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miércoles, 18 de noviembre de 2026

El límite de la paciencia internacional

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Sin justicia, transparencia y fechas verificables, la transición venezolana arriesga la confianza y el apoyo internacional.

Transición democrática venezolana; calendario electoral de Venezuela; presión internacional sobre Venezuela; vigilancia ciudadana

La paciencia internacional no es un mandato para gobernar indefinidamente, ni el respaldo de Washington puede sustituir la legitimidad que solo otorgan las instituciones y los ciudadanos venezolanos. A medida que se acerca diciembre, Venezuela enfrenta una contradicción cada vez más difícil de justificar: existen fechas para seleccionar magistrados, mecanismos para administrar miles de millones de dólares y acuerdos para reactivar sectores económicos, pero todavía no existe un calendario electoral definitivo. Una transición que encuentra procedimientos para mover el dinero, pero no consigue ofrecer certezas suficientes sobre la soberanía popular, corre el riesgo de convertir la provisionalidad en una nueva forma de permanencia.

El problema no consiste en exigir elecciones precipitadas ni en desconocer la complejidad de reconstruir un Estado después de años de deterioro. Consiste en impedir que esa complejidad se transforme en una excusa permanente para postergar las decisiones fundamentales.

La comunidad internacional puede acompañar el proceso. Puede aportar recursos, facilitar acuerdos y exigir garantías. Lo que no puede hacer es fabricar indefinidamente una legitimidad que las instituciones venezolanas tienen la responsabilidad de construir.

El reloj de Washington no reemplaza la Constitución venezolana

Marco Rubio expuso el 9 de noviembre, durante su visita a París, una secuencia política que contempla la renovación del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre, la posterior conformación de un Consejo Nacional Electoral independiente y la creación de condiciones para celebrar elecciones presidenciales.

El secretario de Estado estadounidense también ha señalado la necesidad de una prensa libre y de mecanismos que permitan participar a los venezolanos residentes en el exterior, incluidos servicios consulares que actualmente no funcionan en Estados Unidos.

La ruta tiene una lógica: primero establecer garantías institucionales y después organizar elecciones competitivas.

Pero conviene distinguir entre una hoja de ruta política y una convocatoria electoral jurídicamente definida. El horizonte de 2027 está presente en el debate, aunque todavía no existe una fecha presidencial definitiva oficialmente convocada.

La cuarta ronda de diálogo instalada el 13 de noviembre entre el Gobierno encargado y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 confirmó que las negociaciones continúan. También mostró las limitaciones de un mecanismo que comenzó a puerta cerrada y sin una declaración pública inicial.

El hermetismo no demuestra por sí solo una intención deliberada de impedir el voto. Pero prolongarlo sin resultados verificables alimenta una desconfianza legítima.

La transición debe explicar públicamente qué se ha acordado, qué permanece pendiente y quién responde por cada compromiso.

Diciembre será una prueba de independencia judicial

Este miércoles 18 de noviembre vence el plazo prorrogado para presentar postulaciones al nuevo Tribunal Supremo de Justicia.

El último balance divulgado por el Comité de Postulaciones Judiciales contabilizaba, al 16 de noviembre, 1.190 solicitudes para distintos cargos del sistema judicial. De ellas, 959 correspondían a aspirantes a magistrados del TSJ.

La fecha del 11 de diciembre continúa siendo una referencia del cronograma para presentar y tramitar la selección de las nuevas autoridades judiciales.

Pero la cantidad de postulantes no garantiza la independencia del resultado.

El Comité de Postulaciones y el Consejo de Revisión de Credenciales deben demostrar que sus evaluaciones obedecen a criterios jurídicos y profesionales, no a compromisos partidistas.

El problema no es que existan negociaciones políticas alrededor de una reforma institucional. El problema aparece cuando esas negociaciones pretenden sustituir el mérito, la publicidad y la capacidad ciudadana de impugnación.

La sociedad tiene derecho a conocer quiénes aspiran, qué antecedentes poseen, cuáles son sus conflictos de interés y por qué unos candidatos son escogidos mientras otros quedan excluidos.

Un tribunal nuevo, elegido mediante prácticas antiguas, no representaría una verdadera reinstitucionalización.

Doce mil millones de dólares no compran legitimidad

La otra dimensión del proceso es financiera.

El informe divulgado por el Departamento de Estado estadounidense el 12 de noviembre, con información examinada por KPMG, documentó aproximadamente 12.260 millones de dólares recibidos en mecanismos de custodia vinculados principalmente con operaciones de petróleo venezolano y, en menor medida, otros recursos.

Un aspecto fundamental merece precisión: esos fondos no permanecen íntegramente retenidos en Estados Unidos. Según el informe, la mayor parte había sido desembolsada y al 30 de septiembre quedaban aproximadamente 168,6 millones de dólares en la cuenta de custodia estadounidense.

La divulgación representa un avance en materia de información pública. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los destinatarios finales, los criterios de autorización, la identidad de las empresas participantes y los resultados de los desembolsos.

La supervisión estadounidense y la remisión de información al Congreso no deben utilizarse como argumento para dispensar a las autoridades venezolanas de sus propias obligaciones.

El dinero sigue siendo venezolano.

Y sus ciudadanos deben poder saber cómo se utiliza.

No basta publicar cuánto ingresó. También debe conocerse quién recibió los recursos, qué obligaciones fueron atendidas y qué beneficios concretos obtuvo el país.

La transparencia externa no reemplaza la rendición de cuentas interna.

La deuda pública necesita una auditoría antes de otro compromiso

Transparencia Venezuela advirtió el 13 de noviembre que la deuda pública supera los 170.000 millones de dólares, según sus estimaciones, y reclamó una auditoría integral antes de cualquier reestructuración.

La propuesta merece convertirse en una exigencia institucional.

Venezuela necesita identificar a sus acreedores, verificar obligaciones, examinar operaciones cuestionadas y construir un programa de pagos compatible con su capacidad económica.

Una reestructuración puede resultar indispensable para recuperar financiamiento y atraer inversiones. Pero su legitimidad dependerá de que las condiciones sean conocidas y evaluables.

La disciplina fiscal no consiste únicamente en pagar deudas. Consiste en conocerlas, justificar su origen y evitar que compromisos mal concebidos terminen hipotecando presupuestos futuros.

Un país que necesita reconstruir hospitales, escuelas y servicios públicos no puede permitirse otra etapa de obligaciones financieras administradas en secreto.

Los trabajadores ya están poniendo límites a la espera

Mientras la diplomacia discute los ritmos institucionales, la sociedad expresa su propia impaciencia.

El paro nacional de doce horas realizado el lunes 16 de noviembre por sectores de salud, educación y universidades mostró que el malestar salarial continúa siendo una de las contradicciones más visibles de la recuperación económica.

Los dirigentes gremiales calificaron positivamente la movilización y anunciaron nuevas acciones si no reciben respuestas sobre remuneraciones, aguinaldos y convenciones colectivas.

Para este miércoles está prevista una reunión de representantes sindicales con el Ministerio del Trabajo. Sus resultados deberán evaluarse cuando sean conocidos.

La protesta deja una enseñanza que trasciende las reivindicaciones laborales: no es sostenible anunciar inversiones millonarias mientras los trabajadores de servicios esenciales consideran insuficientes sus ingresos para cubrir necesidades básicas.

La estabilidad macroeconómica carece de profundidad social cuando no se traduce en oportunidades, salarios y derechos laborales efectivos.

La recuperación debe convertir el capital disponible en producción, formación profesional y empleo formal.

El país necesita trabajadores que puedan vivir de su salario, no profesionales obligados a sobrevivir indefinidamente mediante bonificaciones y ocupaciones informales.

El territorio también impone sus propios plazos

La urgencia social tampoco se limita a los salarios.

El reporte de situación de la Organización Internacional para las Migraciones correspondiente a octubre registró, con base en información oficial disponible, 23.901 personas alojadas en 107 campamentos transitorios después de los terremotos del 24 de junio.

El mismo informe recogió 600.790 toneladas de escombros retiradas, equivalentes al 28,61 % de la meta estimada utilizada en ese balance.

Son cifras fechadas, no un inventario definitivo de noviembre. Precisamente por eso demuestran la necesidad de información pública actualizada.

Una familia que continúa en alojamiento temporal no mide la transición por las declaraciones diplomáticas. La mide por la vivienda que necesita, el agua que recibe, la escuela de sus hijos y la seguridad de los edificios de su comunidad.

El Estado debe rendir cuentas con el mismo rigor sobre sus obras que sobre sus acuerdos internacionales.

La ciudadanía no puede aceptar que existan cronogramas detallados para las negociaciones y explicaciones imprecisas para reparar una escuela.

La auditoría ciudadana debe convertirse en una obligación pública

La democracia barrial no es una consigna romántica ni una invitación a sustituir las instituciones mediante asambleas improvisadas.

Es una forma concreta de exigir que las decisiones públicas sean verificables desde el territorio.

La recuperación venezolana necesita un sistema nacional de información abierta que permita consultar:

  • el origen y destino de los recursos públicos y extraordinarios;
  • los contratos de reconstrucción, sus responsables y sus costos;
  • los avances físicos de viviendas, escuelas y hospitales;
  • las inversiones comprometidas para recuperar el sistema eléctrico;
  • los criterios de asignación de subsidios y beneficios sociales;
  • y el cumplimiento de los compromisos institucionales de la transición.

Un ciudadano debe poder conocer desde su teléfono cuánto se presupuestó para reparar la escuela de su comunidad y qué empresa recibió el contrato.

Una universidad debe poder examinar los indicadores técnicos de una obra.

Un medio independiente debe poder investigar un desembolso sin depender de filtraciones.

Y un municipio debe publicar sus presupuestos sin convertir el acceso a la información en una concesión política.

La transparencia no constituye un favor del gobernante. Es una obligación frente a quienes sostienen el Estado.

Los presos políticos siguen siendo el examen moral

La renovación judicial también tendrá que responder a una realidad que ninguna cifra económica puede ocultar.

Foro Penal registraba 321 personas clasificadas por esa organización como presos políticos en su balance del 9 de noviembre.

Las excarcelaciones y revisiones de expedientes producidas durante el año representan avances que deben reconocerse. Sin embargo, persisten denuncias sobre detenciones arbitrarias, restricciones de libertad y procesos judiciales cuestionados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones volvió a reclamar el 17 de noviembre una intervención de las autoridades competentes para verificar las condiciones de los detenidos en Ramo Verde, después de las huelgas de hambre y las complicaciones de salud denunciadas durante los días anteriores.

La justicia no puede depender de que un preso deje de alimentarse para obtener una respuesta sobre su situación procesal.

El nuevo TSJ deberá garantizar revisión independiente de expedientes, respeto al debido proceso y decisiones motivadas, incluso en los casos políticamente más sensibles.

Una amnistía puede contribuir a la reconciliación, pero no debe convertirse en un mecanismo para borrar automáticamente responsabilidades por violaciones graves de derechos humanos.

La libertad, la justicia y las garantías de no repetición deben avanzar juntas.

La seguridad ciudadana tampoco admite estructuras paralelas

La reinstitucionalización será incompleta mientras existan grupos armados que actúen fuera de controles democráticos o estructuras de seguridad capaces de ejercer coerción arbitraria.

Las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado vínculos entre determinados colectivos armados y estructuras del poder estatal.

La respuesta de una República democrática debe ajustarse a la ley: investigar responsabilidades individuales, desmantelar organizaciones violentas, profesionalizar los cuerpos de seguridad y someter toda actuación coercitiva a supervisión judicial.

La transición no puede reemplazar una fuerza irregular por otra ni utilizar la seguridad como argumento para restringir libertades.

El monopolio legítimo de la fuerza debe pertenecer a instituciones sometidas a la Constitución, no a lealtades partidistas.

La paciencia internacional tiene límites, pero no es un ultimátum automático

Conviene evitar otra simplificación.

No existe evidencia pública suficiente para afirmar que Washington haya impuesto un ultimátum definitivo que ordene celebrar elecciones en una fecha precisa de 2027 bajo amenaza automática de suspender toda asistencia a Venezuela.

Lo que sí existe es una secuencia política expresada públicamente, una participación estadounidense decisiva en la administración de ingresos petroleros y expectativas sobre la renovación de las principales instituciones.

Sería imprudente interpretar ese respaldo como indefinido.

También sería irresponsable convertir una advertencia política en un hecho diplomático que todavía no ha sido formalizado.

La confianza internacional depende de resultados y condiciones verificables. La inversión necesita seguridad jurídica, los acreedores requieren información confiable y la cooperación para la reconstrucción exige instituciones capaces de administrar recursos con eficacia.

La credibilidad de Venezuela no se recuperará mediante promesas repetidas, sino mediante compromisos cumplidos.

El país no puede seguir esperando sin saber hasta cuándo

El cierre de 2026 será una prueba de madurez institucional.

La elección de nuevos magistrados deberá demostrar que el mérito puede prevalecer sobre las cuotas políticas. La discusión del CNE tendrá que producir garantías verificables. La apertura económica deberá generar transparencia y mejores servicios. Las reformas judiciales deberán traducirse en libertades reales.

Y el horizonte electoral tendrá que dejar de ser una referencia imprecisa para convertirse, cuando existan las condiciones institucionales correspondientes, en un compromiso público y jurídicamente exigible.

Venezuela no puede depender eternamente de que Washington determine cuándo sus instituciones están preparadas. Tampoco puede aceptar que Caracas utilice la necesidad de reformas como argumento para retrasar indefinidamente la soberanía popular.

La paciencia internacional tiene un límite. Pero la paciencia de los venezolanos, que han soportado deterioro institucional, precariedad económica y años de incertidumbre, también merece ser reconocida.

La República necesita cooperación extranjera, pero no tutela permanente. Necesita acuerdos políticos, pero no negociaciones interminables. Necesita estabilidad, pero no silencio judicial. Necesita inversiones, pero no contratos opacos.

Sobre todo, necesita ciudadanos capaces de exigir cuentas todos los días, antes y después de cualquier elección.

El tiempo no se detiene porque una mesa de negociación permanezca reunida.

Las familias necesitan respuestas. Los trabajadores necesitan salarios. Las comunidades necesitan servicios. Los presos que hayan sido detenidos arbitrariamente necesitan justicia. Y los electores necesitan garantías para ejercer sus derechos.

La transición que merece Venezuela no será aquella que consiga prolongar la espera con mayor habilidad diplomática.

Será aquella que convierta finalmente los plazos en instituciones, los recursos en bienestar y las promesas en libertades comprobables.

Porque el verdadero límite no lo impone un reloj extranjero: lo impone el derecho de un país a dejar de vivir esperando.

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Víctor Julio Escalona.

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