La vigilancia civil como doctrina democrática

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Venezuela necesita una ciudadanía que vigile justicia, elecciones, reconstrucción y recursos públicos antes y después de votar.

Control ciudadano del poder; auditoría social en Venezuela; democracia vigilante; contraloría ciudadana

Venezuela no necesita sustituir una obediencia por otra. Necesita aprender a vigilar al poder, incluso cuando ese poder prometa elecciones, reconstrucción, inversiones y apertura democrática. Esa debe ser la doctrina civil de la nueva etapa: ninguna institución, ningún acuerdo petrolero, ningún tribunal y ningún gobierno futuro puede quedar fuera del escrutinio permanente de la ciudadanía. La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. Consiste en impedir que quienes resulten elegidos vuelvan a gobernar sin controles.

Durante demasiado tiempo, la política venezolana trató al ciudadano como elector ocasional, beneficiario administrado o manifestante tolerado. La transición ofrece la posibilidad de cambiar esa relación. Pero solo ocurrirá si la vigilancia social deja de ser una reacción frente al abuso y se convierte en una norma cotidiana de funcionamiento republicano.

Eso implica llevar la democracia más allá de Caracas. A los municipios; A las escuelas; A las obras; A los contratos; A los tribunales. A la red eléctrica. Al presupuesto. A la industria petrolera. Y finalmente a cada comunidad que hoy intenta levantarse de una catástrofe mientras observa cómo las cúpulas políticas negocian el futuro institucional del país.

El nuevo TSJ necesita algo más que nuevos nombres

El proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia entra esta semana en una fase decisiva. Al 4 de noviembre, el Comité de Postulaciones Judiciales había recibido 267 solicitudes: 228 para magistraturas del TSJ, 31 para la Inspectoría General de Tribunales y ocho para la Escuela Nacional de la Magistratura.

El período de postulaciones concluye esta semana y después comenzarán la revisión de expedientes, las entrevistas, las impugnaciones y la evaluación de los aspirantes. El cronograma apunta a que los candidatos seleccionados sean presentados ante la Asamblea Nacional el 11 de diciembre.

Ese procedimiento merece atención ciudadana.

Por primera vez en años se han hecho públicos criterios de evaluación para los aspirantes. Es un avance. Pero organizaciones especializadas ya han advertido que algunos elementos del baremo pueden favorecer excesivamente a quienes han ocupado cargos públicos y otorgar demasiado peso a entrevistas susceptibles de apreciación subjetiva.

La vigilancia civil debe comenzar allí.

No basta conocer quién fue seleccionado.

La ciudadanía debe conocer por qué.

• qué puntuación obtuvo cada candidato;
• qué trayectoria profesional posee;
• qué conflictos de interés declaró;
• qué objeciones fueron presentadas;
• cómo fueron resueltas;
• y qué razones justifican la decisión final.

Un tribunal independiente no nace de un acuerdo entre élites. Nace de un procedimiento que puede resistir la mirada pública.

La reconstrucción demuestra por qué vigilar no es un lujo

La catástrofe de junio sigue imponiendo una segunda agenda nacional.

El último balance oficial consolidado suficientemente verificado mantiene en 6.509 el número de fallecidos. El Banco Mundial estimó los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares, con casi la mitad concentrada en edificaciones residenciales.

Pero las cifras de reconstrucción han evolucionado y deben actualizarse con la misma disciplina.

A finales de septiembre, el Gobierno reportaba 709 viviendas nuevas entregadas y alrededor de 1.800 rehabilitadas. Durante octubre se anunció además la entrega de viviendas transitorias en Ciudad Caribia y avances específicos en La Guaira, donde las autoridades regionales reportaron miles de apartamentos intervenidos y viviendas entregadas.

Eso demuestra progreso.

También demuestra por qué no puede seguir utilizándose una fotografía estadística de agosto como si describiera noviembre.

La vigilancia ciudadana exige datos vivos.

Cuántas viviendas fueron reparadas; Cuántas entregadas.

Cuántas familias siguen desplazadas.

Cuánto costó cada proyecto.

Qué empresa lo ejecutó.

Quién certificó la obra.

Y qué falta por hacer.

Los campamentos no pueden desaparecer de las estadísticas antes que de la realidad

La misma disciplina debe aplicarse a los desplazados.

Las cifras iniciales de julio sobre personas alojadas en campamentos ya no describen por sí solas la situación actual. Durante los meses posteriores se produjeron traslados, nuevas soluciones transitorias y rehabilitaciones de viviendas.

Eso es precisamente lo que debería mostrar una plataforma pública nacional de reconstrucción.

No cifras aisladas.

Una serie histórica.

El ciudadano debe poder saber cuántas personas estaban desplazadas hace un mes, cuántas continúan hoy y hacia dónde fueron trasladadas las demás.

La opacidad estadística puede producir una falsa impresión de éxito incluso cuando una emergencia continúa.

La electricidad sigue siendo una auditoría cotidiana

A finales de septiembre, aproximadamente el 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada estaba disponible.

No significa que el 60 % del país permanezca continuamente apagado. Significa que una parte enorme de la capacidad nominal del sistema no estaba operativa o disponible.

La distinción técnica importa.

Pero la consecuencia política es inequívoca.

El ciudadano evalúa al Estado cada vez que intenta conservar alimentos, mantener un comercio abierto, hacer funcionar un hospital, estudiar conectado a Internet o producir dentro de una fábrica.

Por eso el sistema eléctrico necesita la misma vigilancia que una elección.

Proyectos, contratos, cronogramas, mantenimiento, megavatios recuperados y costos deben ser públicos.

La infraestructura es demasiado importante para permanecer secuestrada dentro del lenguaje de los especialistas y los ministros.

El petróleo vuelve a crecer; el control ciudadano debe crecer con él

Venezuela exportó alrededor de 1,08 millones de barriles diarios de petróleo y derivados durante octubre. Estados Unidos fue nuevamente el principal destino, con unos 449.000 barriles diarios, aproximadamente cuatro de cada diez barriles exportados durante ese mes.

La recuperación energética abre oportunidades económicas extraordinarias. La administración interina ha proyectado cerca de 76.000 millones de dólares de inversión petrolera durante los próximos cinco años bajo distintos acuerdos.

Ese volumen potencial de capital exige una doctrina democrática igualmente extraordinaria.

El petróleo venezolano no puede volver a convertirse en una zona donde la abundancia de dinero reduzca la obligación de explicar.

La sociedad necesita conocer:

• quién invierte;
• qué derechos obtiene;
• qué producción compromete;
• qué recibe el Estado;
• qué impuestos se generan;
• qué infraestructura se construye;
• y cuál es el destino de los ingresos públicos.

El pragmatismo económico puede ser necesario.

La opacidad nunca lo es.

Los recursos extraordinarios deben convertirse en autonomía

El dinero de la recuperación no debería medirse únicamente por kilómetros reparados o viviendas levantadas.

También debe medirse por ciudadanos que recuperan capacidad económica.

La reconstrucción necesita electricistas, técnicos, soldadores, albañiles, operadores de maquinaria, ingenieros, transportistas, especialistas en agua, saneamiento y mantenimiento.

Capacitar y contratar trabajadores locales permite transformar recursos excepcionales en salarios y conocimientos que permanecerán cuando termine la emergencia.

La ayuda humanitaria es necesaria mientras exista necesidad.

Pero su propósito final debe ser reducir la dependencia.

Una sociedad económicamente más autónoma también es políticamente más difícil de controlar mediante favores.

La vigilancia civil no consiste solamente en descubrir corrupción. Consiste en diseñar políticas donde resulte difícil convertir una vivienda, un empleo, un subsidio o una obra pública en instrumento de obediencia política.

Los presos políticos siguen marcando el límite de la normalización

La apertura institucional tampoco puede medirse únicamente mediante reuniones y cronogramas electorales.

Foro Penal mantiene en 322 el número de personas que clasifica como presos políticos en su actualización del 26 de octubre: 307 hombres y 15 mujeres; 182 civiles y 140 militares.

La organización reconoce además cientos de liberaciones y sobreseimientos derivados de la ley de amnistía promulgada este año.

Eso representa un cambio relevante.

Pero la propia organización sostiene que la represión política no habrá terminado mientras continúen detenciones que considera arbitrarias y miles de personas sujetas a medidas restrictivas de libertad.

La amnistía debe seguir produciendo revisión de casos y libertad para quienes hayan sido perseguidos por motivos políticos, respetando al mismo tiempo las obligaciones del Estado frente a delitos graves y violaciones de derechos humanos que no pueden simplemente borrarse mediante un pacto político.

La reconciliación democrática necesita amplitud.

También límites jurídicos.

Los colectivos armados no pueden formar parte del nuevo pacto

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtió en septiembre que, pese a avances producidos durante 2026, buena parte del aparato represivo seguía intacto y las reformas permanecían incompletas y potencialmente reversibles.

La misión documentó además apoyo estatal a grupos civiles armados conocidos como colectivos y reclamó reformas profundas en los organismos de seguridad.

Una democracia no puede permitir estructuras partidistas o parapoliciales con capacidad de intimidación armada.

La responsabilidad no consiste en perseguir comunidades ni organizaciones políticas.

Consiste en garantizar que el monopolio legítimo de la fuerza permanezca dentro de instituciones civiles sometidas a la Constitución, controles judiciales y rendición de cuentas.

Todo grupo armado que actúe fuera de ese marco debe ser desarmado mediante procedimientos legales.

La democracia también debe vigilar al vigilante

Existe un riesgo incluso dentro del concepto de control ciudadano.

La vigilancia social puede ser capturada por partidos, organizaciones con intereses particulares o grupos que se autoproclaman representantes de una comunidad.

Por eso la democracia barrial necesita reglas.

Rotación de representantes.

Actas públicas.

Declaración de intereses.

Acceso igualitario a la información.

Auditorías externas.

Y derecho de cualquier vecino a cuestionar a quien afirma hablar en su nombre.

El control ciudadano será democrático únicamente si también puede ser controlado.

El proceso electoral no tiene todavía una fecha definitiva

Estados Unidos continúa vinculando las futuras elecciones venezolanas con la renovación del sistema judicial y electoral. Marco Rubio conversó el 2 de noviembre con el canciller venezolano sobre reformas destinadas a establecer las bases para unas elecciones futuras, según informó el Departamento de Estado.

Washington ha planteado una hoja de ruta que contempla un nuevo TSJ antes de terminar 2026 y una renovación posterior del CNE.

Pero no existe todavía una fecha presidencial definitivamente acordada.

Algunas voces del proceso han hablado de 2027. Dinorah Figuera ha mencionado incluso la posibilidad de finales de 2027 o comienzos de 2028.

La incertidumbre puede resultar incómoda.

Pero sería peor fabricar un cronograma artificial.

La elección debe llegar con condiciones verificables, no únicamente con impaciencia.

La comunidad internacional puede acompañar; no puede sustituir al ciudadano

Estados Unidos posee una influencia decisiva sobre la actual transición venezolana. Los organismos multilaterales pueden aportar financiamiento. Gobiernos extranjeros pueden exigir condiciones. Empresas internacionales pueden proporcionar capital y tecnología.

Todo eso será necesario.

Pero ninguna potencia extranjera puede ejercer la ciudadanía venezolana en nombre de los venezolanos.

La legitimidad final no puede depender de que Washington declare concluida la transición.

Debe depender de que el venezolano pueda comprobar que sus instituciones funcionan.

Que un juez decide sin recibir órdenes; Que un contrato puede consultarse; Que una obra puede auditarse; Que un policía responde ante la ley; Que el dinero público puede rastrearse.

Que una organización puede criticar.

Y que un ciudadano puede votar sin tener que agradecerle al poder aquello que ya le pertenece por derecho.

Vigilar después de votar

Durante demasiado tiempo, parte de nuestra cultura política redujo la democracia a conseguir el control del Gobierno.

La nueva doctrina debe ser exactamente la contraria.

La democracia consiste en conseguir que nadie pueda controlar el Gobierno sin ser controlado por la ciudadanía.

Ese principio debe sobrevivir a la transición.

Debe aplicarse a Delcy Rodríguez; Debe aplicarse a María Corina Machado; Debe aplicarse a quienes integren el nuevo TSJ; Debe aplicarse al futuro CNE.

Debe aplicarse a empresarios, contratistas, gobernadores, alcaldes y organizaciones comunitarias.

Y debe aplicarse mañana a quienquiera que gane una elección presidencial legítima.

La verdadera prueba de esta etapa no será si Venezuela consigue reemplazar unas autoridades por otras.

Será si consigue cambiar la relación entre autoridad y ciudadano.

La reconstrucción física puede durar una década.

La reconstrucción democrática deberá durar mucho más.

Porque los edificios algún día estarán terminados.

Las carreteras serán reparadas.

Las inversiones llegarán.

Y las elecciones finalmente ocurrirán.

Cuando todo eso suceda, la vigilancia civil no podrá desmontarse como un campamento de emergencia.

Deberá quedarse.

No como sospecha permanente contra la democracia.

Sino como su garantía más importante.

La ciudadanía venezolana no necesita volver a pedir permiso para vigilar aquello que le pertenece.

Necesita convertir esa vigilancia en doctrina de Estado.

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Victor Julio Escalona.

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