RadioAmericaVe.com: Estas son las noticias del día de hoy domingo 8 de noviembre 2026
Demócratas buscan fiscalizar el acuerdo petrolero NABEP, la participación del Pentágono y el uso de fondos públicos en Venezuela.
Supervisión del Congreso sobre Venezuela, acuerdo petrolero NABEP, investigaciones demócratas a Trump, política estadounidense hacia Venezuela.
El Partido Demócrata de Estados Unidos prepara una ofensiva de fiscalización sobre la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela, especialmente los acuerdos petroleros, la participación del Pentágono en negocios energéticos y la utilización de recursos públicos. Tras recuperar el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los demócratas buscan impulsar iniciativas legales y aumentar la supervisión sobre las decisiones de la Casa Blanca en América Latina.
Según informaciones de la agencia AFP, recogidas por medios como TalCual, los legisladores cuentan con al menos dos proyectos de ley destinados a limitar el uso de dinero de los contribuyentes estadounidenses en inversiones petroleras venezolanas.
La nueva mayoría demócrata asumirá sus funciones legislativas en enero de 2027. Hasta entonces, los dirigentes del partido preparan una agenda de investigaciones que podría incluir audiencias públicas, solicitudes de documentos y comparecencias de funcionarios del Gobierno.
El principal foco de atención es el acuerdo energético anunciado por Washington en agosto con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que contempla la participación del Departamento de Defensa estadounidense en una operación de explotación petrolera en Venezuela.
El acuerdo petrolero NABEP bajo escrutinio
El convenio anunciado el 31 de agosto por la administración Trump otorgó a NABEP derechos de explotación por 100 años sobre 17 campos petroleros venezolanos, con reservas estimadas por el Gobierno estadounidense en aproximadamente 65.000 millones de barriles.
La operación contempla que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono disponga de derechos sobre una participación del 35 % en la empresa matriz del consorcio.
También establece condiciones preferenciales para que Estados Unidos pueda adquirir parte de la producción petrolera venezolana.
Según explicó posteriormente un funcionario estadounidense a Reuters, la participación del Gobierno fue estructurada mediante instrumentos financieros que permiten adquirir acciones en el futuro y conservar derechos económicos durante el desarrollo del proyecto.
La Casa Blanca sostiene que el acuerdo contribuirá a fortalecer la seguridad energética estadounidense y facilitar la recuperación económica de Venezuela, sin representar un costo directo para los contribuyentes.
Sin embargo, legisladores demócratas cuestionan la base legal de la participación del Pentágono, los compromisos financieros asumidos y los mecanismos previstos para garantizar la transparencia de las operaciones.
El Pentágono deberá responder por su participación
El senador Jack Reed, principal representante demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, ya había exigido explicaciones sobre las facultades legales utilizadas para involucrar al Departamento de Defensa en una empresa petrolera privada.
El legislador solicitó conocer los términos financieros del acuerdo, el destino de los eventuales beneficios económicos y las responsabilidades del Pentágono en la administración de la inversión.
También planteó interrogantes sobre la posibilidad de que recursos o capacidades militares estadounidenses terminen vinculados con la protección de instalaciones petroleras comerciales.
El 30 de septiembre, los senadores Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich remitieron una comunicación a los secretarios Marco Rubio, Pete Hegseth y Chris Wright para solicitar documentación adicional sobre NABEP.
Entre sus exigencias figuraron el texto completo del convenio, los fundamentos jurídicos de la operación y los procedimientos utilizados para evaluar a la empresa y a sus responsables.
Estas solicitudes representan actuaciones de supervisión parlamentaria ya documentadas. No constituyen, por sí mismas, conclusiones judiciales sobre la legalidad del acuerdo ni pruebas de utilización indebida de fondos públicos.
Dos proyectos buscan restringir el financiamiento petrolero
La agenda demócrata incluye iniciativas legislativas presentadas durante 2026 que podrían adquirir mayor relevancia con la nueva composición del Congreso.
Una de ellas es el proyecto H.R. 7038, presentado en enero por el representante Mike Levin, que busca prohibir al Gobierno estadounidense financiar infraestructura petrolera en Venezuela.
Otra propuesta, identificada como S. 3685 e impulsada por el senador Michael Bennet junto con otros legisladores demócratas, pretende impedir que recursos controlados por el Gobierno federal sean utilizados para reembolsar inversiones privadas en el sector petrolero venezolano.
Los proyectos ya habían sido introducidos antes de las elecciones de noviembre. El nuevo escenario parlamentario podría facilitar su discusión, aunque ninguno de ellos debe considerarse aprobado o vigente como ley.
También existe una iniciativa promovida por los senadores Chuck Schumer y Adam Schiff para exigir una auditoría independiente de los mecanismos utilizados por Washington para administrar los ingresos procedentes de la venta de petróleo venezolano.
La propuesta contempla la intervención de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO), con el objetivo de revisar las operaciones financieras y presentar resultados al Congreso.
La denominada Doctrina Donroe enfrenta mayor supervisión
Las investigaciones no se limitarían al petróleo. Los demócratas también pretenden examinar la política regional que Trump ha presentado bajo la denominación de Doctrina Donroe, una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe.
Ese enfoque concede prioridad a la lucha contra el crimen organizado, el control migratorio y la reducción de la influencia de potencias extrarregionales, particularmente China, en América Latina y el Caribe.
Douglas Farah, presidente de la consultora de seguridad IBI, explicó a AFP que el control parlamentario, la capacidad de citar testigos y la supervisión presupuestaria pueden limitar las iniciativas más controvertidas de esa estrategia.
Rebecca Bill Chávez, presidenta del Diálogo Interamericano, considera que Trump probablemente mantendrá sus objetivos internacionales, pero deberá afrontar un escrutinio legislativo considerablemente mayor.
El Congreso dispone de herramientas para solicitar información, investigar actuaciones administrativas y condicionar determinados gastos federales. Sin embargo, esas facultades no suponen que toda decisión de política exterior pueda ser anulada automáticamente por los legisladores.
La Casa Blanca rechaza las críticas demócratas
La administración Trump ha defendido sus acuerdos energéticos como instrumentos destinados a fortalecer los intereses estadounidenses y contribuir a la recuperación venezolana.
La Casa Blanca también ha cuestionado las investigaciones anunciadas por dirigentes demócratas, a las que atribuye motivaciones políticas.
Desde el entorno presidencial se sostiene que la oposición pretende concentrar su agenda en investigar al mandatario en lugar de priorizar los problemas económicos y sociales de los estadounidenses.
Los demócratas, por su parte, consideran que la supervisión de contratos, recursos públicos y decisiones militares forma parte de las responsabilidades constitucionales del Congreso.
¿Qué consecuencias puede tener para Venezuela?
La nueva correlación de fuerzas en Washington podría introducir mayores exigencias de transparencia en los acuerdos económicos relacionados con Venezuela.
Las investigaciones también podrían afectar los plazos y condiciones de determinadas inversiones si aparecen controversias legales, presupuestarias o contractuales que deban resolverse.
Analistas del sector energético consultados por S&P Global han advertido que un aumento del escrutinio parlamentario podría generar incertidumbre para algunos inversionistas, especialmente en operaciones de gran tamaño o con estructuras financieras poco habituales.
Sin embargo, no existe hasta ahora una decisión legislativa que ordene suspender el acuerdo NABEP ni una resolución judicial que declare ilegal la participación estadounidense.
El próximo paso será determinar qué investigaciones abrirán formalmente los nuevos responsables de los comités del Congreso y cuáles de las iniciativas existentes conseguirán avanzar en el procedimiento legislativo.
Para Venezuela, el cambio puede significar una etapa de mayor vigilancia sobre los negocios petroleros, las decisiones de seguridad y la política de Washington hacia Caracas.
La cuestión central será comprobar si esa fiscalización logra aclarar los términos de los acuerdos y garantizar que las decisiones económicas y políticas se desarrollen dentro de los marcos legales correspondientes.
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Ramón Muchacho:
¿Faltan menos? Sí. ¿Es suficiente lo hecho hasta ahora? Definitivamente no.
Cada preso político es un símbolo del abismo chavista, un recordatorio de la nefasta oscurana que desgobierna al país y descuaderna a la nación.
Aún quedan más de 350 inocentes tras las rejas, que siguen secuestrados por el régimen en su empeño de no perder rehenes ni barajitas de cambio.
Aunque ya se ha dicho, hay que reiterarlo tantas veces como sea necesario: no hay ninguna razón para que continúe esa política, muy propia del terrorismo de Estado, cuando ya han transcurrido diez meses desde el 3 de enero y a pesar de que recientemente el secretario Rubio instó a liberar a quienes aún quedan en las cárceles por motivos políticos.
Claro que cada excarcelación es una fuente de alivio para cada familia, un respiro en medio de la injusta situación que han padecido. Pero más de trescientas familias se mantienen en un suspenso agónico, mientras miles de excarcelados con medidas cautelares viven bajo amenaza, expuestos a la discrecionalidad de un sistema represivo que actúa como hiena al acecho.
Mientras existan presos políticos, mientras permanezcan allí las herramientas para repetir esa película de horror, estará en entredicho el plan de las tres fases y el objetivo de la «República perdurable» que ha trazado Marco Rubio como el gran norte a alcanzar.
Ese norte es plenamente compartido. Pisemos el acelerador para avanzar hacia allá. No hay tiempo que perder para lograrlo.
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