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Venezuela necesita reconciliación con verdad, justicia y reparación. Olvidar los abusos sin transformar las instituciones permite repetirlos.
Justicia transicional; memoria histórica; verdad y reparación; garantías de no repetición
LA VOZ DEL NIN | Miércoles, 4 de noviembre de 2026
Reconciliar no es olvidar: es impedir que se repita
Una nación puede firmar acuerdos de paz, cambiar a sus gobernantes, recuperar inversiones y celebrar elecciones sin haber superado realmente las causas de su tragedia. Puede incluso reconstruir sus edificios mientras conserva intactas las estructuras que permitieron destruir sus instituciones. Por eso Venezuela necesita comprender una diferencia fundamental: reconciliar no significa olvidar lo sucedido, sino construir garantías para que nunca vuelva a repetirse.
El perdón puede aliviar una herida individual. Pero la reconciliación nacional requiere algo más exigente: verdad verificable, responsabilidades establecidas mediante procedimientos legales, reparación a las víctimas y transformación de las instituciones.
Una transición que sacrifica esos principios en nombre de la estabilidad económica corre el riesgo de reproducir, con nuevos protagonistas, las mismas prácticas que pretende superar.
La República no se reconstruye borrando la memoria. Se reconstruye convirtiendo la memoria en justicia y la justicia en garantías de futuro.
El pacto generacional contra la amnesia
Venezuela necesita un pacto entre generaciones que no esté fundamentado en la venganza ni en el silencio. Quienes padecieron persecución, exilio, pérdida patrimonial o arbitrariedad institucional tienen derecho a que sus experiencias sean reconocidas sin que ello se convierta en una condena colectiva contra quienes piensan diferente.
La responsabilidad penal debe ser individual. La memoria democrática, en cambio, constituye una obligación compartida.
El Nuevo Ideal Nacional debe promover un compromiso que trascienda los gobiernos: ningún venezolano volverá a ser perseguido por sus opiniones, ningún funcionario podrá disponer arbitrariamente del patrimonio público y ningún ciudadano tendrá que solicitar protección política para obtener justicia.
Ese compromiso requiere instituciones, educación cívica y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
La reconciliación no puede depender exclusivamente de encuentros entre dirigentes nacionales o interlocutores internacionales. Es indispensable escuchar a las víctimas, las comunidades, los trabajadores, las organizaciones sociales y la diáspora.
Un país que pretende reconciliarse sin escuchar a quienes sufrieron termina organizando el olvido desde el poder.
6.509 vidas y una deuda que no desaparece
Los terremotos del 24 de junio agravaron una crisis que ya había debilitado las condiciones de vida de millones de venezolanos.
El último balance nacional oficial consolidado, fechado el 24 de agosto y recogido por Amnistía Internacional, registró 6.509 personas fallecidas. Las autoridades habían evaluado 60.785 viviendas afectadas, de las cuales 11.001 fueron clasificadas como inmuebles de alto riesgo.
La situación de los desaparecidos continúa marcada por graves insuficiencias informativas. Organizaciones ciudadanas han elaborado registros propios, pero las diferencias y duplicidades impiden presentarlos como un balance nacional definitivo.
Amnistía Internacional ha denunciado la falta de información centralizada sobre búsqueda, identificación y recuperación de víctimas, así como la incertidumbre que enfrentan sus familiares.
La memoria de una tragedia comienza con algo elemental: reconocer a las personas por sus nombres y garantizar a sus familias respuestas verificables.
En julio, las autoridades anunciaron la habilitación de 94 campamentos que acogían a 18.437 personas afectadas. Esa cifra corresponde al balance comunicado entonces y no debe confundirse con un censo actualizado de noviembre.
La utilización de instalaciones educativas, deportivas y comunitarias como refugios también ha planteado problemas relacionados con la continuidad escolar y el funcionamiento cotidiano de las comunidades.
La destrucción de viviendas e infraestructuras se combina con necesidades de recuperación de servicios básicos, incluidos los sistemas eléctricos, el abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias.
La dimensión de esas necesidades exige información desagregada y actualizada, en lugar de porcentajes generales que no permitan conocer qué sucede en cada localidad.
La dignidad de las víctimas no puede quedar suspendida hasta que concluya una negociación política o aparezca el próximo financiamiento internacional.
La reconstrucción necesita memoria técnica
Una sociedad que reconstruye sin examinar las causas de sus fallas corre el peligro de levantar nuevamente las mismas vulnerabilidades.
Las investigaciones sobre los edificios colapsados deben determinar, cuando existan indicios suficientes, si se cumplieron las normas de construcción, si hubo deficiencias en las inspecciones y si los organismos responsables ejercieron adecuadamente sus funciones.
Eso no autoriza acusaciones generales contra empresas o profesionales. Exige peritajes independientes, preservación de pruebas y decisiones judiciales basadas en responsabilidades demostradas.
La Evaluación de Necesidades Post-Desastre presentada en septiembre, desarrollada con participación de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y otras instituciones, estimó en hasta 21.000 millones de dólares las necesidades de recuperación.
Una inversión de esa magnitud no puede administrarse mediante expedientes inaccesibles para las comunidades afectadas.
La reconstrucción debe incorporar normas antisísmicas, planificación territorial, evaluación ambiental y supervisión profesional. También debe garantizar que los proyectos respondan a necesidades sociales verificables y no a intereses clientelares.
Una escuela reconstruida debe ser más segura que la anterior. Un hospital rehabilitado debe disponer de sistemas críticos confiables. Una vivienda nueva debe representar una solución duradera y no una nueva incertidumbre.
Reconstruir mejor significa aprender de lo ocurrido y establecer mecanismos para impedir que los mismos riesgos vuelvan a producir las mismas pérdidas.
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El financiamiento internacional debe estar a la vista de todos
La recuperación venezolana requiere cooperación internacional, inversión privada y utilización responsable de los recursos públicos.
La normalización parcial de las relaciones energéticas con Estados Unidos puede facilitar actividades económicas necesarias para la recuperación. Sin embargo, ningún acuerdo financiero debe interpretarse como autorización para reducir la transparencia o debilitar los controles institucionales.
El 16 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense emitió la Licencia General 60A, destinada a autorizar determinadas transacciones relacionadas con las labores de socorro por los terremotos.
La autorización posee un alcance específico. No convierte todos los ingresos petroleros en fondos humanitarios ni elimina las obligaciones aplicables a otras operaciones comerciales.
La transparencia exige diferenciar las fuentes de financiamiento, los mecanismos de pago, las empresas contratistas y los organismos responsables.
Venezuela necesita una plataforma nacional de reconstrucción con información pública y verificable sobre:
- Los recursos aprobados y efectivamente desembolsados.
- Las fuentes nacionales, multilaterales y privadas de financiamiento.
- Las empresas adjudicatarias y sus beneficiarios finales.
- Los costos, plazos y avances físicos de cada proyecto.
- Las auditorías técnicas y financieras realizadas.
- Las denuncias recibidas y las respuestas institucionales.
La información debe publicarse en formatos abiertos y accesibles, protegiendo los datos personales de las víctimas y la documentación legalmente reservada.
El financiamiento internacional puede contribuir a recuperar la infraestructura. La confianza ciudadana, en cambio, dependerá de que esos recursos produzcan resultados verificables.
La justicia debe llegar donde antes gobernaba el miedo
La reconciliación democrática exige desmontar las condiciones que permitieron abusos de autoridad, persecución ideológica y extorsiones.
La reforma del Poder Judicial debe garantizar jueces independientes, fiscalías capaces de investigar sin instrucciones políticas y procedimientos que protejan tanto a las víctimas como a los acusados.
También deben investigarse, cuando existan denuncias sustentadas, los actos de extorsión en controles viales, la actuación de estructuras armadas irregulares y los posibles delitos cometidos desde organismos de seguridad.
La recuperación del monopolio legítimo de la fuerza exige control civil, profesionalización institucional y mecanismos efectivos de responsabilidad individual.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de 2026, debe evaluarse por sus resultados efectivos y por la protección que ofrece a las personas afectadas por procesos políticamente motivados.
Una amnistía puede contribuir a la convivencia, pero no debe impedir la investigación de torturas, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves que deban perseguirse conforme al derecho internacional.
La libertad de expresión y el derecho a denunciar abusos tampoco pueden quedar sometidos a disposiciones ambiguas que faciliten nuevas formas de persecución.
La legalidad democrática no consiste en sustituir a quienes ejercen la represión. Consiste en impedir que cualquier autoridad vuelva a disponer arbitrariamente de los derechos ciudadanos.
La República no puede normalizar las prisiones políticas
El balance de Foro Penal correspondiente al 26 de octubre registraba 322 personas consideradas presas políticas en Venezuela. De ellas, 171 permanecían sin condena.
La organización también documentó más de 11.400 personas sometidas a medidas restrictivas de libertad que considera arbitrarias.
Detrás de cada registro existe una situación humana que requiere evaluación jurídica, atención y garantías procesales.
La liberación de quienes permanezcan detenidos arbitrariamente no puede utilizarse como concesión condicionada al resultado de una negociación.
El Estado debe revisar los expedientes, corregir las violaciones de derechos y garantizar reparación cuando corresponda.
La justicia transicional necesita mecanismos de esclarecimiento y responsabilidad que eviten tanto la impunidad como la revancha.
Una democracia no demuestra su fortaleza manteniendo adversarios encarcelados. La demuestra garantizando que ninguna persona pueda ser detenida o condenada por ejercer legítimamente sus derechos.
La diáspora también forma parte de la reconciliación
Millones de venezolanos han construido sus vidas fuera del país. Muchos conservan vínculos familiares, profesionales, empresariales y culturales que representan un capital humano indispensable para la recuperación nacional.
La reconciliación debe reconocer su derecho a participar en el futuro de Venezuela sin imponerles obligaciones de retorno ni convertir su experiencia migratoria en un motivo de desconfianza.
El país necesita garantías jurídicas para la inversión productiva de los emigrantes, mecanismos de protección patrimonial, reconocimiento de competencias profesionales y procedimientos transparentes para ejercer derechos políticos desde el exterior.
También requiere condiciones reales para quienes deseen regresar: seguridad, empleo, servicios básicos y acceso a justicia independiente.
La diáspora no debe ser convocada únicamente para enviar remesas o financiar proyectos. Debe ser reconocida como parte de la ciudadanía venezolana y de su capacidad de reconstrucción.
Cinco compromisos para no repetir la historia
El Nuevo Ideal Nacional debe traducir la memoria democrática en compromisos institucionales que puedan exigirse a cualquier gobierno.
- Verdad documentada: un sistema independiente de esclarecimiento de abusos, con participación de las víctimas y protección de testimonios y archivos.
- Justicia imparcial: tribunales y fiscalías independientes, procedimientos transparentes y responsabilidad penal individual.
- Reparación integral: restitución de derechos, indemnizaciones cuando correspondan, rehabilitación y garantías de no repetición.
- Contraloría ciudadana: auditorías territoriales, datos abiertos, protección de denunciantes y vigilancia comunitaria sobre los recursos públicos.
- Educación republicana: formación democrática que permita a las nuevas generaciones conocer los abusos del pasado y comprender cómo prevenirlos.
Estos compromisos deben acompañarse de indicadores públicos, presupuestos verificables y evaluaciones independientes.
La memoria no puede quedarse en ceremonias. Debe convertirse en capacidad institucional.
El futuro electoral necesita una República que funcione
La celebración de elecciones libres constituye una condición fundamental de la democracia, pero no puede sustituir la reforma de las instituciones encargadas de proteger los derechos antes, durante y después de la votación.
Venezuela necesita autoridades electorales independientes, un registro verificable, libertad de organización política, observación imparcial y tribunales capaces de resolver controversias sin presiones.
Las dificultades materiales de la reconstrucción no deberían utilizarse como pretexto para suspender indefinidamente los derechos políticos. Tampoco deben ignorarse las garantías necesarias para que el voto pueda ejercerse con libertad y confianza.
El objetivo debe ser una transición donde las instituciones respondan ante el ciudadano y no ante las conveniencias de una negociación.
La reconciliación será incompleta mientras persistan detenciones arbitrarias, obstáculos al ejercicio de derechos y estructuras que permitan reproducir la impunidad.
La memoria es una responsabilidad con quienes todavía no han nacido
Venezuela puede recuperar su producción petrolera, rehabilitar sus hospitales, levantar nuevas escuelas y construir viviendas más seguras. Todo ello será indispensable.
Pero el verdadero éxito de la reconstrucción dependerá de algo que no se mide solamente en presupuestos: la posibilidad de que una nueva generación crezca sin miedo al poder, sin necesidad de intermediarios políticos y sin aceptar la corrupción como una condición inevitable de la vida pública.
La reconciliación no debe exigir silencio a las víctimas ni culpabilidad colectiva a los adversarios. Debe exigir instituciones capaces de reconocer la verdad, reparar los daños y garantizar derechos para todos.
El ciudadano responsable tendrá que utilizar la lupa de la auditoría pública para vigilar los recursos y las herramientas del trabajo productivo para reconstruir sus comunidades.
La vigilancia y la reconstrucción deben avanzar juntas.
Los pactos políticos pueden abrir una etapa. Los acuerdos económicos pueden aportar recursos. Las elecciones pueden renovar autoridades. Pero solamente el Estado de derecho puede impedir que los abusos vuelvan a convertirse en sistema.
Reconciliar no es pedirle al país que olvide a sus víctimas. Es garantizar que las próximas generaciones no tengan que convertirse en nuevas víctimas.
Porque una República que olvida puede repetir su tragedia. Una República que aprende, repara y hace justicia comienza verdaderamente a ser libre.
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