¿Quién protege al ciudadano de la reconstrucción?

RadioAmericaVe.com / Editorial.

 

Reconstruir Venezuela exige proteger al ciudadano de la opacidad, el abuso, los contratos sin control y una emergencia convertida en poder.

Control ciudadano de la reconstrucción; transparencia en Venezuela; reconstrucción con derechos; vigilancia civil de fondos públicos

Reconstruir un país también puede convertirse en una forma de poder. Cada vivienda asignada, cada contrato de emergencia, cada carretera reparada, cada crédito internacional y cada permiso extraordinario crean decisiones capaces de devolver dignidad o producir nuevas dependencias. Venezuela necesita reconstrucción con urgencia. Pero necesita algo todavía más difícil: proteger al ciudadano de una reconstrucción que, sin controles, podría reproducir en nombre de la emergencia los mismos abusos que la República dice querer dejar atrás.

Esa es la pregunta que debe acompañar cada dólar, cada licitación y cada nueva institución: ¿quién protege al ciudadano cuando la excepcionalidad concentra recursos, acelera decisiones y reduce controles?

La respuesta no puede ser otro despacho. Tampoco otra comisión designada desde arriba. Debe ser una combinación de Estado de derecho, instituciones técnicas y ciudadanía organizada con acceso real a la información.

La democracia barrial no consiste en reemplazar al Estado. Consiste en impedir que el Estado pueda reconstruir un barrio sin rendir cuentas ante quienes viven en él.

La emergencia puede justificar rapidez, nunca oscuridad

Los terremotos del 24 de junio dejaron una destrucción cuyo tamaño obliga a trabajar con procedimientos extraordinarios. El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que, con los niveles habituales de inversión, la reconstrucción podría permanecer incompleta incluso durante una década.

Ese dato cambia la naturaleza del problema.

Venezuela no enfrenta una operación de emergencia de semanas. Enfrenta una reconstrucción de años.

Y cuanto más larga sea la emergencia, mayor debe ser el control.

Las excepciones administrativas creadas para responder a una catástrofe pueden resultar necesarias durante las primeras horas. Pero si sobreviven indefinidamente, corren el riesgo de transformar la urgencia en una cultura de contratación sin competencia, decisiones sin explicación y recursos públicos sin suficiente escrutinio.

La rapidez no debe convertirse en licencia para la opacidad.

El país material sigue imponiendo su propio balance

El último balance oficial nacional detallado ampliamente disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos.

Para finales de agosto se habían inspeccionado 60.785 viviendas. De ellas, 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 14.239 quedaron bajo restricciones. El número de viviendas nuevas entregadas se mantenía en apenas 335.

Las cifras son suficientemente graves sin necesidad de exagerarlas.

También lo es la situación de las personas desaparecidas. Una iniciativa ciudadana llegó a reunir cerca de 29.500 reportes de personas cuyo paradero no había podido establecerse después de la catástrofe. Ese número no equivale a un registro forense oficial de 29.500 personas sepultadas bajo los escombros.

La diferencia importa.

Pero también importa lo que esa diferencia revela: durante demasiado tiempo el Estado no produjo un sistema nacional suficientemente claro para distinguir denuncias iniciales, personas localizadas posteriormente, víctimas identificadas y expedientes todavía abiertos.

La reconstrucción democrática empieza también por contar bien.

El ciudadano necesita derechos frente al constructor

La discusión pública suele plantear la reconstrucción como una relación entre Estado, contratistas y financistas.

Falta un actor.

El ciudadano.

Quien recibe una vivienda reconstruida necesita saber quién certificó su seguridad; Quien vive junto a una obra necesita conocer sus planos, su costo y su plazo; Quien es desplazado por razones técnicas necesita mecanismos de reclamación; Quien pierde una propiedad debe poder recurrir una decisión administrativa.

Quien trabaja en una obra de emergencia merece condiciones laborales formales.

Y quien denuncia una irregularidad debe estar protegido frente a represalias.

Una verdadera política nacional de reconstrucción debería reconocer, como mínimo:

• derecho de acceso a los contratos públicos;
• derecho a conocer evaluaciones estructurales y certificaciones de seguridad;
• derecho a impugnar decisiones de reubicación o expropiación;
• derecho a saber quién ejecuta y supervisa cada obra;
• protección para denunciantes de corrupción;
• y publicación permanente del avance físico y financiero de cada proyecto.

Reconstruir no puede significar que el ciudadano pierda derechos porque el Estado tiene prisa.

La comunidad debe poder auditar el mapa

La democracia barrial puede convertirse en una herramienta concreta si deja de ser una consigna.

Cada proyecto de reconstrucción podría tener una ficha digital pública con ubicación, presupuesto, fuente de financiamiento, contratista, ingeniero responsable, fecha de inicio, modificaciones contractuales y porcentaje de ejecución.

El vecino debería poder consultar esa información desde un teléfono.

Los colegios profesionales podrían revisar muestras de obras.

Las universidades podrían publicar evaluaciones independientes.

Los municipios podrían comparar resultados entre sí.

Y los ciudadanos podrían adjuntar fotografías y observaciones a los expedientes públicos de las obras.

Eso no es gobernar mediante redes sociales.

Es convertir la obra pública en una actividad observable.

La mejor protección frente al abuso no es confiar en que el nuevo funcionario será mejor que el anterior. Es construir un sistema donde incluso un mal funcionario encuentre dificultades reales para ocultar una decisión, alterar un contrato o desviar un recurso.

Los recursos internacionales también necesitan vigilancia local

La reconstrucción venezolana reúne distintas fuentes de apoyo y financiamiento.

El Banco Mundial trabaja con el Gobierno de Venezuela y socios como el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF para evaluar necesidades y posibles mecanismos de asistencia técnica y financiera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos publicó además la Licencia General 60A, destinada específicamente a autorizar determinadas transacciones relacionadas con los esfuerzos de socorro por los terremotos.

Estas estructuras no deben confundirse.

Ayuda humanitaria, inversión petrolera, financiamiento multilateral y presupuesto venezolano son corrientes distintas.

Precisamente por eso deben poder seguirse por separado.

El ciudadano necesita saber:

• de dónde viene el dinero;
• qué organismo lo administra;
• a qué proyecto fue asignado;
• qué empresa recibió el contrato;
• cuánto se desembolsó;
• qué porcentaje físico se completó;
• y quién certificó el resultado.

La transparencia internacional será insuficiente si termina desapareciendo al llegar al municipio.

El petróleo no puede convertirse en una cortina de normalidad

La recuperación energética avanza con una velocidad superior a buena parte de la reconstrucción institucional. Los nuevos acuerdos petroleros con compañías estadounidenses y el envío de crudo hacia Texas muestran que existe capacidad para reactivar operaciones cuando convergen interés económico, logística y decisión política.

Eso puede beneficiar a Venezuela.

Pero el crecimiento de los ingresos no elimina el problema de la gobernanza.

Un país puede exportar más petróleo y continuar teniendo instituciones débiles.

Puede recibir inversión y mantener contratos opacos.

Puede estabilizar algunas variables económicas y seguir dejando al ciudadano fuera de las decisiones.

La pregunta correcta no es únicamente cuánto crudo sale.

Es cuánto valor público queda.

Electricidad.

Vivienda.

Escuelas.

Agua.

Empleo.

Infraestructura.

Y capacidad institucional.

La reconstrucción también puede crear dependencia

Existe otro peligro menos visible.

Cuando una emergencia dura demasiado tiempo, la ayuda puede terminar organizada alrededor de intermediarios, listas, autorizaciones y estructuras administrativas que adquieren intereses propios.

La asistencia humanitaria es indispensable mientras una familia la necesita. Pero debería coexistir desde el comienzo con una política destinada a devolver autonomía.

La reconstrucción puede convertirse en una enorme escuela de trabajo productivo.

Electricistas, albañiles, soldadores, plomeros, técnicos, operadores de maquinaria, especialistas en saneamiento, ingenieros y trabajadores de mantenimiento serán necesarios durante años.

Formar y contratar localmente permite que el dinero de la reconstrucción produzca algo más que concreto.

Produce capital humano.

La meta no debe ser mantener ciudadanos como beneficiarios permanentes.

Debe ser convertirlos, cuando sea posible, en trabajadores de la recuperación económica de sus propias comunidades.

El Estado de derecho también debe entrar en la obra

La justicia suele aparecer en el debate político vinculada con elecciones, presos políticos o reforma del Tribunal Supremo.

Pero el Estado de derecho también se juega dentro de una obra pública.

En una licitación manipulada; En una certificación falsa; En un material sustituido por otro de menor calidad; En una familia desplazada sin procedimiento; En una empresa favorecida políticamente.

En un trabajador contratado sin protección.

La corrupción de la reconstrucción no es únicamente un delito financiero.

Puede convertirse literalmente en un problema de seguridad humana.

Cuando una pared se construye mal, la factura no termina en una auditoría.

Puede terminar en otra tragedia.

La libertad política sigue siendo una medida de la reconstrucción

La Venezuela que intenta renovar su arquitectura electoral conserva además asuntos pendientes en materia de libertades.

Foro Penal reporta 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos al 26 de octubre. De ellas, 151 aparecen como condenadas y 171 como no condenadas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció recientemente que instruyó a los organismos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo situaciones de flagrancia, y reconoció que la denominada Ley contra el Odio ha tenido aplicaciones abusivas.

Son declaraciones relevantes.

Pero su valor dependerá de su cumplimiento.

El Estado de derecho no se mide por la instrucción presidencial, sino por lo que ocurre después cuando un policía detiene, un fiscal acusa y un juez decide.

Las futuras elecciones no pueden servir para declarar terminada la emergencia

La transición política continúa avanzando hacia una renovación institucional. Rodríguez ha prometido elecciones bajo una autoridad electoral renovada, aunque sin fijar fecha. María Corina Machado sostiene que la transición democrática es irreversible y respalda una ruta hacia elecciones presidenciales en 2027.

El calendario importa.

Pero no debe convertirse en una coartada.

Celebrar elecciones no significará automáticamente que la reconstrucción democrática esté terminada.

El país seguirá necesitando reparar viviendas, servicios, instituciones y confianza.

El peligro es que la comunidad internacional considere cumplida la transición en el momento en que existan urnas aceptables, mientras el ciudadano venezolano continúa viviendo dentro de una emergencia administrativa.

La elección debe ser un hito.

No una declaración prematura de misión cumplida.

La protección más importante será institucional

¿Quién protege entonces al ciudadano de la reconstrucción?

No una persona; No una potencia extranjera; No un partido.

No una comisión extraordinaria.

Lo protege un sistema de límites.

La ley.

El juez independiente.

El ingeniero que se niega a firmar una obra insegura.

El periodista que sigue el contrato.

La universidad que cuestiona una decisión técnica.

El funcionario que publica los datos.

La comunidad que puede auditar.

El trabajador que denuncia.

Y una ciudadanía que comprende que recibir una obra pública no implica renunciar al derecho de preguntar cómo se hizo.

Venezuela no necesita elegir entre reconstruir rápido y reconstruir con controles. Necesita aprender a hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Porque la verdadera medida de una República no será únicamente cuántas viviendas logró levantar después de la catástrofe.

Será cuántos derechos consiguió mantener mientras las levantaba.

La emergencia terminará algún día.

Los edificios volverán a estar en pie.

Los créditos se habrán desembolsado.

Los contratistas se habrán marchado.

Y entonces quedará la pregunta más importante: si la reconstrucción dejó detrás un país más fuerte o simplemente nuevas paredes alrededor de las mismas viejas prácticas.

Proteger al ciudadano ahora es la única manera de impedir que la reconstrucción del territorio termine reconstruyendo también el abuso.

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Victor Julio Escalona

Editor.