RadioAmericaVe.com / La Voz Del Lector.
Lectores reconocen las excarcelaciones, pero exigen libertad plena, fin de la persecución y justicia sin venganzas en Venezuela.
Liberación de presos políticos; excarcelaciones en Venezuela; transición democrática y derechos humanos; justicia y reconciliación venezolana.
Nos escriben lectores con una pregunta que debería incomodar a todos los responsables de la transición venezolana: ¿cómo puede hablarse de reconciliación mientras cientos de ciudadanos continúan encarcelados por razones políticas? Es cierto que las excarcelaciones han reducido considerablemente el número de detenidos. También es cierto que cada liberación ha devuelto esperanza a familias que llevaban meses o años esperando. Pero la alegría de quienes recuperaron a sus seres queridos no puede hacernos olvidar a quienes todavía permanecen detrás de las rejas. Para nuestros lectores, una libertad que llega solamente a algunos sigue siendo una deuda con todos.
Los mensajes recibidos expresan indignación, cansancio y una creciente preocupación por el tiempo transcurrido desde el 3 de enero de 2026. Algunos consideran que las autoridades utilizan las excarcelaciones como instrumentos de negociación. Otros advierten que la frustración acumulada podría alimentar reacciones violentas si no se abren caminos efectivos hacia la justicia.
También existe una exigencia compartida: Venezuela necesita avanzar hacia elecciones libres, instituciones independientes y una reconciliación que no deje intactos los mecanismos que hicieron posible la persecución política.
Menos presos no significa que el problema esté resuelto
Uno de los lectores resume su reflexión mediante dos preguntas: ¿faltan menos presos políticos? Sí. ¿Es suficiente lo hecho hasta ahora? Definitivamente no.
Su afirmación refleja la distancia entre los avances conseguidos y las expectativas de una sociedad que aspira a recuperar plenamente sus libertades.
Según el balance de Foro Penal, actualizado al 26 de octubre de 2026, Venezuela registraba 322 presos políticos, entre ellos 182 civiles y 140 militares.
De ese total, 171 personas permanecían encarceladas sin sentencia y 151 habían recibido condena.
El lector menciona una cifra superior a 350 personas. Sin embargo, el último registro verificable consultado corresponde a los 322 detenidos documentados por Foro Penal. Esa diferencia obliga a utilizar la cifra con su fecha de corte y a reconocer que los registros pueden modificarse con nuevas excarcelaciones, detenciones o casos identificados.
Durante 2026 se han producido más de mil excarcelaciones, un avance que debe reconocerse. Pero también permanecen miles de personas sometidas a medidas judiciales restrictivas, por lo que recuperar la libertad física no siempre significa recuperar plenamente los derechos.
Para el lector, esa situación mantiene abierta una herida que los anuncios oficiales no consiguen cerrar.
Las familias siguen viviendo una espera interminable
Detrás de cada cifra existe una historia familiar.
Hay madres que han recorrido tribunales, esposas que esperan noticias, hijos que crecen sin la presencia de sus padres y personas que todavía desconocen cuándo podrán abrazar nuevamente a sus seres queridos.
Una excarcelación puede significar el final de una angustia para una familia y, al mismo tiempo, recordar a otras que su espera continúa.
El 6 de noviembre, María Corina Machado acudió a las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, donde familiares de presos políticos mantenían una vigilia que superaba los 300 días.
La dirigente se reunió con los presentes y utilizó un megáfono para enviar un mensaje de apoyo a los detenidos.
La visita fue documentada por El Pitazo, que recogió su compromiso con la libertad de los presos políticos, la justicia para las víctimas y la reparación de los daños sufridos.
Para uno de los lectores, ese acompañamiento constituye una señal importante. Considera que la presencia de una dirigente junto a las familias ayuda a mantener visible una situación que no debería desaparecer de la agenda nacional.
Pero el reconocimiento público no sustituye las decisiones institucionales necesarias para resolver los casos.
Las familias necesitan respuestas sobre los procesos judiciales, las condiciones de reclusión y las posibilidades reales de obtener la libertad de sus seres queridos.
Marco Rubio y las promesas de una República perdurable
El lector también dirige su mirada hacia Washington y al plan de tres fases respaldado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El 2 de noviembre, Rubio se reunió con el canciller venezolano Oliver Blanco para revisar los avances de las conversaciones políticas y las reformas institucionales previstas dentro del proceso de transición.
Durante el encuentro reiteró la necesidad de continuar liberando a los presos políticos y reafirmó la estrategia estadounidense de estabilización, recuperación económica y reconciliación política, seguida de una transición democrática.
La información fue difundida por El Pitazo.
El lector comparte el objetivo de construir lo que describe como una República perdurable: un país con instituciones capaces de sostener la democracia y garantizar los derechos ciudadanos más allá de un cambio de gobierno.
Sin embargo, considera que ese horizonte pierde credibilidad mientras persistan detenciones por motivos políticos y mecanismos que puedan facilitar nuevas persecuciones.
Su preocupación tiene un fundamento comprensible. Una transición no debería limitarse a organizar elecciones. También debe garantizar que quienes participen en ellas puedan expresarse, organizarse y ejercer sus derechos sin intimidaciones.
La estabilidad institucional no se alcanza solamente mediante acuerdos políticos. Necesita justicia independiente, controles sobre el poder y protección efectiva de las libertades fundamentales.
El peligro de que la indignación se convierta en violencia
Uno de los mensajes recibidos contiene una advertencia especialmente delicada. Su autor teme que tantos años de represión, frustración y sufrimiento terminen provocando una reacción violenta contra quienes identifica como responsables de los abusos.
Recuerda procesos históricos de transformación política, desde la Revolución francesa hasta la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, para sostener que las sociedades sometidas durante demasiado tiempo pueden experimentar fuertes convulsiones.
Su preocupación alcanza incluso a posibles enfrentamientos dentro de instituciones militares, motivados por resentimientos acumulados y deseos de represalia.
El lector reconoce el carácter cruel, ilegal e inmoral de la violencia que imagina, pero teme que algunas personas terminen buscando justicia por su propia mano.
La preocupación por ese riesgo merece ser escuchada. La posibilidad de represalias debe tomarse en serio, precisamente para evitar que ocurra.
Sin embargo, ninguna transición democrática puede aceptar las ejecuciones, los ajustes de cuentas armados o la venganza como sustitutos de la justicia.
La responsabilidad por violaciones de derechos humanos debe establecerse mediante investigaciones independientes, pruebas, tribunales competentes y respeto al debido proceso.
Castigar colectivamente a integrantes de una institución por su rango, sus vínculos políticos o su pertenencia militar reproduciría prácticas contrarias a los principios democráticos que se pretende recuperar.
La historia también enseña que las sociedades capaces de combinar verdad, justicia y garantías de no repetición cuentan con mejores herramientas para impedir nuevos ciclos de violencia.
El desafío venezolano consiste en evitar que el sufrimiento del pasado termine convirtiéndose en nuevas víctimas.
La Ley contra el Odio y las dudas sobre el cambio institucional
Otro lector expresa una profunda desconfianza hacia las reformas anunciadas por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
Considera contradictorio hablar de democratización mientras permanecen presos políticos, restricciones informativas y normas que han sido cuestionadas por su utilización contra la disidencia.
Su preocupación se concentra especialmente en la Ley contra el Odio.
El 4 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de esa legislación. La propuesta contempla eliminar las penas de prisión previstas en la norma, pero conserva mecanismos de sanción administrativa y determinadas obligaciones para medios y plataformas digitales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocen la importancia de eliminar las penas de cárcel, aunque advierten que el proyecto todavía presenta riesgos para la libertad de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el 28 de octubre derogar las disposiciones que restringen indebidamente ese derecho y garantizar una discusión legislativa transparente.
El lector considera insuficiente una reforma que no elimine completamente los mecanismos de intimidación.
Es una posición política que coincide con preocupaciones expresadas por organizaciones especializadas, aunque la evaluación definitiva deberá considerar el texto finalmente aprobado y su aplicación.
Una garantía fundamental no consiste solamente en que una ley prometa respetar las libertades, sino en que las instituciones impidan su vulneración y ofrezcan remedios efectivos cuando se produzca.
Elecciones libres, pero también garantías para el día siguiente
Los lectores coinciden en reclamar elecciones lo antes posible, bajo condiciones que permitan una participación auténticamente democrática.
Sin embargo, la celebración de comicios no resolverá automáticamente los problemas acumulados durante años.
Venezuela también necesita revisar los expedientes de quienes han sido detenidos por razones políticas, esclarecer las denuncias de tortura y desapariciones, reparar a las víctimas y garantizar que los cuerpos de seguridad actúen bajo controles legales.
El país requiere un sistema judicial independiente que investigue responsabilidades individuales, proteja a los denunciantes y ofrezca garantías a todas las personas involucradas.
Para nuestros lectores, una reconciliación que deje sin respuesta esas cuestiones correría el riesgo de convertirse en una simple declaración política.
La libertad debe sostenerse después de las elecciones, cuando desaparezca la emoción de las campañas y corresponda administrar el Estado con reglas iguales para todos.
Justicia sin impunidad y reconciliación sin olvido
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe mantener abiertas estas conversaciones porque expresan una de las tensiones más profundas de la Venezuela actual: el deseo de recuperar la libertad y el temor de que los cambios resulten insuficientes.
Los lectores reconocen las excarcelaciones, pero reclaman que continúen. Valoran los gestos de acompañamiento a las familias, pero necesitan decisiones. Comparten el objetivo de una democracia estable, pero desconfían de las estructuras que todavía consideran capaces de limitar derechos.
También advierten sobre un riesgo que ninguna sociedad debería ignorar: cuando las víctimas pierden la esperanza de recibir justicia, pueden multiplicarse los llamados a la venganza.
Precisamente por eso, construir instituciones independientes y mecanismos de verdad y reparación no es una tarea secundaria. Es una condición necesaria para que la indignación encuentre respuestas legítimas y pacíficas.
La transición venezolana debe ofrecer libertad a quienes siguen encarcelados injustamente, garantías a quienes ya fueron excarcelados y justicia a quienes han sufrido abusos.
El país necesita mirar hacia el futuro sin abandonar la memoria, pero también sin convertir el dolor en una autorización para repetir la violencia.
Uno de los lectores pide acelerar el paso. Otro reclama que las autoridades dejen de utilizar la reconciliación como discurso mientras permanecen situaciones que considera incompatibles con la democracia.
Ambas voces dejan una exigencia esencial: el cambio debe medirse por hechos verificables y por los derechos que recuperan los ciudadanos.
Porque cada preso político que permanece detrás de las rejas representa una historia pendiente. Y cada familia que continúa esperando recuerda que la libertad de Venezuela todavía tiene tareas por cumplir.
La verdadera reconciliación no consiste en olvidar lo ocurrido. Consiste en construir un país donde exista justicia para las víctimas, garantías para todos y ninguna necesidad de recurrir a la venganza.
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