, sensores y barreras para vehículos.

El Parque Nacional “Big Bend” abarca más de 324 mil hectáreas protegidas a lo largo de la frontera con México, donde habitan especies animales amenazadas y cuentan con yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril, alegando que la Administración de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.

A principios de 2026, la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la administración no tenía que cumplir con docenas de leyes, en su mayoría medioambientales, porque existía una “necesidad aguda e inmediata” de acelerar el proyecto para combatir la entrada ilegal de migrantes y el narcotráfico.

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