El costo urbano del autoritarismo

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Las ruinas venezolanas exigen justicia, controles públicos y reconstrucción transparente. Reparar edificios sin instituciones repetiría el desastre.

Corrupción y reconstrucción en Venezuela; costo institucional del desastre; reconstrucción urbana y justicia; ciudades y autoritarismo venezolano

Las ciudades también guardan memoria política. La guardan en la escuela que nunca recibió mantenimiento, en la vivienda levantada sin suficientes controles, en la obra pública que nadie pudo auditar y, finalmente, en el edificio que deja de proteger a quienes debía albergar. Después de los terremotos del 24 de junio, Venezuela no puede reconstruir como si la tragedia hubiese sido únicamente geológica. El verdadero costo urbano del autoritarismo aparece cuando la ausencia prolongada de controles, transparencia, autonomía técnica y rendición de cuentas termina convirtiendo una falla institucional en vulnerabilidad física.

Eso no autoriza a atribuir cada edificio colapsado a corrupción sin investigación técnica y judicial. Sí obliga a formular una pregunta que durante años resultó incómoda: ¿quién aprobó, inspeccionó, certificó, modificó y supervisó aquello que terminó fallando?

La reconstrucción será una mentira si se limita a sustituir paredes dejando intacto el sistema que permitió que el ciudadano tuviera tan pocas herramientas para vigilar cómo se construía su propia ciudad.

Las cifras reales ya son suficientemente graves

El último balance oficial nacional detallado ampliamente disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos.

Las autoridades habían inspeccionado 60.785 viviendas para finales de agosto. De ellas, 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y 14.239 quedaron sometidas a restricciones. Apenas se habían entregado 335 viviendas nuevas.

Las cifras iniciales también deben utilizarse correctamente. A comienzos de julio se informó que 16.309 personas habían perdido su vivienda; no que 16.309 viviendas hubieran sido destruidas. El balance oficial de aquella etapa contabilizaba 856 edificios afectados y 190 totalmente colapsados.

Desde entonces, bases ciudadanas y registros abiertos han seguido documentando centenares de estructuras con daños de distinta gravedad. Eso demuestra la magnitud de la tragedia, pero no permite transformar automáticamente cada registro de daño en un colapso total.

La veracidad importa especialmente cuando se pretende reclamar responsabilidades.

Una acusación penal no se construye aumentando números.

Se construye con expedientes.

El desastre necesita una investigación de responsabilidades

El terremoto fue un fenómeno natural. La vulnerabilidad urbana que encontró a su paso no necesariamente lo fue.

Venezuela necesita investigaciones técnicas independientes sobre los edificios que colapsaron o resultaron inhabitables.

La pregunta no debería limitarse a determinar cuánto daño produjo el movimiento sísmico. También debe establecer:

• si las edificaciones cumplían las normas vigentes al momento de su construcción;
• si hubo modificaciones estructurales posteriores;
• si las inspecciones municipales fueron realizadas correctamente;
• si existieron permisos irregulares;
• si se utilizaron materiales distintos a los especificados;
• si hubo omisiones de mantenimiento conocidas;
• y si alguna conducta administrativa o empresarial constituye delito.

Solo después de probar esas responsabilidades será legítimo hablar penalmente de corrupción inmobiliaria en cada caso.

Pero tampoco sería aceptable utilizar la complejidad técnica como excusa para no investigar.

Las ruinas necesitan peritajes.

Y los peritajes necesitan consecuencias cuando encuentren responsabilidad.

El nuevo TSJ será juzgado por aquello que esté dispuesto a investigar

El Comité de Postulaciones Judiciales avanza actualmente en el proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. El cronograma difundido contempla llevar a la Asamblea Nacional la lista de candidatos seleccionados en diciembre, con el 11 de diciembre señalado como una de las fechas de referencia del proceso.

El procedimiento ha generado interés precisamente porque Venezuela llega a esta renovación con una exigencia acumulada de independencia judicial.

Pero el nuevo tribunal no puede convertirse en otro acuerdo para distribuir espacios entre sectores políticos.

Su legitimidad dependerá de algo más difícil.

Deberá ser capaz de investigar a funcionarios, empresas, militares, dirigentes políticos y contratistas sin preguntar previamente a qué grupo pertenecen.

La justicia de transición será creíble cuando pueda perseguir la corrupción del viejo sistema sin convertirse en instrumento del nuevo.

Una República no necesita jueces de un bando contra jueces del otro. Necesita magistrados que puedan decirle que no al Gobierno, a la oposición, al empresario, al militar y al financista cuando la ley lo exige.

Los ciudadanos deben poder revisar también a quienes revisan a los jueces

La composición y los métodos del Comité de Postulaciones merecen escrutinio público. Transparencia Venezuela ya había advertido sobre vínculos partidistas entre algunos aspirantes a integrar el mecanismo de selección.

Esta semana, además, distintos reportes señalaron que cientos de personas se han postulado al TSJ y que un grupo de juristas participa en la revisión técnica de credenciales.

La existencia de un baremo puede representar un avance.

Pero un baremo solo sirve si puede auditarse.

La ciudadanía debería conocer las puntuaciones, antecedentes, posibles conflictos de interés, entrevistas y razones por las cuales una persona es seleccionada y otra descartada.

La democracia barrial comienza justamente allí: cuando aquello que antes se decidía exclusivamente dentro de una oficina puede ser examinado desde afuera.

La crisis educativa demuestra que reconstruir no es solo levantar viviendas

La infraestructura escolar ofrece otro indicador del costo urbano.

El Ministerio de Educación informó que alrededor de 900 planteles sufrieron daños menores, 87 registraron afectaciones estructurales graves y 11 colapsaron completamente. Decenas de miles de estudiantes tuvieron que ser reubicados.

Para septiembre, las autoridades aseguraban que el año escolar podía comenzar mediante rezonificación y reparación progresiva de los planteles afectados.

La Federación Venezolana de Maestros, sin embargo, reclamó evaluaciones técnicas públicas y denunció deficiencias previas de agua, electricidad, saneamiento y mantenimiento en numerosas escuelas.

Ambas dimensiones importan.

La reconstrucción escolar no debe consistir únicamente en pintar una fachada dañada.

Debe producir instalaciones estructuralmente seguras, servicios básicos y mecanismos públicos que permitan a padres y docentes conocer las inspecciones realizadas.

El sistema eléctrico sigue siendo una advertencia estructural

La electricidad también necesita precisión.

Información divulgada a finales de septiembre indicaba que alrededor del 40 % de los aproximadamente 32.800 megavatios de capacidad instalada estaba disponible.

Eso no significa que más del 60 % del territorio venezolano permanezca permanentemente sin electricidad.

Significa que más del 60 % de la capacidad nominal no estaba disponible en aquel momento.

La diferencia es técnica, pero el problema es igualmente profundo.

Una reconstrucción de decenas de miles de millones de dólares necesitará plantas de cemento, siderurgia, transporte, hospitales, telecomunicaciones y maquinaria.

Sin energía confiable, todos esos planes encontrarán un límite físico.

El petróleo vuelve; la transparencia debe llegar primero

La recuperación petrolera ha avanzado con mucha mayor rapidez que buena parte de la reconstrucción institucional.

El acuerdo estadounidense con North American Blue Energy Partners, NABEP, ha abierto un nuevo capítulo de inversión y comercialización de crudo venezolano. El primer cargamento relacionado con ese esquema llegó a Texas a finales de octubre.

El acuerdo ya está generando cuestionamientos en Estados Unidos.

Senadores demócratas pidieron a la Administración Trump información sobre su base legal, los criterios utilizados para seleccionar a NABEP y los posibles beneficios financieros vinculados con la operación. Analistas energéticos consideran además que el nuevo Congreso estadounidense podría intensificar el escrutinio sobre este tipo de acuerdos.

Ese control debería tener un equivalente venezolano.

No porque la inversión extranjera deba rechazarse.

Sino porque cualquier negocio que utilice recursos naturales venezolanos debe poder explicar públicamente qué recibe el país, quién gana, cuánto se invierte y qué obligaciones permanecen.

La entrada de capital no puede convertirse en una nueva zona opaca

Durante esta semana se anunció también la prevista visita a Venezuela de representantes de la Corporación Financiera Internacional, brazo del Grupo Banco Mundial para el sector privado, así como de Bank of America acompañado por inversionistas y tenedores de bonos venezolanos.

Los reportes disponibles indican objetivos diferentes.

La CFI busca explorar contactos con empresas venezolanas interesadas en financiamiento para desarrollo y expansión.

Bank of America y los inversionistas que lo acompañan pretenden evaluar las condiciones del país y escenarios relacionados con una eventual reestructuración de la deuda soberana y de PDVSA.

No existe razón para presentar estas visitas como si los recursos ya hubiesen sido desembolsados.

Pero precisamente ahora debe construirse la arquitectura de transparencia que será necesaria si esos flujos llegan.

Venezuela no puede esperar a recibir el dinero para comenzar a diseñar los controles.

La reconstrucción necesita datos abiertos desde el primer contrato

El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos. El organismo advirtió que, bajo niveles habituales de inversión, la reconstrucción podría continuar incompleta incluso durante una década.

Ese volumen financiero convierte la transparencia en infraestructura nacional.

Cada proyecto debería tener una ficha pública que permita conocer:

• fuente de financiamiento;
• monto aprobado;
• contratista;
• beneficiarios;
• responsable técnico;
• fecha de inicio y terminación;
• modificaciones presupuestarias;
• porcentaje financiero ejecutado;
• porcentaje físico terminado;
• y certificación independiente de la obra.

La auditoría digital vecinal no sustituiría a la Contraloría ni a los tribunales.

Los fortalecería.

Un ciudadano con información puede detectar aquello que una institución distante nunca verá.

La reconstrucción debe pagar salarios, no comprar obediencias

El dinero de la recuperación tiene que producir también trabajo.

Las comunidades afectadas necesitan electricistas, albañiles, soldadores, operadores de maquinaria, técnicos, ingenieros, transportistas y personal de mantenimiento.

Capacitar y contratar trabajadores locales permitiría convertir parte de la reconstrucción en una política de reinserción productiva.

Eso es especialmente importante después de años en los que millones de venezolanos quedaron atrapados entre salarios extremadamente bajos, bonificaciones discrecionales y dependencia de mecanismos asistenciales.

La ayuda humanitaria es imprescindible durante la emergencia.

El objetivo democrático debe ser que cada vez menos personas necesiten depender de ella.

Un ciudadano económicamente autónomo dispone también de mayor capacidad para desafiar al poder.

Las cárceles siguen recordando que la transición no ha terminado

La reconstrucción física no puede separarse de la reconstrucción del Estado de derecho.

Foro Penal mantiene en 322 el número de personas que clasifica como presos políticos en su actualización del 26 de octubre.

El viernes, María Corina Machado acudió a las inmediaciones de Rodeo I, en Miranda, donde familiares llevan meses reclamando la libertad plena de detenidos por motivos políticos. Machado pidió libertad, justicia para las víctimas, reparación y garantías de no repetición.

Su presencia constituye un hecho político.

La situación de cada detenido debe resolverse jurídicamente.

Una transición seria necesita revisar expedientes, liberar a quienes estén detenidos arbitrariamente, garantizar debido proceso y distinguir claramente entre conductas políticas y delitos demostrados.

La amnistía puede ser una herramienta de reconciliación, pero tampoco debe utilizarse para borrar responsabilidades por violaciones graves de derechos humanos.

Justicia y reconciliación no son términos incompatibles.

Las denuncias de tortura no pueden quedar fuera del nuevo pacto

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó decenas de casos de tortura durante su período más reciente de investigación. Una de sus integrantes, María Eloísa Quintero, sostuvo en septiembre que las prácticas represivas mantenían continuidad y que determinadas metodologías se habían vuelto incluso más atroces.

Esas acusaciones requieren investigaciones judiciales individuales.

Un nuevo TSJ que ignore semejante legado nacería con una falla moral de origen.

La normalización institucional no significa olvidar.

Significa sustituir la arbitrariedad por procedimientos capaces de investigar incluso aquello que el poder preferiría no recordar.

Las alcabalas también son parte del Estado que debe reformarse

El abuso cotidiano no ocurre únicamente dentro de una cárcel.

Distintas fuentes, incluida la información oficial de viaje del Gobierno británico, advierten de reportes recurrentes de intentos de cobro de sobornos por parte de funcionarios policiales o de la Guardia Nacional en puestos de control venezolanos.

No corresponde convertir cada alcabala en sinónimo de extorsión.

Sí corresponde investigar cada denuncia y establecer mecanismos efectivos para reportarla.

La autoridad democrática empieza en la carretera.

Cuando el ciudadano teme al puesto de control que debería protegerlo, existe todavía una reforma pendiente.

La paciencia internacional no sustituye la soberanía venezolana

Donald Trump afirmó en julio que Venezuela no estaba todavía preparada para celebrar elecciones y que Estados Unidos seguiría de cerca el proceso cuando llegara ese momento.

Marco Rubio ha añadido posteriormente que la infraestructura electoral debe ser sustituida antes de unos comicios legítimos.

Washington posee una influencia extraordinaria sobre la transición.

Pero Venezuela cometería un error si convierte esa influencia en la fuente última de su legitimidad.

La Casa Blanca puede tener condiciones políticas.

Los venezolanos necesitan condiciones democráticas.

No son exactamente lo mismo.

Un país preparado para votar necesita un CNE independiente, justicia confiable, libertad de organización, garantías para los candidatos, prensa capaz de investigar y ciudadanos suficientemente libres para elegir sin coerción.

La disciplina monetaria tampoco reemplaza el Estado de derecho

El economista Steve Hanke ha planteado una dolarización oficial que eliminaría buena parte de la discrecionalidad monetaria del Banco Central.

Es una propuesta económica que merece ser discutida como tal.

Pero incluso el régimen monetario más disciplinado fracasará si alrededor permanece una administración incapaz de controlar el gasto, publicar contratos, proteger derechos de propiedad y sancionar corrupción.

Un dólar estable no puede sostener una institución inestable.

La disciplina fiscal empieza mucho antes de escoger una moneda.

Empieza cuando el funcionario sabe que cada dólar público podrá ser rastreado.

La ciudad reconstruida tendrá que ser también una ciudad vigilante

El costo urbano del autoritarismo no puede medirse únicamente en edificios.

También está en la desaparición progresiva de los controles.

En la obra que nadie inspeccionó.

En el ciudadano que no pudo reclamar.

En la estadística que nunca fue actualizada.

En el expediente que permaneció oculto.

En la contratación sin competencia.

En el juez que prefirió mirar hacia otro lado.

Reconstruir Venezuela significa exactamente lo contrario: devolver ojos a la República.

Que el barrio pueda vigilar.

Que la universidad pueda revisar.

Que el periodista pueda preguntar.

Que el ingeniero pueda negarse a certificar una estructura insegura.

Que el juez pueda condenar incluso al poderoso.

Que el trabajador pueda denunciar.

Y que ningún Gobierno vuelva a disponer de una ciudad opaca en la que las decisiones públicas solo puedan conocerse después de que algo se derrumbe.

El país tiene por delante una década potencial de reconstrucción.

Eso representa un riesgo extraordinario.

Y también una oportunidad histórica.

Podemos levantar paredes para regresar al mismo modelo.

O podemos utilizar cada obra para construir instituciones que hagan imposible repetirlo.

La diferencia no estará solamente en el concreto.

Estará en quién lo vigila.

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Victor Julio Escalona

Editor.