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miércoles, 18 de noviembre de 2026

El pacto generacional que Venezuela aún no firma

RadioAmericaVe.com  / La Voz Del NIN.

 

Venezuela necesita un pacto entre generaciones basado en educación, empleo digno, justicia independiente y transparencia ciudadana.

Acuerdo entre generaciones; futuro de los jóvenes venezolanos; reconstrucción generacional; nuevo pacto nacional

LA VOZ DEL NIN | Miércoles, 18 de noviembre de 2026

El pacto generacional que Venezuela aún no firma

Venezuela lleva décadas firmando acuerdos entre dirigentes, pero continúa sin suscribir el compromiso más importante de su historia contemporánea: un pacto entre generaciones que garantice a sus jóvenes el derecho a construir una vida digna sin depender de favores políticos, emigrar por necesidad o heredar las consecuencias de decisiones que nunca pudieron discutir.

Mientras las élites negocian magistraturas, rectorías electorales, inversiones y calendarios de transición, una generación entera espera respuestas más elementales: dónde estudiar, de qué trabajar, cómo formar una familia y qué instituciones protegerán sus derechos cuando desaparezcan las promesas.

Los terremotos del 24 de junio profundizaron una fractura que ya existía. Las escuelas dañadas, las familias desplazadas y las dificultades de los servicios públicos han colocado sobre los hombros de niños y jóvenes una carga que no les corresponde.

El Nuevo Ideal Nacional debe comenzar por una convicción: ninguna República tiene futuro si utiliza a sus jóvenes como argumento político mientras les niega las condiciones materiales para construirlo.

La política no puede seguir repartiendo un futuro ajeno

La reorganización institucional venezolana representa una oportunidad para superar décadas de debilitamiento de los controles democráticos. Sin embargo, el peligro de sustituir una estructura de poder por otra permanece cuando las decisiones se concentran exclusivamente en las dirigencias.

Una transición no adquiere legitimidad porque varias organizaciones consigan representación en un tribunal o en un organismo electoral. La adquiere cuando las instituciones dejan de pertenecer a las organizaciones que negociaron sus nombramientos.

Un estudiante que hoy termina el bachillerato no necesita conocer cuál partido propuso a cada magistrado. Necesita saber que podrá defender sus derechos ante cualquier juez.

Una joven emprendedora no necesita un padrino institucional. Necesita reglas claras para abrir su empresa, contratar trabajadores y competir sin discriminación.

Un profesional que vive en el extranjero no necesita una campaña sentimental para regresar. Necesita seguridad, libertad y oportunidades verificables.

Ese es el verdadero contenido de un pacto generacional: sustituir el privilegio por el mérito, la obediencia por la ciudadanía y la improvisación por instituciones que sobrevivan a sus gobernantes.

El paro del 16 de noviembre revela una deuda histórica

El lunes 16 de noviembre, trabajadores de la educación, las universidades y la salud desarrollaron una jornada nacional de paralización de 12 horas para reclamar mejoras salariales, revisión de aguinaldos y respeto a sus contrataciones colectivas.

Los dirigentes gremiales denunciaron remuneraciones insuficientes y señalaron una participación aproximada del 80 % en la convocatoria, porcentaje atribuido a sus propios balances y no a una medición independiente.

Al día siguiente, representantes sindicales advirtieron que podrían convocar un paro de 24 horas y una movilización hacia Miraflores si las autoridades no ofrecían respuestas satisfactorias.

La protesta expresa un problema que ningún proceso de reconstrucción debería subestimar: los trabajadores encargados de formar, cuidar y proteger a las nuevas generaciones reclaman condiciones económicas que les permitan ejercer dignamente sus profesiones.

Un país no puede hablar seriamente de recuperación del capital humano mientras sus docentes y sanitarios consideran que su remuneración no corresponde a las exigencias de sus responsabilidades.

Las soluciones requieren negociación laboral, evaluación presupuestaria, cumplimiento de compromisos y políticas salariales sostenibles. No basta con responder a las protestas mediante anuncios ocasionales.

La dignidad del trabajo debe convertirse en una política permanente del Estado.

Cuando un maestro no puede vivir de enseñar, no está fracasando solamente una escala salarial: está perdiendo capacidad de futuro toda la República.

La escuela es el primer territorio de la democracia

Los terremotos del 24 de junio afectaron gravemente la infraestructura educativa. UNICEF identificó preliminarmente al menos 432 escuelas dañadas en el Distrito Capital, mientras advertía que las evaluaciones continuaban en otras zonas afectadas.

La emergencia también alteró la continuidad de las clases, las condiciones de protección infantil y los espacios donde numerosos estudiantes desarrollaban sus rutinas.

Pero reconstruir una escuela no consiste únicamente en recuperar paredes y techos.

Significa garantizar seguridad estructural, servicios esenciales, materiales de enseñanza y docentes preparados. Significa devolver a los niños un espacio donde aprender a convivir y proyectar su vida más allá de la emergencia.

La educación debe volver a ser un instrumento de movilidad social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

Una República moderna necesita enseñar desde las aulas el funcionamiento de sus instituciones, el valor de la Constitución, los derechos ciudadanos y la obligación de vigilar el patrimonio público.

Los estudiantes deben aprender a preguntar cuánto cuesta una obra, cómo se elige una autoridad y qué procedimientos existen para denunciar una irregularidad.

La educación cívica no puede confundirse con adoctrinamiento. Debe desarrollar pensamiento crítico, respeto al pluralismo y capacidad para discutir pacíficamente.

El ciudadano que aprende a examinar el poder tiene menos probabilidades de aceptar que un funcionario actúe como propietario de los recursos colectivos.

La meritocracia debe reemplazar al privilegio

La crisis venezolana también ha consolidado una peligrosa percepción: que el éxito profesional depende más de las relaciones personales que del conocimiento, el esfuerzo y la responsabilidad.

El pacto generacional debe corregir esa distorsión.

El acceso a cargos públicos, becas, programas de formación y oportunidades empresariales debe responder a criterios publicados y verificables.

Las universidades necesitan financiamiento estable, autonomía académica y mecanismos independientes de evaluación. El sector privado requiere protección jurídica para invertir y contratar sin interferencias arbitrarias.

La reforma de la legislación eléctrica aprobada el 10 de noviembre, que abre espacios a la participación de empresas privadas y extranjeras, puede contribuir a atraer inversión y capacidades técnicas.

Pero su éxito dependerá de la calidad del servicio, la transparencia de las concesiones y los beneficios reales para hogares y empresas.

La modernización no puede limitarse al cambio de propietarios o administradores. Debe crear empleos, fortalecer competencias profesionales y mejorar los servicios que necesita la población.

El mérito no debe tener partido político, apellido privilegiado ni domicilio obligatorio.

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La diáspora debe formar parte del pacto

El éxodo transformó la estructura familiar, profesional y demográfica de Venezuela.

ACNUR sitúa en más de 7,9 millones el número de refugiados y migrantes venezolanos registrados internacionalmente, a partir de información aportada por los países de acogida.

Entre ellos existen jóvenes que estudiaron en universidades extranjeras, trabajadores que adquirieron nuevas competencias, empresarios que construyeron redes comerciales y familias cuyos hijos han crecido entre dos culturas.

Ese capital humano representa una oportunidad para la recuperación nacional, pero no debe convertirse en motivo de enfrentamiento con quienes permanecieron en el país.

Ambos grupos poseen experiencias necesarias. Quienes se quedaron conocen las necesidades de sus comunidades y sostuvieron actividades esenciales. Quienes emigraron pueden aportar conocimientos, vínculos internacionales y prácticas profesionales adquiridas en otros mercados.

El encuentro debe realizarse bajo principios de igualdad y respeto.

La modernización consular y los mecanismos de participación política desde el extranjero son derechos que deben garantizarse mediante procedimientos públicos. La eventual organización electoral de 2027 no puede sustituir el deber permanente de ofrecer documentación, registros civiles y servicios eficientes.

El regreso debe seguir siendo voluntario.

La misión de Venezuela no consiste en exigir que los emigrantes abandonen las vidas que construyeron. Consiste en crear condiciones para que todos puedan elegir libremente dónde vivir y cómo contribuir al país.

La reconciliación necesita verdad y justicia

El pacto generacional tampoco puede establecerse sobre el silencio de las víctimas ni la repetición de prácticas represivas.

Foro Penal contabilizó 321 personas consideradas presas políticas en su balance con fecha de corte del 9 de noviembre. De ellas, 171 permanecían sin condena.

La situación en la cárcel militar de Ramo Verde añade una preocupación urgente. Organizaciones de derechos humanos informaron que militares detenidos iniciaron el 9 de noviembre una huelga de hambre para reclamar la revisión de sus expedientes y denunciar retardos procesales.

El 17 de noviembre, distintas organizaciones alertaron sobre complicaciones de salud entre los participantes y solicitaron atención médica y supervisión de las condiciones de reclusión.

El Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad física de todas las personas bajo su custodia, independientemente de las acusaciones que enfrenten.

La revisión de los expedientes y la liberación de quienes se encuentren arbitrariamente detenidos deben realizarse conforme a garantías legales. Las denuncias de tortura, extorsión o abusos requieren investigaciones independientes.

La renovación judicial ofrece una oportunidad para fortalecer esas garantías.

El Comité de Postulaciones Judiciales prorrogó hasta el 18 de noviembre la recepción de candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia. Su legitimidad dependerá de que el procedimiento permita examinar méritos, conflictos de intereses e independencia de los aspirantes.

La reconciliación no significa absolver a todos ni perseguir a quienes piensan distinto. Significa establecer responsabilidades individuales mediante pruebas, reparar a las víctimas y garantizar que los abusos no se repitan.

Una nueva generación no puede recibir como herencia un Estado donde la libertad dependa de una negociación y la justicia de una recomendación.

Los recursos públicos pertenecen a quienes aún no han nacido

La transparencia financiera también debe formar parte de este compromiso generacional.

El informe divulgado sobre la Cuenta de Custodia de Venezuela, administrada en Estados Unidos, registró depósitos acumulados por 12.263,72 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, procedentes de operaciones autorizadas relacionadas con recursos venezolanos.

La cifra corresponde a ingresos registrados durante ese período, no a dinero íntegramente disponible para nuevas inversiones.

De acuerdo con los reportes publicados, una parte sustancial de esos fondos fue canalizada hacia operaciones cambiarias y otros desembolsos autorizados. Al cierre de septiembre permanecía un saldo de custodia considerablemente inferior al total ingresado.

La existencia de informes de operaciones representa un elemento de información pública, pero no elimina la necesidad de auditorías independientes que permitan conocer los resultados y beneficiarios de los recursos utilizados.

La ciudadanía debe tener acceso a información verificable sobre contratos, desembolsos, objetivos, resultados y mecanismos de supervisión.

Los jóvenes tienen un interés particularmente legítimo en esos datos. Son ellos quienes heredarán las consecuencias de las decisiones fiscales, las inversiones productivas y las obligaciones asumidas hoy.

El dinero público no pertenece a una generación de gobernantes. Constituye patrimonio de la sociedad presente y futura.

Siete compromisos para una República compartida

El Nuevo Ideal Nacional debe traducir el pacto generacional en obligaciones concretas, medibles y exigibles.

  1. Educación pública de calidad. Reconstrucción segura de escuelas, fortalecimiento universitario y programas transparentes de formación profesional.
  2. Trabajo digno. Políticas salariales sostenibles, respeto a los derechos laborales y oportunidades productivas para jóvenes y trabajadores experimentados.
  3. Meritocracia institucional. Concursos abiertos para cargos públicos, becas y programas de formación, con criterios objetivos de evaluación.
  4. Integración de la diáspora. Servicios consulares eficientes, reconocimiento profesional y mecanismos de participación desde el exterior.
  5. Justicia independiente. Protección de derechos, revisión de detenciones arbitrarias y procedimientos transparentes de nombramiento judicial.
  6. Contraloría ciudadana. Datos abiertos sobre presupuestos, contrataciones, reconstrucción y resultados de las inversiones públicas.
  7. Responsabilidad intergeneracional. Evaluación del impacto fiscal, ambiental y social de las decisiones que comprometen el futuro de la nación.

Estos compromisos deben incorporar a estudiantes, universidades, sindicatos, empresarios, comunidades, autoridades locales y organizaciones de venezolanos en el exterior.

La participación no puede limitarse a actos simbólicos ni a invitaciones ocasionales. Necesita procedimientos que permitan presentar propuestas, examinar decisiones y exigir respuestas.

El poder ciudadano debe comenzar en el municipio

La reconstrucción de la República será mucho más sólida si la participación democrática se desarrolla desde las comunidades.

Los municipios necesitan publicar información sobre el presupuesto, las obras adjudicadas, los contratistas y los avances de ejecución.

Las universidades pueden aportar investigación y supervisión técnica. Los colegios profesionales pueden colaborar en la evaluación de infraestructuras. Las organizaciones comunitarias pueden identificar prioridades y verificar resultados.

Los jóvenes deben participar en esos procesos no como espectadores, sino como ciudadanos capaces de aportar capacidades digitales, conocimiento y nuevas formas de organización.

La auditoría social debe ser independiente, pacífica, documentada y respetuosa de los derechos de todas las personas involucradas.

Una comunidad capaz de vigilar su escuela, su hospital o su carretera está desarrollando las bases de una democracia duradera.

El porvenir no puede seguir esperando permiso

Venezuela necesita diálogo, acuerdos institucionales y relaciones internacionales estables. Pero ninguna negociación puede sustituir el compromiso que todavía falta entre las generaciones.

La dirigencia actual debe comprender que su responsabilidad no consiste solamente en organizar el próximo calendario político. Consiste en entregar a quienes vienen detrás instituciones más confiables, una economía más productiva y mayores libertades que las recibidas.

Los adultos tienen el deber de transmitir experiencia sin imponer obediencia. Los jóvenes tienen derecho a cuestionar, participar y construir nuevas soluciones. La diáspora y quienes permanecieron deben reconocerse como socios en igualdad de condiciones.

Un país compartido no se construye enfrentando generaciones, sino estableciendo obligaciones comunes.

El pacto que Venezuela necesita no será legítimo porque lo firmen numerosos dirigentes en un salón diplomático. Lo será cuando sus principios puedan comprobarse en una escuela reparada, un salario digno, una sentencia independiente, una familia reunificada y un presupuesto que cualquier ciudadano pueda auditar.

La verdadera transición comenzará cuando el poder deje de preguntarse qué puede conservar y empiece a demostrar qué está dispuesto a entregar a las próximas generaciones.

Porque el futuro de Venezuela no pertenece a quienes hoy se reparten las instituciones. Pertenece también a quienes todavía no han tenido la oportunidad de decidir sobre ellas.

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