RadioAmericaVe.com: Estas son las noticias del día de hoy domingo 22 de noviembre 2026

- Impugnaciones a magistrados del TSJ
- Víctimas de violaciones de derechos humanos
- Renovación judicial en Venezuela
- Postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) llamó a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela a impugnar las candidaturas de personas señaladas de participar, encubrir o convalidar abusos que ahora aspiran a ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El pronunciamiento coincide con el inicio del período de objeciones, abierto desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2026, y con la identificación de jueces y exfuncionarios vinculados con procesos judiciales cuestionados.
La organización pidió a los ciudadanos ejercer contraloría social sobre la selección de magistrados y revisar los antecedentes de los aspirantes, especialmente aquellos relacionados con actuaciones denunciadas como violaciones de garantías constitucionales.
El llamado se produce después de que el Comité de Postulaciones Judiciales publicara el 20 de noviembre la lista de candidatos para renovar el máximo tribunal y otros cargos del sistema de justicia.
La convocatoria reúne 1.066 postulaciones a magistraturas del TSJ, 166 a la Inspectoría General de Tribunales y 111 a la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, para un total de 1.343 postulaciones. Algunos aspirantes presentaron candidaturas para más de un cargo.
Justicia, Encuentro y Perdón pide escuchar a las víctimas
En un comunicado fechado el 20 de noviembre, Justicia, Encuentro y Perdón sostuvo que la renovación del Tribunal Supremo no debe desarrollarse sin considerar a quienes denuncian haber sufrido actuaciones arbitrarias del sistema judicial venezolano.
La organización considera indispensable evaluar la trayectoria profesional, la independencia y la idoneidad ética de quienes pretenden ejercer funciones en la máxima instancia de justicia del país.
JEP pidió especialmente a las víctimas y sus familiares presentar observaciones fundamentadas contra candidatos cuyos antecedentes puedan resultar incompatibles con los requisitos constitucionales.
La organización también destacó la importancia de evitar que funcionarios cuestionados por presuntas violaciones de derechos humanos continúen ocupando posiciones de autoridad sin que sus actuaciones sean examinadas.
El planteamiento busca incorporar la experiencia de las personas afectadas a un procedimiento que no debe limitarse a comprobar títulos académicos o años de ejercicio profesional.
El comunicado puede consultarse en la publicación oficial de Justicia, Encuentro y Perdón.
Jueces vinculados con los casos Afiuni y Paramacay figuran entre los postulantes
La publicación de las candidaturas permitió identificar a funcionarios judiciales que participaron en procesos penales cuestionados por abogados defensores y organizaciones de derechos humanos.
Una investigación de El Pitazo, publicada el 21 de noviembre, señala entre los postulantes a las siguientes personas:
- Leyvis Sujei Azuaje Toledo: funcionaria judicial que, según las denuncias recogidas por el medio, ordenó el ingreso de la jueza María Lourdes Afiuni al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. Aspira a una magistratura del TSJ.
- Manuel Bognanno: juez relacionado con la condena contra Afiuni en un procedimiento cuestionado por su defensa, particularmente por las referencias a la denominada corrupción espiritual. Se postuló para la Inspectoría General de Tribunales.
- Carlos Alberto Bonilla Álvarez: presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo y de una Sala de Apelaciones que ratificó condenas de 30 años de prisión contra militares vinculados con el caso Paramacay, incluido el capitán Juan Carlos Caguaripano.
- Marjorie Calderón: jueza que intervino en el proceso que terminó con la condena de Iván Simonovis y funcionarios de la Policía Metropolitana por los sucesos de Puente Llaguno. Figura entre quienes aspiran a cargos dentro del sistema judicial.
- Katherine Haringhton: exfuncionaria del Ministerio Público y magistrada suplente del TSJ, quien participó en investigaciones contra dirigentes opositores, incluida una imputación presentada en 2014 contra María Corina Machado por un supuesto plan de magnicidio.
La abogada Thelma Fernández cuestionó públicamente las postulaciones de funcionarios relacionados con el expediente de María Lourdes Afiuni y con otras decisiones judiciales que considera injustas.
En el caso Paramacay, El Pitazo también recogió denuncias sobre presuntas presiones relacionadas con la tramitación de las apelaciones. Estos señalamientos deben diferenciarse de las decisiones judiciales documentadas y requieren una investigación que permita establecer eventuales responsabilidades.
Denuncian candidatura de un exfiscal militar señalado por persecuciones
Otro de los cuestionamientos conocidos durante el fin de semana corresponde a la postulación del general de brigada Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien ejerció funciones como fiscal general militar.
El primer teniente venezolano en el exilio José Rodríguez Araña denunció que Vásquez Quintero habría participado en procedimientos de persecución política contra militares y civiles entre 2017 y 2021.
Según publicó el diario Versión Final, el denunciante atribuyó al exfiscal militar participación en investigaciones, órdenes de captura y procesos contra personas señaladas de intervenir en acciones contra el Gobierno venezolano.
Las acusaciones proceden de una denuncia pública y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad. No se ha verificado independientemente el conjunto de hechos atribuidos al candidato ni se ha divulgado una resolución del Comité sobre esos señalamientos.
La controversia refuerza la atención sobre los antecedentes de los funcionarios que ejercieron cargos de responsabilidad en la justicia militar durante los años de mayor conflictividad política.
Cómo presentar impugnaciones antes del 5 de diciembre
El Comité de Postulaciones Judiciales estableció un período de quince días continuos para recibir objeciones contra los aspirantes, de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución y las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Las condiciones anunciadas para presentar una impugnación son:
- Plazo: desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2026, ambos días incluidos.
- Modalidad: presentación personal y por escrito ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
- Documentación: pruebas fehacientes que sustenten el incumplimiento de requisitos legales o constitucionales atribuido al aspirante.
- Lugar: Museo Bolivariano de la Asamblea Nacional, en Caracas.
- Horario anunciado: de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
La existencia de denuncias públicas contra un candidato no determina automáticamente su exclusión. Las objeciones deben examinarse individualmente y respetar tanto los derechos de las víctimas como las garantías de defensa de las personas impugnadas.
El integrante del Comité Guillermo Aveledo Coll recordó que la inscripción en la lista no representa una aprobación definitiva de las credenciales ni de la idoneidad de los postulantes.
La independencia judicial, en el centro de la renovación del TSJ
La revisión de los antecedentes cobra especial importancia porque numerosos magistrados actuales también presentaron sus candidaturas para continuar en el tribunal.
Entre ellos se encuentra la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, cuya actuación en la validación de los resultados presidenciales de 2024 ha recibido cuestionamientos de organizaciones y sectores opositores.
El procedimiento también incluye candidatos que aparecen en listas de sanciones internacionales y funcionarios relacionados con expedientes de alto impacto político.
Las sanciones extranjeras, al igual que las denuncias formuladas por particulares, no equivalen automáticamente a una condena penal ni sustituyen las evaluaciones exigidas por la legislación venezolana.
Las organizaciones de derechos humanos insisten, sin embargo, en que la selección debe incorporar criterios de independencia, honorabilidad y trayectoria profesional verificable.
La renovación del TSJ forma parte de las conversaciones políticas desarrolladas entre representantes del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015, en medio de los debates sobre las garantías institucionales y electorales del país.
El resultado del proceso tendrá consecuencias sobre la confianza de los ciudadanos en la justicia venezolana, especialmente de quienes han denunciado persecución política, detenciones arbitrarias y falta de acceso a recursos judiciales efectivos.
El Comité deberá pronunciarse sobre la admisión de las impugnaciones recibidas y continuar con las evaluaciones correspondientes antes de la selección definitiva de las nuevas autoridades.
Hasta entonces, las candidaturas permanecen sujetas al procedimiento establecido y ninguna denuncia constituye por sí misma una decisión de exclusión.
La participación ciudadana, la revisión documentada de los antecedentes y la publicación de decisiones fundamentadas serán elementos centrales para evaluar la transparencia del proceso.
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-El Pitazo: Piden a víctimas de violaciones de derechos humanos impugnar candidatos a magistrados.
- La organización Justicia, Encuentro y Perdón pidió hacer contraloría social para lograr un proceso verdaderamente justo y transparente para evitar que quienes han violentado el sistema de justicia continúen en el máximo tribunal de Venezuela.
-El Pitazo: Jueces que condenaron a Afiuni y militares del caso Paramacay también aspiran a llegar al TSJ.
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Ramón Muchacho:
Por estos días hemos visto a lojanalistas volver a las andadas.
Ahora les dio por elogiar a la dictadura por sus capacidades para mantenerse en el poder. ¡Caramba, qué descubrimiento!
Mientras desarrollan sesudas teorías sobre las falencias de los demócratas venezolanos, los personajillos en cuestión omiten interesadamente que las fulanas capacidades de la cúpula mafiosa son en realidad el prontuario matonesco y la naturaleza ruin que la caracteriza.
Lo que le es intrínseco es el terrorismo de Estado, la clausura de la política, el apagón en materia de libertades y derechos, la administración del hambre como tecla de control social, la judicialización de los partidos, la persecución a activistas políticos y sociales, la suspensión de la Constitución y el Estado de derecho, la confiscación de la voluntad popular, en fin.
Estos apologistas en el fondo desprecian la democracia. Se sienten cómodos adulando al poder, aunque quien lo detenta lo haya logrado con sangre y a costa de millones de vidas. Ven la paja en el campo democrático, pero se niegan a mirar la viga que laceró a toda la nación.
Son expertos en una suerte de microbiología opositora, pero ni de vaina se atreven a alzar la voz por los más de 300 presos políticos que aún siguen en las mazmorras del régimen, por solo mencionar un ángulo de su caradurismo que ya se nos hace complicidad.
Mérito tendría que esa permanencia en el poder fuera el resultado de un buen gobierno y de un amplio y mayoritario respaldo popular, de una disputa entre competidores ajustada a reglas aceptadas por todos. Pero es mucho pedir.
Lo bueno del episodio con lojanalistas es que ya todos los conocen. Nadie olvida los elogios que en su momento hicieron de los “talentos” de Maduro. Hoy los hacen sobre quienes usurpan el poder en Miraflores.
Pueden seguir reciclando el libreto. Pero la gente ya les agarró la caída.
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